Samuel Vera Cortés / Foto Rafael Durán
Ayer, un grupo de estudiantes independientes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) marcharon de Ciudad Universitaria (CU) al edificio Carolino, para recordar a los jóvenes caídos en la matanza del 2 de octubre de 1968. Al llegar presentaron un pliego petitorio a las autoridades centrales, quienes por medio de la dirección de Atención y Gestión Estudiantil, a cargo de Damián Hernández Méndez, se comprometieron a darle seguimiento y las respuestas adecuadas.
Ahí mismo, los integrantes del Frente Estudiantil para la Defensa de los Derechos Universitarios, acusaron al director del Colegio de Antropología Social, Ernesto Licona Valencia, y a la profesora Norma Barranco Torres, de acoso académico, porque dichos personajes presentaron ante la oficina de la abogada general de la institución, una denuncia por supuesta falsificación de firma en contra del estudiante Ángel Lueza Ruiz.
El expediente es el número 1-55/2007, interpuesto por supuesta falsificación de la firma de la profesora del seminario Mito, Ritual y Religión, de un documento que avala su protocolo de tesis, que el estudiante dirigió al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (Concytep), con el que buscaba una beca.
La profesora lo acusó de evadir instancias para registrar su protocolo de tesis, mientras que el estudiante niega la falsificación de firma, por lo cual fue citado a declarar ante las oficinas de la abogada general, pero también presentó un dictamen pericial de un especialista en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, que indica que la firma proviene del puño y letra de la maestra Norma Barranco Torres.
En tanto la autoridad legal de la UAP ofrece su dictamen final, el estudiante ya fue reprobado por la misma profesora, en las últimas dos materias que le faltaban para concluir con su currícula total de materias de su carrera. Por ese motivo, el estudiante ya presentó queja formal ante la Defensoría de los Derechos Universitarios.
El problema, acusan desde el Frente Estudiantil por la Defensa de los Derechos Universitarios, es que el alumnos ya sufre de una campaña de difamación de varios profesores y solamente exige respeto de sus garantías individuales, pero hay más, porque acusan que desde la oficina de la abogada general le niegan una copia certificada de su propia declaración, porque "así conviene a los intereses de la institución".
Por otro lado, la misma organización de estudiantes acusa al director del Colegio de Antropología Social, Ernesto Licona Valencia, de tomar acuerdos que buscan construir un capital político para destinarlo a privilegios individuales, lo anterior, ante la solicitud de denunciar la necesidad del presupuesto de trabajo de campo para la formación de antropólogos, ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, situación con la que la organización no está de acuerdo, porque además, revelan, la queja es improcedente.
