BIOCOMPARTIENDO # 02 del 2024 / LA PERSISTENCIA EN EL ERROR: BARRERAS A LA TRANSICIÓN HACIA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE. Beatriz Salazarrú, viernes 12 de abril
Fernando Alvarado
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BIOCOMPARTIENDO
# 02 del 2024 / Perú, viernes 12 de abril
¡Por una vida sana y feliz; libre de transgénicos cancerígenos!
Editor Fernando Alvarado de la Fuente / biof...@hotmail.com
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INDICE
- LA PERSISTENCIA EN EL ERROR: BARRERAS A LA TRANSICIÓN HACIA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE. Beatriz Salazar
- Comer más pescado como sardinas en lugar de carne roja podría evitar hasta 750.000 muertes prematuras en 2050
- CALENDARIO AGROECOLOGICO 2024
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LA PERSISTENCIA EN EL ERROR: BARRERAS A LA TRANSICIÓN HACIA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE. Beatriz Salazar
Debate Agrario No. 51, febrero 2024
BioFuente: https://cepes.org.pe/2024/03/12/debate-agrario-n-51/
Desde la década de 1940 se ha afirmado repetidamente que la Revolución Verde ha mejorado dramáticamente la producción de alimentos y los ingresos de los agricultores, particularmente en los países en desarrollo, y ha brindado oportunidades para un crecimiento económico autosostenible y la reducción de la pobreza (Pinstrup‐Andersen y Hazell, 1985).
En el siglo XX, inversiones públicas masivas en investigación agraria en los países industrializados condujeron a significativos avances en los rendimientos de los cultivos. En la segunda mitad del siglo pasado, este modelo de agricultura se extendió a los países en desarrollo en el marco de la llamada «Revolución Verde», basada en el desarrollo de variedades mejoradas, mayor uso de fertilizantes y pesticidas y del riego. Esto condujo a aumentos marcados de los rendimientos en Asia y América Latina (International Food Policy Research Institute, 2002). Entre 1960 y 2000, los rendimientos de los países en desarrollo aumentaron 208 % para el trigo, 109 % para el arroz, 157 % para el maíz, 78 % para las papas y 36 % para la yuca. La adopción generalizada de tecnologías por la Revolución Verde contribuyó a una caída de los precios reales de los alimentos. Entre 1960 y 1990, el suministro de alimentos en los países en desarrollo aumentó entre un 12 y un 13 % (Pingali, 2012).
Sin embargo, la mejora de los rendimientos en las últimas cuatro décadas ha ido acompañada de efectos negativos, tanto ecológicos como sociales. Entre los efectos ambientales negativos se incluyen la sobrecarga del medio ambiente con fertilizantes y pesticidas, el agotamiento de recursos escasos como el agua de riego, la degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad (Westhoek, H. J., 2010).
La agricultura y ganadería también contribuyen al calentamiento global. A nivel mundial, la agricultura produce entre un cuarto y un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La conversión de tierras en estado natural a tierras agrícolas está asociada con más emisiones de GEI. La agricultura no solo libera dióxido de carbono, sino también otros GEI más potentes, como el óxido nitroso y el metano, que se generan con el uso de fertilizantes y la producción de carne y lácteos.
Adicionalmente, la agricultura intensiva a menudo reduce la calidad del suelo, el cual se degrada y pierde su fertilidad. Los pesticidas —usados intensamente en el modelo de agricultura intensiva convencional— destruyen no solo a los insectos y otros organismos no deseados, también a las otras especies, reduciendo la biodiversidad.
Este modelo industrial de agricultura, pese a las externalidades negativas que genera, sigue siendo predominante en países como el Perú, donde, una vez establecido, crea una fuerte dependencia de insumos externos perjudiciales para el medio ambiente (Frison, 2020), incentiva el uso no sostenible del agua (WFP, 2022), abarata las dietas poco saludables, eleva el costo de las dietas nutritivas y desalienta la producción de cultivos biodiversos y ricos en nutrientes (WPF, 2022).
¿Qué factores explican la prevalencia del modelo de agricultura intensiva convencional? El concepto de «Lock-in», que traducimos como «bloqueo», puede ayudarnos a analizar esta problemática.
BLOQUEOS (LOCK-INS) EN LA TRANSICIÓN HACIA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE
El concepto de lock-in es crecientemente utilizado en el contexto de las medidas para enfrentar el cambio climático. En este marco se menciona el «bloqueo de carbono» (carbon lock-in) para hacer referencia al conjunto de barreras sociales, políticas y técnicas que obstaculizan la transición hacia la descarbonización y generan una inercia que favorece la dependencia de los combustibles fósiles (SEI, 2022).
Incorpora no solo los aspectos tecnológicos, sino también las dinámicas culturales, históricas, institucionales y de poder analizadas en la sociología, las ciencias políticas, la ecología política y los estudios agrarios críticos (Goldstein et al., 2023).
Se han identificado los siguientes determinantes de situaciones lock-in o bloqueo:
• Infraestructuras existentes costosas que representan costos hundidos en las que se continúa gastando con la esperanza de recuperar la inversión inicial.
• Mercados establecidos que presentan altos costos de entrada para nuevos participantes.
• Mayores alternativas y facilidades de financiamiento para las opciones que representan el statu quo.
• Las élites se benefician desproporcionadamente de la situación actual y tienen poder para mantener el statu quo.
• Cambios en el uso de la tierra que son difíciles de revertir.
• Las preferencias de los consumidores y de la industria favorecen productos existentes.
• Narrativas y producción de conocimientos que respaldan el modo de producción dominante.
En este artículo analizaremos si algunos de estos factores determinantes bloquean la necesaria transición hacia una agricultura sostenible en el Perú.
Bloqueos relacionados con la gestión del agua para uso agrario
Desigual distribución del agua para riego
Existe un relativo consenso en que el Perú enfrenta una incertidumbre creciente respecto al acceso al agua en lo que concierne a cantidad, calidad y oportunidad. El país ha perdido el 51 % de su superficie glaciar en las últimas cinco décadas, lo que ha provocado una mayor irregularidad en la disponibilidad hídrica a lo largo del año. La inseguridad hídrica se agrava debido a la desigual distribución geográfica del agua. La vertiente hidrográfica del Pacífico —que concentra el 62,4 % de la población y la mayor proporción de la actividad económica— solo cuenta con el 1,8 % del volumen de agua en el país (PNUD, 2010).
El desequilibrio también es patente en el uso consuntivo del agua. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la mayor demanda se concentra en la agricultura, con el 85,9 % del total (Muñoz, 2011). La inversión pública en grandes proyectos hidráulicos ha privilegiado a la costa, que concentra dos tercios de la inversión nacional en infraestructura de riego, lo cual agrava la desigualdad en ese aspecto con relación a la sierra y la selva.
La mayor extracción de agua para la agricultura se localiza en zonas donde predominan la agroexportación y los megaproyectos de irrigación. En el ámbito de la AAA Jequetepeque-Zarumilla —donde se ubica el Proyecto Olmos— se extrae1 la mayor cantidad de agua del país, equivalente al 28,1 % del volumen a nivel nacional (ANA, 2020). La agroindustria de exportación en la costa ha contribuido tanto a la sobreexplotación de acuíferos en algunas zonas —como Tacna e Ica— cuanto a la salinización de los suelos en el norte (Rodríguez, 2009).
La salinización de suelos en proyectos de irrigación costeños por problemas de drenaje es una de las externalidades negativas que contradice la intención inicial de estos proyectos: ampliar la frontera agrícola. Abordaremos esta problemática con mayor detalle en la sección correspondiente a suelos.
La planificación de los grandes proyectos de irrigación en la costa tampoco prevé los efectos del cambio climático. Un ejemplo es el caso de la dependencia de los proyectos Chavimochic y Chinecas de las aguas del río Santa, cuyo caudal está registrando cambios significativos por el proceso de deglaciación en la cordillera Blanca. Una investigación reciente analizó la cobertura glaciar entre los años 1963 y 2009 y encontró una tendencia a la reducción del área glaciar en ese período. También se analizó la posible relación entre el porcentaje de área glaciar con las descargas para el período de estiaje entre junio y septiembre, concluyendo que a menor porcentaje de área glaciar se evidenciaba un menor caudal. Así mismo, se concluyó que existe un impacto en los proyectos Chavimochic y Chinecas (Amachi, 2018).
Otros estudios prevén que a partir del año 2025-2030, la deglaciación provocará competencia por el agua en la época de estiaje, lo cual agravará los conflictos sociales en las cuencas del Santa, Huarmey, Fortaleza, Conchucos y otros por el uso del agua con fines poblacional, agrícola, energético, industrial, minero, acuícola y turístico, entre otros, principalmente entre las regiones de la Libertad y Áncash, donde se ubican los proyectos especiales Chavimochic y Chineca (Villanueva, 2011). Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo prevé que no se registrará una reducción del agua disponible para el Proyecto Chavimochic hasta 2039 (BID, 2012). Sin embargo, advierte que esa situación podría cambiar si la zona de servicio del sistema se amplía al valle Chicama, como se prevé que sucederá con la implementación de la tercera etapa del Proyecto Chavimochic. Si es necesario extraer agua de los ríos Chao, Virú y Moche o de sus acuíferos para la expansión del sistema, se deben tomar en cuenta los impactos del cambio climático en la disponibilidad de agua en estos valles al calcular la viabilidad del proyecto.
Pese a estas externalidades negativas de las que tanto el Estado pe[1]ruano como el sector privado están conscientes, se persiste en continuar impulsando el modelo de grandes proyectos de irrigación en la costa orientados a la agroexportación. No obstante la evidencia sobre la desigual distribución del agua y las externalidades negativas ambientales que generan los grandes proyectos de irrigación en la costa, se continúa concentrando la inversión en estos proyectos, lo cual puede ser indicativo de un efecto lock-in incentivado por la prioridad dada desde el Estado a la ampliación de la frontera agrícola en la costa orientada a la exportación.
Desde el año 2013, gobiernos de distintas tendencias ideológicas han manifestado su compromiso de concretar la Tercera Etapa del Proyecto Chavimochic con una inversión de US$715 millones en la modalidad de Asociación Pública Privada (APP), pese a evidencias de una fuerte corrupción en el proceso y que casi ninguna de las 54 mil ha de tierras irrigadas en las etapas I y II ha beneficiado a los pequeños agricultores
liberteños (Kinney, 2017).
Algunos determinantes que hemos identificado que contribuyen a la persistencia de este modelo de desarrollo agrario son:
• Diversas leyes y reglamentos —relacionados principalmente con la asignación de derechos de propiedad sobre la tierra y el agua— han contribuido a fomentar este tipo de inversiones, particularmente en las zonas con recursos hídricos subterráneos y a través de contratos de APP en la costa.
• El marco legal vigente para la gestión del agua favorece a los agricultores industriales con altos rendimientos y capacidad de creación de empleo. La Ley de Recursos Hídricos establece como principales criterios para dar prioridad para el otorgamiento de derechos de uso del agua para un mismo uso productivo a la mayor eficiencia en la utilización del agua y mayor generación de empleo. Así se crea un sesgo que recompensa con una mayor cantidad de agua a quienes usen «eficientemente el recurso» (GEMRAPUCP, 2022). Pero el énfasis en la eficiencia en el uso del agua no necesariamente garantiza una utilización sostenible, pues incentiva la ampliación de áreas cultivadas y puede aumentar el consumo de agua en términos absolutos, sobre todo considerando que los productos de agroexportación cultivados en la costa registran un requerimiento hídrico alto.
• El marco legal laboral y tributario abarata los costos de producción para la agroindustria de exportación. Es el caso de la Ley de Promoción Agraria (Ley N.° 27360), promulgada en el año 2000, que reducía los derechos laborales y establecía una tasa reducida de impuesto a la renta. Se inició como un régimen temporal, pero terminó estando vigente por casi 20 años. Tras fuertes protestas, fue derogada en el año 2019 y posteriormente se aprobó la Ley N.° 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, con un enfoque gradual de retiro de los incentivos.
• La inversión estatal en la habilitación de infraestructura para los proyectos de irrigación Chavimochic, Olmos, Pasto Grande, Jequetepeque-Zaña, Majes-Siguas, Chira-Piura y Chinecas, que hasta el año 2012 totalizó 6 321 294,862 soles (Eguren, 2014), constituyendo un costo hundido que puede condicionar futuros proyectos de infraestructura. Debe tomarse en cuenta que el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura es de 50 años en promedio. Por lo tanto, las decisiones de inversión que los gobiernos tomen hoy producirán un efecto de bloqueo del tipo de agricultura que tendrá el país en las próximas décadas (Silva et al., 2019).
Sobreexplotación de acuíferos
Se ha logrado identificar una sobreexplotación de acuíferos insostenible, como resultado de un uso descontrolado del bombeo de agua para riego en algunas áreas de la costa —como Olmos-Cascajal, Chicama, Rímac, La Caplina, y especialmente del valle de Ica— que crea un problema de dis[1]ponibilidad no solo para otros usuarios agrícolas sino también para otros sectores (Banco Mundial, 2013).
Caso Ica
El auge de las exportaciones agrícolas en Ica trajo consigo, además del crecimiento demográfico, una demanda creciente de aguas subterráneas, que se utilizan tanto para la producción agrícola de exportación como para el consumo urbano. Debido al aumento de la demanda, las aguas subterráneas fueron sobreexplotadas (Damonte, 2015).
En Ica se extraen 335 MMC de agua del acuífero del mismo nombre, pero solo se otorgan derechos de uso por 134 MMC. Aunque se declaró una veda, se prohibió abrir nuevos pozos en el acuífero de Ica y se limitó el volumen de agua que pueden extraer los pozos existentes, restricciones que no han logrado controlar la sobreexplotación (Banco Mundial, 2013). La solución propuesta por los empresarios agroexportadores es la construcción de infraestructura de riego mayor para derivar agua desde otras cuencas mediante trasvases desde las partes altas, represas y canales, con inversión estatal (GEMRAPUCP, 2022).
El poder de los agroexportadores logra evitar la regulación pública. Las oficinas locales de la Autoridad Nacional del Agua no son capaces de implementar procedimientos regulatorios institucionales públicos.
Reservas disponibles y niveles de explotación en los acuíferos de Ica, Villacurí, Lanchas
(millones de metros cúbicos)
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Reservas |
Reservas explotables de aguas subterráneas |
Explotación (extracción real de agua |
Sobre- explotación |
Derechos de uso de agua otorgados |
Volumen asignable (reservas explotables - derechos de uso de agua) |
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Ica |
189 |
335 |
146 |
134,14 |
54,86 |
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Villacurí |
63 |
228 |
165 |
87,8 |
-24,8 |
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Lanchas |
17 |
34 |
17 |
3,5 |
13,5 |
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
Caso La Yarada
En el acuífero La Yarada también se registra sobreexplotación del acuífero por la apertura de nuevos pozos promovida a su vez por el aumento de la actividad agrícola, en gran parte productos de exportación como la aceituna. Hasta la década de 1970, la explotación del sistema acuífero estaba equilibrada entre recarga y extracciones. En 1985 la sobreexplotación del acuífero era de alrededor de 74 Hm3/año. En 1989 se prohíbe la apertura de nuevos pozos (Pino, 2019). Según ANA, al año 2009 el volumen de la reserva renovable se ubicaba en 54 Hm3 /año (1,71m3 /s), la explotación en 112 Hm3 /año (3,55 m3/s), y la sobreexplotación llegaba a los 58 Hm3/año (1,83 m3/s).
En 1984, el acuífero La Yarada se declara en «veda» y se prohíbe la perforación de nuevos pozos. Y en 1998 se emite la RM N.° 696-98-AG, que ratifica la veda. Sin embargo, en el año 2015 la política gubernamental entra en contradicción al aprobarse el DS N.° 007-2015-MINAGRI, que «de manera excepcional y por única vez formaliza o regulariza las licencias de uso de agua, formalizando así las licencias de pozos no autorizados» (Rivera, 2018).
Otro factor que ha contribuido a la sobreexplotación del acuífero ha sido el subsidio de energía eléctrica para los agricultores que tengan una propiedad menor de 15 ha otorgado en 1991. El subsidio constituyó un incentivo para el uso desmedido del agua, pese a que en ese entonces los estudios hidrogeológicos confirmaban el descenso del nivel freático y se mantenía la veda establecida desde 1984 (Rivera, 2018). Este subsidio se otorgó por DS N.° 134-91-PCM, que establece que
los gobiernos regionales abonarán a las Empresas de Servicio Público de Electricidad el 55 % del valor de la tarifa de energía eléctrica que les corresponde a los agricultores que trabajen tierras de cultivo dentro de los 50 kilómetros de la frontera internacional, que dependan exclusivamente para el regadío de aguas del subsuelo y para cuya extracción utilicen energía eléctrica. (Gobierno Regional de Tacna, 2019)Por lo expuesto, consideramos que algunos de los principales determinantes de la persistencia de la sobreexplotación de acuíferos son:
• La falta de información sobre la explotación del agua subterránea en el país. La ANA monitorea solo 47 de los 95 acuíferos potencialmente importantes, lo que representa menos del 1 por ciento de las aguas subterráneas renovables (Banco Mundial, 2023).
• La debilidad de las Autoridades Administrativas del Agua para supervisar el cumplimiento de las vedas y restricciones a la extracción de agua subterránea.
• Subsidios que incentivan el uso desmedido del agua subterránea al abaratar el consumo de energía, por consideraciones geopolíticas y de defensa nacional que paradójicamente se contradicen con los objetivos de seguridad hídrica.
Contaminación de los cuerpos de agua
Según la ANA, 50 % de las unidades hidrográficas del país no cumplen con las normas para el uso agrícola, debido sobre todo a la contaminación microbiológica por el vertimiento de aguas servidas poblacionales, meta[1]les tóxicos provenientes de la actividad minera y contaminación agrícola como resultado del uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes.
La Autoridad Nacional del Agua ha encontrado 41 cuencas hidrográficas —de un total de 98 que son monitoreadas— cuyos parámetros exceden los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) (ANA, 2015).
Respecto a la contaminación microbiológica, un informe de la Defensoría del Pueblo encontró que el 25,2 % de la población del país tenía acceso a la red de alcantarillado, eliminando las excretas a través de pozo ciego (9,5 %), pozo séptico (5,2 %), letrina (2,8 %), por río, acequia o canal (1,2 %), y que el 6,5 % no tiene ningún tipo de servicio para estos fines (Defensoría del Pueblo, 2022).
Esta situación aumenta el riesgo de contaminación del agua usada para labores agrarias. Según la Defensoría del Pueblo (2022), en el año 2016 se identificaron 2 658 fuentes de contaminación, de las cuales 1 210 correspondían a vertimientos de aguas residuales domésticas y municipales, 682 a pasivos ambientales mineros y 372 a residuos sólidos.
El Estado, en sus tres niveles de gobierno, tiene la mayor responsabilidad en la falta de atención de este problema, al no invertir y ejecutar las obras necesarias para cerrar la brecha de saneamiento. Una de las causas es la paralización de obras de acceso y mejoramiento de estos servicios.
Como informa la Contraloría de la República, las principales causas de paralización de obras serían: arbitraje, deficiencias técnicas/incumplimiento contractual, limitaciones presupuestales, intervención por la Fiscalía, información limitada, disponibilidad de terreno y cambio de profesionales.
Las medidas que ha venido adoptando el Estado para enfrentar la crisis de contaminación hídrica privilegian la declaratoria de estados de emergencia. No obstante, estas medidas contienen únicamente paliativos y no atienden los problemas de fondo. Muchas veces estas declaratorias han generado la continuidad y persistencia de los problemas, según ha advertido la Defensoría.
Una de las razones por las que las declaraciones de emergencia no obtienen resultados positivos es que no incluyen la transferencia de un presupuesto adicional para el financiamiento de las acciones correctivas y que estas tengan que realizarse con recursos del gobierno regional y los gobiernos locales.
Otro problema es la contradicción de la regulación estatal a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Por ejemplo, en diciembre de 2016 el Decreto Legislativo N.° 1285 modifica el artículo 79 de la Ley N.° 29338 —Ley de Recursos Hídricos—, que originalmente disponía la prohibición del vertimiento directo o indirecto de agua residual sin autorización de la ANA. Con la modificación se dio un plazo adicional de nueve años a las empresas de saneamiento para seguir vertiendo aguas servidas y residuos sólidos en los ríos (Benavides, 2023).
En resumen, encontramos que entre los determinantes de la persistencia de la contaminación de los cuerpos de agua superficiales destacan la insuficiente inversión en cobertura de servicios de agua y saneamiento —sobre todo en zonas rurales—, lo cual empuja a la población a verter los desechos en los ríos; y la tendencia del Estado a tomar medidas para controlar la contaminación solo cuando se presenta una crisis. No se tiene en cuenta un enfoque preventivo.
Deficiencias en la gestión de la infraestructura hidráulica
La agricultura, que representa el 80 % del consumo de agua total en el país, registra una eficiencia global del riego de aproximadamente 35 % (Lajaunie y Chinarro, s. f.), atribuida sobre todo al riego por gravedad que, según el MEF, registra una eficiencia de 40 % en promedio; mientras que el riego tecnificado consigue una eficiencia de 70 % en el caso del riego por aspersión y de 90 % en el del riego por goteo (Midagri, 2015). Existe controversia en torno a la afirmación de que el 65 % del agua restante «se pierde», pues parte de ese volumen retorna a los acuíferos y cuerpos de agua superficiales y se reutiliza.
Para optimizar la eficiencia del riego suele proponerse mejorar las infraestructuras de captación y distribución del agua y la adopción del riego tecnificado. Sin embargo, con frecuencia se desatiende el riego parcelario y no se invierte en la conservación del agua en la fuente. Existe evidencia de que prácticas de agricultura regenerativa, como el cultivo de cobertura y la labranza reducida, pueden mejorar la estructura del suelo y mejorar su capacidad de retener agua, lo cual puede ayudar a reducir la necesidad de riego (MOLEAR, 2023), pero la inversión en estas alternativas es ínfima.
Por otro lado, el énfasis en el aumento en la eficiencia técnica del riego también implica riesgos, ya que tiene impactos sobre el resto del balance hídrico de la cuenca, debido a que una parte, considerada importante (aunque no conocida) de las «pérdidas» de agua corresponde al caudal ecológico (Banco Mundial, 2013).
Una mayor eficiencia en el uso del agua para riego puede tener el efecto contrario al buscado, y acentuar la escasez en las cuencas y la sobreexplotación en los acuíferos. Esto se explica porque, al aumentar la disponibilidad relativa del recurso hídrico, puede registrarse también la ampliación de las superficies regadas, lo que provoca un aumento del consumo real de agua.
ROL DEL ESTADO
La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y máxima autoridad técnico- normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH), pero su liderazgo y poder de convocatoria son débiles y se cuestiona la efectividad de dicho sistema para la coordinación entre sus diferentes actores.
La Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego (DGIHR) del Midagri es el órgano de línea encargado de conducir, promover y coordinar el desarrollo de infraestructura hidráulica y riego, que incluyen los sistemas de riego, riego tecnificado, drenaje y protección contra inundaciones a nivel nacional Así mismo, tiene como función proponer planes, estrategias y documentos técnico-normativos para el diseño y ejecución de obras de infraestructura hidráulica y riego, de acuerdo con las políticas nacionales y la normatividad vigente.
Sin embargo, la DGIRH no está en condiciones de asumir su rol en materia de riego. Sus actividades vinculadas con la definición de políticas públicas, estrategias y planificación relacionadas con la infraestructura hidráulica y el riego han sido muy limitadas, y existen dificultades para lograr que los gobiernos regionales y locales se adapten a las políticas nacionales en materia de riego (Banco Mundial, 2013).
Rol de las organizaciones de regantes
Las Juntas de Usuarios de Riego, comisiones de regantes y comités tienen funciones y obligaciones que inciden significativamente en la gestión sostenible del agua, como son la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica común o la elaboración del Plan de Cultivo y Riego.
Pero estas organizaciones muestran deficiencias en el desempeño de sus responsabilidades. La representación de los regantes a nivel nacional está dividida y su relación con la ANA), las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Autoridades Locales del Agua (ALA) es conflictiva. Esta situación ha resultado en el descuido del mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica.
Las debilidades organizativas de las organizaciones de regantes son preocupantes. Según la Dirección de Organizaciones de Usuarios del Agua de la ANA, en la mayoría de las juntas de usuariosno se cuenta con el equipo técnico y administrativo mínimo necesario, recargándose las funciones al personal existente. Además, hay insuficiente capacitación especializada al personal técnico y administrativo para mejorar el desempeño de sus funciones, así como a los usuarios tampoco se les capacita en riego para mejorar el uso eficiente de agua y no actualizan los instrumentos de gestión debido a que no tienen el presupuesto para realizarlo, carecen de sistemas de control y medición de agua al momento de la distribución y de infraestructura hidráulica adecuada. (ANA, 2020)
Otro problema identificado por ANA es que muchas juntas de usuarios no operan en forma directa la infraestructura hidráulica o la distribución de agua.
Las actividades de mantenimiento están a cargo de comisiones de usuarios, pero la Junta no realiza el control y vigilancia, porque no cuenta con suficiente personal técnico y recursos logísticos. Una de las consecuencias es que no miden los excedentes de riego, lo cual contribuye a filtraciones en la parte baja de los valles. Asimismo, no hacen tratamiento del vertimiento de agua contribuyendo a la contaminación, y tampoco se realizan las obras de drenaje requeridas.
Muchas organizaciones de regantes no están inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua, que está desactualizado e incompleto, y los instrumentos de gestión técnico-administrativa siguen el modelo de los sistemas de riego de la costa. Hasta el año 2008, las Administraciones de Distrito de Riego (ATDR) brindaban asistencia técnica a las organizaciones de usuarios, pero con la promulgación de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, la función de apoyo y capacitación a las organizaciones fue transferida a la DGIH, la cual por el momento no ha podido hacerse cargo de dicha función (Banco Mundial, 2013).
Encontramos que algunos determinantes de la persistencia de la debilidad en la gestión de la infraestructura hidráulica son: la debilidad del Midagri para asumir su rol rector en materia de riego; la transferencia de responsabilidades de mantenimiento de la infraestructura de riego des[1]de el Estado a los usuarios realizada a partir del año 1989, que no fue planificada ni coordinada con las organizaciones de regantes, ni se dio un proceso para delegar facultades a los usuarios (Oré y Rap, 2009); la mayor parte de los programas/proyectos de irrigación priorizan la infraestructura y dejan en segundo plano al apoyo técnico y capacitación a
las organizaciones de regantes.
Bloqueos relacionados con la degradación de suelos
Deficiente drenaje y la salinización de los suelos en la costa
Se estima que en la costa se tienen más de 200 mil ha con problemas de drenaje moderados a fuertes, a lo que hay que agregar unas 90 mil ha con problemas ligeros. El área afectada de los proyectos Chavimochic, Jequetepeque-Zaña, Chira Piura, Olmos Tinajones y Majes Sihuas explicaría más de un 40 % de esta superficie (Tealdo, 2012).
Una de las causas de este problema, advertida por el ingeniero Braulio La Torre, de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es que los sistemas de drenaje no suelen ser considerados en los proyectos de irrigación debido a su costo, que casi duplica el de las obras de infraestructura para riego. Se refiere particularmente al caso del Proyecto Especial Chavimo[1]chic, sobre el que afirmó que «están regando en exceso y en la parte baja del Valle de Virú están teniendo problemas por exceso de agua: se ha le[1]vantado una napa freática» (Zurita, 2011).
Esta advertencia es corroborada por otras investigaciones que señalan que en el valle antiguo de Virú los problemas de drenaje se volvieron críticos cuando se empezó a usar las aguas del río Santa a través del canal madre Chavimochic. Cortez (2012) explica que la elevación el nivel freático en Virú se debe —entre otros factores— a «la irrigación de áreas nuevas localizadas topográficamente más altas que el valle antiguo de Virú donde los suelos son arenosos, produciéndose pérdidas por percolación profunda debido a las bajas eficiencias de riego a pesar de que este es de riego presurizado» (Cortez, 2012).
Una consultoría contratada por el mismo Proyecto Especial Chavimochic en el año 2007 (Cortez, 2007), que realiza un diagnóstico del sistema de drenaje de los valles de Chao, Moche y Virú, encuentra que los valles antiguos sufrirían la elevación del nivel freático debido a las causas siguientes: a) desactivación de los pozos a tajo abierto y tubulares de donde se extraía agua subterránea para riego; b) descuido en el mantenimiento periódico de los drenes construidos, c) por tener mayor disponibilidad de agua para el riego regulado; d) por el ingreso de aguas de recargas subterráneas de las áreas nuevas; y, e) aumento de las áreas con cultivos con mayores requerimientos de agua tales como la caña de azúcar y la alcachofa.
El problema se ha vuelto extremadamente difícil de superar, lo que es indicativo de la existencia de un efecto lock-in. Aunque varios de los proyectos de irrigación mencionados han emprendido acciones para la recuperación de tierras con problemas de drenaje y salinización, no se lograron los resultados esperados debido al incentivo al uso desmedido del agua, por la mayor disponibilidad del recurso facilitada por los proyectos de irrigación. Una de las consecuencias es que el aprovechamiento de las aguas subterráneas en la costa cayó de 1 500 millones m3/año en 1984 a 800 millones m3/año en 2001. Esto contribuyó a la pérdidas de tierras por salinización (Tealdo, 2012).
En la actualidad, en la mayoría de los valles se estima que el mantenimiento anual no alcanza el 10 % de lo necesario en la red primaria de drenaje. Además, se ha dejado de lado por completo el mantenimiento de los drenajes parcelarios debido a la ineficacia de esta práctica cuando la red primaria de drenaje no funciona correctamente (Banco Mundial, 2013).
Otra limitación fundamental de las organizaciones de usuarios que están a cargo de los sistemas es la falta de maquinaria adecuada para el mantenimiento de los drenes.
Erosión de suelos en la sierra
En la sierra, al menos un 60 % de los suelos agropecuarios están afectados por procesos de erosión de mediana a extrema gravedad por la falta de técnicas de manejo y la destrucción de la cobertura vegetal en las laderas (INEI, 2016).
Carmen Felipe Morales menciona entre las prácticas erosivas del suelo en la sierra peruana las quemas indiscriminadas de la vegetación natural, para cultivar en dichos terrenos, o la creencia de que las quemas estimulan el rebrote de pastos para consumo del ganado. Así mismo, la quema de rastrojos o residuos vegetales poscosecha, pues muy pocos agricultores saben aprovechar convenientemente estos residuos de la cosecha en la elaboración de compost o como cubierta vegetal. Otro factor es la labranza en el sentido de la máxima pendiente, lo cual provoca que el agua de lluvia arrastre el suelo, los abonos e incluso las semillas recién colocadas.
Uso excesivo de fertilizantes nitrogenados
La agricultura a escala global hace uso excesivo de los fertilizantes nitrogenados sintéticos, pues las plantas absorben solo una parte del fertilizante aplicado. La parte que no es asimilada por los cultivos se filtra en los suelos y en los cuerpos de agua, o se convierte en óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero (Salazar, 2022). Our World in Data indica que el exceso de nitrógeno aplicado a los suelos —que se pierde en el medio ambiente y puede crear desequilibrios en los ecosistemas y cuerpos de agua— alcanzaba 67,4 kg/ha en 2014 (Ritchie y Foser, s. f.).
Si bien es cierto que la urea y otros fertilizantes sintéticos permiten un aumento en el rendimiento de los cultivos, también lo es que contaminan los suelos y el agua y contribuyen al calentamiento global. La mayor cantidad (alrededor del 70 %) del óxido nitroso emitido a la atmósfera proviene de la agricultura y del uso de fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes nitrogenados —como la urea— emiten óxido nitroso, un gas de efecto invernadero 265 veces más potente que el dióxido de carbono. También aumenta el riesgo de contaminación del agua por nitratos y afecta la capa de ozono (Salazar, 2022).
Una opción sería promover la utilización de abonos orgánicos preparados que venden empresas especializadas en el rubro. La Dirección de Desarrollo Agrícola y Agroecología del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego —en el contexto de la crisis por el encarecimiento de la urea en el año 2022— propuso una alternativa para apoyar a los agricultores mediante un bono orgánico que les permitiría adquirir fertilizantes orgánicos. Se conformó el Gremio Nacional de Fabricantes de Abonos y Fertilizantes Orgánicos (Grenfafo), integrado por productores nacionales de biofertilizantes que reciclan residuos de animales y vegetales diversos. El gremio reúne 18 plantas de producción en varias regiones, que suman una producción potencial mensual de 58 622 toneladas de fertilizantes orgánicos sólidos y 1 260 650 litros de fertilizantes orgánicos líquidos. Pero la implementación de esta iniciativa requería la aprobación de un decreto de urgencia que no llegó a concretarse, en tanto el Midagri prefirió continuar con sus intentos de adquirir urea en el mercado internacional.
Este es un ejemplo del escaso interés del Estado por encontrar soluciones que mitiguen las externalidades negativas que conlleva la agricultura convencional. Incluso ha habido retrocesos. En el «Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: el Perú hacia el 2021», aprobado en el año 2011, se consideraba como un lineamiento estratégico «Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y la acuicultura, estableciendo un marco de normas y medidas promocionales que las aproximen a los estándares aceptados internacionalmente» (p. 248). Sin embargo, en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 no se ha incorporado ningún objetivo, lineamiento o acción estratégica orientada a promover la transición hacia una agricultura menos dependiente de insumos como los fertilizantes nitrogenados sintéticos que agravan el cambio climático y presentan un riesgo de contaminación del agua y el suelo.
Si bien en la Política Nacional Agraria al 2030 se ha considerado como objetivo 3 «Mejorar el manejo de los recursos naturales para una producción agraria sostenible», no toma en cuenta lineamientos ni acciones que se orienten a un uso eficiente de fertilizantes en la agricultura familiar me[1]diana o consolidada. Solo hace referencia a la promoción del guano de islas para los productores familiares de subsistencia, y la meta al año 2030 referida a porcentaje de productores de subsistencia que acceden al guano de islas solo llega a 4 %.
La Política Nacional Agraria al 2030 presenta algunos indicadores que están indirectamente relacionados con la fertilización eficiente y sostenible. Es el caso de los indicadores «Porcentaje de superficie agrícola acondicionada con prácticas de manejo de suelos» y «Porcentaje de productores que realizan prácticas de manejo de suelos», pero la meta de ambos indica[1]dores es ínfima: 4 % y 25,5 %, respectivamente.
El uso de abonos orgánicos en reemplazo total o parcial de los fertilizantes nitrogenados sintéticos genera controversias. Las compañías que comercializan fertilizantes sintéticos dudan de que la agricultura orgánica y sostenible pueda alcanzar niveles de productividad similares a los ob[1]tenidos con productos químicos.
Otro argumento es que con los abonos orgánicos se tarda más en conseguir un aumento en los rendimientos y que el proceso de preparación y aplicación de los fertilizantes es más laborioso (Viñas, 2022). Argumentos a favor de los abonos orgánicos señalan que su uso frecuente mejora las condiciones del suelo y, por tanto, aumenta la productividad de los cultivos.
En Perú, los aumentos de productividad en cultivos como arroz, papa o maíz se han visto impulsados por un mayor uso de insumos como fertilizantes sintéticos y plaguicidas. Entre los años 2007 y 2017, el Perú aumentó el uso total de pesticidas agrícolas en un 69 %, y desde 2002 ha incrementado el uso total de fertilizantes nitrogenados en un 36 % (FAOSTAT, 2020).
Además de la oferta de biofertilizantes preparados por empresas especializadas, está la opción de que los agricultores preparen los abonos orgánicos con insumos a su alcance, como los rastrojos de las cosechas o el estiércol de los animales. Un ejemplo es el sistema de «lombricultura», con diseño de techo a dos aguas, cuya adopción podría proporcionar una rentabilidad del 67 %, en comparación con la del 27 % de un sistema tradicional, según el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), que desarrolló esta tecnología (INIA, 2021).
La percepción de los propios agricultores sobre los costos y beneficios de diversos tipos de fertilizantes es determinante para su adopción. Por esto, es muy pertinente conocer los resultados de un estudio que se realizó en el distrito de riego Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque. En este estudio los agricultores (productores de arroz) explicaron la presión que ejercen los vendedores de insumos, la ausencia de conocimiento sobre cómo utilizar los insumos apropiadamente y la falta de extensión agrícola para brindar recomendaciones. Los agricultores destacaron que los costos de producción son muy altos, principalmente porque las únicas personas con las que hablan sobre cómo mejorar su producción son los vendedores de insumos agrícolas, que no respaldan la reducción del uso de agroquímicos, ya que esto reduciría sus ventas. Los agricultores de Ferreñafe también están preocupados por la influencia de los molinos sobre el uso de insumos y los precios de venta (White, 2020).
Un déficit importante es la limitada práctica de análisis de suelos en el país, pese a ser crucial y necesaria para la toma de decisiones en la producción agrícola, ya que nos indica la disponibilidad de nutrientes y el nivel de fertilidad del suelo. Esta práctica se ha mantenido muy limitada en el Perú.
Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, solo el 2 % (44 000 productores) del total de más de 2 millones de productores agropecuarios del país reportó haber realizado este análisis (Pintado, 2023).
Una de las principales dificultades para ampliar esta actividad en el país es el propio Estado, ya que los intentos de mejorar el programa presupuestario 0089 («Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios») y el personal capacitado han sido inadecuados.
Algunos determinantes que identificamos para la persistencia del problema de la degradación de suelos son: insuficiente inversión en drenaje, sobre todo en la costa; desconocimiento de alternativas a la quema de vegetación natural o rastrojos como supuesta práctica de fertilización del suelo; y escaso interés del Estado por combatir la degradación de los suelos, reflejado en los insuficientes recursos asignados y el bloqueo a iniciativas para incentivar el uso de abonos orgánicos y lograr una fertilización más eficiente.
BLOQUEOS RELACIONADOS CON LA PÉRDIDA DE AGROBIODIVERSIDAD
Uso de plaguicidas de alta toxicidad
En el Perú, cada año se reportan altos porcentajes de alimentos para consumo interno con residuos de plaguicidas que superan los límites permitidos, incluyendo varios prohibidos en el país. Esto causa daños a la salud de las personas. En el año 2022 se registraron 1 403 casos notificados de intoxicación aguda por plaguicidas. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, en el año 2022 se identificó al menos un caso de intoxicación aguda por plaguicidas en 88 provincias en 20 departamentos y la provincia constitucional del Callao.
En los últimos años se han realizado investigaciones que advierten que los plaguicidas altamente tóxicos afectan sobre todo a los agricultores. Un equipo de científicos publicó en NATURE Scientific Reports en 2022(Honles et al., 2022) un estudio de observación para evaluar el nivel de contaminación por plaguicidas entre los pueblos andinos (Honles et al., 2022). Se utilizaron métodos de química analítica para medir las concentraciones de 170 compuestos relacionados con pesticidas en muestras de cabello de 50 adultos andinos que viven en áreas rurales y urbanas (Huancavelica, Ica, Junín, y Lima).
Los resultados indican que estas personas están siendo contaminadas con una amplia gama de compuestos relacionados con pesticidas en altos niveles de concentración, entre ellos fipronil, chlorpyrifos y atrazine, cuyo uso está prohibido o restringido en la Unión Europea, pero se continúan exportando a países de América Latina, donde ingresan por vía legal o por contrabando. El estudio citado detectó que un riesgo importante de exposición a pesticidas para las personas que viven en áreas rurales del Perú está relacionado con el consumo de alimentos obtenidos directamente de las áreas de cultivo, muy probablemente sin haber pasado por una descontaminación efectiva.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) realiza monitoreos anuales de plaguicidas y otros contaminantes en 35 cultivos. En el reporte correspondiente al año 2022, SENASA informa que de 5 181 muestras de origen vegetal, 975 superaron los Límites Máximos de Residuos (LMR); es decir, el 18,82 % del total de muestras analizadas resultaron no conformes a los niveles de residuos de plaguicidas aprobados en la legislación peruana. Los ingredientes activos detectados con más frecuencia que fueron considerados no conformes con la legislación peruana fueron fipronil, chlorpyrifos, omethoate, chlorfenapyr y dimethoate.
El ají amarillo, la páprika, el pimiento, el tomate y el melocotón fueron los productos que mostraron con mayor frecuencia niveles de residuos de plaguicidas que superan los LMR (Senasa, 2023).
Los plaguicidas pueden contaminar no solo las parcelas en que se aplican, sino también cuerpos de agua y campos adyacentes. Los exportadores de productos orgánicos se han visto perjudicados, pues numerosos cargamentos de café o cacao destinados a los mercados externos fueron rechazados. El Comité de Café y Cacao de ADEX ha advertido que les preocupa la eventual presencia de clorpirifos, glifosato y fosetil en las muestras enviadas a los potenciales compradores de cacao y chocolate orgánicos, debido a que el cacao que se exporta es producido por agricultores que suelen tener otros cultivos que son fumigados con estos plaguicidas (ADEX, 2023).
Los efectos dañinos en el medio ambiente en el corto plazo se manifiestan con la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, suelos, flora y fauna. A largo plazo puede contribuir a la resistencia de las plagas y en el agua puede dañar el plancton, afectando la cadena trófica (Ocola, 2016).
Uno de los factores que explica la ubicuidad de estos productos es que las empresas que producen y venden plaguicidas fomentan su disponibilidad y promueven su uso. Es el caso del Comité para la Protección de Cultivos (Protec) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que mantiene líneas de crédito con las cadenas comerciales regionales: distribuidores, productores y exportadores, con el objetivo de mantener el abastecimiento de sus productos y soluciones. Protec informa que de todos los productos que comercializan, los insecticidas son los de mayor uso, pues participan con el 32,5 % del total, seguidos por los fungicidas con el 30,4 % y luego los herbicidas con el 20,15 % (Carrasco, 2023).
La adquisición de plaguicidas se realiza por compra directa, compra para ser pagada al final de la cosecha y trueque. Los importadores de plaguicidas los envían a los diferentes distribuidores previo contacto con el vendedor zonal; luego cada distribuidor —generalmente pequeñas tiendas de agroquímicos— los venden directamente o al crédito.
Existen alternativas biológicas que podrían permitir reducir, y en muchos casos eliminar, el uso de plaguicidas químicos. Aunque Senasa promueve el control biológico, sus esfuerzos están dirigidos principalmente a las grandes producciones agrícolas del país. El porcentaje de buenas prácticas de inocuidad que aplican los productores agropecuarios en 2023 alcanza el 30,5 %, según el reporte de seguimiento semestral del PEI 2023 de Senasa.
Según el informe de evaluación del PEI y POI de Senasa, se atiende a 1,03 millones de productores agrarios con servicios directos que incluyen el control y vigilancia de plagas y monitoreo de contaminantes. Pero los departamentos con mayores coberturas —cercanas al 100 %— se concentran en la costa (Ica, Lima, Lambayeque, Moquegua y Tacna). Otro grupo de regiones tienen una cobertura mediana mayor al 50 % (Apurímac, Are[1]quipa, Áncash, Ayacucho, La Libertad, Piura, San Martín y Tumbes). Por último, el grupo de menor cobertura (menos de 50 %) está en los departamentos de Amazonas, Huánuco, Madre de Dios, Ucayali, Pasco, Loreto, Junín, Cusco, Huancavelica, Puno y Cajamarca.
Los motivos por los que los productores prefieren usar estos productos, a pesar de su toxicidad, pueden revelarse en una encuesta realizada en el marco de una investigación con agricultores del valle de Mala (Hammond, 2016). Uno de los hallazgos fue que la principal fuente de información para decidir usar plaguicidas fue el personal técnico de las tiendas de agro[1]químicos. Adicionalmente, los resultados mostraron que los encuestados que confiaron en un técnico en pesticidas o en un taller de agroquímicos para obtener información sobre el manejo de plagas tenían seis veces más probabilidades de usar pesticidas convencionales.
Estos técnicos suelen representar a una marca o línea de agroquímicos específica y, por lo tanto, tienen fuertes incentivos para fomentar el uso de pesticidas sintéticos y reforzar la red de agroquímicos.
También obstaculiza el cambio hacia una producción libre de agroquímicos la menor dimensión del mercado para los productos orgánicos. En la encuesta mencionada se encontró que, para los agricultores, cambiar de un producto específico para el cultivo de manzana convencional, con una amplia infraestructura de mercado, a un producto orientado a manzanas orgánicas con una red de mercado menos establecida, es muy arriesgado.
Otros factores que dificultan la adopción de la agricultura orgánica que mencionan los productores encuestados son: 1) falta de información y/o capacitación suficiente sobre el uso de métodos orgánicos (67 %); 2) carencia de recursos físicos suficientes (tiempo, energía, fondos) (13 %); 3) percepción de que las prácticas orgánicas no podrían abordar un problema que los métodos convencionales sí pueden (por ejemplo, un hongo) (11 %); 4. falta de coordinación entre los agricultores: percepción de que los métodos convencionales de los vecinos serán problemáticos para productores orgánicos (9 %). Así mismo, perciben que la producción orgánica es más intensiva en mano de obra y requeriría inversiones de tiempo y energía adicionales.
Abandono de variedades menos demandadas por el mercado
El Perú es centro de origen y diversificación de algunos de los cultivos alimenticios más importantes a nivel global. Según el registro de variedades de papa nativa oriundas del Perú que gestiona el INIA, en nuestro país se registran 7 408 variedades con estas características (Quispe, 2013). En el caso del maíz también el Perú ha sido reconocido como un importante centro de diversificación, pues según la línea de base de la diversidad genética del maíz peruano con fines de bioseguridad, cuenta con 52 razas nativas. Solo en el distrito de Quisqui, en la región Huánuco, se han identificado 200 variedades de ocas, 96 de ollucos, 129 de mashuas, 423 de maíces, 26 de habas, 14 de calabazas y 100 variedades de frijoles.
Esta agrobiodiversidad es importante para la seguridad alimentaria, pues una mayor variedad de ecosistemas y diversidad biológica genera mejores condiciones para una mayor estabilidad en el suministro de alimentos, al punto que llega a considerarse una relación directa entre una mayor diversidad y una mayor resiliencia. Un sistema alimentario que depende de una cantidad limitada de especies corre un mayor riesgo de ser afectado por plagas, enfermedades y climas extremos (Ruiz Müller, 2015).
Sin embargo, existe el riesgo de pérdida de material genético como consecuencia de la aparición de nuevas plagas producto de eventos meteorológicos extremos asociados al cambio climático, y de factores socioeconómicos como la permanente pobreza y discriminación que enfrentan las comunidades campesinas, que suelen ser las que conservan la mayor agrobiodiversidad.
El mercado también se ha convertido en un motor que impulsa la erosión genética provocada por la introducción de variedades mejoradas de papa a partir de la década de 1950, impulsada en gran parte por el interés del mercado por homogeneizar la producción.
La siembra de papas nativas está amenazada por el interés de los productores por sembrar variedades híbridas/mejoradas comerciales que tengan aceptación en el mercado, siendo las más demandadas la papa Canchán-INIA, Tomasa Condemayta, Perricholi y Yungay. Las pollerías también han contribuido al aumento de la demanda por la papa comercial. Las variedades más usadas para fritura en pollerías son la Canchan-INIA y la Perricholi. El mercado exige una continuidad del abastecimiento, lo cual incentiva la producción de las variedades comerciales durante todo el año.
Además de la erosión genética propiamente dicha, también se registran efectos contraproducentes en el suelo. Las variedades mejoradas implementadas en terrenos que fueron previamente para papas nativas requieren del uso de fertilizantes químicos que ocasionan la pérdida de fertilidad natural del suelo (Minam, 2018).
Un ejemplo de la influencia del mercado es la recomendación que reproducimos textualmente a continuación, en la que una lideresa de los comerciantes del pabellón de papas del mercado mayorista de Santa Anita recomienda a los agricultores sembrar variedades híbridas y comerciales del tubérculo antes que nativas, puesto que «no es negocio» (Torres Lam, 2013): No todos los agricultores conocen lo que quiere el comprador en cuanto a tamaño y calidad y eso genera mermas. Pero nosotros sí sabemos, porque somos quienes estamos cerca al cliente. Además, hay épocas de sobreproducción y los precios a los que vendemos no cubren los precios de producción del productor. Entonces, ¿cómo recomendar sembrar variedad de papa que no se vende?
Cumplimos un rol social dentro de toda la producción de papa. Habilitamos económicamente, porque la papa es un producto muy riesgoso. Cuando hay sequías o nevadas se pierde la cosecha y no hay entidades estatales o privadas que apoyen económicamente.
Como se evidencia en estas declaraciones, el mercado suele desincentivar la producción y conservación de las variedades nativas que no son demandadas por los consumidores.
Las barreras identificadas se refuerzan mutuamente, son altamente resistentes al cambio y dificultan la necesaria transición hacia un modelo de desarrollo rural y agrario compatible con una mayor sostenibilidad social y ambiental. Las prácticas agrícolas insostenibles contribuyen a la inseguridad hídrica, la contaminación del suelo y el agua, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, Sin embargo, las externalidades negativas generadas no se reflejan en los precios de mercado. En algunos casos, estos se distorsionan aún más por políticas públicas como los subsidios otorgados a los inversionistas en proyectos de irrigación en la costa del Perú.
Se requieren reformas que incentiven a inversionistas, productores y consumidores a cambiar sus comportamientos y decisiones productivas, con precios que reflejen los costos de producción y las externalidades.
Además, es preciso contar con condiciones habilitantes que posibiliten movilizar financiamiento para el uso sostenible de la tierra y ayudar a reducir la degradación ambiental.
NOTAS
1: El término extrae se refiere a los flujos de agua desde el medio ambiente a la economía, según el documento Recomendaciones internacionales para las estadísticas del agua, de Naciones Unidas (ver https://bit.ly/3JQXp5G).
REFERENCIAS
ADEX. (2023) Exportación de cacao orgánico y sus derivados cayó 16% en el 2022. http://tinyurl.com/nksr83t7
Amachi Ñuflo, D. (2018). Aproximación al efecto de la deglaciación de la cordillera Blanca en las descargas del río Santa. Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil. https://tinyurl.com/yc8mkj38
Autoridad Nacional del Agua. (2015). Informe técnico 2015-ANA-D.GCRH-GOCRH. Calidad de agua en cuencas hidrográficas a nivel nacional. ANA.
Autoridad Nacional del Agua. (2020). Cuentas ambientales y económicas del agua en el Perú. Documento técnico 2018. https://bit.ly/3rE6B7f
Banco Interamericano de Desarrollo. (2012). Efectos del cambio climático en períodos de sequía en la ciudad de Trujillo en Perú. BID. https://tinyurl.com/2c8nuhs8
Banco Mundial. (2013). El futuro del riego en el Perú: desafíos y recomendaciones. Volumen I: Informe de Síntesis. https://tinyurl.com/47bm5vmk
Banco Mundial. (2023). Perú: acciones estratégicas para la seguridad hídrica. https://tinyurl.com/4a39a55u
Benavides, A. (2023). El Estado promueve la contaminación de los ríos en el Perú. IDL. https://tinyurl.com/ftnfnevz
Bernet, T., Delgado, O. y Sevilla, M. (2008). Centros de acopio de papa: factibilidad de promover e implementar este concepto en la sierra peruana. https://tinyurl.com/kd43f6bd
Carrasco, R. (13 de febrero de 2023). Los importadores y comerciantes de insumos agrícolas han podido soportar y mantener el abastecimiento en el mercado peruano. Agraria.pe. http://tinyurl.com/4xmszekm
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2021) Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021. CEPLAN. https://tinyurl.com/s6pvxw4u
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2023). Política Nacional Agraria 2020-2030. CEPLAN.
Comisión Sectorial de Planeamiento Estratégico del Sector Agricultura y Riego (s. f.) Análisis de tendencias que impactan en la agricultura. https://tinyurl.com/52s4z42s
Cortez Chicoma, J. (2007). Informe final Diagnóstico del sistema de drenaje de los valles Chao, Virú y Moche. https://tinyurl.com/yshdv8cx
Cortez Mamud, P. (2012). Estudio complementario al sistema de drenaje del dren colector DV-4.3 – Sector La Carbonera, Valle Virú. Tesis de Bachiller. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo http://tinyurl.com/cawutwnp
Damonte Valencia, G. (2015). Redefiniendo territorios hidrosociales: con[1]trol hídrico en el valle de Ica, Perú (1993-2013). Cuadernos de Desarrollo Rural, 12(76), julio-diciembre. https://tinyurl.com/43c5y8a8
Defensoría del Pueblo. (2022). Informe de Adjuntía N.° 016-2022-DP/AMASPPI. Aportes de la Defensoría del Pueblo del Perú para visita oficial de Relator Especial sobre los Derechos al Agua Potable y Saneamiento. https://tinyurl.com/yujnr542
Eguren C., L. (2014). Estimación de los subsidios en los principales proyectos de irrigación en la costa peruana. Cepes. https://tinyurl.com/2e64mzcp
FAOSTAT. (2020). http://www.fao.org/faostat/en/#data
Frison, E. A. (2020). Path dependence and carbon lock-in in the Agriculture Sector. WRI. https://tinyurl.com/yhy2tcrm
GEMRAPUCP. (2022). El valle de Ica: la eficiencia del uso del agua en tela de juicio. https://tinyurl.com/mvbb9bhh
Gobierno Regional de Tacna. (2019). Se inició trámites para pagar deuda por subsidio de electricidad en La Yarada. https://tinyurl.com/yuf3z735
Goldstein, J. E., Neimark, B., Garvey, B. y Phelps, J. (2023). Unlocking «lock-in» and path dependency: A review across disciplines and so[1]cio-environmental contexts. World Development, 161(1), 1-22. [106116]. https://tinyurl.com/bjwbumww
Hammond, C, et al. (2016). Pesticide lock-in in small scale Peruvian agriculture. Ecological Economics vol. 129(C). http://tinyurl.com/2a66tmur
Honles, J., Clisson, C., Monge, C. et al. (2022). Exposure assessment of 170 pesticide ingredients and derivative metabolites in people from the Central Andes of Peru. Sci Rep 12. https://tinyurl.com/wpf45cjw
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). Anuario de estadísticas ambientales 2015. INEI. https://tinyurl.com/bddejyf8
Instituto Nacional de Investigación Agraria. (2021). Tecnologías de producción de abonos orgánicos. [Video]. https://bit.ly/3y7yPuw
International Food Policy Research Institute. (2002). Green Revolution: Curse or blessing? IFPRI. https://tinyurl.com/tbsyrzcn
Kinney, J. (2017). Distributional equity in the face of scarcity: A case study of irrigating Peru’s desert. https://tinyurl.com/3srfy8ss
Lajaunie, M. L. y Chinarro, L. (s. f.) Recursos hídricos. https://tinyurl.com/43xpdh6h
Minam. (2018). Identificación de las alternativas a los cultivares comerciales de papa con eventos OVM presentes en el mercado a partir de los recursos genéticos nativos y naturalizados – Ley 29811. Informe final. http://tinyurl.com/mwhzhyez
Ministerio de Agricultura y Riego. (2015). Manual de cálculo de eficiencia para sistemas de riego. Minagri. https://tinyurl.com/yu5eunh9
Ministerio de Salud. (2022). Sala de situación de salud. Vigilancia epide[1]miológica del riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas Perú a la SE 52-2022. Minsa. https://tinyurl.com/469fk68h
MOLEAR. (1 de agosto de 2023). La agricultura regenerativa y el futuro de la agricultura. https://tinyurl.com/2s369ah8
Muñoz, I. (2011). Desigualdades en la distribución del agua de riego. El caso del valle de Ica. En J. León y J. Iguiñiz, Desigualdad distributiva en el Perú: dimensiones (pp. 267-290). https://bit.ly/3Lub9VF
Ocola, J. (2016). Plaguicidas y contaminación de acuíferos y aguas superficiales en el Perú. ANA. http://tinyurl.com/2ys7jrwv
Oré, M. T. y Rap, E. (2009) Políticas neoliberales de agua en el Perú: antecedentes y entretelones de la Ley de Recursos Hídricos. Debates en Sociología N.° 34.
Özdemir, C. (2023). Coverage of global crop diversity summit 2023. IISD. https://tinyurl.com/46epmj7f
Pingali, P. L. (2012) Green revolution: Impacts, limits, and the path ahead.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 109. https://tinyurl.com/mr2ckva2
Pino, E. (2019). El acuífero costero La Yarada, después de 100 años de explotación como sustento de una agricultura en zonas áridas: una revisión histórica. Idesia (Arica), 37(3), 39-45.
Pino, E. (2021). Sobreexplotación del agua subterránea y la agroexportación en el acuífero costero de La Yarada, Tacna, Perú. https://tinyurl.com/mpey3td6
Pinstrup‐Andersen, P. y Hazell, P. B. R. (1985). The impact of the green revolution and prospects for the future. Food Reviews International, 1(1). https://tinyurl.com/h2ee8vvt
Pintado, M. (2023). Una práctica indispensable, pero descuidada: el análisis de suelos en el Perú. La Revista Agraria, 201. https://acortar.link/MCba7p
Programa Nacional de Naciones Unidas. (2010). Viene de las alturas: disponibilidad y usos del agua. Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2009, parte II, capítulo 3. PNUD. https://bit.ly/34yVF21
Quispe, N. (2013). Análisis de la cadena de valor de la papa nativa en los distritos de Huayana y Pomacocha – Provincia de Andahuaylas – Apurímac. (Tesis para optar el título de Magister en Biocomercio y Desarrollo Sostenible, PUCP). http://tinyurl.com/56zr8ar3
Ritchie, H. y Roser, M. (s. f.). Fertilizers data explorer. https://bit.ly/3upf8vh
Rivera Segura, L. E. (2018) La agencia de los pozos subterráneos y la geografía histórica del distrito La Yarada-Los Palos, Tacna. (Tesis para optar al título de Licenciado en Geografía y Medio Ambiente, PUCP). http://tinyurl.com/4k758mj3
Rodríguez, M. (2009). La actividad humana como modificador del ecosistema de dunas en el área de influencia del proyecto especial Chavimochic Perú. https://bit.ly/3s0CZAf
Ruiz Müller, M. (2015). Agrobiodiversidad, seguridad alimentaria y nutrición: ensayos sobre la realidad peruana. SPDA. https://tinyurl.com/mpkm39fn
Salazar, B. (2022). Alternativas de fertilización sostenibles para la agricultura familiar. La Revista Agraria, 198. Cepes. https://tinyurl.com/ym2wddz6
SEI. (2022). ¿Qué es el lock-in o bloqueo de carbono? Científicos de SEI explican el concepto. SEI. https://tinyurl.com/4sy2xk8r
Servicio Nacional de Seguridad Agraria del Perú. (2023). Informe del Plan de Monitoreo de contaminantes en alimentos agropecuarios primarios y piensos, año 2022. Senasa. https://tinyurl.com/23382s38
Silva, M., Dalaison, W. y Calderón, C. (2019). Three good practices of Peru’s national infrastructure Plan for Sustainable Economic Growth (BID). https://tinyurl.com/4me2m59p
Tealdo, A. (2012). Política de inversión pública en riego y drenaje. https://tinyurl.com/4jz7wkdd
Torres Lam, A. L. (2013). Comerciantes del mercado Santa recomiendan sembrar papa híbrida y comercial antes que nativas. Agraria.pe. https://tinyurl.com/yvek23kp
Villanueva Ramírez, R. (2011). Los impactos del cambio climático en las funciones hidrológicas de la cuenca del río Santa. https://tinyurl.com/yxpnx8cu
Viñas, V. (2022). Alternativas a la crisis de los fertilizantes. https://tinyurl.com/yraxub75
Westhoek, H. J. (2010). Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering Mondiale opgaven en nationaal beleid. PBL. https://tinyurl.com/my5fwtjv
WFP. (2022). Peru country strategic plan 2023-2026. https://tinyurl.com/ye9c6z53
White, M. (October 30, 2020) Balancing economic and environmental performance for small-scale rice farmers in Peru. Front. Sustain. Food Syst. http://tinyurl.com/e3bwp353
Zurita, M. (2011). Contra la salinización. Sistemas de drenaje necesarios en proyectos de irrigación. Agraria.pe. https://tinyurl.com/cspfeeux
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ALIMENTACIÓN
Comer más pescado como sardinas en lugar de carne roja podría evitar hasta 750.000 muertes prematuras en 2050
Los arenques o las anchoas son ricos en ácidos grasos poliinsaturados que ayudan a reducir el riesgo de sufrir problemas cardiacos
DANIEL MEDIAVILLA
10 ABR 2024
Desde hace décadas se sabe que la salud no se puede separar de las condiciones económicas o medioambientales de una sociedad. Este miércoles se publica un estudio con estimaciones sobre los beneficios de sustituir el consumo de carne roja por peces pequeños como sardinas, arenques o anchoas. El cambio podría evitar 750.000 muertes prematuras en 2050 provocadas por enfermedades como el ictus o el cáncer de colon, sobre todo en los países menos desarrollados, y reducir el deterioro de la calidad de vida que producen esas dolencias.
Además de ser mejores para la salud, este tipo de pescados son los animales con el menor impacto medioambiental con relación a su valor nutricional. Su precio es clave en países con menos ingresos, donde se está viendo un gran incremento de enfermedades provocadas por la mala alimentación, en particular enfermedades cardiovasculares. A diferencia de la carne roja, los arenques o las anchoas son ricos en ácidos grasos poliinsaturados que, a través de un consumo moderado de pescado, ayudan a reducir el riesgo de sufrir problemas cardiacos.
El estudio publicado en la revista BMJ Global Health, liderado por Shujuan Xia, del Instituto Nacional de Estudios Medioambientales de Japón, calcula que este tipo de pescado solo podría sustituir, debido a que no hay más disponible, alrededor de un 8% de la carne roja que se come en el mundo. Sin embargo, ese incremento serviría para que la cantidad de pescado consumida a nivel global se acercase a los niveles recomendados. Los autores calculan que esta sustitución evitaría entre medio millón y 750.000 muertes prematuras y entre 8 y 15 millones de años de discapacidad acumulados, sobre todo en países con menos ingresos. “El pescado de forraje como alternativa a la carne roja podría doblar (o más) el número de muertes que se podrían evitar simplemente reduciendo el consumo de carne roja”, plantean los investigadores.
Este tipo de pesca supone el 30% de las capturas mundiales, sin embargo, solo una cuarta parte se dedican al consumo humano. El resto, incluida buena parte de lo pescado en países con problemas para alimentar a su población, se dedican a engordar en piscifactorías animales como el salmón o la trucha, que después se venden a consumidores con más poder adquisitivo. El artículo de Xia y sus colegas advierte que este uso del pescado de forraje “es ineficiente porque se retienen menos nutrientes”. “Por ejemplo, menos del 50% [de los ácidos grasos del pescado que se comen] se mantienen en el salmón escocés de piscifactoría”, escriben. Según otro estudio, publicado en Nature Food, una pequeña fracción del pescado que llega a los países del África subsahariana, menos del 20% total, serviría para cubrir las necesidades nutricionales de los niños menores de cinco años de la región.
Los autores del análisis han llegado a sus conclusiones planteando cuatro escenarios diferentes en cuanto a la distribución global del pescado en 137 países. Uno priorizaba el uso del pescado capturado en cada país en el consumo nacional y en sustituir el consumo de carne roja. El segundo plantea que se priorice un consumo adecuado de pescado y se priorice el acceso a este alimento en países con un nivel de consumo por debajo de las 40 kilocalorías diarias. Un tercer escenario plantea que se reemplace la misma cantidad de carne roja en todos los países, y un cuarto determinado por la disponibilidad del pescado de forraje. De todas estas opciones, la primera era la que menos muertes evitaría y la tercera la que más, aunque es probable que resulte más sencilla esa distribución del pescado en un modelo que en la realidad.
Jesús Francisco García-Gavilán, investigador en CIBERobn y profesor asociado de la Universidad Rovira i Virgili, ha afirmado en declaraciones a la plataforma informativa SMC España que “la aplicación de políticas alimentarias a nivel nacional que favorecieran el consumo de pescado no solo produciría una mejora de la salud de la población española, sino que disminuiría el gasto sanitario y potenciaría el seguimiento de la dieta mediterránea y de la dieta atlántica, dos patrones alimentarios en peligro de extinción a pesar de ser mundialmente reconocidos como efectivos en la prevención de patologías”. Adrián Carballo, investigador en el Instituto Karolinska, en Estocolmo (Suecia), señala como principal limitación del trabajo que no permite “determinar si los teóricos beneficios de la sustitución de carne roja por pescado pequeño en un país determinado se podrían aplicar a una persona concreta de ese mismo país”, en una opinión recogida por el mismo portal.
Al tratarse de una predicción a treinta años, hay muchas incertidumbres. Una de ellas es el impacto del cambio climático sobre el tamaño de las capturas de pescado. Aunque los autores reconocen que no han considerado ese factor, análisis previos calculan que las cantidades de pescado de forraje variarán menos de un 3%. Para apoyar la producción sostenible de este tipo de pesca, los autores proponen adoptar estrategias como trasladar los lugares de pesca a zonas más favorables si las circunstancias cambian con el calentamiento global.
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CALENDARIO AGROECOLOGICO 2024
Enero
* Domingo 1 de enero: Año Nuevo. Feriado
Febrero
* 2 febrero, Día Internacional de Los Humedales
* 14 febrero, San Valentín Día de la Amistad
* de febrero, BIO FACH 2021, Nuremberg, Alemania. La BioFach-Alemania, es la más antigua y principal feria internacional de productos ecológicos
Marzo
* 8 marzo, Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional
* 15 marzo, Día Mundial del Consumidor.
* 22 marzo, Día Mundial del Agua
* 24 marzo, Día de Creación del Grupo WIE Perú del IEEE
* 28 marzo Jueves Santo. 29 marzo viernes santo. Feriado
ABRIL
* 1 abril, Día Mundial de la Educación
* 7 abril, Día Mundial de la Salud
* 11 abril, Día del Niño
* 22 abril, Día Mundial de la Tierra
MAYO
* 1 de mayo: Día del Trabajo. Feriado
* domingo 12 mayo, Día de la Madre
* 22 mayo, Día Mundial de la Diversidad Biológica
* 27 mayo, Día del Idioma Nativo, el Quechua
* 30 mayo, Día Nacional de la Papa
* 31 mayo, Día del NO Fumador; Reflexión sobre los desastres naturales
JUNIO
* 5 junio, Día Mundial del Medio Ambiente
* domingo 16 junio, Día del Padre
* 21 junio, Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
* 24 junio, Día del Campesino, Inti Raymi, feriado
* 29 de junio: San Pedro y San Pablo. Feriado
* 30 de Junio, día nacional de los granos andinos: quinua, kañiwa, kiwicha, tarwi.
JULIO
* 6 julio, Día del Maestro,
* 11 julio, Día Mundial de la Población
* 28 de julio: Fiestas Patrias. Feriado
* 29 de julio: Fiestas Patrias. Feriado
AGOSTO
* 6 agosto, Batalla de Junín
* 9 agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
* 12 agosto, Día Internacional de la Juventud
* 19 de agosto (1989-2024) Trigésimo quinto (35) aniversario RAE Perú
* 22 agosto, Día Mundial del Folklore
* 30 de agosto: Santa Rosa de Lima. Feriado.
SETIEMBRE
* 1 setiembre, Día del Árbol
* 12 setiembre, décimo aniversario de la Red de BioMercados del Perú
* 16 setiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
* 21 setiembre, Día Internacional de la Paz.
* 23 setiembre, Día de la Juventud y la Primavera.
OCTUBRE
* 8 de octubre: Combate Naval de Angamos. Feriado
* 15 octubre, Día Mundial de la Mujer Rural
* 16 octubre, Día Mundial de la Alimentación
* 19 octubre, (2007-2024) Décimo septimo aniversario de la Plataforma PERÚ País LIBRE DE TRANSGÉNICOS
* 29 octubre, (2004-2024) vigésimo aniversario de la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético
NOVIEMBRE
* 1 de noviembre: Día de todos los Santos. Feriado
* 7 noviembre, (2002-2024) vigésimo segundo aniversario del Comité de Consumidores Ecológicos
* 10 noviembre, Día del Libro
* 17 noviembre, (1998–2024) Aniversario 26 del Grupo EcoLógica Perú
* 20 noviembre, Día Universal de los Derechos del Niño
* 25 noviembre, Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer
* 29 noviembre, (1978-2024) el Centro IDEAS celebra su 46 aniversario
DICIEMBRE
* 1 diciembre, Día de la Prevención del SIDA
* 3 diciembre, Día Internacional del No Uso de Agroquímicos.
* 3 diciembre, Día nacional de la promoción de la Agricultura Ecológica.
* 6 diciembre, (1999-2024) Vigésimo quinto Aniversario de la BioFeria de Miraflores.
* 8 de diciembre: Inmaculada Concepción. Feriado
* 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho. Feriado
* 10 diciembre, Día de la Declaración de los Derechos Humanos
* 14 diciembre, día del Cooperativismo Peruano
* 25 de diciembre: Navidad. Feriado
* 1 de enero 2025, feriado
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BIOCOMPARTIENDO # 03 - 2024
¡Por una vida sana y feliz, libre de transgénicos cancerígenos!
Viernes 12 de abril de 2024
Editor: Fernando Alvarado de la Fuente
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