http://www.alertadigital.com/2016/03/16/las-agresiones-a-medicos-
continuan-creciendo-en-espana-un-ano-mas/
Las agresiones a los médicos, tanto de la sanidad pública como de la
privada, aumentaron en 2015 un 4,94 por ciento respecto al año anterior,
según datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica
Colegial (OMC), publicados con motivo de la celebración del Día Nacional
contra las agresiones a los profesionales sanitarios.
En concreto, el año pasado se produjeron 361 agresiones, frente a las 344
de 2014, siendo Madrid (77), Andalucía (66), Valencia (55), Cataluña
(44), Extremadura (24), Castilla-La Mancha (16), Asturias (14), Castilla
y León (13) y Cantabria (10), las comunidades en las que los colegios de
médicos han notificado más casos de agresiones.
Por el contrario, País Vasco (1), Ceuta (1), Aragón (3), Galicia (4), La
Rioja (4), Baleares (5), Canarias (6), Navarra (6), Melilla (8) y Murcia
(9), han sido las regiones en las que menos casos se han producido.
«Cuando ocurren estas cosas se deteriora el servicio que se presta a los
ciudadanos. Por ello, es necesario aumentar la concienciación de los
profesionales, ya que sólo así podremos acabar con esta lacra», ha
aseverado el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín.
Ahora bien, si se analiza la incidencia de agresiones, el informe del
Observatorio ha mostrado que en el año 2015 se produjeron unas 1,5
agresiones por cada 1.000 colegiados. No obstante, en algunas comunidades
el número de casos se situó por encima de la media como, por ejemplo,
Melilla (28,47), Extremadura (4,50), Ceuta (3,09), Cantabria (2,92), La
Rioja (2,54), Asturias (2,29), Comunidad Valenciana (2,10), Castilla-La
Mancha (1,87), Madrid (1,84), Andalucía (1,76) y Navarra (1,53).
Estas agresiones se producen tanto en hombres (49,6%) como en mujeres
(50,4%), aunque en la franja de edad de los 46 y 55 años son los varones
los que más las sufren, mientras que en el resto de edades no hay apenas
diferencias. En lo que sí se han observado diferencias es en el lugar en
el que los profesionales médicos ejercen su trabajo, sufriendo más
lesiones físicas (55%) o psíquicas (45%) los que trabajan en la sanidad
pública (312), que los que lo hacen en la sanidad privada (49).
Todas ellas suelen ocurrir en las consultas de Atención Primaria (50%),
seguidas de las hospitalarias, las Urgencias de Atención Primaria y los
servicios de Urgencias de los Hospitales. En este punto, el secretario
general de la OMC, Juan Manuel Garrote, ha informado de que los agresores
suelen ser pacientes que tenían una cita programada (39%), familiares (31%
) y enfermos sin cita previa (27%).
Atención y tiempo de espera
Los motivos que llevan a la agresión son por discrepancias con la
atención que le están prestando (36%), discrepancias personales (15%), el
tiempo en ser atendido (14%), no recetar lo que ellos mismos consideran
conveniente (11%), recibir informes no acordes a sus exigencias (5%), mal
funcionamiento del centro (4%) y motivos relacionados con la incapacidad
temporal (3%).
Ante esto, Rodríguez Sendín ha avisado de que los recortes están haciendo
«mella» en la relación entre el médico y el paciente, lo que, a su
juicio, puede explicar el aumento de los casos de violencia hacia estos
profesionales. Por ello, el presidente de la OMC ha instado a las
autoridades a trabajar en ese sentido, a que «no oculten» las agresiones
que se producen en las consultas médicas y a que colaboren activamente
con los colegios de médicos para evitar que se produzcan más casos.
«Si a un paciente se le dice que tiene que esperar cuatro o cinco meses
en recibir un diagnóstico se puede enfadar y esto es porque hay falta de
personal y porque el que hay no tiene tiempo suficiente para atender a
todos los pacientes. No podemos consentir más casos de esta minoría de
salvajes y por eso las autoridades sanitarias y judiciales deben
intervenir», ha apostillado.
De hecho, durante el año pasado se produjeron 64 sentencias, de las
cuales el 41 por ciento (48) fueron condenatorias, el 22 por ciento (14)
absolutorias y en el 3 por ciento (2) de los casos se llegó a un acuerdo.
En concreto, de las sentencias condenatorias, 18 fueron como delito de
atentado contra la autoridad, 29 delitos leves, 5 delitos graves y el
resto fueron faltas por lesiones, amenazas, maltrato o falta de orden
público.
De todas ellas, en 16 se impuso una pena de prisión, 17 conllevaron
privación y derecho de inhabilitación, 8 medidas de seguridad y 37 multas
con una cuantía «insignificante». «Se trata de un número importante
porque demuestra que las denuncias que llegan a los colegios de médicos
tienen motivos suficientes como para ir a un juicio y ganarlo», ha
señalado Garrote.
Ejemplo de ello es el testimonio del doctor del servicio de Urgencias del
Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), Fernando Paul, quien ha
explicado que fue agredido por el padre de un paciente cuando fue a darle
la baja que el propio enfermo había solicitado y de la que, al parecer,
el progenitor no estaba de acuerdo.
«Me dio un puñetazo por la espalda. En ese momento me sentí mal por una
agresión cobarde, sin previo aviso. Psicológicamente me quedé mal porque
no lo entendí y fue una situación de desesperación. Lo denuncié y le
condenaron a seis meses de prisión y una orden de alejamiento. Se trata
de unos hechos que crean inseguridades y que, además, perjudican la
calidad asistencial. No queremos mandar a alguien a la cárcel con estas
denuncias, pero sí evitar que se acuda a la calle a decir que para que te
hagan caso hay que insultar, agredir o pegar, porque no es así», ha
aseverado Paul.
«Stop agresiones»
Por todo ello, la OMC ha publicado un manifiesto en el que, con el lema
«Ante las agresiones a sanitarios, tolerancia cero», se pide reforzar las
medidas preventivas para proteger a los profesionales sanitarios, y con
ellos al conjunto del sistema sanitario, con un tratamiento
multidisciplinar del problema.
Además, según ha informado el vicepresidente de la OMC, Serafín Romero,
se insta a las administraciones públicas a que expresen su «claro
compromiso» para erradicar este problema; a que añadan a las campañas de
violencia de género actividades de concienciación sobre las agresiones a
sanitarios; a que establezcan programas de formación en las competencias
profesionales para afrontar situaciones difíciles; y a que el Ministerio
de Sanidad active el grupo de trabajo para luchar contra las agresiones y
lo lleve a la agenda política del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
Del mismo modo, la OMC ha solicitado que las agresiones a sanitarios sean
tratadas como violencia social, contemplando que el delito contra la
autoridad en el ámbito público y privado tenga la «misma consideración
jurídica»; que se unifique la tipificación judicial para que las
agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las
comunidades; que se avance en procedimientos judiciales rápidos,
expeditivos y ejemplarizantes; se incrementen los acuerdos con las
administraciones sanitarias y las fiscalías; y se realice un llamamiento
global a todos los intervinientes para que tomen las medidas necesarias
de protección a los profesionales y, con ellos, «al conjunto» del sistema
sanitario.
«El delito de atentado está consolidado ya en el código penal, pero sólo
al que se refiere al profesional médico que ejerce su trabajo en la
sanidad pública. No obstante, hay que seguir trabajando porque, tal y
como han demostrado los datos, se sigue vejando, amenazando e insultando
con profusión a nuestros médicos», ha zanjado el coordinador del
Observatorio de Agresiones de la OMC, José Alberto Becerra.