Presentación Inaugural para el Encuentro Tierra y Ciudadanía,
Instituto de Tierras, Cartografía y Geociencias. Estado de
Paraná,Brasil. Curitiba, 15-18 Mayo 2007
El petróleo y los conflictos internacionales
El despilfarro de energía que caracterizó al siglo xx se fundó en gran
parte en dos supuestos que ya no son válidos en el siglo xxi. Uno, la
creencia de que los recursos fósiles del planeta eran inagotables y el
otro, que en situación de escasez, bastaba la decisión de las grandes
potencias de disponer a su antojo, los hidrocarburos existentes en el
resto del mundo, incluso por medio del soborno, la violencia y la
guerra.
Respecto del primer supuesto, es cada vez más evidente que los
depósitos comprobados de hidrocarburos de los que dependen las
economías más ricas, se están acabando. Las nuevas extracciones serán
cada vez más difíciles y costosas. Otra de las fuentes primarias, el
agua para represas hidroeléctricas llegó al límite en los países
ricos, a la vez que en otros el caudal de los ríos se hace cada vez
más irregular amenazando la seguridad y continuidad del suministro.
Tampoco el uranio, base de las electricidad atómica tiene una larga
perspectiva. Sólo el carbón, aparece como un recurso todavía
abundante, aunque resistido porque con las tecnologías actuales sus
emisiones están entre las más contaminantes.
La segunda premisa, la explotación abusiva del patrimonio energético
de los países pobres ejercida por decenios por las transnacionales
comenzó a desmoronarse con la lucha de los movimientos de liberación e
independencia nacional que culminó, en su primera etapa, en los años
setenta. Se constituyó la Organización de Países Exportadores de
Petróleo, (OPEP) en numerosos países fueron nacionalizadas las
compañías privadas extranjeras y creadas en su reemplazo compañías
petroleras estatales. El control ejercido por la OPEP limitó el
despilfarro. Por primera vez los precios se acercaron a su verdadero
valor de mercado, ya que los bajos precios anteriores no correspondían
a la demanda excesiva incentivada por el capitalismo. Pero en los años
ochenta cambió la situación política internacional. La debacle de la
deuda externa, la adopción dogmática del credo neoliberal por partidos
de derecha y de centro y la caída de los socialismos en Europa
Oriental, contribuyeron al debilitamiento de la lucha del tercer mundo
frente a las grandes potencias. La OPEP perdió unidad y fuerza. Los
grandes consorcios de Occidente al aumentar el saqueo del tercer mundo
y exacerbar la sobreproducción llevaron los precios a la baja. Otra
vez aumentó el despilfarro.
Por segunda vez, los pueblos subdesarrollados tomaron conciencia de
los profundos efectos negativos causados por la globalización
transnacional y sus gobiernos cómplices. El siglo XXI transcurre bajo
un nuevo cuadro mundial político y económico, donde América Latina
está marcando la pauta. Diversos gobiernos en desarrollo están
rectificando sus políticas complacientes con las multinacionales y
recuperando su soberanía sobre el petróleo. Ahora el 77% de la
producción mundial está en manos de empresas estatales. En nuestro
continente, las grandes multinacionales como Chevron, Exxon, Repsol,
Totalfin, están siendo desplazadas por compañías estatales, o mixtas
con predominio nacional. En Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y
en otros países se refuerza el papel de las empresas públicas, como en
Chile, Uruguay y Brasil. En Rusia, China e India, se mantiene también
la preeminencia estatal. A comienzos de la presente década, el
derrumbe de los gobiernos y partidos neoliberales en Venezuela despejó
el camino para recuperar el control nacional de su industria petrolera
y revivir la unidad de la OPEP. Recordemos que la nueva OPEP no se
planteó más que subir de 10 dólares, un precio manipulado, a 30
dólares el barril, un precio justo. Si el precio hoy está al doble de
esa cifra y podría escalar más aún, ya no es responsabilidad de la
OPEP. Es el resultado de la creciente comprobación de que nos
acercamos al agotamiento mundial de las reservas naturales baratas.
Esto se hizo evidente por la guerra de Irak desatada por EE.UU. para
apoderarse de los cuantiosos depósitos de ese país, la amenaza de
atacar Irán por igual motivo y otros peligros bélicos en Asia, Africa
y América Latina. La invasión a Irak, guerras locales en Africa, el
desastre de Katrina y otros conflictos, aumentaron la incertidumbre
sobre los abastecimientos. La acción de los especuladores
internacionales también se hizo presente.
Por lo tanto, una de las condiciones más importantes para aliviar las
consecuencias de la crisis mundial de la energía es la solución
pacífica y equitativa de los actuales conflictos internacionales. La
criminal aventura en Irak puede y debe llegar a su fin, con el retiro
de las tropas invasoras y el respeto a la libre determinación del
pueblo irakí. Otro tanto debiera hacerse en Afganistán. Es hora de
solucionar racional y negociadamente, la confrontación entre Israel y
Palestina y establecer una paz estable en toda la región del Medio
Oriente. La resistencia del pueblo irakí y la movilización globalizada
de la humanidad progresista que se opuso a la invasión, están próximas
a alcanzar un histórico triunfo. Pero la lucha por la paz y un mundo
pacífico ha de continuar por los descomunales gastos armamentistas, la
eliminación gradual de las bombas nucleares, químicas, de neutrones,
uranio empobrecido y otras aún más siniestras que el Pentágono y la
OTAN están fabricando. En América Latina, donde Chile, Colombia y
Brasil tienen los mayores gastos militares por habitante, debiéramos
alcanzar acuerdos regionales para congelarlos y liberar recursos para
invertirlos en aras de la superación de la pobreza y de la crisis
energética.
Energía y medio ambiente
La crisis energética ha agravado otros importantes problemas globales.
Las conclusiones de los 2.500 científicos que trabajaron para las
Naciones Unidas durante seis años, contenidas en sus informes sobre el
calentamiento global, son categóricas. No es la naturaleza ni los
cambios en el sol, sino los seres humanos, con su modo de producir y
consumir la energía y otras mercancías, los causantes del inevitable
desastre climático que ya comenzó a manifestarse en todos los
continentes. Los grandes productores de gases contaminantes son los
países ricos y de gran tamaño, los más contaminados las poblaciones
pobres. Hambrunas, sequías, inundaciones, éxodo forzoso, es lo que
ocurrirá, nos advierten los científicos, si no tomamos medidas
urgentes. En América Latina, la mitad de las tierras agrícolas se
verán afectadas. A lo largo de la cordillera de los Andes, los
glaciales se derriten. Hasta 160 millones de seres tendrán menores
reservas de agua. Es indispensable, reducir, con carácter perentorio,
las emisiones de gases del efecto invernadero, especialmente el
dióxido de carbono, así como la concentración de ozono en la
atmósfera. Sólo EE.UU. genera el 25% de las partículas de carbono y
sin embargo el gobierno de Bush ignoró el protocolo de Kioto y se negó
a firmarlo, igual que otros pocos grandes estados. Kioto II tiene que
ser más drástico y exigente, de lo contrario, como advierte la
Organización Mundial de la Salud, aumentará la mortalidad y las
enfermedades por los desajustes climáticos. La presión de la opinión
pública progresista habrá de intensificarse para cambiar los modos de
producción y consumo, si no queremos nuevas desgracias. Se requiere
rebajar en un 60% de aquí a 2050 las emisiones nocivas para evitar la
catástrofe. Los gobiernos de todos los colores tendrán que asumir
compromisos concretos, y metas claras.
Habrá que acentuar la diversificación de las fuentes primarias
renovables de energía. El capitalismo tiene una tendencia enfermiza a
concentrarse en las producciones que rinden mayores ganancias a corto
plazo, como el petróleo que constituye el 40% del consumo energético
mundial. Chile está pagando un alto costo por haber apostado fuerte al
gas natural argentino, desoyendo las advertencias sobre sus limitadas
reservas y el riesgo de depender de una sola fuente. Ahora que Repsol
y otras ya ganaron millones, nos ofrecen alternativas que significan
para los hogares modestos y las pequeñas industrias fuertes alzas de
tarifas. Ellos nunca pierden.
La humanidad progresista apunta a las energías renovables no
convencionales, como la geotérmica, la eólica, la solar, la
mareomotriz, la biomasa e incluso la hidráulica de pequeñas centrales
y de pasada. También pueden ser favorables la fusión nuclear y el uso
del hidrógeno, cuando las tecnologías adecuadas estén disponibles. Los
capitales monopólicos menosprecian los sistemas energéticos de baja
densidad, porque no les trae las ganancias masivas a corto plazo de
proyectos, como las mega represas hidroeléctricas, el uso del carbón,
gas o la fisión atómica, pero la opinión pública está cada vez más
sensibilizada por estas instalaciones que empeoran el medio ambiente,
o atentan contra la salud y la vida.
Por otro lado hay ya ejemplos concretos de que las energías no
convencionales, al expandirse a gran escala, resultan económicamente
viables. Luego de que Alemania renunciara a las centrales atómicas, la
ley sobre promoción de fuentes renovables dictada hace siete años, ha
permitido el aumento de la capacidad eléctrica en 18.000 megawats,
(MW) ha creado 170.000 empleos, ha bajado los costos de inversión y
disminuido fuertemente las emisiones de bióxido de carbono. También en
España la eólica y la solar han tenido buena aceptación. La industria
del viento ha creado en el país 30.000 nuevos puestos de trabajo.
(Datos publicados por Le Monde Diplomatique, edición chilena, Abril,
2007) Por su parte, Italia ha desarrollado la tecnología para explotar
los pozos geotérmicos y muchos de nuestros estados latinoamericanos de
la vertiente andina poseen estas fuentes, viables económicamente. La
absorción del calor solar, en las regiones tropicales, templadas y
semidesérticas, ha demostrado su utilidad para fines domésticos y para
el uso de vehículos livianos.
La eficiencia en la producción y el consumo, el incentivo al ahorro y
la supresión del despilfarro, tienen un amplio campo de posibilidades.
Se trata en primer término de crear nuevas tecnologías ahorradoras de
insumos y de procesos. Entre otras, el reciclaje de materias primas o
la disminución la potencia de los motores en los autos. Es sabido que
los 30 países más desarrollados de la OCDE lograron disminuir la
intensidad energética, medida como consumo por unidad del producto
interno bruto, en casi un 25% desde la anterior crisis, en 1980. China
se ha propuesto como meta de su plan quinquenal, rebajar también este
indicador. Cuba, dentro de sus serias limitaciones ha mejorado el
rendimiento del combustible en su planta industrial y ha fomentado
masivamente el uso de ampolletas ahorradoras y nuevas ollas a presión
más eficientes. En las grandes urbes capitalistas el despilfarro de
electricidad está a la vista en la proliferación de monumentales
avisos luminosos o en oficinas de rascacielos vacías que permanecen
con la luz encendida.
El tema que hoy concita una polémica intensa es la producción de
biocombustibles, como el etanol o el biodiesel. Una cosa es clara.
Sustituir algunos componentes de la gasolina por pequeños porcientos
de etanol, es posible y puede o no ser rentable, dependiendo de los
precios de las materias primas y del crudo. Brasil tiene ya una
experiencia pionera digna de ser estudiada sobre las ventajas e
inconvenientes de esta sustitución. Pero otra cosa distinta es el Plan
Bush que pretende convertirse en una panacea mundial. Hasta dónde el
etanol o el bio diesel pueda reemplazar al petróleo en magnitudes
significativas frente a otras alternativas de reemplazo, no será
posible. La revista The Economist nada sospechosa de simpatías por el
marxismo, le encontró razón a Fidel Castro en sus advertencias de que
producir etanol en gran escala a partir del maíz, el trigo, la
remolacha, la soya y otros alimentos nutritivos, afectaría seriamente
la disponibilidad y el costo de los alimentos, sea para el consumo
humano o animal, especialmente en las regiones del tercer mundo que
según Bush deberían ser los proveedores para el mundo desarrollado. En
no pocos países de Europa, Asia y América, ya los consumidores están
sufriendo alzas en el precio de los alimentos, lo que puede tener
serias repercusiones sociales y políticas, aún antes que se masifique
la producción de biocombustibles.
En último término, la crisis energética, a resolver con criterio
científico y humanista, no es un mero problema de comparación de
ganancias privadas de tecnologías aisladas. Hay que analizar los
costos para la sociedad de sistemas energéticos completos, balances
materiales en términos de insumos y productos y examinar todas sus
repercusiones en la naturaleza y en los seres humanos. No olvidemos
que las megalópolis con todas sus consecuencias en materia de
segregación urbana, polución, viajes innecesarios, tiempos perdidos,
colapso o congestión de autopistas y avenidas, han sido configuradas
en buena medida bajo la poderosa influencia de compañías petroleras,
automotrices, constructoras y otras, en desmedro de transportes
colectivos más económicos, ciudades más amables y racionales. Se trata
pues, de un cambio de paradigma sistémico en los modos de producir,
distribuir y convivir con la naturaleza. Con toda la información
técnica disponible, los gobiernos deben someter al veredicto de los
ciudadanos, las opciones disponibles.
El neoliberalismo y la agricultura en Chile.
La primera década del nuevo siglo se caracteriza por el rechazo
creciente del modelo neoliberal de economía, prevaleciente en el
continente. Implantado por la alianza entre las dictaduras militares,
las oligarquías criollas y las multinacionales, es resistido por
vastos sectores sociales, desde los más pobres hasta los estratos
medios. Prácticamente no hay país en América Latina que no esté
rebelándose, por las consecuencias del libre mercado y los monopolios
que lo dominan. En algunas naciones, como Venezuela, Bolivia, Ecuador,
Nicaragua ya se ha iniciado la marcha hacia modelos alternativos, en
otros se efectúan reformas que se apartan de las directrices de
Washington, del FMI o el Banco Mundial. Aún bajo gobiernos
neoliberales, como los de México, Colombia o Perú, se levantan
potentes movimientos o luchas sociales que anuncian crisis políticas y
nuevos vuelcos en el poder político a corto o mediano plazo. En
numerosos países como en Bolivia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Perú,
Guatemala y México, las movilizaciones de campesinos e indígenas están
realizando un gran aporte para el cambio político, y de ellas hay que
destacar el papel admirable que cumple el Movimiento de los Sin Tierra
de Brasil.
También en Chile, la resistencia se extiende, se agudizan los
conflictos laborales, las demandas de amnistía por las deudas
habitacionales, por el sistema privado de las pensiones, por la
educación, la salud, el transporte urbano, la exclusión social y
política. Chile es para los medios oficiales el modelo exitoso de
economía de libre mercado. Se cuidan muy bien de ocultar a quiénes y
en cuánto se benefician y cuáles son las consecuencias negativas que
ha generado entre la mayoría de los chilenos y en el medio ambiente.
Silencian que Chile es una de las sociedades que tienen la peor
distribución de los ingresos en el mundo. Hay una contradicción entre
el aumento de su ritmo de crecimiento productivo sumado a los altos
precios de sus materias primas y el fruto que, de ese aumento, queda
para sus habitantes.
Recientemente se han conocido las cifras del Producto Nacional Bruto.
El dato estadístico que más se difunde, es el Producto Interno Bruto
que es el que se genera dentro del territorio. Pero, el Producto
Nacional es el que más interesa porque es el que efectivamente queda
en el país en forma de ingresos de sus habitantes, y sobre el cual
nada se publica en los medios. Mientras el Producto "Interno" creció
en el promedio de los últimos tres años en 5,23% anual, en cambio el
Producto "Nacional", sólo aumentó en el 1,3% anual, o sea, cuatro
veces menos. El año pasado, la diferencia fue aún más chocante, porque
a pesar del aumento del producto "interno", el producto "nacional"
disminuyó en 3,3%. La explicación de esta paradoja reside en que el
Producto Interno incluye las ganancias, intereses y otras rentas que
se llevan los capitales multinacionales radicados en Chile, mientras
el producto nacional lógicamente debe excluirlas. La mayor parte de
esas rentas la obtienen las mineras transnacionales que explotan
nuestro cobre. Una de estas corporaciones ganó en un solo año tanto
dinero como toda la inversión efectuada en los quince años anteriores.
Al haberse privatizado las reservas de metal Chile perdió por este
concepto, sólo en un año, 25.000 millones de dólares, suma cercana al
presupuesto de la nación.
Chile realizó en los años del gobierno de Allende una reforma agraria,
drástica, masiva, relativamente ordenada y exitosa. Más de la mitad de
las tierras arables fueron expropiadas. Con ella se puso término al
latifundio improductivo y al predominio de la casta terrateniente, que
con métodos de servidumbre, se convertía en una tranca para el avance
del país. La dictadura de Pinochet, tronchó el proyecto de la Unidad
Popular de colocar en el centro de la reforma, como protagonista y
beneficiario, al campesinado trabajador. Desató una vengativa
persecución contra los campesinos beneficiados con la reforma,
prohibió las organizaciones sindicales y cooperativas, e instaló un
capitalismo salvaje en el campo, con su cortejo de nuevas formas de
explotación. Luego, bajo los gobiernos de la Concertación, se ha
vuelto a la extrema concentración de la tierra en pocos propietarios
que poseen gigantescas plantaciones forestales, ganaderas y numerosas
haciendas dedicadas a monocultivos. Estos modernos capitalistas
controlan grandes superficies cultivables en distintas regiones, sin
pagar el impuesto territorial, mediante el arrendamiento o formas
nuevas de mediería. Grandes extensiones de bosque nativo
pertenecientes al estado y cedidas en propiedad a multimillonarios y
transnacionales, están siendo saqueadas día a día, para extraer madera
de especies protegidas y plantar pino o eucalipto que absorben mucho
agua y liquidan la biodiversidad. Las vertientes y otras fuentes
primarias y la distribución del agua potable y de riego, están
monopolizadas por las compañías hidroeléctricas, mineras o sanitarias.
Una parte de la población rural, está constituida por más de 300.000
familias de pequeños productores, de los cuales la gran mayoría apenas
sobrevive; decenas de miles están endeudados, no pocos a punto de
perder sus tierras. La peor pobreza reina entre los campesinos
mapuche, los que son hostilizados por los monopolios forestales y
agricultores racistas, aplicándoseles la ley antiterrorista porque
luchan por la devolución de sus territorios ancestrales. Los
asalariados del campo, que suman más de 700.000 entre temporeros,
forestales, obreros calificados y técnicos agrícolas- una suma similar
a la de la industria- constituyen la principal fuerza de trabajo del
campo. En ella hay una alta proporción de mujeres y participación de
ancianos y niños, violándose la Convención Internacional sobre la
Infancia. Los asalariados agrícolas, agroindustriales y forestales
constituyen un cuantioso e imprescindible contingente de la clase
trabajadora chilena. Empero, la proliferación y abusos de los
"enganchadores", la complicidad de las autoridades y las leyes
laborales que entregan poderes absolutos a los patrones, impiden la
sindicalización masiva y la contratación colectiva. Los y las
trabajadoras del campo soportan excesivas y agotadoras jornadas,
incluso nocturnas, son trasportados en camiones para animales, comen
en el suelo. Están expuestos a enfermedades desde osteomusculares
hasta partos con deformaciones o cánceres, a causa de los pesticidas y
otros agroquímicos tóxicos. Las familias rurales tienen un precario
acceso a establecimientos de salud, carecen de escuelas secundarias y
las básicas son incompletas. Escasamente pueden acceder a una vivienda
confortable o a una jubilación. A pesar de estas adversidades, la
lucha y la conciencia de los campesinos crece, con el convencimiento
de que se necesita unir grandes conglomerados de trabajadores para
vencer al gran capital. Merecido respeto ha alcanzado la Asociación
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas- ANAMURI- constituida en XI de
las XII regiones del país, que luego de varios años de crecimiento,
realizó recientemente su primer congreso nacional. Batallan también
por sus demandas, la Federación Campesina Ranquil que defiende a los
pequeños productores y la Confederación de Trabajadores Forestales que
reúne a los obreros del bosque y otras actividades conexas. Miles de
ellos, después de una dura jornada de huelga combativa, acaban de
obtener por primera vez un contrato colectivo aceptable, pasando por
encima de los subcontratistas en confrontación directa con el
consorcio Angellini, uno de los tres más poderosos del país.
La globalización transnacional y globalización de la solidaridad
El encuentro internacional realizado en Febrero 2007 en Malí, Africa,
a la que concurrieron todos los integrantes nacionales que forman Vía
Campesina, junto con organizaciones de pescadores, pastores, pueblos
indígenas, mujeres y sectores urbanos, demostró cómo se está gestando
a nivel planetario, una potente unidad y coordinación del vasto mundo
rural que se defiende de la agresión del capital multinacional y de
los gobiernos que los apoyan. Allí fue ratificado la campaña por la
soberanía alimentaria, como derecho humano básico que debe ser
reconocido por los estados y las instituciones internacionales. Esto
incluye, no sólo la erradicación del hambre, la seguridad de disponer
dentro del país de los alimentos para vivir, sino también el acceso a
la alimentación sana, el respeto y la rehabilitación de los entornos
rurales, zonas pesqueras, paisajes y alimentos locales y
tradicionales. Se valorizó la diversidad del conocimiento, de las
lenguas, de las culturas tradicionales y el derecho a la libre
organización. Se proclamó la batalla por la reforma agraria integral
que garantice a los campesinos el pleno acceso a la tierra y al agua,
la recuperación de los territorios indígenas, los derechos de las
comunidades pesqueras, la salvaguardia de los ecosistemas.
La reforma agraria integral continúa como una asignatura pendiente a
realizar en nuestro continente. En esta etapa destacan los avances
logrados en Venezuela, a pesar de la resistencia violenta de los
terratenientes. Se han recuperado casi dos millones de hectáreas de
tierras mal utilizadas por los latifundistas. El 49% se ha constituido
como propiedad social, entregadas en usufructo a familias campesinas.
Otra parte, se ha destinado a proyectos estratégicos estatales y una
tercera, a la formación de cooperativas campesinas. En Bolivia se
inició una nueva etapa para superar las falencias y retrocesos que
tuvieron las reformas anteriores.
El acceso seguro al agua potable y de riego es parte de una reforma
agraria integral. América Latina es una de las regiones con más agua
dulce del mundo. Sin embargo, según la CEPAL, uno de cada tres
habitantes padece escasez del vital elemento. Los campesinos se ven
perjudicados por el monopolio privado del agua, por las plantaciones
forestales que absorben las fuentes, las fumigaciones, los relaves
mineros, y los desechos tóxicos de las plantas industriales o
pesqueras, que contaminan vertientes, ríos, arroyos, lagos y pozos
subterráneos. En Chile, el agua limpia para beber está escaseando en
muchas regiones rurales, en otras las tarifas de las compañías
privadas son muy altas. Surge también el negocio poco transparente del
agua mineralizada o saborizada. Fértiles valles con plantaciones
frutícolas para la exportación están amenazados de desaparecer, por el
agotamiento de las napas subterráneas o por el acaparamiento y
contaminación de las compañías mineras. Son insistentes las demandas
de los campesinos porque la ley garantice los usos comunitarios y
públicos del agua, por sobre los intereses de las compañías privadas,
para que se erradiquen las actividades contaminantes, que se priorice
las necesidades de las asociaciones de regantes y se eliminen los
subsidios a las siembras de pino y eucaliptus. Las empresas
industriales y mineras también están generando escasez en centros
urbanos. El reciclaje de las aguas servidas o usadas para
procedimientos mineros o industriales debiera ser condición antes de
la aprobación de sus construcciones. También va a ser necesaria la
construcción de plantas de desalinización del agua de mar de propiedad
pública, aunque tienen altos requerimientos de energía, y sus costos
debiera repartirse equitativamente en la población. Por otro lado la
disponibilidad de agua dulce como elemento vital de subsistencia para
las aglomeraciones urbanas, también está amenazada, como consecuencia
del calentamiento global. Empiezan a proliferar incluso, conflictos
internacionales por la disputa de las fuentes naturales.
Las transnacionales como Monsanto, Bayer o Syngenta buscan comprometer
a nuestros gobiernos en la expansión de cultivos transgénicos,
planteando que sería una solución para la crisis de la pequeña
agricultura o bien que sería posible la coexistencia entre, la
orgánica, la convencional y la transgénica, ignorando la contaminación
del maíz transgénico al convencional, ocurrido ya en varios países. La
lucha por alimentos seguros, exige la etiquetación de los elaborados
con materiales transgénicos, prohibirlos en la elaboración de
alimentos ecológicos, así como impedir el patentamiento de semillas y
animales. Del mismo modo la lucha por la alimentación sana exige
desalentar los negocios transnacionales como MacDonald y otros grandes
responsables de la comida rápida que contiene exceso de grasa o
azúcares artificiales.
Proteger, afianzar y desarrollar la agricultura campesina .
Se habla y se escribe mucho sobre la protección y el desarrollo de la
agricultura familiar, pero muy poco o nada se hace en la práctica. Los
gobiernos, sus institutos de investigación y promoción sólo tienen
ojos y oídos para los exportadores y el agronegocio y muestran
menosprecio por la producción local. A los campesinos se les aconseja
entrar en "las cadenas productivas modernas", lo que los condena a
depender de semillas estériles o insumos tóxicos de las
transnacionales o las grandes sociedades nacionales, sin poder
disponer de sus propias semillas y abonos naturales y a vender en las
condiciones que aquellos exigen. De lo contrario se presiona a los
parceleros para que vendan sus tierras, a veces hasta con métodos
mafiosos, sea para extender el monocultivo del momento, o para
construir represas, autopistas, condominios de lujo con grandes
extensiones de césped para canchas de golf que consumen agua a
destajo. La pesadilla neoliberal promueve monstruosas ciudades donde
florece el crimen y la violencia, estimula campos despoblados,
desiertos verdes, paisajes sin árboles autóctonos, sin aves ni
insectos, a lo más, parcelas de "agrado", criaderos de caballos de
carrera, o cotos de caza y pesca exclusivos. Aquí no hay lugar para la
agricultura campesina, si no es como fuerza física de trabajo para
otros o trabajo doméstico de los señores. Pero tal modelo no es
progreso para seres humanos. Abandonar el campo, emigrar a la ciudad
es condenarse a vivir en los extramuros, sin trabajo cercano, lejos de
los centros de salud, sin vivienda decente, a veces en medio de
basurales o el barro. En Chile dicen "si en el campo somos pobres, en
la ciudad somos el doble de pobres". Por eso la gente rural resiste el
éxodo. Se fortalece en su decisión de permanecer en el terruño,
defenderlo, unirse, organizarse y hacerse escuchar.
Hoy los villorrios o aldeas más apartados pueden y deben ser dotados
sin necesidad de gigantescas inversiones, de todos los servicios
modernos, a pequeña escala y a veces, con recursos locales, desde
electricidad, agua potable y alcantarillado, centros culturales,
transporte confortable, consultorios médicos bien equipados, hasta
escuelas con computadoras, televisión, internet y comunicaciones
inalámbricas. Los campesinos y campesinas quieren saber, sobre las
condiciones de los mercados y las climáticas, aprender sobre el uso
del riego por aspersión o por goteo y otras técnicas, estar informados
oportunamente para participar, para defender sus derechos, opinar con
fundamento e intervenir en las decisiones que les afecta a ellos y al
medio circundante. El estado debe proveer estos servicios, porque los
campesinos difícilmente podrán financiarlos. Los caminos rurales para
acceder a los mercados locales necesitan ser asfaltados y debieran
tener preferencia sobre las autopistas. El crédito debe ser adecuado a
su capacidad de pago y facilitar la rehabilitación de los morosos. Las
capacitación y asistencia técnica no pueden ser forzadas por los
funcionarios, sino convenida, teniendo respeto por la experiencia
ancestral del habitante rural. Las nuevas especies, inclusive la
posibilidad de agregar valor trabajo a los cultivos o crianzas, como
jugos, mermeladas, harinas, salsas, desarrollar la artesanía, la
recolección de frutos, plantas aromáticas y hierbas silvestres y
medicinales, debieran estar al alcance de las familias rurales. Las
cooperativas y otras formas de acción colectiva o de asociación
necesitan ser fomentadas en gran escala. Debe instalarse redes
comerciales propias, con fuerte apoyo público para evitar que los
habitantes pobres sean explotados por los intermediarios. La
agricultura campesina debiera ser ayudada para ser un pilar de la
agricultura orgánica, de métodos ecológicos, libres de químicos y
transgénicos. Los alimentos sanos y naturales cada día tienen más
demanda en la población informada. También a los habitantes rurales
debiera ofrecérseles nuevos empleos nobles y útiles para la sociedad
como son el cuidado, monitoreo y la rehabilitación de los bosques o
selvas nativas y zonas declaradas de reserva natural.
A modo de conclusión .
Los procesos de globalización económica y libre mercado, sin quererlo,
han creado nuevas condiciones favorables para un profundo cambio en
los modos de producir y consumir que el capitalismo de libre mercado
ha fomentado en su insaciable prosecución de la acumulación de riqueza
privada. Trabajadores del campo y la ciudad, profesionales y
académicos de las más diversas especialidades, consumidores y usuarios
de bienes y servicios, defensores de la naturaleza y la vida sana, de
urbanistas que luchan por ciudades no contaminadas ni segregadas,
tenemos como nunca antes la posibilidad y la necesidad de unirnos.
Nuestros objetivos son los mismos y quienes se oponen a mejores formas
de vida, sólo lo hacen porque están bajo el interés o la influencia de
los grandes poderes privados y su publicidad engañosa. Hago votos
porque esta unidad grande, local, regional, nacional y mundial, por
encima de pequeñas disputas personalistas o teoricistas, se construya
en todo nuestro continente, que por muchos motivos, puede ser la
vanguardia de un nuevo mundo.