Cancún quedó atrás, después de la COP-16
adriana vanegas
Cochabamba sí, REDD no
Cancún quedó atrás
Silvia Ribeiro
Desde muchas partes del México de abajo decenas de organizaciones sociales, campesinas, ambientalistas, sindicales, barriales, comunitarias, indígenas, de migrantes, confluyeron en Cancún a principios de diciembre 2010, al tiempo que los gobiernos de todo el mundo sesionaban en un hotel de lujo para discutir el “cambio” climático.
Las organizaciones partieron en caravanas desde diversos puntos de México, donde se encontraron con redes y activistas de otros países, para trazar colectivamente un mapa de la devastación ambiental y mostrar la verdadera política ambiental del gobierno, diametralmente opuesta a la que presentó de manera oficial. Desde San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y otras entidades llegaron representantes de las luchas contra la minería, los grandes basureros, la contaminación industrial de ríos y aguas, las mega-represas, la urbanización salvaje, carreteras y “supervías”, la contaminación transgénica del maíz y los ataques contra la agricultura campesina, las mega-granjas industriales porcícolas y avícolas, las enormes plantaciones de monocultivos y para agrocombustibles, las explotaciones turísticas, la contaminación petrolera y química, la privatización de agua y territorio y otros casos de devastación y luchas frente a ellos.
No se trataba de hacer una lista de denuncias sino una construcción colectiva, que permanece más allá de la manifestación frente a una reunión internacional. Desde donde partieron y donde iban parando, las caravanas fueron recibidas con calidez y hospitalidad por las organizaciones y comunidades locales en lucha, que se sumaban. En cada lugar compartían, intercambiaban y acrecentaban conocimiento detallado y fundamentado de los problemas, mucho más rico que el de cualquier “experto” al ser construido colectivamente, además de presentar también muchas alternativas a los problemas.
Las caravanas, al modo de trabajo de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), uno de los convocantes que se sumó al llamado a movilizaciones de la Vía Campesina, permitieron a las luchas locales reafirmar que sus problemas no son “mala suerte” que le tocó a ellos, sino saber que muchos más sufren conflictos similares, y que son una consecuencia lógica de la devastación ambiental y social sistemática que es parte inherente del modelo industrial capitalista. En México en particular, afirma la ANAA, donde en la mesa del Tratado de Libre Comercio de América de Norte, el gobierno colocó como “ventaja comparativa” la desregulación y destrucción ambiental, con resultados terribles en todo el país.
Ya en Cancún, en el marco del Foro Global por la Vida, la Justicia Social y Ambiental que se realizó del 4 al 7 de diciembre, los testimonios y presentaciones de las caravanas y de organizaciones de otros países que se fueron sumando en el trayecto o en Cancún, dejaron en claro que no se trata de un “cambio climático” separado del resto del modelo de sociedad, sino que la grave crisis climática que vivimos es un producto inherente a la civilización petrolera, a las empresas transnacionales que lucran con ella y los gobiernos que protegen sus intereses, que están “quemando” el planeta para seguir manteniendo sus ganancias y privilegios. La crisis climática es parte de la devastación ambiental y social general, no un fenómeno separado.
Por el contrario, en el ámbito oficial, desde la forma de nombrar el problema hasta los supuestos “acuerdos” de la conferencia (COP 16 de la Convención de Cambio Climático), fueron una farsa. El propio lugar de reuniones, Cancún, hasta hace pocas décadas una zona indígena de gran biodiversidad y belleza natural, es ahora zona arrasada por empresas y gobierno, transformado en coto privado de turismo para ricos. Igualmente paradójicos fueron las decisiones de la conferencia: en lugar de ir a las causas del calentamiento global y obligar a las empresas y países que lo provocaron a cambiar sus patrones de producción y consumo, se los premió liberándolos de cualquier compromiso vinculante y abriendo nuevos mecanismos de mercado para que puedan seguir lucrando con los desastres que ellos mismos provocaron.
Pese a esto, y con la excepción de Bolivia, gobiernos y ONG como Greenpeace, Cemda y el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable (CCMSS), entre otras, dicen que hubo “progreso” en las negociaciones. Estados Unidos, principal contaminador climático histórico, coincide alegremente con ellos: se declaró muy satisfecho. Especuladores mundiales como George Soros afirmaron que la reunión fue muy positiva para los negocios, particularmente por la aprobación de los esquemas llamados REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques). Este programa abre a la privatización y especulación financiera los bosques del mundo, afirmando una nueva ola de enajenación y expulsión de comunidades indígenas de sus territorios. Las tres organizaciones nombradas participan junto al gobierno mexicano para promoverlo, al igual que organizaciones transnacionales como Conservación Internacional, WWF, The Nature Conservancy y otras, ya conocidas por usar la supuesta “conservación” contra los derechos de las comunidades.
Entre las organizaciones y movimientos de abajo de todo el mundo, por el contrario, REDD fue uno de los puntos que más enérgicamente se denunció y rechazó. Al mismo tiempo se asumió y afirmó el apoyo a la plataforma que se elaboró en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático en Cochabamba en abril 2010, donde asistieron más de 35 mil participantes de 140 países. La reunión fue convocada por Bolivia como respuesta al fracaso de las negociaciones climáticas del año anterior.
En apenas tres días y con una fracción mínima de los recursos que se quemaron en la COP 16 de Cancún, se puso en papel un amplio espectro de propuestas básicas para enfrentar la crisis climática y defender a los pueblos y la madre tierra. Fueron presentadas ante la COP 16 por Bolivia. En la cumbre oficial se eliminaron autoritariamente todas, al tiempo que se aprobaba REDD y se abría la puerta para que en el futuro, además de privatizar los bosques, se introduzcan la agricultura y los suelos a los mercados especulativos de carbono.
Veinte indios muertos
en un accidente: una reflexión
María del Carmen Culajay
El accidente de un camión, en diciembre pasado, con saldo de alrededor de 20 muertos, pone al descubierto la verdadera situación de los pueblos mayas. Más allá de un cierto cambio superficial, más impulsado por los organismos internacionales de cooperación que por transformaciones reales en su situación económica, política y social de base, los pueblos mayas siguen siendo la mano de obra barata del país, tratados no muy distinto que el ganado, constituyéndose en noticia sólo ante este tipo de hechos luctuosos.
Si habláramos de mozos llevados a los cortes de café o de caña de azúcar en camiones desde remotas comunidades en zonas alejadas, que viven luego en condiciones pésimas durante la época de cosecha, mal pagados pero bien controlados, en condiciones de semiesclavitud, podría pensarse que hablamos de fines del siglo xix. En plena era de las tecnologías de la información y la computación, de la robotización del trabajo, del avance de conquistas laborales y sociales (jornada laboral de ocho horas diarias, régimen de jubilación, seguros de salud), en nuestro Macondo guatemalteco vivimos situaciones de explotación e inequidad impensables, más que los que podría mostrarnos una película.
El domingo por la noche cayó un camión con 80 personas que eran transportadas como ganado a cortar café a la Finca El Faro desde comunidades de Alta Verapaz. No es la primera vez que eso sucede. ¿Será la última? Ello deja ver el grado de explotación y semiesclavitud en que realmente viven muchos de nuestros hermanos del interior, de la montaña, que apenas hablan español, o no lo hablan, y para quienes mil quetzales en efectivo representa una pequeña fortuna. Esos alrededor de 20 muertos son consecuencia de ese régimen casi feudal que sigue imperando en buena parte de las fincas de Guatemala, donde aún no es infrecuente el derecho del patrón de “la primera noche” (derecho de pernada) y donde, como dice la ranchera, “la vida no vale nada”.
Ahora bien: los muertos, y los que se salvaron del accidente pero también son víctimas de condiciones degradantes, son todos mayas. Esa situación de explotación es lo que define el ser maya: mano de obra barata, no calificada, no sindicalizada y maltratada históricamente para los trabajos estacionales de las fincas de la Costa Sur (fundamentalmente los varones), y mano de obra barata para las casas de familia de las ciudades, las “chachas”, las “inditas”. Eso no cambia.
Hoy día, en buena medida como producto de la Firma de los Acuerdos de Paz que ya se ven tan lejanos en el tiempo, los pueblos tradicionales han cambiado un poco su situación histórica. ¿Qué cambió en realidad? Su situación de base, no. Los pobres y excluidos del interior del país, sin tierra, sin educación, y que además son “indios”, siguen siendo lo de siempre en la escala social, en el reparto de poderes.
Cambió (un poco) el discurso políticamente correcto sobre lo maya. Aunque eso no alcanza para decir que cambió su estatus social. Hoy día se ha puesto de moda el tema indígena: se habla del asunto, se fustigan ciertas expresiones denigrantes; incluso hay una mayor presencia de personas mayas en algunos (poquísimos) puestos directivos, siempre secundarios. Lo que sí se ha producido es toda una ¿moda? que presenta lo maya como algo digerible por los poderes, más bien revitalizando raíces culturales y promoviendo el aspecto espiritual. Pero eso no es lo que verdaderamente puede mejorar a los pueblos mayas. ¿De qué sirve una publicación bien hecha, lujosa, sobre las tradiciones ancestrales de los pueblos mayas, si en la realidad cotidiana siguen siendo la mano de obra barata? ¿Por qué no se hace algo por esto? Ahí está lo que verdaderamente se debe atacar si hablamos de cambio, y no tanto invocar al Corazón del Cielo y de la Tierra y quemar incienso.
Hacer ceremonias religiosas y tener guías espirituales “debidamente autorizados” por los poderes (los curas ya no matan indios), ¿qué aporta eso como beneficio a los explotados de siempre, a los “tishudos”, a los “indios jashtos”, a las “choleras” con quien frecuentemente debutan los varones jóvenes de las casas de clase media y alta? ¿Qué aporta, si las condiciones de vida reales no se transforman?
Hay toda una burocracia intelectual maya (muy pequeña, pero suficiente para mover el aparato necesario), que se encarga de levantar estas banderas de lo políticamente correcto. Ahora bien: estos hermanos mayas, ¿por qué no pelean de verdad y denuncian lo del camión de ayer, por ejemplo? Hablar de la cruz maya, de una reconstruida espiritualidad de dudosa procedencia y fomentar el culto a cualquier deidad con altares propicios y quema de pom, ¿es el cambio que realmente necesitan los pobres de la montaña tratados como animales?
Ese cambio en ciernes, políticamente correcto, suena a complot silencioso entre esas burocracias intelectuales con nombre maya (que no viven en las comunidades, acostumbradas a los hoteles cinco estrellas y al aire acondicionado) y a las agencias de cooperación que levantaron ese aparato en estos últimos años.
Valga decir que el grupo maya más verdadera y funcionalmente organizado es el de los empresarios mayas. En ningún modo se está diciendo que tanta ong de cuño maya que hay por ahí viviendo de la cooperación internacional sea puro impostor. Pero de ahí a creer que fomentando ceremonias religiosas o haciendo invocaciones al Ajaw cada vez que se inicia un acto protocolario (en un hotel cinco estrellas con aire acondicionado) se está liberando a los pueblos oprimidos por cinco siglos de coloniaje, hay un enorme trecho.
Hay que reivindicar a los trabajadores pobres y sin tierra del campo, que en su enorme mayoría son mayas, y que no se liberarán de nada con ceremonias religiosas. Hacernos creer que con unos cuantos guías espirituales remozados y llamando a la multiculturalidad se acaba el problema de la explotación de la que somos víctimas desde hace 500 años, amarrada a un racismo visceral que define la historia del país y condena a una enorme mayoría a ser “inditos atrasados”, creer que con un güipil decorando una celebración por aquí o por allá cambian de verdad las cosas, o hay ingenuidad, o algo peor: hipocresía. Hablar del racismo es denunciar la explotación económica de la sociedad semifeudal en que vivimos.
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Represión en Honduras
El gobierno golpista entrega los ríos
a empresarios y transnacionales
Ante las concesiones de ríos y construcción de represas, las concesiones mineras y la depredación de los bosques, comunidades indígenas y afrocaribeñas se movilizan en todo el territorio hondureño pues, como ha señalado el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), todos estos proyectos representan “lucro, corrupción y expropiación de territorios indígenas”.
“Nosotros —explica Bertha Cáceres, coordinadora del COPINH—estamos llamado abiertamente a detener y a boicotear la presencia de empresas transnacionales en nuestros territorios porque en Honduras no existe institucionalidad, no existe Estado de derecho. ¿A quién vamos acudir nosotros a poner una demanda contra las grandes oligarquías golpistas?¿A dónde vamos a ir? ¿Qué nos queda? Nada, más que refundar nuestro país”.
El COPINH, integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular, es una organización que se ha mantenido en defensa de los recursos naturales, los derechos humanos y los de los pueblos indígenas, en contra del golpe de Estado y por la refundación de Honduras, lo que ha motivado una constante persecución contra sus integrantes, muchos de los cuales han sido encarcelados, se encuentran en el exilio o han sido asesinados.
La lucha contra los proyectos invasores de su territorio, señala la coordinadora del COPINH, no ha sido en vano: “Hemos expulsado cantidad de empresarios en todas las comunidades. Pero no ha sido fácil”. Hace apenas unos meses, continúa, “el actual gobierno golpista entregó los ríos de nuestra región en concesión a empresarios y a transnacionales, pero nosotros asumimos la legitimidad que tenemos como pueblo y estamos haciendo la defensa de nuestro territorio”.
En Honduras se han derogado decretos ambientales que protegían los recursos naturales. Ahora, además de los proyectos de energía renovable, se desarrollarán proyectos de explotación minera, como lo han hecho en los municipios de San José de la Paz, San Francisco Lempira y Camasca, entre otros.
En tanto, el pasado 5 de enero las radios Guarajambala y La Voz Lenca, medios de comunicación comunitaria del COPINH, fueron agredidas por empleados de la empresa SEMEH, cuyo propietario es Arturo Corrales Álvarez, ministro de planificación del actual gobierno de facto.
Antecedieron al actual hostigamiento, informa el COPINH, una serie de acciones con las que se quemaron transmisores y otros equipos de las radios. En esta ocasión y sin previo aviso les cortaron la energía eléctrica y amenazaron de muerte a varios integrantes de la organización, entre ellos Juan Vásquez, Leonel Andino, Cruz Alfaro, Salvador Zúniga, Telma Hernández y Bertha Cáceres, y agredieron físicamente a Néstor Sorto.
El COPINH hace “un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que estos espacios de los pueblos indígenas, del pueblo hondureño y de los pueblos del mundo no sean silenciados por la dictadura”.
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Bolivia
Movilización nacional
contra el gasolinazo de Evo
Las movilizaciones decembrinas en todo el territorio boliviano en contra del alza de los combustibles, lograron que el presidente Evo Morales derogara el decreto de lo que ya se conoce como el gasolinazo, medida impopular que se quiso imponer sin consultar a nadie.
Evo Morales acudió a la frase zapatista de “mandar obedeciendo” para explicar la abrogación de la medida. Sin embargo, señalan organizaciones sociales bolivianas, el “mandar obedeciendo” es antes y no después de tomar una decisión.
El gobierno de Bolivia pretendía incrementar los precios de los combustibles (la gasolina para autos 72 por ciento, el diesel 84 por ciento y la gasolina para aviación, 99 por ciento), con el argumento de que la economía se veía afectada con el subsidio mientras las finanzas se desangraban por el contrabando a Perú, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay.
La presión en las calles no se hizo esperar. Después del anuncio navideño la gente se manifestó como antes lo hizo durante la Guerra del Agua, en el 2000, y en la Guerra del Gas, en 2003, logrando el anuncio de la derogación justo el 31 de diciembre, en lo que fue considerado como la primera gran derrota política del gobierno de Morales.
Apenas un día antes, el 30, circuló una carta pública firmada por las organizaciones sociales, dirigida al presidente y al vicepresidente Álvaro García: “¿Dónde está tu “mandar obedeciendo” que es propiedad de los zapatistas? ¿El pueblo te mandó a pactar con la derecha en la Asamblea Constituyente?... ¿El pueblo los mandó a imponer un gasolinazo tan brutal, irracional, soberbio, neoliberal, que va a empobrecer mas a la gente que apenas sobrevive, si es que tiene la suerte de tener un puesto en el comercio o un empleo?”
Oscar Olivera, portavoz de la Coordinadora del Agua, es uno de los firmantes. Posteriormente, en entrevista publicada en Anarquismo.net, Olivera explica que “el gobierno definitivamente quiso convencer a la población con números, diciendo que este proceso iba a generar un aumento de ingresos a las arcas fiscales, que iba a ser redistribuido para mejorar la calidad de vida, sobre todo en áreas rurales, pero la gente se sintió muy agredida, defraudada y salió a la calle a decir que esas medidas no pasan. Lo más indignante es que el gobierno responsabiliza al contrabando de carburantes para castigar al pueblo, pero los responsables de este contrabando son principalmente la policía y el ejército”.
La gente, relata el dirigente social desde Cochabamba, “de manera muy organizada, pero muy autónoma, salió a las calles a protestar, a oponerse a esta medida. No sólo salió en los lugares tradicionales de rebelión popular, como son los sectores mineros de Oruro y Potosí, El Alto y Cochabamba, sino que salió en todo el país. Incluso en el Chapare, el bastión de Evo, los pobladores bloquearon las carreteras. Yo creo que iba a haber una respuesta popular muy seria, que pondría en riesgo la estabilidad del gobierno.”
La derogación, advierte Olivera, no significa que el presidente haya renunciado a la medida, pues “escuchamos una declaración de Morales en una concentración campesina en Patacamaya, La Paz, donde dijo que sí o sí la subvención se tiene que levantar, y que lo hará con el consenso de las organizaciones sociales”.
Lo positivo, dice, “es que se está generando otra vez un proceso de reflexión, discusión y movilización de los sectores populares, y la gente ha ido generando espacios para retomar la palabra y la acción”.
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Para salvar al son istmeño
de Oaxaca
Víctor de la Cruz
El patrimonio indígena se divide en natural y cultural, y este último en tangible e intangible. Dentro del segundo, es decir el patrimonio cultural intangible, se encuentra la música, una de cuyas formas es el son mexicano. Este tipo de música tradicional, entre cuyos géneros se encuentra el llamado “son istmeño”, está protegido en la actual legislación sobre derechos de autor.
La Ley Federal de Derechos de Autor en el capítulo sobre los símbolos patrios y expresiones de las culturas populares establece, en tres de sus artículos, limitaciones sobre la utilización del arte popular en general, dentro del cual ubicamos la música tradicional como bien cultural intangible. El primero de ellos, el artículo 158 establece:
Las obras literarias, artística [sic] de arte popular o artesanal, desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen.
El siguiente artículo, 159, dice:
Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravenga las disposiciones del mismo.
Como lo establece el artículo anterior, todo compositor que trabaje sobre la melodía de un son ya sea poniéndole una letra o arreglándola para su interpretación, debería empezar por respetar el nombre original de la pieza musical; porque cambiarle el título implica una deformación de la obra y, por lo tanto, una violación al artículo 158. En segundo lugar, el letrista o arreglista de un son debe mencionar “la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana” a la que pertenece el son, como lo establece el artículo 160:
En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberán mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.
Se ha hablado del aprovechamiento de algunos sones regionales mexicanos por parte de músicos académicos. También se ha dicho que algunos sones istmeños han merecido la atención de compositores y arreglistas del sur del Istmo, unos buenos, otros malos pero honestos, y algunos de esos sones, como “La Sandunga”, “La Llorona”, “La Martiniana” han sido interpretados y explotados hasta la saciedad; sin embargo los músicos académicos y los musicólogos no se habían ocupado de escribirlos y describirlos. Thomas Stanford, por ejemplo, en su librito sobre el son escribe sobre los sones de mariachi, la chilena, el huapango, los sones jarochos, el jarabe, la jarana yucateca; y, en el último capítulo, escribe unos cuantos reglones sobre los “sones istmeños” sin describir el género. Dice:
En el Estado de Oaxaca las piezas son descritas como “sones istmeños”, y los sones individuales no están tan claramente asociados con comunidades específicas, en apariencia. Sin embargo, hay un repertorio especial que está asociado con bodas, y podría constituir una tradición variante del xochipitzahuac. (El son mexicano, sep/80 Fondo de Cultura Económica, México, 1984).
¿Qué podemos hacer para salvar a la mayoría de los sones istmeños desconocidos de los compositores inmorales y los plagiarios? La tarea pendiente y urgente es hacer un registro de ellos, a cargo de investigadores honestos, en cintas magnetofónicas y discos para no lamentarnos de su pérdida en la memoria colectiva o de su robo. Posteriormente, registrarlos por escrito, como ya lo está haciendo José Hinojosa mediante arreglos para banda sinfónica. Como escribiera Wilfrido C. Cruz en su artículo sobre “La Sandunga”:
Especialmente en materia de arte y de arte rítmico, la tradición es una de las más interesantes fuentes de investigación, máxime si ella se aplica a los secretos del folklore americano… ¿Qué pueden decirnos nuestros mudos monumentos de piedra, nuestras toscas pinturas y nuestros códices incompletos de todo lo recóndito y exquisito que vibraba en el alma de nuestros antiguos pueblos como emoción estética? Callados seguirán por muchos años y si no nos apresuramos a recoger de la tradición los secretos del pasado que no constan en documentos ni en cualquiera otra forma de expresión material, confrontándolos y complementándolos con las observaciones en los demás órdenes de la realidad, dentro de pocas generaciones habremos perdido definitivamente los medios e indicios para reconstruir la vida espiritual de un sector de humanidad que gozó y sufrió con nosotros, que también tuvo sus momentos de lucubración y ensueño y que violentada por el destino, si cedió su puesto a la civilización actual, no por ello, si se la hubiera permitido continuar su evolución, sería menos grande.” (Oaxaca recóndita, Edición del autor, México, 1946).
Es urgente, pues, echar manos a la obra, antes que el olvido y los plagiarios nos ganen la partida.
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Para salvar al son istmeño
de Oaxaca
Víctor de la Cruz
El patrimonio indígena se divide en natural y cultural, y este último en tangible e intangible. Dentro del segundo, es decir el patrimonio cultural intangible, se encuentra la música, una de cuyas formas es el son mexicano. Este tipo de música tradicional, entre cuyos géneros se encuentra el llamado “son istmeño”, está protegido en la actual legislación sobre derechos de autor.
La Ley Federal de Derechos de Autor en el capítulo sobre los símbolos patrios y expresiones de las culturas populares establece, en tres de sus artículos, limitaciones sobre la utilización del arte popular en general, dentro del cual ubicamos la música tradicional como bien cultural intangible. El primero de ellos, el artículo 158 establece:
Las obras literarias, artística [sic] de arte popular o artesanal, desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen.
El siguiente artículo, 159, dice:
Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravenga las disposiciones del mismo.
Como lo establece el artículo anterior, todo compositor que trabaje sobre la melodía de un son ya sea poniéndole una letra o arreglándola para su interpretación, debería empezar por respetar el nombre original de la pieza musical; porque cambiarle el título implica una deformación de la obra y, por lo tanto, una violación al artículo 158. En segundo lugar, el letrista o arreglista de un son debe mencionar “la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana” a la que pertenece el son, como lo establece el artículo 160:
En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberán mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.
Se ha hablado del aprovechamiento de algunos sones regionales mexicanos por parte de músicos académicos. También se ha dicho que algunos sones istmeños han merecido la atención de compositores y arreglistas del sur del Istmo, unos buenos, otros malos pero honestos, y algunos de esos sones, como “La Sandunga”, “La Llorona”, “La Martiniana” han sido interpretados y explotados hasta la saciedad; sin embargo los músicos académicos y los musicólogos no se habían ocupado de escribirlos y describirlos. Thomas Stanford, por ejemplo, en su librito sobre el son escribe sobre los sones de mariachi, la chilena, el huapango, los sones jarochos, el jarabe, la jarana yucateca; y, en el último capítulo, escribe unos cuantos reglones sobre los “sones istmeños” sin describir el género. Dice:
En el Estado de Oaxaca las piezas son descritas como “sones istmeños”, y los sones individuales no están tan claramente asociados con comunidades específicas, en apariencia. Sin embargo, hay un repertorio especial que está asociado con bodas, y podría constituir una tradición variante del xochipitzahuac. (El son mexicano, sep/80 Fondo de Cultura Económica, México, 1984).
¿Qué podemos hacer para salvar a la mayoría de los sones istmeños desconocidos de los compositores inmorales y los plagiarios? La tarea pendiente y urgente es hacer un registro de ellos, a cargo de investigadores honestos, en cintas magnetofónicas y discos para no lamentarnos de su pérdida en la memoria colectiva o de su robo. Posteriormente, registrarlos por escrito, como ya lo está haciendo José Hinojosa mediante arreglos para banda sinfónica. Como escribiera Wilfrido C. Cruz en su artículo sobre “La Sandunga”:
Especialmente en materia de arte y de arte rítmico, la tradición es una de las más interesantes fuentes de investigación, máxime si ella se aplica a los secretos del folklore americano… ¿Qué pueden decirnos nuestros mudos monumentos de piedra, nuestras toscas pinturas y nuestros códices incompletos de todo lo recóndito y exquisito que vibraba en el alma de nuestros antiguos pueblos como emoción estética? Callados seguirán por muchos años y si no nos apresuramos a recoger de la tradición los secretos del pasado que no constan en documentos ni en cualquiera otra forma de expresión material, confrontándolos y complementándolos con las observaciones en los demás órdenes de la realidad, dentro de pocas generaciones habremos perdido definitivamente los medios e indicios para reconstruir la vida espiritual de un sector de humanidad que gozó y sufrió con nosotros, que también tuvo sus momentos de lucubración y ensueño y que violentada por el destino, si cedió su puesto a la civilización actual, no por ello, si se la hubiera permitido continuar su evolución, sería menos grande.” (Oaxaca recóndita, Edición del autor, México, 1946).
Es urgente, pues, echar manos a la obra, antes que el olvido y los plagiarios nos ganen la partida.
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Stephen Corry: los pueblos sobrevivirán
Survival International es un organismo pionero en la defensa de los pueblos indígenas de la Tierra. Cuatro décadas después de su fundación, su influencia y eficacia son muy grandes. Para conmemorarlo, Survival publicó Somos Uno. Homenaje a los pueblos indígenas (editado por Joanna Eede, Quadrille Publishing Ltd, Londres, 2009; en castellano la edición es de Blume, Barcelona, 2010). Incluye lo mejor de la vasta producción de su pléyade de fotógrafos. Algunos de ellos ilustran este número de Ojarasca. Stephen Corry, director de Survival, escribió para la ocasión:
“Existen 370 millones de indígenas en todo el mundo, de los cuales 150 millones viven en sociedades tribales. Pueblos que han desarrollado su propia forma de vida durante miles de años, desde la selva amazónica hasta el Ártico siberiano. Son en su mayoría autosuficientes y distintos de las sociedades mayoritarias de sus países en cuanto a idioma, creencias y actitud ante la vida, incluyen a las minorías más vulnerables del mundo, y corren el riesgo de perder todo lo que les permite subsistir y que da sentido a sus vidas.
“A pesar de las enormes diferencias culturales y geográficas, los pueblos indígenas no sólo comparten unas conexiones profundas, prácticas, históricas y espirituales con sus respectivas tierras ancestrales, sino también la persecución de la que han sido objeto durante mucho tiempo a manos de sociedades más dominantes. Los logros tecnológicos y la prosperidad económica de unos pocos (los distintivos del ‘progreso’) contrastan con la persecución brutal de los pueblos indígenas que comenzó con el ‘descubrimiento’ europeo del Nuevo Mundo, y que ha continuado desde entonces. Gracias a su superioridad en cuanto a fuerza y armas de fuego, estas fuerzas poderosas se han apropiado de tierras indígenas para colonizar, talar árboles, crear minas, extraer petróleo y construir carreteras, entre otros avariciosos motivos. Han tenido, además, la intención de imponer sus propias formas de vida a sociedades que llevan milenios prosperando y, al hacerlo, en el engañoso nombre del ‘progreso’ material y cultural, diversos e intrincados pueblos han sido destruidos”.
Corry concluye que el progreso a menudo mata. Recuerda que Survival International se fundó en 1969 tras la publicación en Londres de un artículo de Norman Lewis en The Sunday Times que revelaba las atrocidades contra los indígenas brasileños. Desde entonces, Survival trabaja por el derecho de los pueblos a la propiedad de sus tierras y modos de vida. Cuarenta años más tarde, no hay duda de que se ha avanzado, aunque lentamente. “Entonces, la masacre y la enfermedad eran tan corrientes que se creía que para finales de siglo no quedarían indígenas en Brasil (como promedio, en el siglo XX se extinguió un pueblo indígena al año). Por fortuna, las cuestiones indígenas han llegado al terreno político y cultural y, en la actualidad son pocos los que piensan que el mejor futuro para ellos consiste en ser asimilados por las sociedades mayoritarias”.
Sin embargo, alerta, siguen existiendo barreras racistas y muchos pueblos podrían extinguirse. “Fuerzas racistas similares apoyaron el comercio de esclavos hace 200 años, pero a la larga la opinión pública demostró tal poder que se abolió la esclavitud. Del mismo modo que resulta inconcebible un retorno a la trata de esclavos, estoy seguro de que el poder de la opinión pública logrará defender los derechos de los pueblos indígenas”.
Para Corry, los pueblos indígenas son el faro que ilumina los vínculos con la tierra, y su supervivencia es una de las mayores preocupaciones humanitarias de nuestro tiempo: “Tienen el derecho a pertenecer a su tierra y no soy el único que piensa que sobrevivirán”.
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Gracias por todo.
Adriana