La aportación de la ética a los asuntos colectivos es inapelable, porque es portadora de valores normativos que contribuyen a potenciar la calidad de la democrática teniendo como referente principal el apego a la legalidad, la imparcialidad y la igualdad jurídica y política.
Esto implica que tiene normas, principios y prácticas que fortalecen al ciudadano como el eje cardinal de la vida pública, y en ese sentido, la ética es un sistema de valores y normas que postulan de manera positiva desarrollar mejores conductas en favor de la vida colectiva, al conformar la conciencia individual con sentido de ventajas colectivas.
La ética alude al carácter normativo de los valores, considerando que es posible ahondar en una mejor vida democrática que se sustenta en el convencimiento de que la convivencia república y liberal tiene ventajas que se pueden compartir a la manera de las externalidades positivas.
Esto implica que en la democracia los ciudadanos tienen las condiciones institucionales para llevar a cabo las tareas que les corresponden, entre otras, intervenir en el diseño de las políticas públicas de manera organizada y contribuir a que la calidad de vida en la sociedad civil sea más fructífera.
La ética es portadora de un amplio contenido filosófico, humanista y social desde el momento que su mundo tiende a definir reglas normativas que tienen como horizonte la preservación del interés público, el bienestar general y el bienestar de los ciudadanos.
La recreación de la vida asociada con las aportaciones de la ética tienen alcance de imperativo categórico, lo cual significa que la concepción que tiene de la vida se finca en normas que tienen carácter positivo y realizador.
Para los fines de la vida institucional a cargo de los gobiernos es fundamental que el espacio público sea regulado con el concurso de reglas diáfanas que, además de fijar ventajas, restricciones y sanciones, tengan como incentivo las ventajas de obrar con sentido constructivo en la vida democrática Por eso, la ética tiene que ubicarse en el deber ser de las cosas, lo que implica que moldea conductas y prácticas cuando se asumen con el compromiso de hacer mejor y con mayor responsabilidad las actividades individuales y sociales. Para la vida de los gobiernos, la ética es un caudal de valores que se relacionan con los fines que han de cumplir.
En efecto, las tareas públicas que tienen a su cargo no se realizan en el vacío, sino con base en los valores que definen a la sociedad civil y a la forma de gobierno que se organiza en los marcos de la democracia.
Lo público (Aguilera, 2012: 184) en la democracia se estructura en formas de convivencia, intercambio e instituciones que tienen a su cargo la función de elaborar preceptos que se ocupan de proteger tanto la vida individual como la vida colectiva.
En ambos núcleos de actuación, es fundamental que las conductas se lleven a cabo considerando que lo colectivo de la sociedad y el sentido público del Estado, se institucionalizan en normas de interés general que son válidas para todos y que todos en condición de personas y ciudadanos deben cumplir.
Para esta tarea, la formación de la conciencia ciudadana necesita de las aportaciones valorativas de la ética, porque son las que han contribuir a estimular el sentido de convivencia y responsabilidad que haga posible la estructuración de la vida republicana y liberal.
Estos referentes son esenciales para los gobiernos cuando asumen el compromiso de establecer para la vida comunitaria valores que nutran las prácticas colectivas. En este caso, la formación y reproducción del valor público es una condición de vida que se relaciona con nuevas condiciones que apuntan por el lado de la gobernanza democrática, en el sentido que el espacio público tiene ahora no sólo con mayor contenido plural y diverso, sino lo que implica para los gobiernos el imperativo de hacer mejor las cosas, cumplir con ánimo ciudadano las políticas públicas, ampliar la participación ciudadana, mejorar la representación política y generar en los servidores públicos mayor conciencia sobre el sentido de sus deberes y formas de actuación a favor del público ciudadano.
El valor público tiene como punto partida y producto final esencia ética, ya que ésta se enlaza con los valores que permiten a las democracias instituirse como una variedad de reglas universales y generales para contribuir a la inclusión social, política y económica de los habitantes de la sociedad civil, postulando el derecho de las personas a vivir con equidad y bienestar.
El valor público es portador de una concepción más compleja de la vida en la sociedad civil, porque forma parte de nuevas y mejores condiciones de vida que solamente es factible acreditar con mejor capacidad de gobierno, cuadros administrativos más responsables y eficientes y un estilo de Administración Pública que finca en la recuperación del espacio público la savia social que la nutre, así como la legitimidad que deben tener cuando es aceptada como la institución de lo común y que atiende y procesa las demandas comunes, a las cuales ha de convertir en tipos de solución institucional.
El valor público aumenta el sentido público de la Administración Pública desde el momento que expresa una propuesta de gobierno más abierta, directa y sensible hacia los ciudadanos, para llevar a cabo la definición e implementación de las políticas públicas.
El valor público contiene lo público de la sociedad, lo público del gobierno y el espacio público entendido como hogar común de los ciudadanos. En consecuencia, el valor público identificado en el desempeño de los gobiernos tiene que acreditarse con valores como la honradez, la legalidad, la responsabilidad, la justicia, además del desempeño institucional.
Respecto a la sociedad, el valor público se nutre de los valores de la igualdad, la equidad, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. Desde el mirador del espacio público, se relaciona con la ética de la responsabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación pública.
Respecto al modo de aprovechar mejor los recursos públicos escasos, el valor público se estructura con la eficiencia social, el rendimiento colectivo y la satisfacción de los ciudadanos por cuanto a la atención y resultados de la acción del gobierno. No menos importante es que el valor público para fines de la cohesión jurídica y política del Estado de Derecho se sustenta en la constitucionalidad, la legalidad y la certidumbre.
El carácter polifacético del valor público es propio de las democracias competitivas, productivas, responsables y eficientes. En este caso, el valor público para fines de gobierno, el cumplimiento de las metas colectivas, se nutre de la ética y ésta aporta valores que son fundamentales para la construcción de la gobernabilidad y la nueva gobernanza.
Bibliografía
Aguilar Villanueva, F. LuisMarco para el análisis de las políticas públicas
Freddy Mariñez Navarro, Vida Garza Cantú (Eds.), Política pública y democracia en América Latina, del análisis a la implementación, Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública / Miguel Ángel Porrúa, México (2009)
(coordinadores)
Aguilera Hintelholher, Rina M.
Lo público de la Administración Pública Moderna, Instituto Nacional de Administración Pública, México (2012)
Bilbeny Norbert
La revolución en la ética. Hábitos y creencias en la sociedad digital, Editorial Anagrama, Barcelona (2005)