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| MOVIMIENTO POR LA RECUPERACION DE LA ENERGIA NACIONAL
ORIENTADORA |
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Boletín Nº 263 - Buenos Aires, 23 de septiembre
de 2008 |
| Indice |
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Tarifas, modelos y
subsidios |
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por
Gustavo Calleja |
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A
partir del anuncio de los aumentos de las tarifas de
electricidad y gas a todas las categorías de usuarios con
vistas a ´recomponer´ los cuadros tarifarios para los usuarios
residenciales y aliviar las cargas del presupuesto público
buscando reducir subsidios, se analizan los distintos efectos
que se producirán. La aplicación de “parches” a medida de los
beneficiarios del modelo de mercado vigente solamente seguirá
profundizando la crisis del sector energético.
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El Emirato pampeano
y Petroquímica Comodoro Rivadavia |
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por Héctor E. Gómez |
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Si bien
el acuerdo obtenido en la renegociación de los contratos
petroleros en La Pampa ha sido mucho mejor que el logrado en
otras provincias, reconoce los límites de carecer de una
política energética nacional |
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La gran tentación:
el petróleo de México |
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por “La
Jornada” |
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El ex-candidato a
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha
publicado el libro “La Gran Tentación. El petróleo de México”.
En el texto que extractara el diario “La Jornada”, AMLO
detalla la política de corrupción y favoritismo con las
empresas extranjeras, que expolia a Pemex y al patrimonio de
los mexicanos. |
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Noticias |
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Análisis del Presupuesto 2009 –
El tren de alta velocidad – Exportación de cloruro de potasio
desde el puerto de Bahía Blanca – Refinería de oro y plata en
San Juan – El gobierno de Bolivia recupera empresa y la pone
bajo el control de la petrolera estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB). |
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La información y los contenidos de las notas son
responsabilidad de los autores |
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INFOMORENO
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Mansilla, Elido Veschi, Ernesto Gaspar, Gabriel Martínez,
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Tarifas, modelos y
subsidios |
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por Gustavo Calleja*
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A partir del
anuncio de los aumentos de las tarifas de electricidad y gas a
todas las categorías de usuarios con vistas a ´recomponer´ los
cuadros tarifarios para los usuarios residenciales y aliviar
las cargas del presupuesto público buscando reducir subsidios,
se analizan los distintos efectos que se producirán. La
aplicación de “parches” a medida de los beneficiarios del
modelo de mercado vigente solamente seguirá profundizando la
crisis del sector energético.
El gobierno
nacional ha hecho conocer que se aumentarán las tarifas de
electricidad y gas a todas las categorías de usuarios. El
anuncio oficial fue adelantado por la Sra. Presidenta de la
Nación y, posteriormente, repetido con detalles por el
ministro Julio De Vido. Ya tiempo atrás se habían producido
aumentos para los usuarios industriales y comerciales –que han
llegado a perder, en algunos casos, su característica de
servicio público- y se venían desarrollando conversaciones con
las empresas distribuidoras y transportadoras de luz y gas,
con vistas a ´recomponer´ los cuadros tarifarios para los
usuarios residenciales. Algunas empresas ya habían llegado a
un acuerdo y ya están aplicando las nuevas tarifas, como el
caso de Gas Ban, en el Gran Buenos Aires, Edelap en la
electricidad en la zona de La Plata. Y ahora les toca al
resto.
Dos son los
argumentos con los que las autoridades justifican los
aumentos. Por un lado se esgrime, infaltable, el atraso de las
tarifas que, se dice, no se modificaron para los hogares desde
el año 2001; lo que no se manifiesta es que en ambos casos esa
categoría de usuarios no supera el 25 % del total. Pero
inmediatamente se pone como paradigma principal "hacer
justicia", fijando aumentos progresivos a los mayores
consumos, eximiendo a los consumidores más humildes, y
fijando, en el caso del gas por redes, precios subsidiados a
las garrafas de GLP. Si bien no es "reparto de la riqueza",
por lo menos, se sugiere, es una distribución más equitativa
de las cargas. En el caso de las garrafas, la diferencia entre
el precio “social” esperado de $ 16 y el vigente actualmente
(entre $ 30 y 40), será absorbida por el Estado; esto quiere
decir que los proveedores habituales de GLP – las
concesionarias de producción de la Ley de Hidrocarburos, las
grandes refinerías y las transportadoras de gas natural- no
aportarán nada.
Pero, aparece
también, aunque no se mencione abiertamente, la necesidad de
aliviar las cargas del presupuesto público, buscando reducir
subsidios y neutralizar las represalias de las empresas ante
el congelamiento parcial de las tarifas. Se da acuerdo para
autorizar los aumentos si las empresas "suspenden" los juicios
que muchas de ellas han iniciado ante el CIADI, el tribunal
arbitral de la CFI, o sea el Banco Mundial. Y decimos
suspenden porque no hay indicios concretos y efectivos de que
las empresas retiren los cargos presentados contra la Nación.
Es bueno señalar que muchos de esos Acuerdos tienen
vencimiento anual y si no se los denuncia se renuevan
automáticamente; esto es lo que ha sucedido desde siempre en
nuestro país.
Lo que el anuncio
de los nuevos acuerdos no revela es que los cuadros tarifarios
estaban distorsionados, y no lo remedian, pues lo siguen
estando. Esto se originó en el desaforado embate de la
privatización de las empresas estatales y su desmembramiento
entre múltiples empresas productoras y distribuidoras, a
partir de comienzos de los años noventa; esta situación genera
problemas técnicos y genera costos innecesarios. En
Inglaterra, a Margaret Tacher ni se le ocurrió dividir a BG en
el momento de privatizarla: la vendió entera; aquí, para
satisfacer a la mayor parte de los “amigos” creamos dos
transportadoras y ocho distribuidoras, sin contar a GAS NEA,
la única sin “caños”, entregada a Gas de France, quien apenas
llegó a Paraná y la devolvió. En ambos casos, se unificaron
las escalas de los usuarios domésticos y se ubicó a esta
categoría de usuarios cautivos en el nivel más alto; se
alegó falsamente, que era debido al mayor costo de
distribución y se inventaron parámetros para afectarlos en el
transporte; en el caso del gas, para quienes menos consumen
–por debajo de los 30 m/3 bimestrales, aproximadamente, se
creó el concepto “Consuno mínimo” que les permite a las
distribuidoras cobrar por el gas que no venden. Esto no
se ha modificado.
Ahora, a pesar de
que se establecen incrementos de tarifas mayores para los
consumos más altos, la distorsión se mantiene. Y además se
fijan un piso de consumo por debajo del cual no habrá aumento:
esto no hace estricta justicia con quien menos tiene, sino que
favorece al que menos consume. Se han olvidado de aplicar una
zonificación generalizada. Es fácil ver que los hogares más
pobres están más poblados, con más hijos pequeños, con mayores
requerimientos de energía, que otros hogares, unipersonales,
de clase media. En el reciente incremento eléctrico, quedaron
afectados miles de usuarios que, ante la imposibilidad de
sumarse a las redes de gas natural, satisfacían sus
necesidades mediante el uso de la energía eléctrica; ello
demuestra que el Gobierno no ha tenido en cuenta los cambios
negativos que provocó el sistema de mercado; en el último
período de Gas del Estado se incorporaba a la red de gas
natural 500.000 usuarios por año; desde la privatización y
desregulación no alcanzan a 100.000 en el mismo período. Las
productoras, transportadoras y distribuidoras prefirieron
vender al exterior y olvidarse del mercado interno. Así nos
fue.
El centro del
anuncio es que se acordó con las empresas utilizar parte de la
mayor recaudación para crear un fondo que se usará para
subsidiar el precio de la garrafa de gas licuado, que consumen
buena parte de hogares pobres del conurbano bonaerense y la
casi totalidad de la población del NOA y el NEA (unos 4
millones de hogares) Así se establece que habrá un
subsidio de $ 550 millones al año para la hasta hoy,
inhallable "garrafa social”. El envase de 10 kilos del gas que
usa la gente más pobre pasaría a costar $ 16, en lugar de los
$35, y hasta $ 40, actuales. Dicen calcular sobre un costo de
$ 25, y aseguran que los fraccionadores de garrafas recibirían
un subsidio de $ 5,50 por cada envase, y los distribuidores $
3,50 por cada una. Y las partes se comprometen a vender la
garrafa a 16 pesos.
La garrafa social
ya tiene su historia. Ya en 2004, con el impulso de (FETERA y
organizaciones de consumidores, que proyectaron y alentaron la
sanción de una ley, acompañando estudios de costos que
determinaban que el precio en mostrador de una garrafa de 10
Kg. no debería pasar de $ 6) el Gobierno logró un acuerdo con
las empresas para vender la garrafa de 10 kg. en $ 18, pero el
acuerdo llegó a establecer sólo 600 puntos de venta en todo el
país, que muchos hoy no funcionan, en los que los precios son
muy superiores al acordado –sobreprecio por "flete" o recargos
varios-. El Gobierno desoyó el pedido de realizar una
auditoría de costos desde la boca de pozo en adelante para lo
cual está expresamente autorizado por la Ley de Hidrocarburos
–es decir, trabajar y fijar los precios en base a los costos
internos- y declarar al sistema de gas licuado como un
servicio público, sino que sancionó la Ley Regulatoria
específica, donde el precio de referencia es el internacional.
Es para preguntarse si es que ahora va a ser muy
distinto, pues no se modifica el modelo ni se lo declara
servicio público.
El MORENO
manifiesta que aquellas actividades que satisfacen una
necesidad imprescindible y permanente de la sociedad deben ser
declaradas servicio público, donde sus precios sólo deben ser
fijados por el Gobierno Nacional; en este caso previa
reorganización del sector, en base a costos internos y que
permitan el acceso y la permanencia de todos los argentinos,
no importando su lugar de residencia.
La aplicación de
“parches” a medida de los beneficiarios del modelo de mercado
vigente solamente seguirá profundizando la crisis del sector
energético
*Vicepresidente del
MORENO |
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El Emirato pampeano y
Petroquímica Comodoro Rivadavia |
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por Héctor E. Gómez*
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La República Argentina es un
país territorialmente grande con una población
comparativamente reducida, somos autosuficientes en materia
alimentaria y grandes exportadores de granos y carnes, aunque
una porción importante de nuestra población sufre la
enfermedad del hambre. En materia energética éramos también
autosuficientes y con un futuro de seguridad mientras
siguiéramos haciendo bien las cosas. ¿Qué debíamos hacer bien?
Cuidar los recursos energéticos, o sea no convertirnos en un
país exportador de petróleo y gas, planificar la explotación
racional de los yacimientos, continuar con una política de
exploración, diversificar el suministro energético recurriendo
a fuentes alternativas (nuclear, hidroelectricidad, energía
eólica, etc.), instalar una política de uso racional y ahorro
energético que incluyera desde mejorar el sistema de
transporte público hasta estimular la construcción de
viviendas de bajo consumo de energía.
El país, desde los noventa,
recorre un camino exactamente inverso al descripto,
malvendimos todas las fuentes energéticas, nos transformamos
por algunos años en exportadores y hasta cuando reformamos la
Constitución Nacional incorporamos la propiedad del subsuelo
para las provincias. Resultado de esa política es la
destrucción del sistema energético, pérdida de la renta,
agotamiento de los recursos, ausencia de inversión en
infraestructura, decadencia del ferrocarril, imposibilidad de
articular una política nacional en energía. Hoy somos apenas
un despojo de lo que éramos, nuestro horizonte de
autosuficiencia en petróleo y gas concluirá en pocos años, y
ya estamos comenzando a vivir la penuria: actualmente es un
problema garantizar la existencia de combustibles líquidos en
los surtidores.
A nuestros políticos, de
probado pensamiento a corto plazo, no les interesa el tema,
por eso no existe una política nacional de planificación para
los próximos 5, 10 o 20 años. Para agravar el problema
energético la provincialización de los recursos ejerce un
papel decididamente negativo para los intereses del conjunto,
es decir el país; hoy tenemos 10 pequeños emiratos petroleros
(las provincias) que lo único que los preocupa es que las
empresas petroleras de sus territorios bombeen lo que puedan
de sus yacimientos, para hacer la caja que les permita pasar
el momento, y cuando llegue el diluvio… ya se verá. Es
virtualmente imposible esbozar una política petrolera nacional
cuando los recursos están repartidos en 10 emiratos
subdesarrollados. Gracias Menem, Dromi, Cristina, Kirchner,
Matzkin, etc.
La negociación con
Petroquímica Comodoro Rivadavia es un claro ejemplo de la
realidad del negocio petrolero en Argentina; si bien el
acuerdo es mucho mejor que los realizados en otras provincias,
reconoce los límites de carecer de una política energética
nacional. Cada provincia arregla con las compañías que operan
en su territorio, y sus acuerdos tienen poco que ver con la
conveniencia nacional. Debemos reconocer que, si bien la
negociación pampeana es mucho más conveniente que las firmadas
en otras provincias, no es lo que debería hacerse, aunque
posiblemente sea lo mejor que se podía acordar dentro del
sistema actual.
Debemos destacar la amplitud
de mira del gobernador Jorge, que decidió darle oportunidad al
parlamento provincial para participar en la negociación; así
el conjunto de los diputados (participaron todos los partidos
con representación parlamentaria) lograron un acuerdo mas
ventajoso que el que deseaba la empresa. Por empezar no se
amplió el período de locación de servicios, no se transformó
el contrato en concesión y se logró un monto de regalía
inédito para el país. Es un mejor acuerdo, pero repito, no es
el que necesitamos.
A la provincia y al país les
conviene que la propiedad y la renta petrolífera sean
totalmente de los argentinos. La verdadera solución es
retrotraer la política antinacional que impuso el peronismo de
los noventa y volver a la empresa pública que, con los debidos
resguardos, maneje eficientemente con un criterio argentino
estos recursos estratégicos. Así lo entendió Yrigoyen al
fundar YPF, el general Mosconi como su gran organizador y
presidente, y Don Arturo Illia al revocar los contratos de
Frondizi. Este es el camino marcado por nuestra historia y por
los intereses nacionales.
*Ingeniero agrónomo, miembro
del Morelp-Moreno.
Publicado en el diario “La Arena”,
14-09-2008. |
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La
gran tentación: el petróleo de México |
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por "La Jornada"*
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A partir de hoy,
Grijalbo pondrá a la venta el nuevo libro de Andrés Manuel
López Obrador “La Gran Tentación. El petróleo de
México”. El texto que presentamos a continuación, por
cortesía del sello editorial que lo publica, fue tomado del
capítulo “La política irresponsable”.
Los gobiernos
neoliberales le han confiscado a Pemex todos sus ingresos. Tan
sólo de 2000 a la fecha, mientras esta empresa ha registrado
ventas acumuladas por 6 billones 442 mil millones de pesos, ha
pagado y enterado impuestos por 4 billones 467 mil millones de
pesos, cifra que significa 75.8 por ciento de sus ventas. En
contraste, en este mismo período la inversión pública directa
en Pemex (sin incluir deuda) fue de 162 mil millones de pesos,
cifra que representa apenas 2,5 por ciento de sus ventas
totales.
Los ingresos
obtenidos por petróleo han sido utilizados para financiar el
presupuesto público, al grado que de cada peso del
presupuesto, cuarenta centavos provienen del petróleo. Esta
política fiscal que sangra a Pemex, ha sido utilizada para
compensar el déficit que registra la recaudación, debido a que
en nuestro país las grandes empresas prácticamente no pagan
impuestos.
Por ejemplo, en
2007 Pemex tuvo ventas por un billón 134 mil 980 millones de
pesos y sus aportaciones a las finanzas públicas fueron de 846
mil 200 millones de pesos, es decir, 74.6 por ciento de sus
ventas. Mientras, en ese mismo año, según cifras de la Bolsa
Mexicana de Valores, nueve grandes empresas registraron ventas
por 1 billón 209 mil 316 millones de pesos y pagaron impuestos
por 51 mil 325 millones: 5 por ciento de sus ventas. O sea,
Pemex aportó dieciséis veces más. Habría que agregar que estas
empresas presentaron impuestos diferidos en sus balances por
106 mil 296 millones de pesos; es decir, obtuvieron créditos
fiscales por el doble de lo que pagaron de impuestos. Además,
no sabemos cuánto al final terminaron pagando porque suele
pasar que se beneficien con la devolución de impuestos.
La gran corrupción
que se da entre las cúpulas del poder económico y del poder
político en México, puede describirse señalando que un
trabajador, un integrante de la clase media o un pequeño o
mediano comerciante o empresario, están obligados a pagar de
15 a 28 por ciento de impuesto sobre la renta (ISR); sin
embargo los grandes monopolios vinculados al poder, por los
privilegios que se les otorgan, reducen al mínimo el pago de
impuestos y, en algunos casos, no pagan nada.
Las reformas
fiscales realizadas desde el gobierno de Fox y hasta la fecha
han agravado este problema. Así lo confirma el reciente
informe de la Auditoría Superior de la Federación. Según este
organismo, en 2005 “se detectaron cincuenta grandes
contribuyentes cuyos pagos individuales de impuestos sobre la
renta, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74
pesos”. Así mismo, se asegura que “las devoluciones
efectuadas en el período 2001-2005, alcanzaron la cantidad de
604 mil 300 millones de pesos. Por ello se genera una
situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que
contraviene el principio de equidad fiscal”. Esta
situación ha continuado y, durante el primer semestre de 2008,
las devoluciones de impuestos efectuadas ascendieron a 93 mil
613 millones de pesos.
Por último, habría
que agregar que a los gobiernos panistas les ha tocado la
época de precios más altos del petróleo en toda la historia
del mundo. Fox recibió durante su sexenio recursos
presupuestales del petróleo del orden de 335 mil millones de
dólares y, tan sólo de excedentes por los precios altos,
obtuvo 10 mil millones de dólares por año en el trienio de
2004 a 2006. Y la desgracia fue y sigue siendo que todo ese
dinero, en vez de destinarse a modernizar a Pemex, a promover
el desarrollo de México y a garantizar el bienestar del
pueblo, se derrochó en beneficio de la alta burocracia o se
fue por el caño de la corrupción.
Asimismo, en 2007
el gobierno ‘de facto’ recibió 12 mil millones de
dólares de excedentes por precios altos del petróleo de
exportación, y en 2008 serán 20 mil millones más. Tengamos en
cuenta que la Cámara de Diputados fijó en la Ley de Ingresos
de la Federación un precio estimado por barril de 49 dólares,
y se ha vendido a 100 dólares en promedio. Desde 1901 que
comenzó la explotación petrolera en México hasta nuestros
días, ningún presidente de la República había obtenido tanto
dinero por concepto del petróleo, como el que está recibiendo
en este año el usurpador Felipe Calderón.
Sin embargo, todos
estos recursos, al igual que cuando Fox, se han utilizado para
subsidiar fiscalmente a sus aliados de las grandes
corporaciones empresariales, se han dilapidado con la
corrupción o se han orientado para mantener los privilegios de
los altos funcionarios públicos. Baste subrayar que el
gobierno ´de facto´ no ha hecho nada para reducir su
enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007 lo aumentó
en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente
en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo
dos años sumará 404 mil millones de pesos. En suma: ineptitud,
corrupción y derroche a manos llenas.
LA GANGRENA
DE LA CORRUPCIÓN
Todo el desastre en
el sector energético nacional ha sido alimentado por la
corrupción que predomina en el gobierno, en Pemex y en la
Comisión Federal de Electricidad. Este es el mal que más
aqueja a Pemex y atormenta a la nación. Aunque son inagotables
los casos de corrupción, aquí sólo trataré de manera puntual
algunos de los más actuales que considero relevantes.
El primer contrato
de servicios múltiples que se otorgó, violando la
Constitución, a una empresa extranjera, se suscribió cuando
Felipe Calderón fue secretario de Energía y presidente del
Consejo de Administración de Pemex. El 14 de noviembre de
2003, sin que hubiera participado en la licitación ninguna
otra empresa, se entregó a Repsol de España un contrato por 2
mil 437 millones de dólares, para explotar yacimientos de gas
en la Cuenca de Burgos.
Este contrato de
servicios múltiples celebrado con Repsol, en su anexo
“Catálogo de Precios Máximos”, muestra cómo se integran los
costos de los servicios contratados y sus elevadísimos
sobreprecios: para la adquisición de infraestructura se paga
120 por ciento adicional del costo directo; y en el caso de
los servicios de mantenimiento, hasta 320 por ciento sobre el
costo directo diario. Además, el precio unitario original se
aplica independientemente de que la empresa contratista
utilice materiales nuevos o usados; es el contratista quien
tiene la “responsabilidad absoluta” de inspeccionar,
probar y certificar todos los materiales, y por si fuese poco,
se incluyen cargos adicionales no previstos como tasas y
tarifas de importación, impuestos laborales, impuestos por
adquisición de inmuebles y permisos, licencias y registros
públicos.
Pero lo peor es que
estos contratos han resultado benéficos sólo para las empresas
extranjeras, pero improductivos y perjudiciales para el
interés nacional. Por estos contratos leoninos que han sido
otorgados a Repsol, Tecpetrol, Petrobras, Teikoku,
Schlumberger y Halliburton entre otras, Pemex convino pagar
más de 5 mil millones de dólares, con la justificación de que
la producción de gas iba a aumentar en 50 por ciento en la
Cuenca de Burgos, lo que hubiera significado 500 millones de
pies cúbicos diarios. Sin embargo, en cinco años las empresas
aumentaron la producción sólo en 63 millones de pies cúbicos,
pasando de 126 millones, que era la producción que Pemex
obtenía al entregar los campos, a 189 millones de pies
cúbicos; es decir, el incremento equivale a cuatro por ciento
de la producción estimada en Burgos. Es más, en el mismo
período, Pemex aumentó la producción en los campos operados
por la paraestatal, de mil a mil 347 millones de pies cúbicos.
En suma, los contratos de servicios múltiples elevaron muy
marginalmente la producción a costos muy elevados: han sido un
fracaso.
INVERSIONES
INÚTILES
Para la
reconfiguración de la refinería de Cadereyta se contrató en
1997 a Sunkion Limited, Siemens e ICA. La obra debió
terminarse en julio de 2000, pero tardó más del doble del
plazo pactado. Se entregaron los trabajos inconclusos, con
irregularidades, y los precios unitarios se pagaron muy por
encima de lo contratado. En noviembre de 2001, la auditoría
cuantificó pérdidas, hasta ese entonces, por más de mil
millones de dólares. Pemex, que había renunciado a la
jurisdicción nacional, fue demandado por el consorcio en
tribunales internacionales. Ante la falta de una defensa
adecuada, fue obligado a pagar 630 millones de dólares
adicionales. A ningún funcionario se le fincó responsabilidad
alguna ni mucho menos sanción hasta el día de hoy. Se generó
un daño patrimonial de cuando menos mil 630 millones de
dólares.
Los contratos con
empresas extranjeras en Chicontepec, Veracruz, también
demuestran, cuando menos, lo absurdo de la política
privatizadora. En esta zona, con amplias reservas de petróleo,
pero cuya extracción supone gran dificultad técnica, entre
2004 y 2007 se incrementó la inversión de dos mil 905 millones
a cuatro mil 871 millones, cerca de 70 por ciento. Las fechas
coinciden con la contratación de las empresas Schlumberger y
Halliburton para la perforación de 300 pozos. Sin embargo, en
ese período la producción pasó de 25 mil 223 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente (pce) a 26 mil 625
millones de barriles diarios, es decir, únicamente se
incrementó seis por ciento. En suma, Burgos y Chicontepec
resultaron un magnífico negocio para los contratistas pero un
pésimo negocio para la Nación.
En 2007, la empresa
noruega PetroMena, poseedora de plataformas de perforación
para aguas profundas, rentó durante cinco años tres
plataformas: la más grande para 3 mil metros de profundidad a
Petrobras América Inc., en 750 millones de dólares. La de
capacidad media, para 2 mil 500 metros de profundidad, a
Petrobras Brasil, en 645 millones de dólares. Y la de menor
capacidad, para 2 mil metros de profundidad, a Pemex a un
costo de 940 millones de dólares. En pocas palabras, Pemex
rentó la plataforma más pequeña 300 millones de dólares más
cara.
[...] Después de
este rosario de hechos fraudulentos, queda claro que, detrás
del actual afán privatizador de la derecha, está la ambición
del mismo grupo que ha venido haciendo negocios privados al
amparo del poder público y a costa del patrimonio nacional.
Más allá de consideraciones técnicas, financieras o
administrativas, la intención de privatizar Pemex se basa en
el interés de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos
que quieren seguir montados en el negocio del petróleo.
En síntesis, es un
hecho innegable que durante la época del pillaje neoliberal,
han tratado de destruir a la industria petrolera nacional. Es
cuando más ha padecido de intervencionismo y la han saqueado a
mansalva, como a ninguna otra empresa en el mundo. Y sin
embargo, sigue siendo imprescindible defenderla ante la actual
embestida que busca aniquilarla por completo, porque de la
salvación de esta industria depende, en mucho, el destino del
país y de nuestro pueblo.
*Diario mexicano.
Publicado el 15-09-2008 |
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Noticias |
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Análisis
del presupuesto 2009
Carlos Fernández
presentó formalmente el proyecto de ley de Presupuesto 2009 en
la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. El ministro pintó un panorama optimista de la
economía nacional y destacó las "marcas récord" de la
administración K.
El diputado Claudio
Lozano evaluó dicha presentación ante el diario Crítica
Digital: “la exposición del ministro de Economía transitó por
las nubes de Úbeda. En su discurso jamás pronunció la palabra
inflación. Se privó así de explicarnos cómo iba a encarar el
Gobierno una política antiinflacionaria respetando la premisa
de no afectar la distribución del ingreso. Está claro que con
mantener el superávit fiscal no alcanza, ya que su vigencia no
fue obstáculo para que los precios se ubiquen entre el 23 y el
28% anual. Situación que dista del objetivo del 8% que exhibe
el presupuesto presentado.
No hacerse cargo de
este tema implica no asumir lo que está ocurriendo desde 2007
en adelante. A saber, el deterioro del poder adquisitivo de
buena parte de la población y el hecho de que en el último año
tengamos 1.880.000 indigentes más y 2.440.000 pobres más.
Frente a esto, el Presupuesto no contempla cambio alguno en el
sistema de políticas sociales para asumir el problemón que
supone una Argentina donde más de 13 millones de personas
siguen en situación de pobreza. Decimos esto ya con sólo
considerar que una evolución de precios para 2009 que duplique
la absurda pauta oficial del 8% supone asumir que el gasto
público prácticamente no se mueve y que cae en relación con el
total de población que lo debe percibir. Asimismo, la
relevancia de este punto se agiganta al saber que el empleo,
en las últimas mediciones, viene indicando que con este
esquema productivo ya no tiene más para dar. Menos aún en un
contexto de menor crecimiento.
El otro problema
concreto que tenemos es que la inversión (la variable del
futuro) no exhibe ni la cuantía ni la calidad que
necesitaríamos. Situación que revela que la verdadera orgía de
subsidios que caracteriza la intervención del Estado nacional
en beneficio de los principales capitales que operan en la
Argentina no está dando los resultados esperados en términos
de ampliación de nuestra capacidad productiva. No asumir este
tema impide replantear el esquema de subsidios y
desgravaciones impositivas que están presentes en el
presupuesto nacional. Por lo demás, el ministro repitió la
lógica de presentaciones presupuestarias anteriores al aceptar
traer un dibujo que -como dato central- al subestimar la
evolución futura de los precios reduce la recaudación en no
menos de $15.000 millones. Esta cifra, al sumarse a los
$38.000 millones que la Presidenta asignó vía DNU anteayer,
totaliza en sólo dos años una situación en la que $53.000
millones no pasaron por el debate parlamentario. Es más, con
el Presupuesto 2009 la "era Kirchner" acumula ya $96.684
millones que no pudieron discutirse.
La cuestión de la
democratización institucional y la discusión pública sobre
cómo asignar los recursos no deben entenderse como una ficción
republicana. Es la oportunidad de incrementar la capacidad
política de destinarlos a resolver los problemas que tenemos,
anulando el lobby que reiteradamente impide la
redistribución progresiva de los ingresos vía la acción
estatal. Así, hubiera sido preferible modificar las
asignaciones presupuestarias que la Presidenta hizo anteayer.
Con sólo el 30% de esos $38.000 millones podría haberse puesto
en marcha una asignación universal por hijo de $100 cuyo
impacto hubiese implicado la eliminación de la indigencia. Es
más: la ausencia de debate sobre los excedentes
presupuestarios hace que esos $96.684 millones hayan
coincidido con pagos por deuda pública para el período
2003-2009 de $94.427millones (sin incluir lo pagado al Fondo y
lo ya decidido sobre el Club de París) y con un crecimiento de
los subsidios que supera el 3.000% y un aumento de las
desgravaciones impositivas del 110 por ciento.
En suma,
las transferencias al capital crecieron un 282% y acumulan en
el período unos $128.996 millones. La democratización del
debate hubiera permitido poner en cuestión, casualmente, el
destino de los fondos.
Por último, los
números disponibles indican que la holgura fiscal del Estado
está tocando su fin. Pese a los $38.000 millones de
recaudación adicional a lo presupuestado en 2008, este año aún
no están cubiertas las necesidades de financiamiento del
sector público (faltan cubrir $4.362 millones). Además,
haciendo los números con más realismo para 2009, si bien hay
excedentes de recaudación no declarados, éstos son inferiores
a los de años anteriores y ya están gastados en ampliaciones
previsibles no incluidas en el dibujo enviado al Parlamento.
Por ejemplo, el aumento salarial para los trabajadores
estatales.
En realidad, si no
hay cambios será difícil evitar la situación de déficit
financiero de la administración nacional. En este contexto, el
Presupuesto incorpora también decisiones importantes. Primero,
exime de todo impuesto a las importaciones de mercaderías
nuevas o usadas destinadas a obras de infraestructura,
situación que debilita la industria local. Segundo, habilita
al uso de reservas para pago de toda deuda externa (y no como
hasta ahora, donde se limitaba solamente a los organismos
multilaterales de crédito) y tercero, se habilita al Banco
Nación a financiar al Tesoro en el pago de deuda. En síntesis,
el ministro ratificó que el Gobierno seguirá haciendo lo mismo
en un contexto totalmente distinto. Sabemos que tiene menos
plata para una situación mucho más compleja y se renuncia a
avanzar en la dirección que corresponde. A saber, reforma
impositiva fuertemente progresiva, restitución de aportes
patronales a los niveles de 1993 para las grandes firmas,
reforma previsional que transforme en obligatorio el sistema
público y en complementario el privado y replanteo en
profundidad del esquema de subsidios y desgravaciones."
El tren de
alta velocidad
El tren de alta
velocidad a Rosario y Córdoba ahora genera polémica puertas
adentro del Gobierno. Desde la Jefatura de Gabinete se afirmó
que no se incluyó una partida de dinero para el proyecto en el
Presupuesto 2009. En cambio, desde la Secretaría de Transporte
se sostiene que se destinarán $1.600 millones que fueron
incluidos en la partida 22 para la Administradora de
Infraestructura Ferroviaria, la nueva organización estatal
creada por ley que supervisará todo lo relacionado con el
transporte ferroviario.
Los empresarios que
forman parte de Veloxia, el consorcio adjudicatario compuesto
por las empresas Alstom, Emepa, Isolux Corsan, IECSA, lo
primero que hicieron fue buscar información en los despachos
oficiales y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, les
informó hasta el número de partida en el que se incluyeron los
fondos para el tren bala: la partida 22 del Presupuesto 2009
para la Administradora de Infraestructura Ferroviaria asciende
en total a $2000 millones. De ellos, 1600 están reservados,
dicen en Transporte, al tren bala y otros $400 millones para
otra obra ferroviaria muy demorada, el soterramiento del
ferrocarril Sarmiento.
Los $1.600 millones
se destinarán a hacer los trabajos de estudio y remoción de
suelo, y todo lo referente a la ingeniería previa al ingreso
de la maquinaria, para lo que el consorcio Veloxia ya contrató
a la firma española Ineco. Son los primeros pasos antes
del inicio de los trabajos pesados que se marcaron para 2010.
En el Presupuesto 2008, dijeron en Transporte, se separó una
partida de u$s 630 millones para garantizar los primeros
tramos de la emisión de un bono soberano contra entrega del
crédito por 2.300 millones de euros cerrado con el banco
francés Natixis. La tasa de ese préstamo hoy ronda el 12 por
ciento, pero el Gobierno está a la espera de que se calme la
turbulencia financiera internacional para emitir el título de
deuda.
Exportación
de cloruro de potasio desde el puerto de Bahía
Blanca
El Consorcio de
Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) suscribió esta
tarde el contrato de concesión de un predio de 60 hectáreas
por 50 años a Potasio Río Colorado, una empresa argentina
subsidiaria del Grupo anglo-australiano Río Tinto, que
invertirá 170 millones de dólares para construir un muelle en
el que exportará su carga estimada en 4 millones de toneladas
anuales de cloruro de potasio a partir del año 2010.
Según se indicó la
empresa invertirá en la Argentina 3 mil 500 millones de
dólares, de los cuales 170 millones estarán destinados a la
zona portuaria de Bahía Blanca.
El predio estará ubicado
sobre un costado de la central Termoeléctrica Luis Piedra
Buena, donde se realizarán depósitos para el acopio del
mineral y un muelle sobre el canal de 45 pies de calado.
Además y según el
proyecto, se construirá un taller de mantenimiento y desvío
ferroviario para el transporte del mineral que será
transportado desde Malargüe, en la provincia de Mendoza.
Al
respecto el gerente de Río Tinto, Kevin Fox, afirmó que
"siempre se empleará con personal local y que se utilizará
tecnología de punta nueva ya que en el mercado mundial de
fertilizantes la argentina se posicionará en el sexto
productor en potasio a nivel mundial y el primero en
Latinoamérica".
"En infraestructura
gran parte de la inversión se utilizará en una planta de
cristalización en Mendoza, nuevas vías férreas en Río Negro y
Neuquén e instalaciones eléctricas como portuarias en Bahía
Blanca", agregó Fox.
Este proyecto consiste en la
extracción de cloruro de potasio de un yacimiento localizado
en el Departamento de Malargüe, en el sur de la provincia de
Mendoza, con el fin de su comercialización como fertilizante
en el mercado internacional.
Refinería
de oro y plata en San Juan
El gobierno de San
Juan avanza en el estudio de un proyecto para instalar una
refinería de oro y plata en la provincia.
El plan fue
anticipado por el secretario de Estado de Minería de la
provincia, Felipe Saavedra, a La Nación. El funcionario dijo:
"Si bien todavía es un proyecto, está muy avanzado este
estudio" y "habrá mayor valor agregado a productos que se
elaboren en la provincia". Y destacó: "La inversión a
realizar será acorde con la capacidad de producción y habrá
que buscar un banco que certifique que el producto que salga
de la provincia tenga un valor o sello del 99,99% de pureza".
De concretarse el
proyecto de la refinería en San Juan, sería la segunda en
América del Sur. La única existente en esta parte del
continente está ubicada en Brasil. Hoy todo el mineral que se
quiere procesar es enviado a Suiza o a los Estados Unidos.
Para el funcionario, lo más importante para tener en
cuenta será la logística. La refinería estaría emplazada al
costado de la ruta 15, en el departamento Jáchal, precisamente
por donde está proyectado el corredor bioceánico, que unirá
Porto Alegre, en Brasil, con Coquimbo, en Chile. La inversión
prevista oscila entre los 25 y 30 millones de dólares.
Esta refinería
contaría con un agregado: los beneficios de la zona franca del
departamento Jáchal. Precisamente, en esto está trabajando el
gobierno de la provincia, ya que si no se inician las obras
antes de septiembre de 2009, se perdería el beneficio. Hoy, la
zona franca ubicada en La Plata es ocupada en gran parte por
la actividad minera y trabaja, por caso, con lo que se extrae
de Bajo la Alumbrera (en Catamarca). Si se concreta el
proyecto, esas extracciones podrían trasladarse a San Juan.
Bolivia
recupera empresa para Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB).
El gobierno de
Bolivia adquirió 72 por ciento de las acciones de la empresa
Transredes, subsidiaria de la inglesa Shell Gas Latin América
BV (SGLA), tras un largo proceso de negociación calificada de
"amistosa". Las acciones de Transredes, una empresa
transportadora y administradora de ductos, quedaron bajo el
control de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB).
"La intención
de Bolivia no es expropiar, nosotros como bolivianos somos muy
respetuosos de los capitales y al normas nacionales e
internacionales", dijo el ministro boliviano de
Hidrocarburos, Saúl Dávalos quien aclaró que aún resta una
negociación con la británica Ashmore, que controla 25 por
ciento de la transportadora Transredes. Ashmore, tras la
nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006 en
Bolivia, exigió al Estado boliviano una indemnización
por 500 millones de dólares, en un proceso arbitral planteado
ante la Cámara de Comercio de Estocolmo.
Dávalos agradeció a
los ejecutivos de la transnacional SGLA por comprender el
proceso de nacionalización de los recursos naturales que se
vive en Bolivia. A su vez, el presidente Morales dijo que las
negociaciones con las diferentes empresas petroleras se hacen
de manera responsable. "Dijimos que el gobierno nacional
quiere socios no dueños de nuestros recursos naturales,
empresas que quieren ser socios bienvenidos, siempre se
respetará su inversión", agregó Morales. |
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