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REITERÓ EL PEDIDO DE
INDAGATORIAS
E. L. Duhalde: "quedó demostrada la asociación
ilícita entre los militares golpistas y los diarios Clarín, La Nación y
La Razón"
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo
Luis Duhalde, presentó ante la Fiscalía Federal de La Plata que
investiga el caso "Papel Prensa", un nuevo escrito reiterando el pedido
para que Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Jorge Rafael
Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Raimundo Podestá, Reinaldo
Gregorio Bandini, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y
Hugo Fernando Peralta Ramos sean citados a prestar declaración
indagatoria.
El Secretario destacó que desde la promoción de la querella declararon
testimonialmente Lidia Papaleo, Osvaldo Papaleo, Isidoro Graiver,
Rafael Ianover, Alfredo Abuin y Guillermo Gainza Paz.
También se agregaron: copia de la carta documento dirigida por Reinaldo
Bandini a Ernestina Herrera de Noble; copia de la publicación del
Departamento de Inteligencia de la Policía de Córdoba (D2), sobre los
cursos que dictaba Bandini a los cuadros del Estado terrorista; el
libro "Silencio por Sangre" sobre el caso Papel Prensa, escrito por
Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli; el Decreto 2530/85, aportado por la
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que
convalidó el acuerdo indemnizatorio firmado por Alfonsín con los
integrantes de la familia Graiver.
Al mismo tiempo, se anexaron: copia certificada del libro de venta de
acciones de Papel Prensa y de las reuniones de accionistas del
traspaso; la declaración prestada ante escribano por Gustavo Caraballo;
la biografía de Héctor Magnetto "El hombre de Clarín", escrita por José
Ignacio López; las causas judiciales relativas a la Sucesión de David
Graiver; la quiebra del diario "La Razón", y la investigación llevada
adelante por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, entonces a
cargo del Dr. Ricardo Molinas.
El Secretario sostuvo que con tales elementos de prueba ha quedado
demostrada la asociación ilícita entre los militares golpistas y los
diarios "Clarín", "La Nación" y "La Razón", que se apropiaron de Papel
Prensa y que ocasionó las detenciones, tortura y muertes de integrantes
del grupo Graiver, por lo que corresponde que los imputados sean
convocados a prestar declaración indagatoria.
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LUIS ALÉN APOYÓ EL
PEDIDO DE APARTAMIENTO DEL JUEZ OTERO
"Esa manera de actuar no es la que corresponde a un
magistrado"
El Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la
Nación, Dr. Luis Hipólito Alén, expresó su satisfacción por la
apelación interpuesta por el fiscal Sandro Abraldes, para que la causa
en la que se investigan los incidentes ocurridos durante la toma del
Parque Indoamericano en Villa Soldati se siga tramitando ante la
Justicia de Instrucción de la Capital Federal y para que el juez Eliseo
Otero se aparte del proceso por haber prejuzgado y adelantado su
opinión sobre la resolución del caso.
Al respecto, Alén señaló que es incomprensible la actitud del juez
Otero, quien dispuso la libertad de Julio Capella sin haber recolectado
pruebas y se declaró incompetente adelantando cuál sería su resolución
definitiva en caso de continuar al frente de la investigación. "Esa
manera de actuar no es la que corresponde a un magistrado, que debe oir
a todas las partes y producir la prueba que le ofrezcan antes de
pronunciarse, cosa que no ocurrió en este caso", sostuvo el
Subsecretario.
Por último, Alén se manifestó confiado en que tanto la apelación del
fiscal Abraldes como el apartamiento del juez Otero serán resueltos
favorablemente por la Cámara de Apelaciones, permitiendo así que un
magistrado imparcial continúe con la investigación hasta el total
esclarecimiento de los hechos y la individualización y sanción de sus
autores e instigadores.
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CON GRAN IMPULSO DE
ARGENTINA Y FRANCIA
Rige la convención internacional contra la
desaparición forzada
Debido al esfuerzo de mas de treinta años de ong´s y
gobiernos de Argentina y de Francia, entró en vigencia la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en
2006. A través de esta iniciativa internacional se reconoce la
desaparición forzada de personas como un crimen de lesa humanidad y se
reafirma el derecho a la reparación, a la justicia y a la verdad para
las víctimas.
El canciller Héctor Timerman y el secretario de Derechos Humanos,
Eduardo Luis Duhalde; encabezaron un acto en el Palacio San Martín para
celebrar la entrada en vigor de la iniciativa junto al embajador
francés en Argentina, Jean-Pierre Asvazadourian; el recientemente
designado secretario de Justicia, Julián Alvárez, y representantes de
distintos organismos comprometidos con la lucha y la defensa de los
derechos humanos.
Durante el acto, Timerman remarcó la importancia de la puesta en marcha
de la Convención que "marca un punto de inflexión histórico en la lucha
liderada en forma mancomunada con el movimiento de los derechos humanos
y la comunidad internacional por la dignidad de las personas y la
salvaguarda de su integridad física y moral".
En este sentido, el secretario de Derechos Humanos sostuvo que "hoy
concluyen satisfactoriamente 34 años de esfuerzos sostenidos para
lograr esta Convención Internacional, en la que tanto tuvimos que ver
los militantes de derechos humanos de Argentina, como infatigables
propulsores tras la enorme tragedia social de las desapariciones
masivas y sistemáticas de la dictadura terrorista cívico militar que
asoló a nuestro país".
Los gobiernos de Argentina y Francia fueron los primeros en suscribir
la Convención en el 2007 y, desde ese momento, encabezaron la campaña
internacional para promover las firmas y ratificaciones necesarias para
su puesta en vigencia. Hasta el momento fue suscripta por Albania,
Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, Alemania, Honduras, Irak,
Japón, Kazajistán, Mali, México, Nigeria, Paraguay, Senegal, España y
Uruguay. Entre las propuestas sugeridas por nuestro país e incluidas en
la Convención, se destaca que: "la prevención y sanción penal a la
apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, confirma el
principio de restitución a la familia de origen y el derecho del niño,
víctima de
desaparición forzada, a recuperar su identidad".
Asvazadourian remarcó el papel de Argentina al decir que "siempre está
a la vanguardia en la lucha en favor de los derechos humanos".
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LA CORTE AVALA AL BANCO NACIONAL DE DATOS
"Son los peritos oficiales exclusivos"
La Corte Suprema resolvió, ante un pedido de la
Procuración General de la Nación, que quien realice los estudios para
la identificación de posibles hijos de desaparecidos sea el Banco
Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y no el Cuerpo Médico Forense.
El fallo, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena
Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda,
alcanza al expediente en el que se intenta determinar la identidad de
los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble.
El máximo tribunal confirmó mediante resolución 4102/2010, que los
integrantes del BNDG son los "peritos oficiales exclusivos" ante los
jueces para los casos de identificación de familiares de víctimas de
desaparición forzada, tal como lo indica la ley 26.548 aprobada por el
Congreso.
En la solicitud de la Procuración de diciembre de 2009, el Estado pedía
que el Cuerpo Médico Forense "no intervenga en este tipo de peritajes",
ya que ese organismo, "al no contar con medios ni capacidad para ello,
delega con criterios dispares la realización de estos peritajes en
laboratorios públicos y privados".
La queja se planteó luego de que el Estado detectara una serie de casos
en los que jueces de distintas jurisdicciones del país encargaron la
práctica de estos estudios a diferentes establecimientos.
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LOS VIERNES DE ENERO,
CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Conciertos de verano, en el Centro Cultural de la
Memoria Haroldo Conti
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la
Secretaría de Cultura de la Nación presentan el Ciclo de Conciertos de
Verano, el cual se llevará a cabo todos los viernes de enero a las 21
en la sede del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti,
perteneciente al Archivo Nacional de la Memoria, que esta ubicada en el
Espacio para la Memoria (Av. Del Libertador 8151, ex ESMA), con entrada
libre y gratuita.
El ciclo será inaugurado el viernes 7 de enero con el concierto de
Franco Luciani, instrumentista e intérprete de armónica, considerado
por la crítica y prensa argentina como uno de los músicos más notables
y talentosos de la nueva generación. La agrupación, integrada por
Franco Luciani (Armónica), Facundo Peralta (Bajo), Martín González
(Guitarra) y Franco Exertier (Percusión), presentará su disco
"Acuarelas de Bolsillo", dedicado principalmente a la música argentina
de raíz folklórica.
Los siguientes conciertos estarán a cargo de Juan Falú y el Tata Cedrón.
Se entregarán dos entradas por persona y se podrán retirar desde una
hora antes. (no se reservan).
Para mayor información: Tel: (+54 11) 4701-1538/1594/1876/5249. e-mail:
cchc...@jus.gov.ar
www: www.derhuman.jus.gov.ar/conti
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TUCUMAN : CAUSA "ARANCIBIA"
Serán querellantes la SDH y CTERA
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de
Eduardo Luis Duhalde, se presentará como querellante ante el Juzgado
Federal de Tucumán, en la causa que investiga los homicidios de los
hermanos Isauro y Arturo Arancibia, ocurridos el 24 de marzo de 1976 en
la sede de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP).
También lo hará la Confederación Trabajadores de la Educación de la
República Argentina (CTERA), gremio del que Isauro fue Secretario
General Adjunto.
La decisión fue tomada en la reunión que se llevó a cabo entre el
subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén; Italia
Arancibia, una de las hermanas de Isauro y Arturo, y los dirigentes de
la CTERA Rogelio De Leonardi y Gerardo Marturet.
La información fue brindada por Rogelio De Leonardi, actual secretario
de Derechos Humanos de la central docente nacional.
Esta causa fue iniciada en 1984 por las hermanas de Isauro y Arturo y
conforme a la investigación fueron detenidos, con prisión preventiva,
12 policías que participaron del operativo. Luego la causa fue
paralizada y, por orden del juez Daniel Bejas, fueron liberados 4 de
los detenidos.
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SIETE NUEVOS JUICIOS
COMENZARÁN EN 2011
Sigue avanzando el proceso de Verdad, Memoria y
Justicia
Al menos siete juicios orales por delitos de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar,
comenzarán en 2011. Se desarrollarán en Capital Federal, Salta y
Tucumán. Entre otros, serán juzgados Jorge Rafael Videla y Reynaldo
Bignone.
A partir del 15 de febrero, el Tribunal Oral Federal de Tucumán juzgará
al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez
junto a Roberto Heriberto Albornoz en la causa "Romero Niklison" en la
que se investigan homicidios en perjuicio de 5 víctimas.
El 7 de marzo el TOF Nº 6 de la Capital Federal dará inicio al juicio
oral contra los represores Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone,
Cristino Nicolaides y otros cuatro imputados acusados de 33 casos de
apropiación de menores durante la última dictadura cívico militar. En
la causa conocida como "Plan Sistemático", Videla, Bignone y Nicolaides
están investigados, junto a Santiago Omar Riveros, Jorge Eduardo
Acosta, Antonio Vañek y Rubén Oscar Franco, por los delitos de
sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de
menores de 10 años. En el mismo juicio se juzgará a Juan Antonio Azic,
acusado como responsable directo por la sustracción de María Victoria
Donda cuando era menor de edad.
El 15 de marzo, el TOF de Tucumán dará inicio al debate de la causa "De
Benedetti", en la que se investiga la muerte, en1978, del militante del
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Osvaldo De Benedetti. Están
acusados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Eduardo
Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro y Alberto
Carlos Lucena.
A partir del 4 de abril el TOF de Salta iniciará el juicio oral por el
secuestro y desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esa
provincia. En el mismo serán juzgados Luciano Benjamín Menéndez, Carlos
Alberto Mulhall, ex jefe del Ejército en Salta; Miguel Gentil, ex jefe
de la Policía de Salta; Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la
Policía; Jorge Héctor Zanetto, ex vocero de la Triple A, y los ex
policías Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson
Herrera.
En este proceso también se investiga el homicidio del comerciante
Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de
Leal.
El 21 de junio, el TOF de Salta también dará inicio al juicio oral
contra el ex coronel Carlos Alberto Mulhall y los ex policías Jacinto
Ramón Vivas y Felipe Caucota, por los delitos de privación ilegítima de
la libertad y tormentos en perjuicio de Pablo Salomón Ríos.
El 10 de agosto, ante el TOF Nº2 de la Capital Federal comenzará un
nuevo juicio oral contra el último dictador, Reynaldo Bignone, por
delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en
jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Se investigan 22 casos de
privación ilegal de la libertad y tormentos a 5 de ellos, ocurridos en
el "Policlínico Profesor Alejandro Posadas", donde exisitó el Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) "El Chalet del
Hospital Posadas". Además de Bignone serán juzgados Luis Muiña,
Argentino Ríos, Hipólito Rafael Mariani y Juan Máximo Copteleza.
El 29 de agosto, el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario fijó fecha de
inicio de un nuevo juicio oral contra el ex coronel Manuel Fernando
Saint Amant, el ex policía Antonio Federico Bossie y el ex comisario
general Jorge Muñoz. Se investigan los delitos de privación ilegítima
de la libertad, tormentos y homicidios ocurridos en noviembre de 1976
en la localidad bonaerense de San Nicolás en perjuicio de 5
víctimas.Además, para este año, se espera que se dicte sentencia contra
Luis Patti y en las causas Automotores Orletti y Margarita Belén.
También, el 30 de marzo, en La Rioja, irá a indagatoria el dictador
Jorge Rafael Videla por el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli.
Otra megacausa que seguirá avanzando es la que trata sobre las
violaciones a los derechos humanos cometidos en la ex Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA), en la que podrá haber sentencia del
segundo tramo de la causa que investiga, entre otros, el asesinato del
escritor y periodista Rodolfo Walsh y en la que están imputados los
principales genocidas de ese CCDTyE.
También para mediados de año está previsto elevar a juicio las causas
vinculadas con el CCDTyE La Perla.
Pero la particularidad del 2011, será la profundización en la
investigación sobre la complicidad civil durante la última dictadura
cívico militar.
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CÓRDOBA - TESTIGOS EN JUICIO A VIDELA
El Estado respondió a las demandas de protección
La Dirección Nacional del Programa de Protección a
Testigos e Imputados, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, informó que, ante la finalización del Juicio a
Videla y Menéndez por crímenes de Lesa Humanidad, realizado en el
Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de Córdoba, acudió con la totalidad
de sus recursos de protección, ante las demandas del TOF N°1, y del
Cuerpo Especial de Protección de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Darío Díaz, director del Programa, consideró que "el resultado fue
óptimo, tanto por la cooperación recíproca como por la
complementariedad de ambos organismos". Asimismo indicó que toda la
colaboración prestada por el Programa Nacional a la provincia de
Córdoba se encuentra debidamente documentada.
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DELITOS SEXUALES
TIPIFICADOS COMO LESA HUMANIDAD
21 procesados en contexto de genocidio en Tucumán
El juez federal Daniel Bejas dictó el procesamiento a 21
represores entre militares, gendarmes y civiles, en la megacausa
"Arsenales II" por delitos de lesa humanidad cometidos en "contexto de
genocidio" dentro del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio (CCDTyE) "Arsenales", en Tucumán, durante la dictadura
cívico-militar.
Por primera vez en la provincia, un miembro de la Iglesia local será
juzgado por colaborar en la represión ilegal. La otra novedad en la
causa es la inclusión de violaciones y abusos sexuales como delitos de
lesa humanidad.
El juez Bejas consideró que el CCDTyE Arsenales fue un "centro de
detención emblemático y funcionalmente determinante en el cumplimiento
del plan de represión puesto en marcha en la provincia de Tucumán". En
consecuencia, concluyó que las violaciones a los derechos humanos
perpetradas en ese lugar se cometieron "en el contexto del crimen de
genocidio".
La inclusión de delitos sexuales y su tipificación como lesa humanidad
es una de las novedades más importantes del dictamen ya que en la gran
mayoría de las causas del país no son incluidos. "Los delitos sexuales
cometidos por subordinados contra detenidos clandestinos, si bien no
habrían conformado el conjunto de ilícitos directamente ordenados por
las Fuerzas Armadas, sí habrían conformado el conjunto de delitos a
producirse como consecuencia natural de la clandestinidad del sistema y
de la garantía de impunidad vigente", afirmó Bejas.
La complicidad civil durante la dictadura en la provincia es
investigada en la causa con el procesamiento del escribano Juan Carlos
Benedicto, acusado de torturas seguidas de muerte y el sacerdote José
Eloy Mijalchik, por "haber colaborado en la comisión de los delitos de
privación ilegítima de libertad y tormentos (.) en calidad de partícipe
necesario". Mijalchik se convierte en el primer miembro de la iglesia
tucumana en ser juzgado por colaborar con la dictadura cívico militar
de 1976.
El resto de los procesados son los ex oficiales del Ejército Pedro
Osvaldo Caballero, Camilo Angel Colotti, Adolfo Ernesto Moore, Ariel
Orlando Valdivieso, Carlos Eduardo Trucco, Ramón Alfredo Ojeda Fuente,
Fernando Torres, Ernesto Alais, Hugo Enzo Soto, Luis Orlando Varela,
Augusto Leonardo Neme y Miguel Alfredo Manuel Paz; los gendarmes
Ernesto Rivero, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Marcelo Omar
Godoy, Celso Alberto Barraza, José Carlos Sowinsky y Tomás Adolfo
Guemes; y el policía Roberto Heriberto Albornoz.
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LA CÁMARA FEDERAL PORTENA
Procesan a 8 imputados por el "Plan Cóndor"
La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el
procesamiento de 8 imputados en la causa en la que se investigan
delitos cometidos en el marco del plan de exterminio organizado por las
distintas dictaduras de Latinoamérica, conocido como "Plan Cóndor".
Los camaristas ratificaron los procesamientos, por privación ilegítima
de la libertad, desaparición forzada de personas y asociación ilícita,
de los genocidas Federico Antonio Minicucci, Néstor Horacio Falcón,
José Julio Mazzeo, Horacio de Verda, Alejandro Agustín Arias Duval,
Mario Alberto Gómez Arenas, Enrique Braulio Olea y Juan Avelino
Rodríguez.
En el fallo, los jueces exponen que "se conoce como 'Plan Cóndor' a la
relación ilegítima establecida entre gobiernos y servicios de
inteligencia de distintos países de América Latina (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) cuyo objeto principal fue el de
compartir información y cooperar para perseguir ilegalmente a
opositores políticos de los distintos gobiernos". Y señalaron que "se
tuvo por probado que, entre los hechos ilícitos que se produjeron en el
marco de la operación, se destacan la privación ilegal de la libertad,
la tortura y el homicidio". Asimismo, los jueces indicaron que "a
diferencia del resto de los fenómenos de persecución política que se
pusieron en práctica en el continente en las décadas de los ´70 y ´80,
la especificidad de la 'Operación Cóndor' consistió en que los
gobiernos y las fuerzas armadas de los distintos países involucrados
cooperaban para perseguir ilegalmente a sus opositores".
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CONDENA FIRME EN LA
CAUSA VARGAS AIGNASSE
Ratifican perpetua para Bussi y Menéndez
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revalidó el
fallo dictado hace dos años por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
(TOF) de Tucumán y ratificó la condena a prisión perpetua para los
represores Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi en la
causa que investigó la desaparición del senador provincial
justicialista Guillermo Vargas Aignasse.
La corte rechazó el último recurso presentado por las defensas del
represor, ex gobernador y el ex comandante del III Cuerpo del Ejército,
revalidando la condena inicial a prisión e inhabilitación absoluta
perpetua, como coautores mediatos de los delitos de asociación ilícita,
violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada,
imposición de tormentos agravada y homicidio agravado por alevosía,
todos ellos calificados como delitos de lesa humanidad.
De esta manera la causa queda concluida y sin ninguna instancia
apelatoria posible y ambos genocidas perderán su grado militar.
Con esta ratificación, la decisión del TOF se convirtió en la primera
sentencia firme desde la reactivación de los juicios por violaciones a
los derechos humanos en 2003. Ahora, el Tribunal deberá decidir la
forma en que los ex militares deberán cumplir su condena. Si bien en
ambos casos el pedido fue cárcel común, el delicado estado de salud de
Bussi, quien actualmente cumple arresto domiciliario en su casa del
country de Yerba Buena, será un punto a tener en cuenta por los
magistrados. A su vez, Menéndez, quien ya fue condenado a perpetua en 4
causas, aún en trámites apelatorios, se encuentra en el penal de Bower,
en Córdoba. En febrero será enjuiciado en Tucumán, por el asesinato de
5 militantes montoneros y en marzo lo espera otro juicio por la
desaparición del militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
Osvaldo de Benedetti.
Una vez que termine la feria judicial, los jueces Gabriel Casas, Carlos
Jiménez Montilla y Luis López tendrán que iniciar el trámite de
ejecución de la condena y determinarán si Bussi continúa bajo prisión
domiciliaria o en el penal de Villa Urquiza.
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IDENTIFICAN A TOMÁS FRANCISCO TOCONAS
Fue arrojado desde un helicóptero en julio de 1975 en
Santiago del Estero
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF),
identificó los restos de Tomás Francisco Toconas, encontrados en el
cementerio municipal de la localidad de Pozo Hondo, en el departamento
Jiménez, de la provincia de Santiago del Estero, cuyo cadáver había
sido arrojado desde un helicóptero en julio de 1975.
El informe recibido por la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado
Federal indica, según las pericias, que Toconas fue muerto por al menos
tres disparos de arma de fuego en la cabeza.
La investigación judicial se inició el 21 de julio de 2008 luego de un
informe realizado por el Noticiero 7 del Canal 7 de esa provincia, en
el cual se describió el entierro clandestino de un cuerpo en el
cementerio de esa la localidad. Por tal motivo, el entonces fiscal
federal Juan Manuel Díaz Vélez presentó una denuncia instruida por el
juez Federal Guillermo Molinari.
El magistrado ordenó preservar la tumba y convocó al EAAF, quien
procedió a la exhumación de los restos el 7 de mayo de este año.
Las muestras óseas fueron cotejadas con la sangre de Esther y Victoria
Toconas, hijas de la víctima, resultando una compatibilidad del 99,9%.
Toconas había nacido el 2 de abril de 1934 en Tucumán y fue secuestrado
el 26 de junio de 1975. Los pobladores de Pozo Hondo contaron que los
primeros días de julio de ese año vieron que desde un helicóptero
arrojaban un cuerpo que posteriormente fue sepultado en el cementerio
municipal como NN.
La Justicia dispondrá la entrega de los restos a los familiares,
quienes ya tienen conocimiento de los resultados de las muestras de
ADN. Esther Toconas, una de las hijas de Tomás, dijo conmovida: "De la
noche a la mañana desapareció y nunca más lo volvimos a ver, nunca más.
No sabíamos nada, absolutamente nada. No saber nada es una
desesperación para que alguien nos dijera algo. Después de tantos años,
gracias a Dios, es un momento muy triste pero también es un momento
lindo por saber que lo hemos encontrado. Yo siempre lo esperé y creía
que mi padre iba a llegar vivo".
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POR PRIMERA VEZ EN
TUCUMAN
A partir de una prueba de ADN un joven encontró los
restos de su madre
Hace un mes, Juan José Cazorla, se enteró de que los
restos de su madre, Marcela del Valle Morales, desaparecida en 1976 por
una patota de la dictadura cívico militar, estaban sepultados en el
cementerio del Norte de la capital tucumana. De esta manera, se
convirtió en el primer hijo que obtiene en la provincia una prueba
positiva de ADN en restos de desaparecidos.
"Me gustaría que sigan apareciendo más hijos y que haya más donaciones
de sangre para que se hagan más estudios de ADN, gracias a lo cual
llegué hasta aquí y podré reconstruir la vida de mi madre, que es lo
que quiero", expresó.
La búsqueda comenzó en 2000 por iniciativa de su mujer, Ana Díaz,
sorprendida porque su marido tenía tres documentos sucesivos, cada uno
con un apellido diferente. Díaz habló con la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), "porque en Abuelas de Plaza de Mayo no
había ningún planteo a mi nombre, y me enviaron una carpeta con los
datos", contó Cazorla.
A partir de ahí pudo empezar a reconstruir su historia. Cuando
secuestraron a su mamá tenía 10 meses. "Entraron en la casa y la
sacaron. A mí me dejaron en la cama. Luego fui criado por la familia
Cazorla", contó. Sin embargo, no fue apropiado ilegalmente, como
sucedió en la mayoría de los cientos de bebés que nacieron en
cautiverio durante la dictadura cívico-militar, sino que fue entregado
a familiares que luego lo llevaron con su padre, quien nunca le contó
su historia. "A lo mejor lo hizo por temor, pero ahora estoy
reconstruyendo mi vida", señaló.
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A DECLARAR EN CALIDAD
DE TESTIGO
El fiscal Brito solicita se cite a Joaquín Morales
Solá
El fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, solicitó al
juez federal Daniel Bejas que cite a declarar a Joaquín Morales Solá en
carácter de testigo. El pedido está basado en una fotografía tomada en
1975, en la que el periodista aparece junto al represor Acdel Vilas, ya
fallecido, cuando éste daba inicio al Operativo Independencia.
El funcionario pidió que también se cite a declarar al periodista Oscar
Gijena, actual secretario general de la Asociación de Prensa de
Tucumán, quien durante ese período trabajó junto a Morales Solá en La
Gaceta de Tucumán, siendo ambos corresponsales del diario Clarín.
La fotografía del actual editorialista del diario La Nación, fue
publicada por el semanario Miradas al Sur el 5 de diciembre pasado,
acompañada por una nota de Eduardo Anguita, quien señalaba que "según
dos fuentes calificadas, el edificio al cual va a ingresar la comitiva
de Acdel Vilas es la tenebrosa Escuelita de Famaillá", el primer Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) del país,
utilizado por Vilas y por su sucesor Antonio Domingo Bussi para
secuestrar y torturar a más de 2000 presos políticos.
A partir de esa información y de llamados de familiares de las
víctimas, el fiscal Brito se presentó en el Juzgado Federal N°1 que
investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán y le
solicitó al juez Bejas la citación de Morales Solá, para que aporte
información sobre los centros clandestinos de detención que funcionaron
en esa provincia y a Gijena para que aporte datos sobre si existió un
plan para censurar o manipular la información en los medios de la
provincia.
Se calcula que en noviembre de 1975, año en que fue tomada la
fotografía, en la Escuelita de Famaillá había por lo menos 150
detenidos ilegales.
Bejas, quien deberá resolver si hace lugar o no al pedido del
Ministerio Público está a cargo de todas las causas por delitos de lesa
humanidad en la provincia de Tucumán.
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BREVESBREVESBREVESBREVESBREVES |
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EN LA REUNIÓN
PLENARIA DE LA TASK FORCE
La Argentina repudia el Holocausto |
| El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, destacó la participación de la Argentina en la
reunión Plenaria de la Task Force para la Cooperación Internacional
para la Educación, Rememoración e Investigación del Holocausto (ITF),
que se realizó en Haifa, Israel. |
POR DECISIÓN DEL
JUEZ OYARBIDE
Ordenan reabrir causa contra Harguindeguy
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| La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal ordenó reabrir una investigación contra Albano
Eduardo Harguindeguy, ministro del Interior durante el gobierno de
Jorge Rafael Videla, por los secuestros de Federico y Miguel Gutheim. |
ESPAÑA - CRÍMENES
DEL FRANQUISMO
Fueron localizadas 614 fosas comunes con 47.000
víctimas |
| El viceconsejero de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía, José Antonio Gómez Periñán, presentó en Sevilla el Mapa de
Fosas Comunes en Andalucía en el que se localizaron 614 fosas comunes
con más de 47.000 víctimas. La mayoría de las tumbas corresponden al
período inicial de la Guerra Civil. |
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BREVESBREVESBREVESBREVESBREVES |
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