Avui pensava sumar-me a la jornada d'atur, però al final he cregut que
com hi hauria dificultat per llegir una premsa seriosa, potser calia
duplicar el contingut. Així, que aquí va un text des de Euskal Herria
i l'editorial d'ahir de La Jornada de Mèxic.
Pel que fa a la part gràfica he pensat deixar de banda els diaris
nacionals -fastigosos- i em recolzo en els "moneros" mexicans
-Helguera i Hernàndez-, en Tasio, del Gara i Manel Fondevila de
eldiario.es, que al ser el català del grup, s'afegeix a l'aturada..
SABINO CUADRA
ABOGADO
LA PRIMAVERA CATALANA
Escribo en caliente, pero quiero pensar en largo porque aún queda
trecho. Ayer, 1-O. Mañana, huelga general. Pasado, República catalana.
Es la tercera imagen que recordaré mientras viva. La del mayo del 68,
siendo un chaval, estudiante en Madrid. La de la Transición de los
setenta vivida en la insurgente Euskal Herria y su Margen Izquierda
vizcaína. Y finalmente, la del ahora mismo: la primavera catalana. Me
recrearé con ellas y seguiré pensando hasta el fin que todo sigue
siendo posible.
La democrática violencia constitucional del Estado español asaltó ayer
colegios, secuestró urnas, abrió cabezas. Le molestaban las sonrisas,
los cantos, la imaginación desbordada, la fiesta en la calle. Los
carteles, pancartas, trípticos y charlas fueron tachados de apología
de mil y un delitos; las democráticas votaciones en Ayuntamientos y
Parlament, de pura sedición. Sobres, papeletas y urnas fueron
perseguidas cual si fueran armas de destrucción masiva. El sagrado
orden constitucional debía ser restaurado.
Oigo decir que el responsable de ese estado de excepción es el PP y su
Gobierno. Se pide así la dimisión de Rajoy y se afirma que hay que
echar al Gobierno. ¿Cómo negar u oponerse a esto? Nadie mínimamente
demócrata lo puede hacer. Vale pues: ¡Qué dimita Rajoy!, ¡Echemos al
Gobierno del PP! Ahora bien, con todo lo que ha caído, ¿es esto lo
único que se puede decir?
El problema no es solo el PP y su Gobierno. Hay bastante más. El PSOE
ha apoyado también plenamente su actuación, exigido la aplicación de
la ley y el orden y aplaudido el envío de cuantos medios policiales
hicieran falta para impedir el referéndum catalán. Sus franquicias
PSC, PSE, PSN no se han salido tampoco de este guión. Y mientras
aplaudían los procesamientos, las sanciones, la vergonzosa ocupación
policial…, hablaban hipócritamente de la necesidad de dialogar.
Querían el diálogo, sí, –también hablaba de esto Rajoy–, pero con un
independentismo derrotado, postrado de rodillas, rodeado de procesos
de sedición, de multas millonarias, de embargos de propiedades.
Hoy Sánchez habla de negociar. Pero si fuera coherente debería
reclamar el archivo inmediato de todos los procesos abiertos contra la
Presidencia y Mesa del Parlament, el Presidente y Consellers de la
Generalitat y cuantas personas o instituciones hayan impulsado este
referéndum. Porque no hacer esto, supone admitir un chantaje
inadmisible. Hablar de diálogo y negociación sin exigir rebobinar lo
anterior y poner el contador a cero supone convertirse en cómplice de
una farsa inadmisible.
Hablar hoy de negociación requiere reconocer también, necesariamente,
que la legalidad vigente no es tabla de ley o mandamiento sagrado
alguno. Si después de lo visto en Catalunya durante este largo
proceso, rubricado a hostias ayer mismo, la soberanía única española
es principio y fin de todas las cosas, la negociación no sería tal,
sino un trágala inaceptable. Si no se admite que el futuro está
abierto (autonomía, federalismo, confederalismo, independencia…), sin
condición previa alguna, el diálogo no será sino farsa. Por eso la
baraja franquista no sirve, está marcada. Tampoco sus árbitros.
El PSOE no es parte de la solución, sino del problema. Fue él quien
«cepilló» en Madrid el Estatut catalán previamente aprobado por casi
un 90% del Parlament; quien se opuso en el Congreso a que la Ley de
Referéndum fuera reformada para que Catalunya pudiera ser consultada
sobre su futuro y quien rechazó igualmente que la reforma estatutaria
de Ibarretxe, aprobada por el Parlamento Vasco, fuera siquiera
tramitada en el Congreso.
La declaración del carácter plurinacional del Estado español en el
último Congreso del PSOE es mero fuego de artificio. Ayer éramos
«nacionalidad». Hoy nos dicen que somos «nación». Palabras huecas.
Entre todas las naciones que dicen componen el Estado español, afirman
a la vez que hay una que es más nación que otras y esa es España.
España es la única que dispone de soberanía política para decidir su
futuro, para hacer referéndum, para formular consultas. España es la
única que puede tener Constitución, Ejército y Tribunal
Constitucional. Para los demás quedan solo las sobras. Repito, el PSOE
no es parte de la solución, sino del problema. Levantar estrategias
políticas sin contar con esto es apostar por el fracaso… o tratar de
encubrir un nuevo fraude.
Hay más. Bastante más. La responsabilidad del estado de excepción y la
represión sobre Catalunya no es solo atribuible al Gobierno del PP y a
la complicidad del PSOE. El problema va bastante más allá y tiene que
ver con la propia conformación del actual Régimen español. La
Judicatura, y en especial sus más altas instancias, no es un poder
independiente sino que, tal como se ha revelado en las últimas
semanas, es un mero correveidile del Gobierno. El actual poder
judicial es herencia directa de toda la casta togada franquista,
sostén de una dictadura genocida, y eso imprime carácter. De ahí que
su más alto órgano, el Tribunal Constitucional, no contento en su día
con el «cepillado» del Congreso español al Estatut catalán, lo
trocease luego a conciencia quedando ya éste definitivamente
irreconocible. Sus señorías son así.
¿Y que decir de esa Policía y Guardia Civil enviada por miles a
Catalunya para imponer a mamporro limpio el orden constitucional? No
me queda espacio ya para glosar este sabroso tema, pero digamos como
mínimo que, más allá incluso que en la propia Judicatura, la termita
franquista ha encontrado en esos cuerpos y jerarquías sus más preciado
hábitat. ¿Lo dejo así o comienzo a hablar de cargas policiales, malos
tratos, torturas…?
No, el problema no es el PP y su Gobierno, que también lo son. Lo es
el régimen surgido de una Transición tramposa al que hasta hace bien
poco se gritaba en las calles –¿quién ha ahogado aquel clamor?– «¡le
dicen democracia y no lo es!». Hay que echar el Gobierno, ¡sí!; hace
falta diálogo, ¡por supuesto!, pero si todo se queda en reformas
ajustadas a los parámetros constitucionales actuales, la solución será
lampedusiana: se cambiarán algunas cosas para que todo siga siendo
igual. Sin ruptura democrática no hay solución. Ayer, 1-O; mañana,
huelga general; pasado, República catalana. «Si jo l’estiro fort per
aquí i tu l’estires fort per allá...» Siguiente estación: Euskal
Herria.
* * *
El españolismo se derrota a sí mismo en Cataluña
Lo que era impensable en Europa ocurrió ayer en Cataluña: las fuerzas
policiales del gobierno de Madrid reprimieron con violencia extrema a
los ciudadanos que decidieron acudir a las urnas para participar en el
referendo independentista catalán, declarado ilegal por las
autoridades y los tribunales de España. Las palizas, los allanamientos
de locales, las confiscaciones de urnas, y hasta las balas de goma y
los gases lacrimógenos menudearon en una jornada en la que, a pesar de
la barbarie policial, millones de personas depositaron su voto.
Este es el saldo del empecinamiento de décadas por la clase política
española que en todo momento se negó a mover una coma a los
lineamientos constitucionales que rigen la relación entre el país y
sus comunidades autónomas, y asumió como prenda de patriotismo la
sordera y la insensibilidad ante los reclamos regionalistas de vascos
y catalanes.
Desde luego, la colisión frontal que se expresó ayer no habría
ocurrido si las instituciones de Madrid se hubieran avenido a negociar
la federalización del Estado español y si los partidos, hasta hace
unos años hegemónicos en el mapa político –el Popular y el Socialista
Obrero Español– hubieran actuado con la inteligencia requerida para
adecuar una carta magna que proclamaron intocable y, sin embargo,
adulteraron sin escrúpulos para facilitar la imposición de las
políticas económicas dictadas por la Unión Europea. Pero al final de
cuentas esa rigidez chovinista terminó por alimentar y justificar una
causa independentista que, sin esa intolerancia, difícilmente habría
logrado el respaldo masivo que a la postre consiguió en la sociedad
catalana.
Más aún: en los días previos a la realización de la consulta convocada
por la Generalitat y el parlamento –órganos Ejecutivo y Legislativo de
Cataluña– Madrid habría podido atenerse a la declaración de ilegalidad
emitida por sus propios tribunales, negarse a reconocer los resultados
del referendo, fueran los que fueran, dejar que el asunto se dirimiera
en los tribunales –lo que ya era excesivo– y abstenerse de enviar a la
fuerza pública a protagonizar semejante espectáculo de intolerancia
hacia una votación pacífica –emblema por excelencia del espíritu
democrático–, reprimida y criminalizada por la policía.
Sin embargo, el gobierno de Rajoy optó por recurrir a la coerción y
con ello generó una diversidad de resultados contraproducentes. Por
una parte, se presentó a sí mismo como un régimen represivo,
intolerante e incapaz de desempeñarse en el terreno de la política,
incrustado, para colmo, en la Unión Europea; por la otra, expuso a la
Policía Nacional y a la Guardia Civil a un descrédito irremediable, e
incluso a querellas legales en los juzgados catalanes; por añadidura,
puso entre la espada y la pared al cuerpo de seguridad autonómico –los
Mossos d’Esquadra–, muchos de cuyos integrantes se negaron a cumplir
las órdenes de dispersar a los votantes y de desmantelar los centros
de votación, y en algunos casos incluso los protegieron de los asaltos
de las fuerzas policiales españolas.
Pero la actuación de Madrid en Cataluña dejó una consecuencia
paradójica mucho más devastadora para la causa del centralismo
españolista: dio al independentismo catalán un impulso probablemente
definitivo y hasta le granjeó la simpatía de miles de españoles que
ayer mismo acudieron a la Puerta del Sol a expresar su vergüenza ante
el gobierno nacional y su solidaridad con los separatistas reprimidos
en forma tan violenta, injustificable y antidemocrática.
Finalmente, al ilegalizar y reprimir el referendo, el gobierno y los
tribunales españoles dejaron sin margen a los habitantes de Cataluña
–catalanes o no– que habrían podido manifestarse por el no a la
independencia, con lo cual sellaron la victoria abrumadora y rotunda
del sí, que se impuso por más de 90 por ciento. Ahora, digan lo que
digan los gobernantes y los medios de Madrid, el proceso hacia la
independencia se antoja irreversible e indetenible.