No hablaremos hoy sobre la esquizofrenia de una masa de aficionados
independentistas del País Vasco y Cataluña que recorrerán cientos de
kilómetros y pagarán en algunos casos hasta 300 euros para presenciar la
final de la competición española por excelencia. Tampoco sobre la
imbecilidad del presidente azulgrana al defender el derecho de los
aficionados vascos y catalanes a expresarse con libertad. ¿Hubiese defendido
el cretino el mismo derecho de quien acudiese a un estadio catalán para
insultar a Cataluña haciendo uso de esa misma libertad expresiva?
Tampoco ganaríamos nada repitiéndoles la opinión que al diputado vasco
Erkoreka le merece la pitada al himno de España prevista el próximo viernes.
“Con Franco no podíamos pitar”. No, claro está, a Franco preferían darle la
insignia de oro y brillantes del club, que es lo que hizo la directiva del
Athletic de Bilbao de 19 de mayo de 1959, justo en víspera de una final
copera. Tampoco analizaremos las razones de que la expresión: “Con Franco no
pasaban estas cosas” haya recobrado de súbito plena vigencia en el ánimo
colectivo. Ni de ningún modo escribiremos sobre Oriol Pujol, a cuyo padre
libró de un exilio seguro hace 31 años, o de algo peor aún, quien da nombre
a la Copa, cosa por otra parte que hubiesen lamentado muy pocos lectores de
este diario.
No, el mal que hay que atacar no son los miles de cafres que pitarán al
himno español en las gradas del Calderón, sino el veneno incubado por los
nacionalismos vasco y catalán en miles de personas, a través de la vía
intravenosa de la Constitución de 1978. Su odio a España es enfermizo, más
grande que su amor al pueblo vasco o al pueblo catalán.
La responsabilidad de los incidentes que tendrán lugar el viernes en el
estadio Vicente Calderón no será de la masa voncinglera y adoctrinada, sino
del Sistema mismo que permite tales cosas. Serían muchos los españoles que
apoyarían la adopción de drásticas medidas encaminadas a vernos libres de
las autonomías, a vernos libres de la opresión de los nacionalistas, de la
desigualdad jurídica entre los españoles, de las injustas reglas de reparto
electoral y de todas esas actitudes banderizas que rozarían la sedición en
cualquier nación con voluntad de seguir siéndolo.
Desde 1978, algunos presidentes y gobiernos autonómicos han ido construyendo
sus identidades antiespañolas sobre anacrónicas confrontaciones, falsos
mitos y supuestos derechos nacionales históricos. Aulas, medios de
comunicación y equipos deportivos son sus elementos de legitimación y
propaganda. Completados los estatutos de autonomía, no han dudado en
inventar nuevas necesidades para inventar la necesidad de reformas
estatutarias.
La traición a la confianza de todo el pueblo español se concreta usando
fraudulentamente competencias autonómicas para satanizar al Estado en la
escasa presencia que va teniendo, y atacando su raíz: la esencia nacional
del pueblo soberano que lo legitima. No vacilan en utilizar un problema de
gestión para pedir la independencia ni en adherir sus sentimientos de
pertenencia a España en la recepción o no de más dinero. Como fulanas. O
peor aún.
Mientras, nacionalistas supuestamente moderados se van radicalizando al
tiempo que el Estado se debilita. ¿Y qué hacen los dos partidos nacionales
mayoritarios? Ceden competencias del Gobierno central a cambio de que los
nacionalistas les garanticen estabilidad a sus gobiernos centrales. La ley
sirve a los nacionalistas. Una ley electoral obsoleta y nociva convierte a
minorías nacionalistas y a sus reyes de taifas en bisagras de la estabilidad
del gobierno de una España a la que quieren destruir, unido a una
Constitución que, por ambigua en el reparto, posibilita el mercadeo de
competencias a cambio de sillones políticos: la falta de mayorías
cualificadas para decidir sobre cuestiones angulares; la ausencia de listas
abiertas y, sobre todo, una falta de estadistas dirigentes que cierren filas
en el interés de todos.
Si tuviésemos estadistas y no políticos tan mediocres y corrompidos
considerarían imperioso limitar el poder de las autonomías donde se pueda
deteriorar el principio de unidad. Dichos límites derivan del interés
general, la igualdad en las condiciones de vida, la unidad de mercado y el
principio de solidaridad, que implica lealtad de los entes territoriales
menores a un sistema superior que les trasciende y origina.
A cambio de arruinar las arcas públicas, el Estado autonómico sólo ha
servido para avivar rencores históricos y mantener estructuras
administrativas costosas e inútiles. El pueblo español ha mostrado gran
valor en la defensa de la libertad y el imperio de la ley. Las Cortes del
antiguo Reino de León son de las primeras de las que se tiene noticia en
Europa; Bilbao lo selló con sangre en su Sitio y Málaga lo blasona en su
escudo (“la primera en el peligro de la libertad”) tanto como San Sebastián.
Por estos valores, nuestras escuelas filosóficas, teológicas, juríicas y
económicas del siglo XVI y pensadores como Fray Bartolomé de las Casas son
reconocidos y valorados internacionalmente. Escuelas cuyos tratados
humanísticos pusieron el acento siempre en el hecho de que cada individuo es
el portador de derechos, obligaciones y libertades.
Aunque los nacionalistas quieren que pensemos en España como un ente
imaginario sin historia ni base nacional común, nuestro patrimonio político
no tiene igual en Europa: nueve textos constitucionales o asimilados durante
los últimos 200 años; una tradición fuerista de las España medieval y
renacentista, y una milenaria herencia codificadora iniciada en la España
hispano-visigoda del siglo VI, cuyos principios de legalidad, seguridad
jurífica e igualdad ante la ley que, aunque hoy rudimentarios e incompletos,
se adelantaron 12 siglos a las revoluciones francesa y estadounidense.
Pese a nuestra tradición, este Estado está cada día más debilitado. El
estadio colchonero pondrá al descubierto la llaga purulenta que RTVE no
podrá camuflar. Ni los partidos tradicionales pueden ya ejercer el
magisterio moral de mantener España unida; ni este Estado es garantía de
nuestra soberanía nacional; ni la Corona es ya símbolo vertebrador ni
garantía de nuestra unidad; ni la Constitución de 1978 sirve ya a otros
objetivos que a consolidar un sistema de leyes electorales que fragmentan y
dividen a los españoles. No hay que tener miedo a rebasar este Estado, esta
Constitución y a estos representantes políticos que responden al desafío de
los nacionalistas prohibiendo una manifestación patriótica convocada en
Madrid para el mismo día de la final de Copa.
Nuestro sistema político ha provocado la fragmentación y la diezma del
concepto unitario de nuestra nación. Y lo peor es que carece de respuestas
para preservar nuestro legado común y la pervivencia de nuestra comunidad
nacional incluso con la razón de la fuerza si nuestro compromiso con la
Historia lo hiciera necesario.
Fuente:
http://www.alertadigital.com