La ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, dijo que este «mapa de
la represión» señala 1.132 recintos de detención, 515 de los cuales
eran de propiedad fiscal. Tras ser identificados con sus
características básicas han quedado a disposición de los ciudadanos
del mundo en la página web del Ministerio.
Este estudio es fruto de un largo trabajo que ha realizado este
Ministerio, con aportaciones y visiones de diferentes organismos del
Gobierno vinculados a las políticas de derechos humanos.
Entregar un legado
El objetivo del catastro es arrojar luz y difundir el uso que se dio a
los inmuebles fiscales durante la dictadura militar en materia de
violación de los derechos humanos, identificando su localización y
distribución territorial y su administración en que período y en la
actualidad. Schmidt afirmó que, «nos anima el propósito de contribuir
a que los ciudadanos recordemos siempre que la democracia es preciso
cuidarla y fortalecerla, y de entregar un legado a las nuevas
generaciones».
A la ceremonia de presentación del catastro acudieron además de
autoridades, colaboradores en la investigación y periodistas, las
agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados
Políticos.
Durante la dictadura más de 10.000 personas, de toda condición y edad,
sufrieron apremios, secuestros, violaciones, torturas y arrestos
ilegales en los recintos de detención. De ellas, 3.600 perdieron la
vida a consecuencia de las torturas padecidas o de los fusilamientos
sin juicio, y cerca de 1.800 permanecen todavía en calidad de
detenidas desaparecidas.