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| MOVIMIENTO POR LA RECUPERACION DE LA ENERGIA NACIONAL
ORIENTADORA |
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Boletín Nº 261 - Buenos Aires, 9 de septiembre
de 2008 |
| Indice |
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Transporte:
patrimonio, derechos y nacionalización |
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por Hugo Palamidessi |
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Minería en Argentinta: su legislación
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por Maria Cristina Betti
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La Dra. Betti hace una breve
recorrida por la historia de la legislación minera y analiza
el Código de Minería en su determinación del dominio y la
jurisdicción sobre los yacimientos. |
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Guerra por la Energía. Reportaje a
Michael Klare |
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por Democracy Now!
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El conflicto
Rusia-Georgia está alimentado por la carrera para controlar
los recursos energéticos en el Caspio. |
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Noticias |
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Por un tren para todos, cuidado por
todos - Concesiones en Neuquén y patriotismo sindical -Las
subas de tarifas que vienen: aguas, gas, luz, ¿transporte?
-Tarifa social para la energía - Presiones sobre los precios -
Corte y acusación - Edificio todo "a viento" |
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La información y los contenidos de las notas son
responsabilidad de los autores |
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INFOMORENO
Editor
responsable: Fernando "Pino"
Solanas
Director: Hugo
Palamidessi
Consejo de Redacción:
Fernando Solanas, Félix Herrero, Gustavo Calleja, José
Rigane
Asistente de Redacción: Lorena
Paeta
Colaboradores permanentes: Diego
Mansilla, Elido Veschi, Ernesto Gaspar, Gabriel Martínez,
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Transporte: patrimonio, derechos y
nacionalización |
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por Hugo Palamidessi
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Dos episodios,
productos de dos procesos paralelos, sacuden la opinión
pública en estos últimos días. Y ambos involucran al
transporte. Uno ha sido la decisión del gobierno de tomar el
control de Aerolíneas Argentinas. El otro, el estallido
popular, una vez más, frente al desquiciado servicio de
transporte ferroviario.
Si bien tienen
diversa repercusión en la vida de la población, ambos medios
de transporte sufren procesos similares de deterioro que,
latentes desde muchos años atrás, adquieren características
distintivas y agudas a partir de la privatización de las
empresas del Estado y de las concesiones en la gestión de
servicios públicos. Y ese deterioro ha sido creciente: en la
calidad de los servicios –las prestaciones al pasajero, la
seguridad, la comodidad, la puntualidad, la atención de
reclamos, la ocurrencia de accidentes e incidentes- en la
falta de inversión para responder a la creciente demanda de
nuevas rutas y medios, y, por último, en el tremendo
vaciamiento patrimonial a que han sido sometidos los
Ferrocarriles Argentinos y Aerolíneas Argentinas.
Distintos grupos
empresariales, de capitales extranjeros o nacionales, y
organizaciones sindicales, se han sucedido en la gestión de
las empresas, realizando más buenos que malos negocios, pero
siempre haciendo víctimas de ellos a los usuarios y al
patrimonio público. Y los gobiernos han acompañado esas
maniobras, no ejerciendo las funciones de control, ignorando
las denuncias sobre el desguace, asumiendo los costos de las
inversiones que los privados eluden y olvidando o perdonando
las sanciones que corresponde aplicar, favoreciendo la
incorporación de capitales nacionales ´amigos´. Y aún en
situaciones límite, como la planteada hoy ante el fraudulento
final de la administración Marsans, tratan de evitarle daños
mayores.
Siguen sosteniendo
así la política “de los noventa” -a la que al mismo tiempo
acusan de ser el origen de los males- y mientras subsidian
fuertemente los combustibles y el mantenimiento de los
servicios, justifican todo el accionar en la necesidad de
sostener su prestación con tarifas reducidas en un marco de
inflación de los costos de las empresas, particularmente de la
energía. Y además acusan temerariamente de complot contra el
gobierno a quienes señalamos su responsabilidad.
El transporte es
una actividad esencial para la vida económica y social de un
país. Cada vez más la producción y distribución de mercancías
y servicios, en una economía diversificada y “globalizada”,
requiere la movilización de materiales, medios de producción y
de los trabajadores para realizar las actividades productivas.
Sin el manejo de la infraestructura de los sistemas de
transporte, de comunicaciones y sin la energía que los
motoriza, un país no tiene el dominio de su sistema productivo
y de los servicios básicos que necesita su pueblo. Sin
servicios básicos accesibles, el pueblo mal puede ejercer su
derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la
educación, a la vivienda.
Recordamos aquellas
palabras de Pino Solanas en el primer número del
InfoMORENO: “...quien no conoce lo que le pertenece, su
valor y posibilidades, mal puede defenderlo”. Hoy la gran
mayoría del pueblo argentino empieza a reconocer como propios
los recursos naturales que yacen en su suelo y subsuelo, la
infraestructura que se creó con su trabajo y su ahorro. Y
siente que debe recuperarlos legítimamente, más allá de
intereses corporativos, sectoriales o regionales,
nacionalizando genuinamente los activos y controlando la
gestión de las empresas y organismos de servicios públicos,
que son propiedad del conjunto del país. |
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Minería en Argentina: su
legislación* |
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por María
Cristina Betti ** |
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MINERÍA TRAS LA
INDEPENDENCIA
Previamente a considerar la
normativa principal, plasmada en el Código de Minería, es de
interés realizar una apretada síntesis de la legislación
aplicada desde la independencia de España hasta la sanción del
mismo. Así diremos que, en el período que va de 1820 hasta
1853, el derecho vigente estaba unificado por el Reglamento de
la Asamblea del año 1813 y las ordenanzas de Nueva España o
Nuevo Méjico, que fueron por otra parte el último acto
legislativo sobre la materia dictado por España para América.
Concluye dicho período cuando
comienza el período orgánico y legislativo, el 9 de diciembre
de 1853, con la sanción en Paraná del Estatuto de Hacienda y
Crédito por el Congreso de la Confederación. Su Título X
estaba consagrado a las propiedades mineras y aclaraba que,
hasta que el Congreso dictare el Código de Minería, regirían
las ordenanzas de Nuevo Méjico con las modificaciones que las
legislaturas provinciales hubieren hecho en ellas. Sancionada
la Constitución Nacional de 1853, el Art. 67 inciso 11
estableció que, entre las atribuciones del Congreso, estaba la
de dictar códigos, entre otros el Código de Minería.
EL ORO Y LA PLATA
En la primera mitad del siglo
XIX, la minería argentina se volcó primordialmente a la
explotación del oro y la plata. Capitales locales o
extranjeros se embarcaron en proyectos empresarios de
dificultosa realización, con resultados magros. En el marco de
un país en auge agro-exportador –en el que se suponía que todo
cuanto se sembraba hacía brotar grandes riquezas, y tras tres
siglos de explotaciones de los mismos minerales de manera
incesante- la extracción de oro y plata se fue aplacando. Se
atribuyó esta decadencia a la falta de conocimientos técnicos,
la mala administración, revoluciones, guerras civiles, etc.
Sin embargo es verosímil que haya sido la caída de precios en
los mercados exteriores el factor que motivó la declinación.
Sin embargo, estas condiciones no impedirían que algunos
sectores del poder político y económico engendraran los
primeros ´manejos turbios´ en el ámbito de la minería
argentina.
Durante la segunda mitad del
siglo XIX se produciría un viraje, y la actividad minera se
orientó hacia la explotación del cobre y el plomo,
destacándose principalmente los trabajos realizados en los
distritos de El Salado (provincia de La Rioja), Capillitas
(Catamarca) y Virorco (San Luis).
A su vez, los últimos
años del siglo XIX evidenciaron un moderado auge minero. Al
progresivo interés de profesionales por la geología, el Estado
también sumó su inquietud y comenzó a desarrollar sus propias
herramientas de investigación. El primer día de mayo de
1887 entraba en vigencia una herramienta legal fundamental: el
Código de Minería de la Nación. De esta manera, se cumplía con
el mandato de la Constitución de 1853, que exhortaba a la
redacción de varios códigos, entre ellos el que establecería
el marco general para el desarrollo de la minería en la
centuria siguiente.
SIGLO XX: LA MINERÍA Y LAS
GUERRAS
A principios del siglo XX
varios sectores de la minería tenían un gran impulso debido a
las condiciones externas. El estallido de la Primera Guerra
Mundial, si bien puso freno a este ímpetu, provocó que los
países beligerantes dejaran de exportar materias primas
minerales que la Argentina requería, por lo que su sustitución
en el ámbito local no tardó en llegar. Por estos motivos,
aumentaron notablemente las solicitudes y consultas mineras en
el país, así como los pedidos de análisis de minerales, rocas,
aguas, carbones y petróleos.
A su tiempo, con la llegada de
la Segunda Guerra Mundial, se acrecentó el interés por la
minería local y se sumaron nuevas explotaciones a las de los
metalíferos y no-metalíferos que habían podido mantenerse.
Tomó fuerza la explotación del mineral de hierro en la sierra
de Zapla (provincia de Jujuy) y el Estado Nacional encabezó la
explotación de azufre en el Norte del país, fundamentalmente
en la puna salteña, y también en Mendoza. También avanzaron en
su desarrollo el distrito auri-manganífero de Farallón Negro
en Catamarca -a través de la empresa provincial Yacimientos
Mineros Agua de Dionisio (YMAD)- y el distrito de Sierra
Grande, en Río Negro. La Dirección de Minas y Geología –que
pasó a depender en esos años de la Secretaría de Industria- el
Banco de Crédito Industrial Argentino y la Dirección General
de Fabricaciones Militares (DGFM) tomaron la iniciativa en el
abastecimiento de materias primas minerales a la industria
local, ante un mercado mundial destruido por la guerra. Por
esos días, el sector privado se mantenía en su mayor parte al
margen.
LOS CODIGOS DE MINERIA
Constituye el objeto especial
de los códigos de minería, o códigos de la propiedad minera,
establecer el régimen de dominio de las minas o yacimientos de
estancias minerales y determinar las condiciones bajo las
cuales está permitida su exploración y explotación. Los
códigos de minería, en definitiva, establecen cómo se
adquiere, cómo se conserva y cómo se pierde el derecho de
explorar y explotar un yacimiento minero.
En virtud de la potestad o
jurisdicción legislativa delegada por la Constitución al
Congreso, compete a éste, en forma exclusiva:
-Determinar
las distintas categorías de minas, respetando las bases del
dominio originario fijadas en la Constitución.
-Establecer
las condiciones legales bajo las cuales será permitida su
exploración y explotación.
-Reglar las demás relaciones de
derecho público y privado que son consecuencia de la
explotación y el trabajo de las minas (servidumbres,
expropiaciones, responsabilidades, canon y demás condiciones
de amparo, policía minera, estadística, protección de los
recursos minerales y del ambiente).
EL CODIGO EN ARGENTINA
De las minas y su dominio
Artículo 1.- El código de
minería rige los derechos, obligaciones y procedimientos
referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de
las sustancias minerales.
Clasificación y división de
las minas
Artículo 2.- Con relación
a los derechos que este código reconoce y acuerda, las minas
se dividen en tres categorías:
1a.) Minas de las que
el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al
Estado, y que sólo pueden explotarse en virtud de concesión
legal otorgada por autoridad competente, o mediante
contratación efectuada con sujeción a las disposiciones de
este código y en los casos que el mismo establece.
2a.)
Minas que por razón de su importancia, se conceden
preferentemente al dueño del suelo; y minas que, por las
condiciones de su yacimiento, se destinan al aprovechamiento
común.
3a.) Minas que pertenecen únicamente al propietario,
y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por
motivos de utilidad pública.
La Ley ha clasificado o
agrupado las distintas sustancias minerales en categorías de
derechos atendiendo a su naturaleza, importancia económica y
condiciones de presentación de los yacimientos.
Las minas
clasificadas en la primera categoría incluyen las especies
minerales de mayor valor económico e industrial.
Las minas
incluidas en la segunda categoría comprenden dos grupos o
categorías diferentes, el primer grupo lo forman aquellas
minas que, en razón de su menor importancia económica, el
Código concede preferentemente al dueño del terreno, el
segundo grupo lo forman aquellas minas que, por las
condiciones particulares de los yacimientos, se prestan a una
explotación de carácter colectivo.
Las sustancias minerales
de tercera categoría comprenden ciertos tipos de rocas
denominadas en conjunto rocas de aplicación.
DOMINIO
Por dominio originario
entendemos el derecho que pertenece desde el origen o
descubrimiento de la cosa a una persona física o jurídica, a
diferencia del dominio derivado, que reconoce la existencia de
un dueño anterior. Entre los sistemas que tratan de explicar
la atribución del dominio originario de las minas, los más
conocidos son tres: el de la accesión, el regalista y el
dominial.
El sistema de la accesión -o
mejor llamado de la propiedad inmobiliaria- atribuye la
propiedad de las minas, o facultades amplias de disposición,
al dueño del terreno en que se encuentran situadas. Para este
sistema las minas no tienen caracteres propios, forman parte
integrante del inmueble superficial y siguen su condición
jurídica.
El sistema regalista, a
diferencia del anterior, parte del principio de que las minas
forman una propiedad distinta y separada del suelo que las
contiene y constituyen una categoría de bienes ´res nullus´:
no pertenecen a nadie, ni siquiera al Estado. El Estado tiene,
sin embargo, sobre todas las cosas ubicadas en su territorio,
un derecho de tutela o jurisdicción denominado en el derecho
público “dominio eminente o radical”, vinculado a la soberanía
que ejerce y no a la propiedad, en virtud del cual, como
representante del interés público, puede reglar jurídicamente
el destino de las cosas aunque no le pertenezcan
patrimonialmente. Es en virtud de este dominio, potestad o
jurisdicción, que el Estado atribuye a los particulares
diferentes derechos sobre las minas, prefiriendo un
destinatario a otro, según la importancia de las sustancias y
el grado de interés general comprometido. El regalista, o
derecho regaliano, indicaba en el medioevo y en el régimen
feudal, el privilegio del sumo imperio. Constituye, en el
derecho moderno, un verdadero patronato o derecho de tutela
que el Estado ejerce sobre las minas, por evidentes razones de
interés público. El código argentino acepta este sistema para
todas las sustancias clasificadas en la primera y segunda
categoría.
El sistema dominial o
dominical, por último, atribuye al Estado una suerte de
derecho de propiedad sobre las minas y no sólo la jurisdicción
o el patronato minero, como en el sistema regalista. Las
minas, en el sistema dominial, forman parte del patrimonio
indisponible del Estado.
Analicemos el significado que
el dominio originario del Estado tiene, según la fórmula
adoptada por el Art. 7, el cual atribuye ese dominio a la
Nación o a las provincias, según el lugar en que las minas se
encuentren situadas, y con el carácter de bienes privados,
declaración ésta concordante con la del Art. 2342, inc. 2 del
Código Civil, que le sirvió de antecedente.
Articulo 7º: “Las minas
son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el
territorio en que se encuentren”.
La concesión permite al
titular del derecho, gozar de un verdadero derecho de
propiedad sobre los yacimientos otorgados; no obstante ser una
propiedad distinta de la del terreno, se rige por los mismos
principios de la propiedad común -pueden venderlas, darlas en
usufructo, arrendarlas, donarlas, transmitirlas a su muerte,
hipotecarlas, aprovechar y disponer de ellas-con sujeción a
las normas del Código de Minería, ya que es un derecho de
propiedad sujeto a condición resolutorias, si no se cumple con
las normas de amparo. Es de reconocer que no es así en otros
sistemas jurídicos más modernos y con concepciones más
evolucionadas, por ejemplo, en Francia se considera el derecho
del concesionario como un derecho real inmobiliario de
explotar; o en Italia, donde se inclina a favor de la
dominialidad estatal sobre el patrimonio minero. Méjico, en el
Art. 27 de la Constitución, consagra el principio del dominio
imprescriptible e inalienable de la Nación sobre las minas, y
sólo el gobierno federal puede dar concesiones a los
particulares.
La dominialidad del Estado
sobre los recursos minerales ha tenido en las distintas épocas
alcances y efectos diferentes, según constituya una expresión
de la soberanía que el Estado ejerce sobre todas las cosas
ubicadas dentro de su territorio, o represente la
manifestación del poder real que el mismo aplica sobre las
cosas: ´usus, fructus, abusus´. Como conclusión: el dominio
público de las minas derivaría así, no de su uso general, sino
de su destino final de servir a la utilidad general como
bienes escasos y agotables. La declaración de utilidad
pública de la industria minera indicaría que la fuente
generadora de esta actividad no puede pertenecer sino al
dominio público.
El dominio minero del Estado
forma un género especial de dominio administrativo cuyos
elementos constitutivos pertenecen principalmente al dominio
público. Sus caracteres son la inalienabilidad y la
imprescriptibilidad. La inalienabilidad protege a
perpetuidad la cosa asegurando su destino de bien común.
Constituye en definitiva, la garantía legal de que ese destino
no podrá ser afectado por actos del gobierno o por hechos de
los particulares. La inalienabilidad no impide la constitución
de derechos privados sobre el patrimonio minero del Estado,
compatibles con el destino de utilidad pública fijado por la
ley.
Además de la cuestión sobre la
naturaleza del dominio originario de las minas, el Art. 7
decide el problema jurisdiccional de la división del
patrimonio minero entre Nación y las provincias. Esta cuestión
jurisdiccional de la propiedad de las minas, que alentó
distintas posiciones doctrinarias y legislativas durante más
de un siglo, ha sido definitivamente resuelta a través de la
Reforma Constitucional sancionada el 22 de agosto de 1994.
Conforme lo dispone el último párrafo de su Art. 124
“Corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio”.
Debe recordarse que el Art. 10
del Código de Minería dispone que “Sin perjuicio del
dominio originario del Estado reconocido en el Art. 7, la
propiedad particular de las minas se establece por la
concesión legal”, de donde lo que se tiene dicho con
respecto al citado Art. 7 del Cód. de Minería, será de una
gran utilidad para establecer el concepto señalado.
La Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha tenido oportunidad de recordar las diferentes
leyes que rigieron en nuestro país, y el Procurador General de
la Nación -en el dictamen de la causa “Yacimientos
Petrolíferos Fiscales” de Fallos 301:341 La Ley, 1979-C, 322,
en la que se contempló la cuestión del dominio originario de
las minas- sostuvo: ”Desde otro ángulo importa destacar
que el dominio de las provincias sobre las minas no es el
dominio del Código Civil con los atributos que le son
inherentes. Aquel dominio, tal como lo legisló el Código de
Minería, es el dominio eminente o radical propio de un sistema
regalista. El contenido económico es prácticamente ilusorio
porque las provincias no pueden explotar esos bienes por sí
mismas, debiendo conceder la propiedad útil a los
particulares”. (Arts. 7º, 8º, 9º, 10 y concs. del Cód. de
Minería). Y hasta el mismo canon que percibe la autoridad
minera provincial con motivo de la concesión, pero que fija la
autoridad minera nacional (Art.2º, Ley 10.273) tiene carácter
simbólico y no rentístico.
En una sentencia del 5 de
abril de 1982, la Sala 4º de la Cámara en lo Civil y Comercial
de Rosario señaló que el dominio originario importa
una potestad de disposición y regalía con sujeción a un
ordenamiento fundamental. Esta es la esencia del
dominio originario minero llamado regalista, transformado por
virtud de distintas leyes modificatorias del Código, 12.161,
17.319 y 22.259, en dominial regalista, tendiente a asegurar
la preponderante intervención del Estado en el aprovechamiento
y explotación de los minerales (Arts. 9 y 13, Cód. Minería)
El D. Catalano(1) opina que el
dominio minero del Estado constituye un género especial de
dominio equiparable al dominio público, caracterización ésta
que permite la mejor administración del patrimonio minero.
LA DISTINCIÓN ENTRE DOMINIO Y
JURISDICCIÓN
La decisión de la Convención
Reformadora de la Constitución de 1994, en materia de recursos
naturales, ha sido reconocer el dominio originario a favor de
las provincias, pero manteniendo la diferenciación entre tal
dominio originario y la jurisdicción.
La Corte Suprema de la Nación
en una sentencia del 29 de mayo de 1929, señaló la existencia
en nuestro derecho de la distinción entre dominio y
jurisdicción: “...Consideramos necesario distinguir el
dominio de la jurisdicción ya que, esta última, entendida como
capacidad para reglar los usos de un bien, no sigue siempre a
su dominio”. Tal decisión es, por cierto, un ´leading
case´.
El Dr. Pedro J. Frias respalda
su opinión acerca de la distinción entre dominio y
jurisdicción, en dicha sentencia -en la cual se discutía si la
Municipalidad de la ciudad de Santa Fe podía ejercer sus
potestades impositivas dentro del ámbito geográfico del puerto
de Santa Fe- en razón de lo dispuesto por el entonces vigente
Art. 67 inc. 27 de la Constitución Nacional del 1853. [Art. 67
“Corresponde al Congreso…….27) Ejercer una legislación
exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Nación, y
sobre los demás lugares adquiridos por compra o cesión, en
cualquiera de las provincias, para establecer fortalezas,
arsenales, almacenes y otros establecimientos de utilidad
nacional”]
La Corte expresó “que
dominio y jurisdicción no son conceptos equivalentes ni
correlativos, pues bien pueden existir uno sin la otra. Así la
jurisdicción sobre playas y riberas, que no importa el dominio
nacional sobre ellas, así la que se ejerce sobre
establecimientos nacionales ubicados en inmuebles no
adquiridos y así el dominio privado del Estado general en
bienes situados en las provincias y sobre los cuales no ha
fundado obras o establecimientos de utilidad nacional: en
éstos hay dominio y no jurisdicción. La jurisdicción nace del
destino de orden nacional que se da a los terrenos obtenidos
por compra o cesión”.
Frías señala que “no
siempre hay coincidencia entre el titular del dominio y de la
jurisdicción...”, siendo menester tener en cuenta que
“...la jurisdicción es la suma de facultades divisibles en las
diversas materias de gobierno, el dominio se ejerce sobre las
cosas; la jurisdicción sobre las relaciones”.
* Primera parte del guión de
la exposición brindada el 28-08-2008 en el MORENO. La
segunda parte se publicará en el próximo número.
**
Abogada. Profesora de Derecho de Minería y Energía (UNLa
Plata). Miembro del MORENO. |
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Guerra por la energía -
reportaje a Michael Klare |
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por
Democracy Now!* |
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El
conflicto Rusia-Georgia está alimentado por la carrera
para controlar los recursos energéticos en el
Caspio
Juan
González: Human Rights Watch ha acusado tanto a las
fuerzas de Rusia como a las de Georgia de matar y herir
civiles en ataques indiscriminados durante las luchas de la
semana anterior. El martes, una bomba racimo rusa en la ciudad
de Gori mató por lo menos ocho civiles incluyendo al
periodista holandés Stan Storimans. Un periodista israelí fue
seriamente herido en el mismo ataque. Human Rights Watch dijo
que este es el primer uso conocido de municiones racimo desde
el ataque israelí al Líbano en 2006.
Mientras tanto, se
mantiene la alta tensión entre Washington y Moscú. El jueves,
el Secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates envió una
severa advertencia a Rusia. “Si Rusia no retrotrae su
postura y sus acciones agresivas en Georgia, la relación entre
EEUU y Rusia puede ser afectada adversamente durante
años”.
Amy
Goodman: Rusia sostiene ahora que los hechos de la
semana pasada han redibujado fundamentalmente las fronteras de
Georgia. El ministro de exteriores ruso dijo que será
imposible persuadir a las regiones separatistas de Osetia del
Sur y Abhjazia de que acepten ser forzadas a regresar al
estado georgiano.
Nuestro próximo invitado ha estado
examinando de cerca cómo el conflicto ruso-georgiano es en
gran medida una guerra ´energética´ sobre quién tiene acceso a
las vastas reservas de petróleo y gas natural en la región del
Caspio.
Juan
González: Hace tres años los EEUU ayudaron a abrir un
oleoducto de 1000 millas de largo que conecta Azerbaijan con
Turquía, a través de Georgia. El oleoducto fue diseñado
específicamente para eludir Rusia. Más oleoductos y gasoductos
están proyectados para construir en Georgia.
Michael Klare es el
autor de trece libros, incluyendo “Sangre y petróleo” y “Las
guerras por los recursos”. Su último libro es “Potencias en
ascenso, planeta que se contrae: la nueva geopolítica de la
energía”. El autor es analista de defensa de “The Nation” y
director del “Five College Program in Peace and World Security
Studies” del Hampshire College in Amherst (Massachusetts).
Está con nosotros esta mañana.
Bienvenido a Democracy Now!,
Michael. Háblanos acerca de los oleoductos y del problema
energético, que ha recibido casi muy poca atención en toda la
cobertura del conflicto Rusia-Georgia.
Michael
Klare: Buenos días. Creo que eso es lo que está en la
base del conflicto y tiene que ver con el hecho de que los
EEUU ha visualizado el Mar Caspio, que está al este de
Georgia, como un corredor de energía para exportar el petróleo
y gas del Caspio, eludiendo a Rusia. Y esto salió del cerebro
de Bill Clinton, que vio una oportunidad cuando se partió la
Unión Soviética, de ganar el acceso al gas y petróleo del
Caspio, pero no quería que esa energía pasara a través de
Rusia o de Irán, que eran las únicas vías naturales de
exportación de esa energía.
Entonces ungió a Georgia como
puente, para construir nuevos oleoductos a través de Georgia
hacia el oeste. Y fue él quién pergeñó la construcción del
ducto BTC(1), que ahora es la salida de ese petróleo, y de
supuestos futuros gasoductos. Eligió Georgia para este fin, y
armó a los militares georgianos para proteger el oleoducto, y
Rusia se ha puesto furiosa por eso desde entonces. Pienso que
esa es la razón por la que han aferrado fuertemente a Abhjazia
y Osetia del Sur desde ese momento.
Amy
Goodman: No hemos oído hablar mucho de este
conflicto, a la secretaria de Estado Condoleezza Rice cuando
ha ido a esa área, es decir de la política petrolera que está
detrás de este conflicto.
Michael
Klare: No, pero si se estudia de cerca la historia de
los lazos de EEUU con Georgia, no se puede equivocar. Aún bajo
la administración Clinton, cuando Eduardo Shevardnadze era
presidente de Georgia, que estaba lejos de ser un paradigma de
democracia, el presidente Clinton dijo que necesitábamos a
Georgia como un aliado energético de EEUU. Y esa era la base
sobre la cual EEUU forjó una alianza militar con Georgia.
Y desde entonces,
hemos volcado centenares de millones de dólares alimentando a
los militares georgianos. Y no hay modo de equivocarse con las
justificaciones del Departamento de Estado y del Ministerio de
Defensa para armar a los militares georgianos, específicamente
para la protección del oleoducto BTC contra ataques y
sabotajes. Mirando los documentos del Pentágono y del
Departamento de Estado, no hay duda que se trata de la
seguridad energética, no de la democracia o de los derechos
humanos o de otras justificaciones que se dieron.
Juan
González: Ahora bien, ¿cómo afectarían las provincias
separatistas en esta batalla? ¿El oleoducto pasa por una o por
ambas?
Michael
Klare: No, corre muy cerca de Osetia del Sur, en
particular, y creo que los rusos están resentidos desde
siempre por este esfuerzo de EEUU por eludir Rusia. Ahora,
antes de este esfuerzo de la administración Clinton -adoptado
luego por la administración Bush- de instalar oleoductos que
eluden, antes de eso todos los oleoductos del mar Caspio
atravesaban Rusia -antes la Unión Soviética por supuesto-
corriendo hacia Europa.
Y es la ambición de
los líderes rusos, especialmente de Vladimir Putin, dominar el
flujo de petróleo y gas natural desde el mar Caspio a Europa,
de modo de poder maximizar el rédito y la ventaja política de
dominar el flujo de energía del Caspio a Europa. Y al
construir esos oleoductos alternativos, los EEUU tratan de
recortar el poder económico y político de Rusia en Europa. De
esto se trata. Es una contienda geopolítica entre EEUU y
Rusia, por la influencia en Europa.
De modo que,
aferrándose a esos enclaves, esta es la política de reaseguro
de Rusia –creo que podemos llamarla- o el poder de veto,
contra la estrategia norteamericana, porque dicen: “Desde
nuestra posición en estos enclaves, podemos cortar esos
oleoductos cuando queramos”, que es lo que intentaron
hacer esta semana. Bombardearon o atacaron, efectivamente, a
los ductos. Y lo que le están diciendo a los europeos es:
“Pueden construir ductos a través de Georgia, pero podemos
hacerlos estallar cuando queramos”. Y pienso que el
mensaje que han estado enviando a los europeos es: “No
piensen que pueden construir más ductos a través de Georgia y
que estarán seguros. Nunca estarán seguros”
Juan
González: Y Michael, como mencionaste en uno de tus
artículos recientes, los líderes rusos están tan atados a la
infraestructura energética como la actual administración Bush
a la infraestructura energética aquí. El presidente Medvedev
ha sido director de Gazprom, ¿no?
Michael
Klare: Sí, exactamente. Y lo que está en marcha en
Europa es un esfuerzo encabezado por la Unión Europea, es
salir de debajo del rol dominante de Gazprom en la
distribución del gas natural. Gazprom distribuye ahora algo
así como la cuarta parte del gas natural en Europa. Esto
preocupa mucho a muchos europeos y a EEUU, porque recorta la
independencia de la OTAN. De modo que, azuzada por EEUU,
Europa hace planes para construir un sistema alternativo de
gas natural, llamado Nabucco –como la ópera de Verdi- que
atravesaría Georgia. Y creo que uno de los objetivos
principales de la incursión de Rusia en Georgia es decir a los
líderes europeos “Sus ideas sobre Nabucco son fútiles,
porque nosotros poder reventar el sistema Nabucco en cualquier
momento en que nos lo propongamos.”
Amy
Goodman: Michael Klare, quiero preguntarte acerca del
asesor de John McCain, la controversia sobre Randy Sheunemann,
dueño de una parte de la empresa de ´lobby´ Orion
Strategies; el Washington Post reveló que Sheunemann informó
brevemente a McCain antes de que llamara al presidente
georgiano Saaskashvili en abril, el mismo día que Orion firmó
un contrato de u$s 200.000 para asesorar al gobierno de
Saakashvili. Scheunemann ayudó luego a McCain a redactar una
declaración de fuerte apoyo a Georgia. Y Saakashvili se ha
dirigido directamente a McCain, quiero decir, habló a McCain a
través de la prensa.
Michael
Klare: Sí. Es mi impresión que los círculos
neoconservadores en Washington han estado incubando a
Saakashvili, le han estado diciendo que tenía mucho mayor
apoyo de Washington para esta movida, para este ataque que
hiciera la última semana sobre Osetia del Sur, del que tenía
en realidad. Pienso que, como en muchas más situaciones que
han pasado en unos pocos, últimos años, hay realmente dos
voces en la política exterior de Washington: la voz de
Condoleezza Rice en el Departamento de Estado, y la de la
Oficina del Vicepresidente y de otros cercanos a Dick Cheney,
que tienen una política exterior completamente diferente. Y no
me sorprendería si la gente alrededor de McCain y del
vicepresidente Cheney, le habría estado diciendo a Saakashvili
que si invadía Osetia del Sur, tendría mucho más apoyo de los
EEUU del que tenía en realidad. Y que esto lo hubiera motivado
a provocar este choque, pensando que los EEUU vendría a
rescatarlo. No tengo ninguna evidencia de ello, pero este tipo
de informe que ustedes acaban de citar me lleva a pensar que
él se metió en Osetia del Sur la semana pasada, con algún tipo
de promesas que nunca se materializaron.
Juan
González: ¿Y qué piensas de Barack Obama, el presunto
candidato demócrata, de su respuesta ante esta crisis? ¿Ves
alguna diferencia en su enfoque sobre este punto, de los
previos de Bill Clinton, o de los del presidente Bush, en la
situación de Georgia?
Michael
Klare: Bueno, sabés, tengo la sensación que todo esto
lo encontró con la guardia baja. No parece que estuviera
siguiendo el asunto tan de cerca como hubiera debido hacerlo.
No creo que era conciente de cuánto había en esta historia de
apoyo de EEUU a Saakashvili, y cuánto aliento había estado
probablemente recibiendo de gente en Washington para
embarcarse en esta política aventurera contra los rusos. Y
otra vez, no sé cuánto es conciente del grado en que Georgia
ha sido un protectorado militar de EEUU –los centenares de
millones de dólares de ayuda militar, el hecho que hay
instructores militares en Georgia; y que esta política de ´vía
rápida´ de la OTAN que la administración Bush ha favorecido
–esto ha sido visto desde Moscú como un esfuerzo, parte de
este mayor esfuerzo, que la administración Bush ha impulsado-
es vista en Moscú como parte de una ofensiva, un ataque sobre
Rusia. Está ligado, por supuesto, a los planes para instalar
interceptores misilísticos en Polonia y los radares en
Checoslovaquia. Lo ven como un asalto a Rusia de Guerra Fría
proveniente de Washington, ligado también a los planes que
mencioné recién de traer a Ucrania y Georgia a la OTAN. Ellos
sienten que están siendo atacados y muy amenazados. Y por lo
tanto todo esto es visto por ellos como algo que requiere una
respuesta contundente.
No tengo la sensación que el senador
Obama estuviera muy conciente hasta qué grado ellos se sentían
atacados e impulsados a contrapesar de alguna forma de
réplica.
Amy
Goodman: También es interesante ver a los presidentes
de Latvia, Lituania y Estonia respaldar al presidente
georgiano. Todos ellos fueron a Georgia. Acabo de venir de
Lituania, Latvia y Estonia, y me impactó mucho que, cuando
preguntaba por qué estos países se habían unido a EEUU en la
invasión a Irak aunque sus fuerzas eran muy pequeñas en
número, tanto en Irak como en Afganistán, la gente respondía
reiteradamente: “Tenemos que hacerlo porque necesitamos el
apoyo de EEUU contra Rusia”. Están aún muy temerosos de
una ocupación rusa. No olvidan los sesenta años.
Michael
Klare: Sí, es cierto. Pero por otra parte, yo vuelvo
-otra vez- a la noción de que nosotros tenemos dos políticas
para el exterior. Tenemos la política exterior del
Departamento de Estado, Condoleezza Rice, quien a menudo habla
de la necesidad de una relación cooperativa con Rusia, con
trabajar estos temas complicados, y tenemos una política
exterior neoconservadora que emana de la oficina del
vicepresidente, que no está interesada en la cooperación, que
está interesada en la confrontación y en revivir la Guerra
Fría. Y pienso que van a los países, en las fronteras de la
Unión Soviética, y los alientan para seguir la línea
confrontativa y buscan líderes que estén dispuestos hablar ese
lenguaje. A eso no es lo que se inclina el resto de
Europa.
Amy
Goodman: Michael Klare, queremos agradecerte haber
estado con nosotros.
(1) BTC significa
Bakú-Tiflis-Ceyhan, respectivamente: centro petrolífero de
Azerbaijan, capital de Georgia y puerto turco sobre el Mar
Negro. (Nota del editor).
*Democracy Now! es un programa
difundido por radio y TV en EEUU, creado originalmente por Amy
Goodman, que sostiene posiciones críticas sobre las políticas
del gobierno y el ejercicio de la democracia en EE UU.
En la actualidad se difunde también en la web:
www.democracynow.org.
El reportaje fue publicado el
16-08-2008. Traducción del InfoMORENO. |
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Noticias |
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EL MORENO ADHIERE E
INVITA
"Por un tren
para todos, cuidado por todos"
hablarán:
Pino Solanas
y Elido Veschi
Martes 16 de septiembre -
18.30 hs
en el
Bauen, Callao 360 (C.A.B.A.)
convoca Proyecto Sur
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Concesiones
en Neuquén y patriotismo sindical
Petroleras pagarían
u$s 600 Millones a Neuquén para extender las concesiones por
diez años de sus principales yacimientos. Vencen en 2017 y
llegarían a 2027. Las principales firmas que operan en la
provincia patagónica son YPF, de Repsol y Eskenazi; las
estadounidenses Chevron y Apache; la brasileña Petrobras, la
francesa Total, las locales Pluspetrol y Tecpetrol y Pan
American Energy (PAE), de la británica BP y los Bulgheroni. El
mayor aporte será efectuado por YPF, con unos 210 millones de
dólares en 18 cuotas.
En una solicitada publicada en medios
nacionales, los sindicatos petroleros presionan por las
prórrogas: el Sindicato de Petróleo y Gas Privado comandado
por Guillermo Pereyra reclamó la renegociación de los
contratos de la cuenca neuquina (correspondiente a las
provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa) aduciendo que
peligran 2.000 puestos de trabajo. Si bien dicen reconocer que
las empresas "han disminuido su actividad aduciendo no
tener un panorama claro", el Sindicato acompaña
la renegociación de Neuquén y reclama a las provincias de La
Pampa y Río Negro que hagan lo mismo sin solicitar ninguna
condición a los empresarios.
Las subas
de tarifas que vienen: aguas, gas, luz,
¿transporte?
Una vez que estén
vigentes los aumentos de la luz y el gas, la intención oficial
es aumentar las tarifas de la estatal AySA. (agua potable y
cloacas) entre el 15 y el 20% a partir de noviembre. Están
congeladas desde el año 2000 y el criterio es que paguen más
los usuarios que más consumen y los que tienen mayores
ingresos.
Para la Capital Federal se estudia adoptar el
método de dividirla en zonas y aplicar las subas más elevadas
a los que viven en los barrios de mayor poder
adquisitivo. En tanto para los 17 partidos del conurbano
que están bajo la órbita de AySA, se buscarían otros criterios
de diferenciación, basados en la ubicación geográfica y las
superficies construidas que tienen los usuarios
residenciales.
En el gas el
aumento para los usuarios residenciales oscilará entre el 10 y
30%, mientras que para los clientes comerciales e industriales
el ajuste llegará al 10%. Junto con estas subas, el Gobierno
quiere acordar con las petroleras y las distribuidoras para
reducir el precio de las garrafas de 10 Kg. de GLP de los $ 40
promedio que cuestan hoy, a un valor que estaría entre los $
15 y $ 20.
La electricidad ya
tuvo un aumento de tarifas, del 21 % en promedio para las
casas de familia que consuman más de 650 kW y del 10 por
ciento para los comercios e industrias, que mejora los
ingresos de Edenor, Edesur y Edelap y que rige desde el 1º de
julio. Pero ahora se discuten otros ajustes: las
distribuidoras (Edenor, Edesur, Edelap) ven la posibilidad de
que les cedan el 50% de las multas que cobran a quienes
consumen más energía, por el PUREE. Eso representaría un
equivalente al 5% de la tarifa.
Pero además está en
discusión otra alza tarifaria destinada a las usinas
generadoras, para achicar el subsidio que reciben esas
empresas: el Gobierno les entrega el gasoil que utilizan
comprándolo en el mercado internacional a valores muy
superiores a los locales. Este aumento se centraría sobre todo
en las casas de familia que consumen más de 1.000 kw., que
pasarían a pagar la luz, dicen, a valores reales de
producción.
En el transporte
comenzó a regir este mes un nuevo incremento en los salarios
de los choferes. Desde el 2001, cada aumento de sueldos de
colectivos, trenes o subtes fue acompañado de un alza de
subsidios para financiarlo, aunque en enero pasado ya habían
subido las tarifas del transporte y los ingresos se destinaron
a salarios. Los privados esperan ahora un nuevo incremento
porque, alegan, ya está rigiendo el alza de salarios pactada
con UTA y con Unión Ferroviaria. Ellos especulan que el alza
llevaría el boleto mínimo de colectivo a entre 1,10 y 1,25
pesos, y el de tren a 0,85 o 0,90 pesos.
Pero en el
Gobierno tienen un punto de vista diferente. Clarín atribuye a
un funcionario la posición: "El ajuste para las tarifas de
colectivos, trenes y subtes es algo que no está decidido, que
por ahora no se concretará"
Tarifa
social para la
energía
Las tarifas de
luz eléctrica en Salta podrían aumentar en los próximos días.
El gobierno tiene previsto autorizarle un incremento tarifario
a EDESA. Así lo confirmó el presidente del Ente Regulador de
los Servicios Públicos (ENRESP), Federico Posadas, aunque dijo
desconocer en qué porcentajes será la suba, lo que dependerá
de un análisis de los mayores costos que debe afrontar la
compañía. El Sindicato de Luz y Fuerza de Salta sostuvo la
necesidad de reforzar los mecanismos que aseguren el acceso a
la tarifa social a un sector de la población que no tiene como
protegerse del incremento de los precios, y discutir tarifas
diferenciadas para que "los más tienen y más consumen, paguen
más", según un documento con la firma de Lauro Paz secretario
general y David Figueroa subsecretario de la entidad gremial.
Presiones
sobre los precios
El secretario de
Comercio Interior, Guillermo Moreno, mantiene la presión sobre
las empresas petroleras y las estaciones de servicio -en
especial en las bocas de expendio en manos de pequeños y
medianos empresarios- para lograr una baja en los precios de
las naftas y el gasoil de hasta 15%, El funcionario envió a
las petroleras (Esso, YPF y Petrobras, pero no a Shell, que
suele rechazar su política de precios) una lista –sin membrete
ni firma oficial- con los valores que deben exhibir los
surtidores de la Capital y la Ciudad de Buenos Aires: $ 3,079
el litro de premium -el producto más caro del mercado- $ 2,575
el de súper y $ 1,889 el de gasoil, esto es con subas del 6%,
4,6% y 14,5% respectivamente, con respecto a los valores
promedio en Buenos Aires para julio, según datos de la
Secretaría de Energía.
La ´sugerencia´ de Moreno no sólo
fue objeto de rechazo por el sector empresario. También
levantaron la guardia los gremios vinculados a las estaciones
de servicio. El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones
de Servicio de Capital Federal dispuso declararse en
"alerta y movilización" ante posibles despidos o
suspensiones por el cierre de estaciones de pequeños y
medianos propietarios...
Corte y
acusación
Autoridades de la
transportadora de electricidad Transener, denunciaron ataques
contra "los tramos de líneas: Ezeiza - Henderson I y II,
pertenecientes al Sistema de Transmisión en 500 kW Comahue -
Buenos Aires" atribuyendo a un corte intencional de
riendas la caída de torres de las dos líneas. Produjo el corte
de suministro de unos 2500 Mw. a distintas zonas del país, que
duró más de media hora.
Edificio
todo "a viento"
En Mar del Plata se
ha inaugurado un edificio con alimentación eólica, que
abastece el suministro necesario para el funcionamiento de los
dos ascensores y de toda la iluminación en espacios comunes.
En la inversión, que superó los cuatro millones de pesos, el
aerogenerador Invap SE, con capacidad para generar 4,5
kilovatios/hora, tuvo un costo mínimo. La energía que almacena
en las baterías es capaz de atender la demanda eléctrica del
edificio durante diez días. Podría significar un ahorro del
orden del 15% en los valores habituales de las expensas.
Ha
habido consultas para emprendimientos similares que se
proyectan en Punta del Este y en Turquía. |
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