
Ya nos lo advirtieron los autores del Manifiesto Cluetrain: “los hipervínculos subvierten las jerarquías” (
Hyperlinks subvert hierarchy). Corría el año 1999.
La palabra jerarquía tiene su origen en los términos griegos ίερός, que
significa “sagrado” y άρχειν, que significa “gobernar”. Es decir, en su
origen, la idea de jerarquía indica una estructura de gobierno de
carácter sagrado y, por tanto, incuestionable. El caso es que estamos en
el siglo XXI y en un gran número de organizaciones esto sigue siendo
así. Puede que nadie piense ya que las jerarquías de las empresas tienen
un origen divino, pero muchos las siguen considerando, o al menos
actúan, como si fuesen algo inmutable. Aunque si analizasen que es lo
que justifica la existencia de esas jerarquías, comprobarían que de
inmutables nada.
En realidad, el origen de las
jerarquías tiene mucho que ver con los famosos costes de transacción,
por los que en su día Coase y Williamson recibieron sendos premios
Nobel, y de los que tanto se habla últimamente. La idea es sencilla:
Buscando la mayor eficiencia de sus operaciones, una empresa decidirá si
integra una actividad dentro de su estructura o la externaliza en el
mercado en función de cuál sea la alternativa que le suponga un menor
coste total. Este coste total es la suma de dos elementos. Por una parte
los costes de producción, es decir, los propios de realizar la
actividad de que se trate. Por otra, los llamados costes de transacción,
que no son sino lo que cuesta definir, acordar, controlar, y hacer
cumplir los términos de las transacciones.
Una empresa que decida contratar una
actividad en el mercado en lugar de desarrollarla internamente podrá,
generalmente, beneficiarse de menores costes de producción por el efecto
de la competencia y de las economías de escala, pero, por contra,
tendrá que soportar unos costes de transacción que no asumiría en caso
de llevar a cabo esa actividad con sus propios recursos, dentro del
perímetro de su estructura, y sometida a su jerarquía.
Esos costes de transacción, a su vez, están compuestos por dos
elementos. Por un lado, los denominados costes de coordinación, entre
los que se cuentan tanto los costes específicos de coordinar la
actividad objeto de transacción, como aquellos en que es necesario
incurrir para conseguir en el mercado información sobre productos,
oferta, demanda, precios. Por otro, los llamados riesgos de transacción,
causados por situaciones de asimetría en la información que manejan las
partes contratantes, dificultades para hacer cumplir o incentivar el
cumplimiento de los acuerdos, o el riesgo de comportamientos
oportunistas de las partes aprovechando la especificidad de las
inversiones en recursos físicos y humanos que han de realizar, la
concentración de la oferta en unos pocos proveedores, o la pérdida de
control sobre recursos clave que puede provocar la externalización de
ciertas actividades. Como dentro de una organización resulta –o al menos
debería resultar- más fácil acceder a la información necesaria para
resolver discrepancias, invocar la confianza mutua para salvar vacíos de
regulación o, llegado el caso, imponer una solución al amparo de una
jerarquía, se entiende que, en principio, si una actividad se hace
dentro de una organización los costes de transacción deberían ser
menores que si se contrata en el mercado.
Sin embargo, el desarrollo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones está provocando que
muchos de esos costes de transacción se reduzcan notablemente. Una mayor
conectividad y herramientas que facilitan la búsqueda de información
contribuyen a disminuir los costes de coordinación de proveedores
externos, al tiempo que la progresiva estandarización, apertura y
portabilidad de las soluciones tecnológicas reduce la especificidad de
las inversiones y, por tanto, el riesgo de que las partes se comporten
de forma oportunista. A esto hay que sumar una mayor simetría de la
información que manejan las partes contratantes, y la aparición de
instrumentos de medición y seguimiento que facilitan el control del
cumplimiento de los acuerdos así como el establecimiento de incentivos
más eficaces. El resultado es que en este nuevo escenario las empresas
pueden plantearse externalizar un mayor número de actividades, al ser
ahora capaces de mantener un nivel de control similar al que ejercían
sobre ellas cuando se realizaban dentro de la organización, pero sin que
sus costes de coordinación ni los riesgos de transacción se incrementen
de forma significativa. Sirva como ejemplo una reciente encuesta
realizada por The Economist Intelligence Unit entre cerca de 500 altos
directivos de empresas internacionales: Tres de cada cuatro manifestaron
tener intención de aprovechar los avances tecnológicos para
externalizar más funciones.
Foto: Jurvetson