En la última década, al menos 2,016 defensores y defensoras ambientales han sido asesinados en el mundo por proteger sus territorios y ecosistemas, según el informe más reciente de Global Witness. Solo en 2023, 196 personas perdieron la vida por esta causa, casi la mitad de ellas indígenas o afrodescendientes. América Latina concentra el 85% de estos crímenes, consolidándose como la región más peligrosa para quienes ejercen la defensa ambiental, en un contexto de expansión de actividades extractivas, muchas de ellas ilegales y sin regulación efectiva.
En este preocupante escenario, del 7 al 10 de abril se llevó a cabo el Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en Basseterre, Saint Kitts y Nevis. El evento reunió a representantes estatales, líderes comunitarios y organizaciones sociales con el objetivo de avanzar en la implementación del Plan de Acción para Personas Defensoras e impulsar la construcción de una guía para la transversalización de género en el marco del Acuerdo de Escazú.
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