203 - Movilización indígena criminalizada por el gobierno

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Periódico El Turbión

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Oct 21, 2008, 8:44:25 PM10/21/08
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Número 203 - octubre 21 de 2008

Movimientos sociales

Movilización indígena criminalizada por el gobierno

Indígenas que se han movilizado de forma pacífica por todo el país, han recibido por respuesta del gobierno violencia, muerte y la criminalización de la protesta que llevan a cabo desde hace una semana. La Gran Minga Nacional por la Dignidad, Protección y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia tiene como objeto protestar por los abusos que, de forma sistemática, se han realizado en contra de las diferentes naciones y pueblos indígenas desde la conquista hasta nuestros días. [Leer más]

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La Minga indígena y popular continúa, ahora marchando hasta Cali

Por Luz Edith Cometa L.

El pasado 12 de octubre inició la Minga nacional de resistencia indígena y popular, y dentro de alla la movilización de los pueblos indígenas del Cauca, hecho con el cual conmemoraban los 516 años de resistencia y lucha por su vida y sus derechos tras la llegada de los españoles, quienes les quitaron sus tierras, su cultura y su autonomía. Las razones de la movilización, que hoy continúa, son las mismas que tuvieron los indígenas masacrados en 1991 en la hacienda El Nilo, cuando, por un engaño del gobierno, se dispusieron a esperar a una comisión de altos funcionarios que llegaría al día siguiente para hacerles entrega de esas tierras. Sin embargo, en la madrugada, cuando mujeres, niños y hombres indígenas soñaban tranquilos sobre un terruño que iba a ser suyo, llegaron hombres protegidos por la Fuerza Pública y los mataron sin discriminar sexo o edad. Fueron 21 las víctimas de ese entonces. [Leer más]

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Movilización indígena en todo el país

Por: Simone Bruno*

El castillo construido sobre una burbuja de popularidad del presidente Uribe parece empezar a caerse. Nunca, en los 6 años que lleva el mandatario en la presidencia, se había registrado esta magnitud de protestas ni en duración, ni en intensidad, ni en participación. La figura presidencial, construida sobre una retórica beligerante, ha escondido los temas sociales detrás del 'sacrificio para ganar la guerra contra los terroristas'. Pero ahora los problemas de la vida real de los colombianos están explotando, agravados por una crisis económica que golpea muy duro al país.[Leer más]

 

Opinión

Perspectivas y retos

Por: Juan Diego García

Los acontecimientos electorales de los últimos días en Latinoamérica abren nuevas perspectivas a los movimientos sociales en ascenso y dan mayores márgenes de acción a los gobiernos de progreso en la región. [Leer más]

 

Regiones

Nariño - Falsos positivos, pan de cada día

Dos sucesos han puesto en evidencia un hecho que es verdad a voces en corregimientos, municipios y demás rincones del país. Quizás el de mayor trascendencia sea la desaparición de 19 jóvenes en el sur de Bogotá, quienes posteriormente fueron registrados como muertos en combate en el Norte de Santander y depositados en una fosa común de Ocaña, acontecimiento que los medios de comunicación de los monopolios hicieron ver como un caso de reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, ante las evidencias que los muestran como muertos en combate por parte de las fuerzas militares, se desataron muchos cuestionamientos que evidencian una grave situación sobre la cual existen varios pronunciamientos por parte de organismos internacionales de derechos humanos: las ejecuciones extrajudiciales. [Leer más]

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Expulsada de Colombia investigadora en derechos humanos

Por: Fermín Romero

Christina Friederika Müller, de nacionalidad alemana y que realizaba acompañamiento a organizaciones de derechos humanos, fue victima de privación ilegal de la libertad, incomunicación y explusión del país por siete años por parte del DAS. Christina Müller fue invitada por organizaciones pertenecientes a la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia para efectuar una investigación sobre los impactos de las violaciones a los derechos humanos en algunas regiones del país y su expulsión demuestra que la política del gobierno es impedir la verificación de las violaciones a las garantías fundamentales que han ocurrido durante la presidencia de Álvaro Uribe y de la persecución de la que son objeto las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en estos temas. [Leer más]

 

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