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Manifiesto Contra las Nuevas Mentiras de ABC Color y A Favor de la Libertad de Expresión
Ante las últimas publicaciones de ABC Color que denuncian intentos de acallar a la prensa empresarial por parte del gobierno de Lugo y de grupos afines que organizan la campaña ABC Miente (ver tapa y primeras páginas de las ediciones impresas del 19 y 20 de abril); como ciudadanos y ciudadanas preocupados/as por la construcción de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en Paraguay, nos vemos obligados a manifestar cuanto sigue:
- Que la Campaña “ABC Miente” fue iniciada a finales del 2009 por personas y grupos espontáneamente articulados, autoconvocados por el deseo de cuestionar las mentiras, difamaciones y calumnias que el medio profiere día a día, no particularmente contra el gobierno de Lugo, sino contra cualquier organización social o persona que piense y/o se manifieste contradiciendo a su línea editorial.
Esta campaña fue y sigue siendo totalmente abierta, sin límites organizacionales restringidos, ya que se constituye a partir de acciones que libremente se realizan desde distintos grupos, muchas veces sin conexión de unos con otros (acciones tales como la creación de un blog, la confección de remeras, calcomanías, afiches, graffiteadas, y la adhesión masiva vía facebook, orkut, twitter y otras redes sociales). Esta iniciativa fue vista como un paso para despertar el debate sobre la comunicación y los medios en nuestra sociedad y su fundamental relación con la democracia.
ABC Miente, tergiversa, manipula, engaña, muestra medias verdades, pero también lo hacen todos los demás medios empresariales cuando entran en juego sus intereses económicos y políticos. La manera en que lo vino haciendo ABC Color, sin embargo, es quizás la más perjudicial de todas, por el enorme poder económico que está detrás de dicho diario y por la capacidad que tiene de marcar agenda no sólo en los demás medios, sino en las instituciones públicas y la sociedad en general.
- Que las así llamadas investigaciones de Mabel Rehnfeldt, Nancy Espínola y otros deberían ser un motivo más de descrédito para el medio y para las personas que se prestan a este tipo de de prácticas aberrantes, por ser contrarias al ejercicio responsable del oficio periodístico.
Primero, porque se basan en fuentes probadamente falsas, y ni siquiera se puede presumir que lo hayan hecho de buena fe ya que el documento que sostiene la idea de que el gobierno financia la campaña es un archivo electrónico con el nombre (no la firma) de una persona que desconocía la existencia de la campaña. Alegan, además, que la información se filtró por medio de un funcionario al que no se menciona “por no perjudicarlo”.
Segundo, porque no dan absolutamente ninguna prueba de que se haya cometido delito alguno. No se han encontrado rastros de un solo documento legal que vincule al gobierno con fondos públicos para la campaña y sin embargo se ha tratado el caso como una prueba de malversación del dinero del Estado.
Tercero, porque, al más puro estilo de los pyragues stronistas, han perseguido a dos jóvenes que mandaban a hacer remeras en una serigrafía y las vendían al público a 30.000 guaraníes (después de un largo regateo lo único que han conseguido es comprarlas a 25.000Gs.), sin llegar a probar absolutamente nada que los vincule con la utilización ilegal de fondos públicos. Por la manera de montar la noticia, como si se tratara de un episodio de tráfico de órganos, las personas afectadas por las publicaciones han tenido problemas laborales, familiares y sociales pues en el imaginario de muchas personas quedó la sospecha de que están involucradas en hechos delictivos. Este es el poder que denunciamos tienen los medios y que sólo puede ser contrarrestado por una ciudadanía crítica. El poder de destruir vidas, de ensuciar a quienes discrepan, de crear discordia, de corroer las relaciones sociales y de hacer cada vez menos viable una auténtica democracia.
- Que la crítica o el simple llamamiento a la reflexión sobre lo que dice un medio no puede, bajo ningún punto de vista, ser considerado una pretensión autoritaria, venga de donde venga. Por tanto, no hay elemento alguno para decir que con esta campaña se quiere acallar a los medios empresariales de comunicación.
Nos preocupa esta actitud intolerante, autoritaria y corporativista de los medios, no sólo de ABC, sino de todos los medios y entidades que, lejos de practicar la tolerancia y responsabilidad que exigen a los demás sectores sociales, se han sumado a la criminalización de una Campaña ciudadana cuyo único “delito” es hacer uso del mismo derecho a la crítica y a la libre expresión que estos medios dicen defender.
¿Dónde están finalmente el autoritarismo, la intolerancia y la hipocresía?
1. Belén Cantero, CI: 4.365.684
2. Eduardo Arce
3. Mario Casartelli, CI: 423054
4. José Carlos Rodríguez, psicólogo y sociólogo, 283.972
5. José Luis Caravias, sj, C.I. 504.787 (Muchas de sus noticias demuestran desprecio por el pueblo paraguayo porque malversa o sataniza cualquier acción que venga de él)
6. Andrea Morínigo, CI: 3.506.249
7. Osvaldo Zayas, CI: 3.726.012
8. José Tomás Sánchez , CI: 1.388.838
9. Alejandra Torrents, estudiante, CI: 3.203.592
10. Diego Segovia, sociólogo, CI: 2.026.081
11. María López, CI: 3.521.358
12. Antonio González Arce, fundador y ex presidente del movimiento nacional de víctimas de la dictadura stronista, CI: 497.272
13. Francisco de Paula Oliva; jesuita, comunicador, exiliado de la dictadura, C.I. 498.359
14. Carlos Javier Morales, DNI: 26195631
15. Noelia Ferreira, CI: 5938967
16. Paz Ruiz, CI: 2.927.997
17. Soledad Ayala, diseñadora audivisual, C.I. 1.782.363
18. Carlos Pérez Cáceres, periodista y dirigente sindical del SPP, activista de derechos humanos con el Grupo Memoria; editor del cuadernillo Dictadura y Memoria. C.I. 3.006.123
19. Magali Casartelli, 3.396592
20. Jorge González, 3.217.776
21. Alejandra Gómez, CI: 4.435.879
22. Emilio Sanabria, estudiante, 2.507.406
23. Juan Manuel Sanabria, 2.507.405
24. Cindy Meza Arce, 2.505.102
25. Carlos Portillo Guillén, 3.204.603
26. Cristian Silva, 5.243.298
27. Diana Viveros, 3.505.012
28. Marielle Palau, 603.603
29. Alberto Brítez, CI: 3.611.472
30. Liz Haedo, CI: 4.676.388
31. Leticia Galeano, CI: 4.424.301
32. Maria José Durán. 2.513.019
33. María Pereira, 4.032.268
34. Mirta Moragas, 1.737.317
35. Ana Portillo, 2.269.063
36. Raúl Lezcano, 2.405.712
37. Elena Martínez, 2.844.544
38. Camilo Caballero Ocariz, C.I (Ciudadano Indignado) Num 3634591.
39. María José Quevedo, 2.389.098
40. Xavier Lezcano, 3.556.668
41. Guillermo Maldonado, CI: 1.698.229
42. David Ayala, 3.822.888
43. Ana Galeano, 3.209.289
44. Luis Rojas, economista, CI 2447163
45. Jaquelina Ortega, Trabajadora Social, 3.590.038