Jurisprudencia: Art. 57 de la LCT y su presunción de verdad de los dichos del trabajador

[Tony Barrera Nicholson]

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V

Expte. Nº CNT 27752/2013/CA1

SENTENCIA DEFINITIVA 81524

AUTOS: “NUÑEZ, Norma María c/ TELECENTRO S.A. s/ Despido” (JUZG. Nº 43).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 26 días del mes de marzo de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente;

y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda apela la parte demandada por la condena al pago de las consecuencias jurídico – económicas provenientes del despido indirecto.

En su tesis el apelante sostiene que la sentencia resulta arbitraria por cuanto la actora nunca solicitó el cambio de tareas ni puede la sentencia fundarse en la presunción del artículo 57 RCT que fue desvirtuada por la prueba producida en autos ante la responsabilidad de la parte actora en su falta de recepción. Sin embargo, la presunción del artículo 57 RCT fue fundada en que las comunicaciones telegráficas remitidas por el accionante fueron recepcionadas por la trabajadora el 2/5/2013 conforme surge del informe contestado por Correo Andreani, mientras que el aviso de primera visita de la misiva enviada por la demandada con fecha 25 de abril fue realizado el día 30/4/2013, día en que la trabajadora se consideró despedida luego de dos intimaciones previas por dación de tareas conforme alta médica (19/4 y 24/4). Este fundamento no es rebatido por el apelante en su escrito recursivo lo que implica la deserción del recurso (116 LO).

Por otro lado tampoco se hace cargo el apelante de lo expresado en origen sobre la falta de demostración del control previsto por el artículo 210 RCT conforme la prueba informativa contestada por Citimed S.A. a fs. 233, donde específicamente la empresa para poder evacuar adecuadamente dicho informe requirió de la demandada mayores especificaciones respecto a domicilio donde debía hacerse el control o los datos del médico interviniente.

Solo a mayor abundamiento, cabe destacar que las presunciones legales incorporadas en la ley de fondo –como en el caso la presunción emanada del artículo 57 RCT- o en la ley procesal tornan residual la norma del artículo 377 CPCCN, que sólo resulta aplicable en caso de ausencia de prueba o de presunciones emanadas de hechos probados en los términos de la sana crítica (artículo 386 CPCCN) o, justamente, ausencia de presunciones legales.

El derecho laboral es rico en desplazamientos del principio de determinación de la carga probatoria que surge de la norma del artículo 377 CPCCN y que tienen preeminencia sobre éste. No solo se trata de la norma del artículo 9 RCT sino, para citar los de aplicación más común, la presunción de existencia de contrato de trabajo por el hecho de la prestación de servicios (artículo 23 RCT), el de la veracidad de los hechos contenidos en la intimación no contestada (artículo 57 RCT), la presunción simple que emerge de la irregularidad del libro (artículo 53 RCT) o la presunción juris tantum que emerge de la norma del artículo 55 RCT ante la falta de presentación del libro a requerimiento judicial o administrativo.

La norma del artículo 57 RCT establece una presunción juris tantum de verdad de los dichos del trabajador que son constitutivos del emplazamiento frente al silencio del empleador.

En tanto lo dispuesto precedentemente respecto a la reforma de la sentencia de grado, los restantes argumentos esgrimidos en el memorial recursivo han quedado comprendidos en la misma y por ende, sin materia para su tratamiento.

Los honorarios regulados en la anterior instancia a los profesionales intervinientes no resultan elevados conforme pautas del artículo 38 LO y a las escalas arancelarias de la actividad pericial, por lo que propicio su confirmación. Teniendo en cuenta el hecho objetivo de la derrota las costas de alzada deben ser impuestas a la demandada vencida. Los honorarios de alzada establecen en el 30% de lo que les fuera regulado en origen (artículo 30 de la ley de 27.423).

LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante. 

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia de grado en lo que fue materia de agravios con costas de Alzada a la demandada vencida.

2. Regular los honorarios de los letrados interviniente por su intervención en la alzada en el 30% de lo que les fuera regulado por su actuación en la instancia anterior. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase.

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.).

Enrique Nestor Arias Gibert                                        Graciela Elena Marino

ALEJANDRO FABIAN GONZÁLEZ

 

 

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