Propuestas ante la devolución de EMCALI y otros temas

[Alvaro Sepúlveda Franco]

Amigos y amigas de la Mesa Comunicación del Pacifico

Se ha presentado recientemente una polémica en la ciudad, a propósito
del otorgamiento a la Fundación Carvajal, por parte del municipio de
Cali, de un contrato para el manejo de residuos sólidos y el
tratamiento de otros problemas ambientales. No albergamos la menor
duda acerca de la eficiencia de dicha fundación para adelantar este
tipo de intervenciones, ni de su amplia trayectoria en favor de las
comunidades más necesitadas de esta región del país; por el contrario,
su presencia en el Distrito de Aguablanca, para no ir más lejos, data
de varios años atrás y ha dejado huellas innegables en materia de
beneficios de distinta naturaleza para su población y aún para su
entorno urbano. No será este, entonces, el énfasis de la actual
discusión.

Tampoco pareciera acertado abordar el debate a partir de las posibles
irregularidades en que pudo haber incurrido el Municipio en el
otorgamiento de este y de otros contratos, por cuanto podría
argumentarse, en contrario, que la señora María Eugenia Carvajal,
esposa del actual alcalde y por ende generadora de los
cuestionamientos, no hace parte de la Junta Directiva de Carvajal ni
de su fundación, por lo que no se establecería aquí ningún tipo de
incompatibilidad en derecho.

El asunto, sin embargo, va más allá de las opiniones en torno a la
capacidad de la Fundación Carvajal y de las posibles violaciones
legales y reglamentarias, y se adentra en el terreno de la ética
ciudadana y en el deber que atañe a quienes gobiernan, en el sentido
de que, como en la vieja expresión, no sólo han de tener probidad sino
también aparentarla. Y esto último no ocurre en este caso por cuanto,
como ya se sabe, la señora mencionada es una de las accionistas de
Carvajal S.A., empresa a su vez propietaria de la fundación que lleva
el mismo nombre. Por su parte el alcalde Guerrero ocupó personalmente,
durante varios años, la dirección de esta fundación, que dicho sea de
paso muestra un largo récord en este tipo de vínculos contractuales
con el municipio de Cali, entre ellos el más cuestionado, su
interventoría sobre el tristemente célebre contrato de interventoría
sobre el nefasto proceso de cobertura educativa tan publicitado en
Cali, como que por su ejecución viciada y fraudulenta hay dos (2)
concejales presos y un Pliego de Cargos en la Contraloría General de
la república contra la Fundación Carvajal, proceso cuya lentitud en
los resultados respecto de esta última no deja de llamar la atención.

Se trata, entonces, de los límites éticos que debe auto imponerse el
mandatario o que, mejor aún, debe exigirle la opinión pública: resulta
lógico pensar que si la esposa de alguien es accionista de una empresa
que a través de su satélite contrata con el municipio que ese alguien
regenta en calidad de alcalde; y que si el mismo gobernante, a su vez,
ha estado al frente de la misma entidad contratista, se constituye así
una monstruosa, inadmisible e inocultable incompatibilidad moral que,
en cualquier democracia real, sería causal de mala conducta ética y
obligaría al gobernante a dejar el cargo púbico, sin entrar en mayores
disquisiciones sobre la legalidad o ilegalidad de los actos
cuestionados. Guardando las debidas proporciones, se trata de
conductas similares, en cuanto a sus consecuencias y métodos de
acción, a las de la familia Uribe Vélez en el sonado caso de los
terrenos de Mosquera, operación que sin apariencia de ilegalidad sólo
fue posible, sin embargo, por la presencia de uno de sus miembros en
la Presidencia de la República; o las patrañas con viso de legalidad
utilizadas por el convicto Arias, quien como ministro de Agricultura
otorgó a los ricos del campo dineros oficiales a manos llenas, so
pretexto del desarrollo agrícola del país. Es este, a nuestro modo de
ver, el verdadero filo de la cuestión, ya que de otra manera no sería
posible establecer límites a la acción del Estado y de quienes lo
dirigen, en tanto que siempre habrá, ya lo sabemos, subterfugios
“legales” para evadir la responsabilidad por sus actos. Ahí está, para
no ir más lejos, el aberrante caso del “Honorable Magistrado” del
Corte Constitucional Carlos Alberto Rojas. quien a pesar del escándalo
suscitado en su contra por hechos comprobados, se posesionó
tranquilamente en su alta investidura, llevado en la mano más de cien
millones hurtados a una ciudadana humilde.

Por informaciones recibidas de la Veeduría de movilidad, cuyos
documentos e información estamos verificando, el Municipio de Cali y
la Secretaria de Deporte han celebrado contratos por cuantía superior
a los veinte mil millones con la Corporación para la Recreación
Popular, con la clara intención de eludir la licitación pública y los
principios de transparencia, igualdad de oportunidades y publicidad
que ordenan las normas de contratación, se trata de la construcción de
varios escenarios deportivos para los Word Games, el contrato de la
ciclovía, el contrato de la vigilancia y la administración del
bulevard de la Avda Colombia y la plazoleta de la caleñidad, en todos
estos casos la CRP ha subcontratado con otras firmas porque entre
otras cosas no son actividades propias de su objeto social, pero que
es lo extraño en este caso: Que el Señor Alcalde Guerrero y la
Secretaria de Deportes Clara Luz Roldan son los dos miembros
principales de esa Corporación, el Señor Nelson Garcés Vernaza (“El
Vicealcalde”) y el Señor Juan Fernando Reyes Kury (hasta hace poco
secretario privado) son los suplentes. Habrá inhabilidad o
incompatibilidad, será legal o será ético contratar en la modalidad de
Yo con Yo? Serán los organismos de control los que tienen la última
palabra.

Por lo demás, el episodio del municipio de Cali y sus avenencias con
la Fundación Carvajal nos plantea otra discusión, aún más relevante
desde el punto de vista político: es la marcada tendencia de la actual
administración a suscribir este tipo de contratos, buena parte de
ellos en modo de convenios interadministrativos, casi exclusivamente
con fundaciones de reconocida presencia de grandes capitales de
empresas de la región, creadas fundamentalmente para obtener ventajas
tributarias

De esta suerte, se ha establecido una modalidad de neo corporativismo
reaccionario y clasista, ya que en tal ejercicio estrecho y
direccionado de los recursos públicos para intervenciones sociales se
deja por fuera al amplio y variado abanico de asociaciones y
organizaciones populares, que suelen presentar propuestas sin la menor
probabilidad de éxito por cuenta de esta excluyente gestión municipal.
Y, peor aún: cerrando definitivamente el círculo de la contratación
exclusiva con los poderosos conglomerados, este gobierno municipal
impuso la restrictiva costumbre de no otorgar anticipos para la
ejecución de los proyectos sociales, decisión que como se comprenderá
solo favorece a los monopolios, únicos con músculo financiero
suficiente para ejecutar gastos con sus propios recursos.

De donde surge, necesariamente, la pregunta de fondo, igualmente
política: ¿dónde está la opinión pública, la sociedad civil caleña,
que tolera esta marcha de las cosas? ¿Cuándo surgirá aquí la oleada de
indignación ciudadana que, como en el Brasil y otras latitudes,
obligue a los gobiernos a dar marcha atrás en las políticas
antipopulares? Para mañana martes, por ejemplo, está prevista la tan
anhelada como aplazada devolución de Emcali al municipio; ¿no será
este un buen momento para que reconocidas personalidades del control
social caleño, como Juan Manuel Garcés, Luz Betty Jiménez y Pablo
Borrero, Ramiro Varela, Claudio Borrero, Patricia Molina para no ir
más lejos, iniciemos una veeduría especializada y de fondo sobre la
transferencia pero también, y principalmente, sobre el futuro
desempeño de la empresa pública?.

La Escuela Ciudadana, organización de la sociedad civil cuyas
ejecutorias y logros han obtenido amplio reconocimiento púbico, pone a
disposición de esta necesaria tarea toda su capacidad de trabajo, su
experiencia y aún sus instalaciones para adelantar acciones de control
ciudadano, de control social, de veeduría ciudadana y propone además
que organicemos una movilización de indignados por lo que está
sucediendo en nuestra querida ciudad de Cali.
Por mucho menos se están movilizando los brasileños en la nueva
primavera latinoamericana.

Invitamos también a la Academia, a veces tan distantes de esos temas
ciudadanos y comunitarios para que se vinculen con sus aportes y
saberes.

Amigos y amigas de la red mesa comunicación pacífico, ustedes tienen la palabra.