Digamos ahora que el candidato A es el favorito del presidente de la
República en turno; descaradamente, el jefe del ejecutivo ha hecho
campaña a favor del candidato A, que es su candidato y el del partido
en el poder. Pero no solo eso: se sabe que el candidato A, aprovechando
su posición relevante como secretario de estado, ha creado redes de
partidarios por toda la nación, financiadas, se dice, con el erario
público. ¿Quién es el candidato A? La verdad que es un advenedizo,
con pocos años de experiencia política. Ya participó en una
elección pero fue derrotado. Sin embargo, al perder, salió ganando
porque fue invitado al gabinete presidencial desde donde preparó por
largo tiempo su candidatura. El candidato A es de buena y
aristocrática familia, su apellido es de abolengo y sus finas maneras
y educados modales llaman la atención. El presidente en turno,
literalmente, lo adora, y como él no ha podido con el paquete de hacer
avanzar al país en esta primera oportunidad de un gobierno
democráticamente electo, está seguro que el candidato A si podrá
hacerlo, máxime que se trata de un hombre distinguido y con buenas
relaciones.
Veamos ahora al candidato B. Él es en realidad, un emisario del
pasado, representante del régimen aplastado por la voluntad nacional.
No oculta su predilección, públicamente reconocida, por las virtudes
y bondades que tenía el antiguo orden de cosas. Es más, pregona que
solo hombres como él tienen la capacidad y la experiencia de gobernar
a este país que necesita de la tutela de gobiernos un tanto
autoritarios. Personalmente no vale gran cosa, pero tiene la ventaja de
que los hombres que en el pasado gobernaron ya no son nada en el
horizonte político mexicano, cartuchos quemados diría en su lenguaje
peculiar. El candidato B está orgulloso de su militancia tricolor,
seguro de que la enseña patria pertenece por derecho a él y a los que
forman su partido, en el que, aunque las disputas internas lo corroen,
lograron ponerse de acuerdo para postularlo a la elección
presidencial, con la creencia de que el prestigio que les da el
llamarse defensores de la independencia y de la soberanía, les
atraerá el número de votos suficientes para recuperar el poder y
volver triunfantes al palacio para retornar a los modos y costumbres
políticas de antaño. El candidato B abomina del presidente en turno,
del candidato A y del partido que lo apoya, porque cree que son
arribistas que por casualidad se adueñaron de la presidencia de la
República, por lo que debe arrojarlos de ella y reconquistarla para
quienes se sienten los verdaderos representantes de la nación
mexicana.
Pero el candidato A y el candidato B tienen algo en común y no solo el
hecho de que sus dos respectivos partidos se han entendido más o menos
bien en algunos temas de interés nacional: deben vencer al candidato C
y a su partido. El candidato C es un hombre con pocas luces, con gran
dificultad para hablar, con ideas francamente peligrosas, calificadas
de populistas. Dicen sus partidarios que es el ídolo del pueblo, que
lo aplaude y lo sigue porque es parte de ellos, porque habla como
ellos, porque piensa por ellos, porque sus propias limitaciones lo
hacen sentirlo como si fuera de ellos. El candidato C no oculta sus
deseos de ser presidente. Es un hombre ambicioso que se ha rodeado de
las más despreciables figuras políticas, cuyas ideologías son
abiertamente contrarias al interés de una nación que acaba de obtener
sus derechos y que está aprendiendo a ejercerlos. Los hombres del
candidato C tienen además fama de corruptos, de ineptos y de aborrecer
a las clases sociales acomodadas.
El candidato C amenazó con el estallido social si se le obstruía el
acceso a su candidatura presidencial, por lo que, a pesar de que
podrían haberlo metido a la cárcel, lo dejaron libre, con la
intención de derrotarlo en las urnas. Por su parte, los hombres de su
partido, formado esencialmente por tránsfugas de los otros partidos y
por viejos luchadores de causas populares, no aceptan transacción
alguna: quieren el poder absoluto para imponer sus ideas y para
transformar al país conforme al modelo que imperativamente, aseguran,
es el que desea la mayor parte de la población, aquella parte formada
por los pobres y los desposeídos.
Imagine ahora conmigo el amable lector, que llegamos al día de la
elección y que al filo de la media noche se dan a conocer los
resultados. ¿Quién ganó en este escenario imaginario? Nada más y
nada menos que el candidato A, quien obtuvo el 45% de los votos. En
segundo lugar quedó el candidato C, con el 35% de los sufragios y por
último, el candidato B solo alcanzó el 15%. En el conteo final, un 5%
de votos fue anulado. Los resultados son inobjetables y la elección se
desarrolló limpiamente. Sería de suponerse entonces, que los
candidatos derrotados aceptarían los resultados electorales y que
reconocerían de inmediato el triunfo del candidato A. Pero no, y antes
al contrario, demostrándonos que este país no ha madurado
políticamente y que todavía dependemos de los caprichos de los
caudillos.
Sigamos con el ejercicio imaginario para ver lo que sucedió después:
El candidato B, deprimido, desaparece por completo y sus voceros dicen
que no se reconocerá el triunfo del candidato A porque su partido se
niega a aceptar la derrota hasta que se hayan resuelto todas las
impugnaciones, como si todavía alentaran esperanzas después de la
paliza que les dieron en las urnas. En cambio, el candidato C se
comporta de manera diferente: de inmediato acusa al candidato A y a su
partido de haber hecho fraude electoral y conmina y arenga a sus
seguidores a lanzarse a la resistencia civil y luego a la acción
directa para impedir que el candidato A se convierta en presidente.
Entonces, los partidarios del candidato C se lanzan en efecto a las
calles y plazas de las ciudades. Literalmente lo invaden todo ante el
estupor de los demás ciudadanos que han sufragado libremente y miran
como la autoridad es incapaz de contener la marea humana de la plebe
que lo arroya todo a su paso. El candidato C está orgulloso de sus
huestes y las exhorta a posesionarse de la capital y a presionar al
gobierno, a las autoridades electorales, a las judiciales y al
congreso. La plebe se enardece y decide asaltar las tiendas, los
centros comerciales, las casas habitación de las familias acomodadas.
Para colmo, la fuerza pública, obedeciendo a los amigos del candidato
C, se pone del lado de los amotinados y contribuye a la violencia y a
los saqueos. El gobierno cede ante la fuerza de los hechos. El
candidato A renuncia públicamente a su triunfo, pero el congreso, más
asustado aún, declara que su elección fue nula y que el verdadero
vencedor de la contienda lo es el candidato C, a quien le entrega la
constancia que lo acredita como el próximo presidente de la
República.
Terminemos con ya con este dantesco ejercicio imaginario. Sepa el
lector que estamos hablando del año de 1828 y no del 2006. Le daré
algunas claves más: el candidato A es el general Manuel Gómez
Pedraza, ministro en el gabinete del presidente Guadalupe Victoria. El
candidato B es el general Anastasio Bustamante, antiguo trigarante y
continuador de la obra de Iturbide. El candidato C es el general
Vicente Guerrero, predilecto de las clases populares y quien se
empeñaba en implantar en México las ideas masónicas norteamericanas.
La historia narrada es absolutamente cierta: se le conoce como el
"motín de la Acordada". Esta fue la manera, ilegal e ilegítima,
como Guerrero llegó a la presidencia de la República. Y luego dicen
que la historia no puede repetirse.
Abogado e historiador
historia...@yahoo.com.mx