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angel barraco
Responsabilidad de trabajadores y profesionales
Violencias del manicomio
El autor examina la “indignidad” de las instituciones psiquiátricas, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, poniendo el acento en quienes trabajan en ellas: en “la lógica discursiva que sustenta sus prácticas disciplinarias, la formación que recibieron y sostienen, la relación jerárquica entre ellos, la falta de una movilización organizada”.
Por Santiago Gómez *
Cada vez que se trata el asunto de la salud mental en la CABA, lo primero que se menciona es el incumplimiento de la Ley 448, sancionada el 27 de julio de 2000. La 448 es una de las leyes más progresistas de la Argentina pero, al no existir una importante movilización social que propicie su cumplimiento, es letra muerta. En 2010 (“A diez años de la ley”. Página/12, 13 de mayo de ese año), la organización Colectivo 448 recordó que esa norma promueve la “desinstitucionalización progresiva, implementación de camas de internaciones breves y guardias interdisciplinarias en hospitales generales, casas de medio camino, hospitales de día, emprendimientos sociales y otros dispositivos sustitutivos”, advirtió que “las pautas incluidas en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires habían generado una gran expectativa de transformación de un modelo de características asilares-custodiales, que históricamente ha sentenciado a la internación crónica y al trato indigno y alienante a miles de seres humanos”, y observó que “esta indignidad institucional también se proyecta sobre los trabajadores de la salud mental que intervienen en la atención, generando daños a su salud física y psíquica”.
El problema de la salud mental en la ciudad no es centralmente una cuestión de normas legales. El principal problema en el campo de la salud mental está entre los trabajadores, por el tipo de trabajo que realizan: la objetivación como método, la lógica discursiva en la que se sostienen sus prácticas disciplinarias, la formación que recibieron y sostienen, la relación jerárquica que entre ellos se establece, la falta de una movilización organizada con poder real de transformación de las condiciones institucionales, y todo esto en un contexto cultural donde la ciencia tiene poder de verdad.
El problema de la violencia de la objetivación, tan bien planteado tanto por Basaglia como por Foucault, es el mismo hoy que cuando se sancionó la ley, y será el de la gestión siguiente si no hay, por parte de los trabajadores, una voluntad sincera de poner en cuestión el trabajo que vienen realizando. ¿O fue un funcionario del Ejecutivo el que ató a la cama, hace más de tres años, a la nena que murió ahogada en su propio vómito en el Tobar García? ¿Por qué siempre son “el Borda y el Moyano”? ¿Por qué del Tobar no se habla? Porque, si se prestara atención al Hospital Infanto Juvenil Doctora Carolina Tobar García, habría que cerrar todo ya, y tendríamos que ir todos a declarar ante los tribunales internacionales de derechos humanos.
Pero, ¿acaso hay órdenes precisas del Ministerio de Salud porteño de “contener” –el sinónimo cínico de atar– a los pacientes? ¿La violencia de las prácticas se explica por cuestiones político-coyunturales o por la lógica del poder médico y psiquiátrico, en su forma de poder disciplinario?
¿Qué lleva a los trabajadores a naturalizar la violencia aplicada sobre los cuerpos de quienes están internados en instituciones psiquiátricas? Hasta el momento, creo, no hay denuncias hechas por trabajadores contra trabajadores por haber vulnerado derechos humanos de aquellos que padecen una internación. ¿O la responsabilidad subjetiva sólo es tema de los no profesionales? Escuché a varios muy preocupados por lo establecido en la nueva Ley Nacional de Salud Mental, respecto de la posibilidad de los trabajadores y familiares de presentar denuncias ante el Organo de Revisión. Recordemos que éste estará integrado por representantes ministeriales, trabajadores, familiares y asociaciones, y, de acuerdo con el artículo 40, inciso C de la ley, tendrá como función supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado.
En este conflicto, la obediencia es un factor fundamental. Ya antes de los controles a las internaciones que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, las convenciones internacionales sobre derechos humanos eran herramientas legales que estaban a disposición de quien quisiera para exigir su aplicación. Es el caso de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, las convenciones sobre derechos de los Niños y todas aquellas que actualmente tienen rango constitucional. Quien escribe esto padeció haber sido expulsado del Servicio de Internación en Crisis de Open Door, por haberse servido de esas convenciones y denunciado que compañeros trabajadores dejaron tres días atado a un hombre a una cama, produciéndole un cuadro de deshidratación que requirió una intervención clínica urgente. Otro hecho, cotidiano, de igual o mayor gravedad, era que los pedidos de informes periciales realizados por jueces fuesen directamente considerados como pedidos de internación, ampliándose así la cantidad de internos en el manicomio.
La mayoría de los trabajadores de la salud mental no piensa a quienes atienden como iguales. ¿En nombre de qué deben ser sometidos los trabajadores a realizar sus tareas bajo condiciones de violencia? ¿Cómo es posible que una jovencita o jovencito que comienza a trabajar reciba la violencia como herramienta de trabajo y que tantos la agarren y tan pocos la abandonen? No creo que sea una cuestión de malas intenciones, no ingresan todos con ese tipo de disciplinamiento. ¿Cómo es posible que tengan que ser testigos del aplastamiento de los cuerpos por el peso de la violencia institucional? Si nos pensamos iguales, tenemos que pelear y reclamar por los derechos de todos aquellos que se encuentran bajo el edificio manicomial. Acabar con la institucionalización de la violencia; con el arrasador peso de la autoridad.
Para esto, es necesario repensar la problemática del poder y discernir de qué discurso se sirve para ejercer esa violencia: se intenta vestir como terapéuticas prácticas punitivas. Recuerdo a Evaristo Pasquale, director de Salud Mental de Trieste, angustiado, luego de conocer Open Door, repitiendo: “Hace treinta años que no veía una persona atada a una cama”.
Franco Basaglia pidió “rechazar cualquier acto terapéutico siempre que tienda tan sólo a mitigar las reacciones del excluido hacia el excluyente”. Además, advirtió que la sociedad, ante la posibilidad de que se visualice su rostro violento, “ha encontrado un nuevo sistema: extender la concesión del poder a los técnicos que lo ejercerán en su nombre y que seguirán creando –a través de otras formas de violencia: la violencia técnica– nuevos excluidos. (...) La labor de estos intermediarios consistirá en mistificar la violencia a través de la técnica, sin llegar a cambiar por ello su naturaleza, de manera que el objeto de la violencia se adapte a la violencia de la que es objeto. (...) Analizando cuáles son las fuerzas que han podido actuar en profundidad sobre el enfermo hasta el punto de aniquilarle, se llega a la conclusión de que sólo una es capaz de provocar un daño tal: la autoridad” (F. Basaglia, La institución negada, Ed. Barral).
Las experiencias de desmanicomialización –como se la llamó en la provincia de Río Negro– o desinstitucionalización, llevadas adelante en el lugar del mundo que sea, sólo fueron posibles por la decisión política que tomaron quienes decidieron transformar las condiciones de relación entre sujetos que se establece con quienes son considerados locos, anormales, enfermos o el nombre que se le quiera poner. El problema es político, entendiendo la política como una acción de transformación social, y por lo tanto necesita una solución en ese sentido. La decisión puede no ser tomada por el Ejecutivo, sino por los trabajadores que, a través de la organización, estén dispuestos a construir el poder de transformar las prácticas que vienen realizando. Italia, Brasil y las distintas experiencias que se llevan adelante en la Argentina demuestran que sólo la organización vence al tiempo.
En la provincia de Río Negro, como en la de San Luis, hubo Ejecutivos que acompañaron los reclamos de actores involucrados en la problemática de la salud mental, que luchaban por una transformación.
En la provincia de Buenos Aires hay municipios que decidieron trabajar desde una perspectiva antimanicomial, que es perspectiva de proyecto nacional y popular. En el municipio de Moreno –en el cual me he formado–, desde la creación del primer servicio municipal de atención a la salud mental se combatió contra toda práctica de tipo objetivante en el abordaje del padecimiento subjetivo. Este municipio fue parte de la creación de la Red de Salud Mental del Oeste, en la que participan Morón, trabajadores de Tres de Febrero, Ituzaingó, La Matanza y funcionarios del ámbito nacional y provincial, así como también del Poder Judicial. Esto se hizo a partir de la conceptualización política de las prácticas en salud mental. No se los trata porque son enfermos, sino porque son sujetos. Porque son sujetos y ciudadanos no se los puede someter a las condiciones de existencia manicomiales, así que no se discute: el manicomio se tiene que cerrar: nada de andar preguntando bajo qué condiciones. ¿Qué puede ser peor para un ser humano que su vida en un manicomio? Sólo la vida en un campo de concentración puede ser peor. La vida carcelaria no es peor que el manicomio porque los presos suelen tener fecha de salida. El manicomio es la objetivación de un cuerpo, sometido a experiencias límite, en manos de la voluntad diaria de diversos trabajadores, de los cuales algunos son funcionarios.
* Psicoanalista.
Psicología|Jueves, 2 de febrero de 2012
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Hernan Scorofitz
Saludos
Sobre “Violencias del Manicomio”
LA MISERIA DE LA FILOSOFIA DEL “DES”MANICOMIO
Por Hernán Scorofitz
Psicoanalista. Profesional del Hospital Borda
APEL – Tribuna de Salud
Solo basta con deslizar una fugaz lectura de los primeros párrafos del artículo “Violencias del manicomio” (Página 12, 02/02/12) como para percatarse –particularmente para quienes ejercemos la práctica clínica y pública en el campo de la Salud Mental- las reales intenciones de su autor (para el caso, un “viejo” amigo y colega de quien suscribe la presente réplica): una denuncia sobre la tarea cotidiana de profesionales y trabajadores de la Salud Mental –valiéndose de ciertos pasajes provocativos para ampliar su resonancia-, (re)presentada según el autor como la etiología de los mayores males vivenciados por la mayoría de los pacientes internados en hospitales neuropsiquiátricos y monovalentes.
Pretendiendo desplegar y profundizar valiosísimos aportes, en base a experiencias históricas, que en vida y obra filósofos y psiquiatras como Foucault y Basaglia han consagrado al campo de la clínica y la “historia de la locura” , el artículo parte de una premisa inconmovible: “el principal problema en el campo de la salud mental está entre los trabajadores” (y no es “centralmente una cuestión de normas legales”), acusados por el autor de reproducir –consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente- “la objetivación (del paciente) como método”. Yendo más allá, todo el problema de la práctica profesional en los neuropsiquiátricos radicaría en “la formación que recibieron y sostienen” (los profesionales) y en “la falta de una movilización organizada de poder real de transformación de las condiciones institucionales” (por parte de los profesionales y trabajadores de la Salud Mental).
Así las cosas, quienes cotidianamente desarrollamos nuestras práctica clínica en hospitales monovalentes de Salud Mental (como en mi caso en el Hospital Borda) estaríamos a un paso de convertirnos en lo que alguna vez Heidegger planteó en relación al trabajador del conocimiento: no una simple “correa de transmisión” en un engranaje técnico sino directamente en un “experto” (en este caso en la tarea macabra de “objetivar” los cuerpos de los pacientes). De hecho, valiéndose de ejemplos tristemente ocurridos en algunos monovalentes (el Hospital Infanto Juvenil Tobar García específicamente), el autor denuncia que los trabajadores no se denuncian entre sí por tétricos y siniestros atropellos cometidos contra los derechos básicos y humanos de pacientes en dichas instituciones.
Curiosamente, mientras el autor responsabiliza (o directamente denuncia) que los profesionales no se movilizan de manera organizada por la transformación de las condiciones institucionales y lo que podríamos describir como una “lógica discursiva” –una tremenda falsedad frente a la infinidad de movilizaciones en defensa de la Salud Pública que se vienen desenvolviendo, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años- omite olímpicamente, las verdaderas condiciones materiales de existencia de un trabajador y profesional hospitalario junto con las del paciente: derrumbe edilicio, precarización, flexibilización, tercerización de servicios, escasez de nombramientos de personal técnico y profesional, bajos salarios, proliferación de profesionales ad honorem (sobre los cuales se sostienen muchas áreas de atención, especialmente en concurrentes y voluntariado). Un derrotero que desde luego determina y condiciona – y atenta contra- la labor profesional.
Ignonar a la hora de pretender trazar una caracterización sobre el derrumbe sanitario (no solamente en el campo de la Salud Mental) las condiciones históricas y materiales en que se desenvuenve una práctica para reducir la puntería al problema de “los discursos hegemónicos” no solamente puede retrotraernos regresivamente a casi 200 años atrás en los albores del idealismo hegeliano, sino que además termina por “ser funcional” a las conceptualizaciones más reaccionarias, regresivas y hasta “gorilas” a la hora de analizar ciertos fenómenos, muchas veces expresados no solamente en el discurso de “Doña Rosa”, sino también de los propios gobiernos más referenciados con la derecha: “los empleados públicos y docentes son privilegiados”, “los piqueteros son vagos” o para el caso, “los profesionales de la Salud Mental objetivizan a los pacientes”.
Cualquier profesional de la Salud Mental en un hospital público (particularmente en los neuropsiquiátricos) puede dar cuenta del destino en la polifuncionalidad –pilar de la flexibilización laboral de los noventa- de sus tareas: su original e ingenua aspiración deseante del “hacer” clínica en el hospital muchas veces termina atravesado por el problema del “ser” (un poco asistente social, un poco acompañante terapéutico, un poco enfermero, etc.). Además de los pacientes, son los profesionales y trabajadores quienes terminan “objetivados”, no por un “discurso” sino por sobre todas las cosas por un régimen social y sus consecuencias.
La denuncia contra los trabajadores de la salud mental se amplía en el artículo de marras a la hora que el autor sostiene: “la mayoría no piensa a quienes atienden como iguales”. Primero, cabría aclarar si hablamos de “igualdad jurídica” (profesional y pacientes como sujetos de derecho). Sino, si es “otra” igualdad, menos mal que no pensemos a nuestros pacientes (independientemente de su estructura) como “iguales”. La alteridad en transferencia –particularmente en la clínica con psicosis- es condición sine quanon para, aunque sea, alivianar mucho del padecimiento subjetivo.
Acusar que “la mayoría de los trabajadores de la salud mental” ejercen “la violencia” como “herramienta de trabajo” (aunque el autor se apiada de aclarar que “no creo que sea una cuestión de malas intenciones”) puede terminar por incurrir en un grosero cinismo o una supina ignorancia a la hora de omitir que riquísimas experiencias, afortunadamente todavía vigentes han surgido en el interior de los muros: el Frente de Artistas del Borda y Radio La Colifata (lamentablemente en una seria situación de peligro de cierre por estos días), más la labor de muchísimos profesionales de Servicios Institucionales del Borda (y el Moyano, y el Tobar) que han contribuido a que tantísimos pacientes no queden aprisionados en los mismos muros manicomiales que contradictoriamente dieron nacimiento a esos espacios. O directamente les han salvado la vida.
Sin embargo, ciertos pasajes de la nota merecen destacarse por su acertado criterio a la hora de poner en la balanza los factores que determinan las condiciones de vida de los pacientes –aunque no en su valoración-: “la decisión (de la presunta transformación social en el campo de la Salud Mental) puede no ser tomada por el Ejecutivo, sino por los trabajadores”. Un Bocaccio di cardinale en la (ir)responsabilidad política del Estado en el marco en que se desenvuelve la atención sanitaria. A esta altura, y bajo la premisa planteada, Macri salta en una pata y le pone un marco dorado a la propuesta del autor (y de paso, sigue con su plan de cerrar el Borda y el Moyano para instalar su Centro Cívico y desenvolver su formidable negociado inmobiliario en el Corredor Sur de la Ciudad de Buenos Aires, eso sí, en nombre de la “desmanicomialización”).
No casualmente el artículo concluye con una reflexión taxativa: “…Así que no se discute: el manicomio se tiene que cerrar: nada de andar preguntando bajo que condiciones. ¿Qué puede ser peor para un ser humano que su vida en un manicomio? Sólo la vida en un campo de concentración puede ser peor”.
Descontando que a esta altura la lógica indicaría que quienes ejercemos la práctica en el Borda, por ejemplo, ya pasaríamos a ser grosera y directamente un prototipo del Turco Julián o cualquier torturador de la ESMA, todo indica que el autor nunca tuvo la curiosa dicha de atravesar por la experiencia clínica e institucional hospitalaria en un tratamiento de toparse con el “espanto” que paradójicamente nos muestran en contadas ocasiones los propios pacientes (particularmente los más institucionalizados o cronificados) a la hora de avizorarse un alta o una externación. La “puerta giratoria” (una marca registrada en la mayoría de los pacientes con más de cinco años de internación) no es gratuita ni azarosa.
¿Qué puede ser peor que la vida en un “manicomio”? Muchas cosas puede resultar más tétricas: la situación de calle que termina siendo el destino indefectible frente a la ausencia de políticas de reinserción social o laboral por parte del Estado. La reinternación en clínicas privadas (conveniadas a través de suculentos negociados por parte del Estado), muchísimas más manicomiales que el mismísimo Hospital Borda. O inclusive, la “vedette” de temporada para muchos profesionales que demonizan a los hospitales monovalentes (y como queda en evidencia, a sus trabajadores y profesionales): redes, asociaciones civiles, ONGs y comunidades terapéuticas, ofertadas como “dispositivos alternativos”, subsidiadas y tercerizadas por el Estado Nacional, las autoridades provinciales y municipales de todo tipo y color.
Cabría preguntarse justamente dónde están, cuáles son y de quién son los tan mentados dispositivos: hospitales de día y noche, talleres protegidos, residencias, casas de medio camino… En fin, dispositivos fundamentales para la recuperación del estatuto de Sujeto de centenares de miles de pacientes pero que permanecen bajo la égida del sector privado, o en su defecto, del llamado “tercer(izado) sector” (pero por fuera del ámbito público). Hoy el negociado de la salud no pasa solamente por la facturación de los pulpos farmacéuticos sino además, por la distribución de subsidios estatales al “tercer(izado) sector”.
Quién ya parece haber tomado nota de la “solución final” desplegada en el artículo “Violencia en el Manicomio” es el Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri. Este matutino en su edición del martes 24 de enero del 2012 (“Una licitación contra la ley”, Pedro Lipcovich) fue uno de los primeros en denunciar las próximas medidas del Gobierno de la Ciudad para relocalizar a centenares de pacientes psiquiátricos (particularmente de los Hospitales Borda y Moyano) en distintos servicios privados de larga duración a través de la Resolución Nº 52 del Ministerio de Salud porteño.
La liviana premisa casi a manera de tesis que “el manicomio se tiene que cerrar…nada de andar preguntando bajo que condiciones” puede llevarse de maravillas con las medidas “desintitucionalizadoras” enmarcadas en la citada Resolución.
La experiencia clínica y el mismo sentido común, simplemente percibir que la Trieste de Basaglia en las décadas del ´60 y el ´70 dista mucho de ser la Buenos Aires de Macri, una “sintonía fina” a la hora de caracterizar las verdaderas causas del derrumbe sanitario pueden llegar a clarificar un poco más que las rimbobantes frases y parafraseos de nuestros maestros. Si algo ha aportado el psicoanálisis al campo de la clínica es la diferenciacia entre la culpa y la responsabilidad (subjetiva). Culpabilizar trabajadores y profesionales –desde un “afuera”- y desresponsabilizar un régimen social e histórico (capitalista) y sus distintas representaciones políticas en relación a la catástrofe sanitaria nunca puede llevar a buen puerto. Ni a los trabajadores y profesionales de la Salud Mental. Mucho menos a los pacientes.
From: barrac...@fibertel.com.ar
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Subject: [forotopia] Fw: Violencias del manicomio - Pag12
Date: Thu, 2 Feb 2012 11:33:40 -0300
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Elisa Beraja
¿Qué va a decir el autor del artículo?
¿Que no quiso decir lo que dijo?
¿Que no quiso ofender a nadie?
que...
que...
que...
como el autor de la tira humorística del NO, que, pobre...él no pensó que iba a ofender a tanta gente.
No leo Clarín. no leo Nación, no leo Página 12 pero estoy harta de que un grupo "progre" piense que los únicos medios que mienten y/o exageran son el de Noble y el de Mitre.
Gracias por informarnos.
Elisa
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Claudia Huergo
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Enviado: viernes, 3 de febrero de 2012 14:05
Asunto: [forotopia] Crítica Nota Página 12
Alfredo Grande
cecilia maria heredia
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Isabel
Mabel Peirú
De: Isabel <imar...@uol.com.br>
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Enviado: domingo, 5 de febrero de 2012 22:30
Asunto: Re: [forotopia] Crítica Nota Página 12
Mabel Peirú
Enviado: martes, 7 de febrero de 2012 3:07
Claudia Huergo
De: Mabel Peirú <mabel...@yahoo.com.ar>
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Enviado: martes, 7 de febrero de 2012 4:32