La Espada y la Pluma: Estructura Castrense y Jerarquías de Poder en los Protocolos del Archivo Histórico de Monterrey (Siglos XVI-XVIII)
Presidencia - Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México
La Espada y la Pluma: Estructura Castrense y Jerarquías de Poder en los Protocolos del Archivo Histórico de Monterrey (Siglos XVI-XVIII)
Resumen El presente análisis examina la organización militar del Nuevo Reino de León a través de la evidencia documental contenida en los Protocolos del Archivo Histórico de Monterrey (Versión 2.1). Se demuestra que, en esta región de frontera, los grados militares no eran meros títulos honoríficos, sino funciones operativas intrínsecamente ligadas al poder político, la tenencia de la tierra y la administración de justicia en un contexto de guerra viva.
Introducción La colonización del noreste novohispano estuvo marcada por una hostilidad constante que obligó a sus pobladores a vivir en un estado de alerta perpetua. Los documentos notariales de Monterrey, lejos de limitarse a transacciones civiles, revelan una sociedad profundamente militarizada donde la distinción entre el ciudadano y el soldado era difusa. El análisis de los testamentos, poderes y compraventas permite reconstruir el escalafón castrense que sostuvo la expansión territorial desde finales del siglo XVI hasta el XVIII, evidenciando una cadena de mando que iba desde la autoridad suprema del Gobernador hasta la tropa presidial.
El Mando Supremo: Gobernadores y Capitanes Generales En la cúspide de la pirámide político-militar se encontraba la figura del Gobernador y Capitán General. Este título confería la potestad absoluta sobre las armas y la justicia. Los protocolos destacan a figuras fundacionales como Luis de Carvajal y de la Cueva y Diego de Montemayor, quienes ostentaron este rango primigenio. A medida que la colonia se consolidaba, aparecieron administradores que reafirmaron esta autoridad dual, siendo Martín de Zavala uno de los más citados en la concesión de mercedes bajo su investidura militar. Posteriormente, en el siglo XVIII, gobernadores como Gregorio de Salinas Varona y Pedro Fermín de Echeverz y Subiza continuaron ejerciendo esta función suprema, a menudo delegando la operatividad en los Tenientes de Capitán General, cargo ocupado por figuras de confianza como Diego Rodríguez (Justicia Mayor) y Martín de Mendiondo, quienes actuaban como brazos ejecutores de la autoridad gubernamental en ausencia del titular.
La Oficialidad Superior y la Administración de la Guerra Por debajo del mando supremo, pero con una influencia social determinante, se situaban los Generales y Sargentos Mayores. El rango de General, otorgado a menudo a hacendados poderosos o ex-gobernadores, aparece vinculado a personajes como Francisco Báez Treviño y Antonio Fernández Vallejo, quienes movilizaban recursos propios para la defensa. Sin embargo, la columna vertebral de la organización táctica era el Sargento Mayor. Este oficial era responsable de la instrucción y disciplina de las milicias en jurisdicciones amplias. Los protocolos documentan ampliamente a Pedro Guajardo, Alonso de León y Sebastián de Villegas Cumplido en este rol, evidenciando que el Sargento Mayor fungía como el nexo administrativo entre la élite gobernante y las fuerzas locales. Otros nombres relevantes en esta categoría incluyen a Antonio López de Villegas y Lucas Caballero, quienes aparecen frecuentemente en labores de justicia y testigos de fe, lo que subraya el carácter civil-militar de su función.
El Capitán: Eje de la Defensa Fronteriza El grado más ubicuo en la documentación es el de Capitán. En el Nuevo Reino de León, este título tenía dos vertientes: la de los capitanes fundadores y pobladores, y la de los comandantes de presidio. Entre los primeros, los protocolos inmortalizan a los fundadores de villas como Alberto del Canto, Manuel de Mederos y Juan Pérez de los Ríos, cuya autoridad militar legitimaba su estatus de “vecinos principales”. Por otro lado, la profesionalización de la guerra se observa en los capitanes de presidio, encargados de guarniciones específicas como las de Cerralvo y Cadereyta. Figuras como Juan Guerra Cañamar y Antonio Leal aparecen gestionando los recursos de estas fortalezas, otorgando poderes para el cobro de situados y liderando campañas punitivas. La proliferación de este rango, ostentado también por Bernabé de las Casas y Blas de la Garza, indica que el liderazgo de una compañía miliciana era el requisito indispensable para el ascenso social y político en la región.
Oficialidad Menor y Tropa: Alféreces y Soldados El escalafón se completaba con los oficiales subalternos y la tropa. El Alférez ocupaba una posición de honor, encargado de portar el estandarte real. Este cargo tenía una dualidad significativa: existía el Alférez de compañía militar (como Francisco de Pastrana o Gaspar de Treviño) y el Alférez Real del Cabildo, un puesto de altísimo prestigio cívico ocupado por oligarcas como Domingo Miguel Guajardo. En la base de la oficialidad se encontraban los Sargentos, como Juan Bautista Chapa y Nicolás de Medina, responsables de la ejecución inmediata de las órdenes. Finalmente, los protocolos arrojan luz sobre la vida de los soldados de cuera, a menudo invisibilizados en la gran historia. A través de cartas de poder para cobrar sus sueldos, emergen nombres como Juan de Reyes, Nicolás García y Blas de los Ríos, asignados a los presidios de Cerralvo y Cadereyta, quienes constituían la fuerza de choque permanente contra las incursiones indígenas.
Conclusiones El examen de los Protocolos de Monterrey confirma que la estructura militar en el noreste novohispano no fue una imposición burocrática externa, sino una respuesta orgánica a las necesidades de supervivencia. La posesión de grados militares, desde el Capitán General hasta el simple Soldado de presidio, definía la posición del individuo en la sociedad, su capacidad económica y su autoridad política. En este sentido, la historia de las familias del Nuevo Reino de León es, indisociablemente, una historia castrense.
Referencias Archivo Histórico de Monterrey. Protocolos,
