Bon dia1

[Miquel Angel Soria]

El 10 de setembre de 1981 tornava a Espanya el Gernika de Picasso.
El famós quadre –que denúncia el bombardeig de la legió Còndor a la
ciutat biscaïna- va arribar després que des del 1939 l'obra estigués
custodiada al Museu d'Art Modern (MOMA) de Nova York. Picasso es va
negar sempre al seu retorn mentre Franco i el franquisme més dur
encara fossin vigents.Ara, el Guernica s'exhibeix des del 1992 al
Reina Sofia de Madrid,


El gobierno chileno sin adjetivos
Marcos Roitman Rosenmann (La Jornada)

La crítica política se ha transformado en un sinnúmero de adjetivos.
Las descalificaciones por apetencias sexuales, fobias, gustos
culinarios, descendencia, estatura, tatuajes, cortes de pelo, han
sustituido el argumento. En otros términos, el debate busca
inhabilitar a las personas en lugar de contrastar la palabra dada, con
los hechos. Es irrelevante si el presidente, sus ministros y cargos
públicos son partidarios de la liga antitabaco o antiabortistas. Por
contra, si les descubren fumando y practicando el aborto, deja de ser
superfluo. Están vulnerando la confianza y dignidad de quienes les
votaron. Al hacerlo, están renunciando a los principios declamados. Es
el caso del gobierno chileno. Veamos los hechos.

Gabriel Boric es el presidente con el mayor grado de desaprobación,
por debajo de Sebastián Piñera. Según la encuesta Cadem (mayo, 2024),
la más prestigiosa en Chile, el apoyo entre los suyos baja de 30 a 24
por ciento y el hastío de la población con su gobierno llega a 70 por
ciento. Han roto su palabra y extraviado la dignidad en mor del
pragmatismo. Prometieron una nueva Carta Magna elaborada por
constituyentes elegidos directamente y acabaron delegando a un grupo
de expertos su redacción, rechazada en referendo.

Su gobierno juró que no habría desalojos de los pobladores sin antes
solucionar el problema habitacional. Los hechos: promulgaron la ley
Nain-Retamal, cuyo efecto fue enviar carabineros a desalojar a 200
familias asentadas durante cinco años en Cerro Navia, criminalizando
al movimiento de pobladores. Su ministro de Vivienda y Urbanismo,
Carlos Montes Cisterna, justificó el uso de la violencia, considerando
a los pobladores, usurpadores de la propiedad privada. Las
consecuencias: destrucción de la escuela popular, biblioteca, centro
deportivo y encarcelamiento, sin recurso de habeas corpus, a sus
dirigentes.

Sigamos. La salud de los chilenos, en 25 por ciento, está en manos de
las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), grupos privados de
seguros. En 2024, el gobierno les condona 1.155 millones de dólares
estafados a sus afiliados, por cobro indebido. Entre las
beneficiarias, Cruz Blanca, Banmédica, Consalud, Colmena, Vida Tres o
Nueva Masvida.

Continuemos. Las compañías hidroeléctricas han decidido
unilateralmente subir los precios, en junio 20 por ciento, y para
octubre, 40 por ciento, aduciendo una deuda del Estado que debe ser
redimida. La ministra secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo,
justificó el alza: “El Estado no tiene musculatura para remplazar la
labor de las distribuidoras eléctricas […] y la participación del
Estado no es una solución”. El ministro del ramo, Diego Pardow,
sentenció: no habrá política de subsidios a las familias más
vulnerables.

Más hechos. En Chile, excluidas las fuerzas armadas y carabineros, el
sistema de pensiones está en manos de fondos privados. El gobierno, en
boca de su ministro de Hacienda, Mario Marcel, ex presidente del Banco
Central de Chile con Sebastián Piñera, ha dejado claro que no
permitirá retirar 10 por ciento de los fondos para que las familias
puedan cubrir sus necesidades básicas, asumiendo el argumentario de
las financieras que especulan con dichos fondos.

Suma y sigue. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina
Tohá Morales, se adhiere a la política represora del anterior
gobierno, contradiciendo sus declaraciones emitidas antes del triunfo
del Frente Amplio. Hoy mantienen la militarización y estado de
excepción en el Wallmapu, deteniendo a dirigentes mapuches, bajo la
aplicación de ley antiterrorista. Asimismo, el ministro de Justicia,
Luis Cordero Vega, apoyándose en leyes de la dictadura y la acción
espuria de fiscales, acusa al portavoz de la Coordinadora
Arauco-Malleco, Héctor Llaitul Carrillanca, de terrorismo en un juicio
amañando con testigos falsos, rechazando el traslado de la cárcel de
Concepción a la cárcel de Temuco, violando el convenio 169 de la OIT
sobre derechos de los pueblos originarios, firmado por Chile. Llaitul
suma 78 días huelga de hambre entre líquida y seca.

La Corte Suprema a instancias del gobierno ha vuelto a denegar su
solicitud de traslado. Por otro lado, la ministra de Defensa, Maya
Fernández Allende, contradiciendo el programa de gobierno sobre la
búsqueda de los desaparecidos en actos perpetrados por militares y
carabineros, da por buenas sus declaraciones: No desconfío de que las
fuerzas armadas hayan entregado toda la información en casos de
violación de derechos humanos.

Una más. El gobierno en pleno hurtó el debate parlamentario sobre las
condiciones socioeconómicas y políticas, de la firma del tratado de
libre comercio con la Unión Europea. Entre otras: ceder a las
trasnacionales de la UE una parte en la minería del litio y tierras
raras. Facilitar la instalación de energía eólica a las compañías
europeas en condiciones cuasi de monopolio. Igualmente, las empresas
del big data están exentas de impuestos. Sus empresas agroindustriales
usarán sus plaguicidas y pesticidas. Bayer y Syngenta tienen carta
blanca para emplear agrotóxicos prohibidos en la UE. Y en el orden de
la seguridad hemisférica, Chile se compromete en asumir la estrategia
de defensa de la OTAN. Además, las empresas de la UE podrán demandar
al Estado en los tribunales del Ciade y el Banco Mundial en caso de
ver afectadas sus inversiones. Y la guinda del pastel: Constanza
Martínez, presidenta del nuevo partido Frente Amplio, dicta sentencia
sobre el significado de su estrategia. Tenemos que pensar en una
izquierda que le hable a las nuevas realidades y que no tenga una
mirada de pasado, que no añore un pasado que pareciera mejor, pero que
realmente fue el que produjo este nivel de crisis que hay actualmente.

En concreto, como señaló Boric: la Unidad Popular y su presidente,
Salvador Allende, fueron corresponsables del golpe de Estado. Ahí
desnudan sus vergüenzas. No hace falta recurrir a insultos y
descalificaciones. Con analizar sus hechos es suficiente para mostrar
su indignidad.

* * *
Honduras, ejemplo de dignidad
Editorial de La Jornada


La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó la ruptura del
tratado de extradición con Estados Unidos en respuesta a las
insolentes declaraciones de la embajadora Laura Dogu, quien se dijo
sorprendida de que autoridades hondureñas de Defensa se reunieran con
el ministro venezolano de ese sector, Vladimir Padrino López, descrito
por la diplomática como un narcotraficante. La mandataria
centroamericana denunció el intolerable intervencionismo de
Washington, así como su intención de dirigir la política de Honduras a
través de su embajada y otros representantes.

Como señaló el canciller hondureño, Enrique Reina, insinuar o implicar
en actividades ilícitas a sus fuerzas armadas es una amenaza directa
contra su independencia y soberanía. Por ello, la postura de Castro,
primera mujer en gobernar su país, debe celebrarse como un acto de
valentía y dignidad ante la grosería de una funcionaria que no
entiende la naturaleza ni las restricciones que conlleva su cargo, y
que se mantiene anclada en una mentalidad neocolonial que debe
rechazarse sin titubeos. Esta firmeza contrasta con el triste
historial de anteriores gobiernos hondureños como cómplices del
imperialismo estadunidense, especialmente en las operaciones de la
sanguinaria contrainsurgencia en Guatemala, El Salvador y Nicaragua,
papel que en la década de 1980 le valió a Honduras el sobrenombre de
portaviones de Estados Unidos en Centroamérica.

Además de inscribirse en el ininterrumpido intento de derrocar al
gobierno venezolano e imponer un régimen títere en Caracas que ha
marcado la política exterior de Washington en lo que va del siglo, las
expresiones de Dogu muestran un reciente patrón de incontinencia
verbal por parte del personal diplomático de la superpotencia. Es muy
significativo que se produzcan en los mismos días en que el embajador
en México, Ken Salazar, rompió con la prudencia que había
caracterizado su gestión y se apuntó al golpeteo local y foráneo a
favor de jueces, magistrados y ministros corruptos. El espaldarazo
dado a Salazar por el subsecretario asistente de Estado para el
Hemisferio Occidental, Brian Nichols, indica que no se trata de
salidas de tono personales, sino de una extendida pérdida del control
declarativo en el Departamento de Estado. En un claro ejemplo de esta
deriva, Nichols repitió el sinsentido de afirmar su respeto a la
soberanía mexicana a la vez que emitía opiniones fuera de lugar sobre
asuntos internos.

Para nadie es una sorpresa que la clase política estadunidense
comparte un desdén hacia América Latina, el cual la lleva al
convencimiento de poseer el derecho a dictar a los países de la región
cómo deben gobernarse; pero los niveles actuales de agresividad hablan
de una falta de dirección en medio de una coyuntura electoral y del
inminente recambio en la Casa Blanca. Sea lo que sea que mueve al
Departamento de Estado a embarcarse en estos ataques, la única
respuesta digna consiste en una incondicional defensa de la soberanía.
Cabe felicitarse de que la presidenta Xiomara Castro haya actuado en
consecuencia.