









no, dos, 300, 5 mil, 25 mil… 40 mil y más.
Se dice que son 40 mil mexicanos los que han muerto por causas violentas desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia. Se dice eso, pero es muy posible que ese dato sea equivocado. Al hablar de nuestro gobierno y de nuestros gobiernos pasados de todo se debe desconfiar y de todo, salvo de los muertos, es necesario descreer. De los muertos no se debe descreer: ahí están los cuerpos, ahí están los testimonios de los familiares, ahí está el encono de la ciudadanía, ahí están los discursos gubernamentales y su intento de justificación. Desconfiar, descreer y cuestionar debe ser motto de los mexicanos.
Cuarenta mil muertos son demasiados muertos. La cifra es una monstruosidad. El embrollo tiene demasiadas aristas: los principales son la impunidad y la legalidad de los asesinatos. Otros son la desconfianza en el gobierno, la pésima imagen de México en el extranjero, las mermas económicas, sobre todo en el turismo, la idea de que salvo los familiares de los gobernantes todos somos víctimas potenciales del duopolio representado por la ineficiencia gubernamental y el poder del narcotráfico y, finalmente, la posibilidad de la costumbre. Cuando una sociedad se acostumbra la esperanza se derruye.
Acostumbrarse a la violencia puede ser una enfermedad muy grave. Acostumbrarse al México de Calderón y sus antepasados podría ser una epidemia. Los asesinatos se han convertido en norma, la injusticia en ley, la impunidad en una forma de gobernar y la inoperancia estatal en regla. Esa suma deviene el peor de los escenarios: asesinar es legal. Aunque las cárceles están saturadas, la mayoría de los reos no son asesinos, son presuntos culpables.
El presidente Felipe Calderón no es el único responsable de las 40 mil muertes. En más de una ocasión ha hablado, con razón, de las malas herencias del gobierno previo. Vicente Fox aseveraba lo mismo cuando cavilaba
acerca de su antecesor, Ernesto Zedillo y, si éste no lo hacía de su predecesor era por ignorancia o por asumir la mística del PRI. Y así, de Zedillo para atrás.
Entre otras razones, gracias a su situación económica, y a la posibilidad de acceder a servicios médicos óptimos, hoy cohabitan y viven muchos ex presidentes; además de Fox, y de Zedillo, perviven Carlos Salinas, Miguel De la Madrid y Luis Echeverría, unos en buenas condiciones y otros en regulares. Calderón tiene razón: él no es el único responsable del desmoronamiento y de la destrucción del país. Aupados por la lógica de Calderón y arropados por el lema de Javier Sicilia, ¡Estamos hasta la madre!
, sería opimo y sano sentar a la camada de ex presidentes junto con Calderón para escucharlos, para saber qué piensa el uno del otro, para que emitan un diagnóstico del México contemporáneo y, ¿por qué no?, para conocer su opinión acerca del destino de algunos ex presidentes como los de Egipto, Túnez o del israelí Moshe Katzav, condenado por abuso de autoridad.
Si en México el abuso de la autoridad no tiene límites, ¿por qué no podríamos los mexicanos concebir un mecanismo para contrarrestar ese abuso por medio de un diálogo público de nuestros ex presidentes bajo la tutela de Calderón? Después de todo, la gimnasia presidencial y la responsabilidad de los ex presidentes nunca tendría por qué finalizar. Son varios los ex presidentes depuestos en otros países en espera de ser juzgados. La enfermedad y la epidemia de la violencia en México podría transformarse en remedio, y quizás en cura si emulásemos lo que en otras latitudes sucede. Además de los presuntos culpables, hay culpables reales. ¿Qué opina Carlos Salinas de lo que ahora sucede?, ¿qué dice Fox de Zedillo?, ¿y qué dirían todos acerca de la justicia mexicana con respecto al caso Luis Echeverría?
Cuarenta mil mexicanos han sido asesinados por el desgobierno en lo que va del último sexenio. Muchos decapitados, otros colgados, buena parte, torturados. La monstruosidad de los asesinatos prosigue porque no se ejerce justicia. ¿Cuántos asesinos están tras las rejas? La incompetencia gubernamental es vasta. Carece de límites. Cuarenta mil muertos dan cuenta del fracaso de la ley. Cuarenta mil cadáveres en espera de respuesta retratan bien al gobierno mexicano.
Lo peor que le puede suceder a la sociedad es acostumbrarse. La marcha recién finalizada es un respiro y un antídoto contra la enfermedad de la costumbre. Uno, veinte. 10 mil, 40 mil. Nadie, en su sano juicio, pensó en que después del primer crimen se podrían acumular tantos cadáveres.
stuve en el Zócalo este domingo 8 de mayo, horas antes de que llegara la caravana encabezada por Javier Sicilia. Desde las dos treinta, con el sol a plomo, escuché los estrujantes testimonios de decenas de personas que, además de haber padecido violencia o pérdidas familiares, sufrieron la corrupción e impunidad de las autoridades; varias veces los ojos se me enrojecieron y la garganta se me apretaba por el llanto contenido. Son testimonios de un país fracturado: ¿cómo es posible haber llegado a esto?
, se preguntaba un atormentado padre del estado de Guerrero, que aún busca a su hija desaparecida y que airadamente reprocha el autismo de una clase política aclimatada en el confort de sus privilegios. La gente estaba muy enojada, miles de gargantas coreaban mezclando con despecho entre: fuera
y muera
Calderón. La dolorosa pérdida de Javier Sicilia es, al mismo tiempo, la experiencia de miles de familias desgarradas que han llorado pérdidas y han cargado con un país torcido. Las víctimas no son sólo aquellos que de manera directa han padecido la violencia y la zozobra, de alguna manera todos hemos sido heridos por una absurda guerra en un México que ha venido perdiendo el rumbo. Vivimos en una crisis ética sin precedentes en este país; el drama de Javier ha detonado una enorme ola social de indignación y hartazgo que va más allá de la inseguridad y de la violencia que ha invadido nuestro entorno cotidiano. Esta ola puede convertirse en un incontrolable tsunami, siguiendo al antropólogo Roger Bartra, de la implosión a la explosión social. Además de reconstruir tejido social, se necesita un proyecto común, como dice Sicilia, que enderece el rumbo de una nación herida.
Es necesario conservar entereza, evitar enrutarse en diagnósticos alarmistas y entender con serenidad los principales ejes de nuestra actual encrucijada. Javier Sicilia apuntó a los responsables de esta madeja, a los señores
de la política, los del crimen, y añadiría a los señores del dinero y los señores de los medios. El ciudadano común tampoco puede eximirse de su responsabilidad. Sin embargo, estamos ante una evidente pérdida de autoridad moral de los principales actores que conducen y simbolizan el rumbo de la nación: la Presidencia, los gobernadores, los actores legislativos y de justicia, los empresarios, los líderes gremiales, las jerarquías religiosas. Existe un claro desencuentro político. Es notorio el terreno pantanoso entre la regresión y el dudoso desempeño de las instituciones democráticas, como los tribunales, los institutos electorales, de derechos humanos, de transparencia, los partidos, con la emergencia de una cultura de la invisibilidad. Desde la cañería del sistema se pactan acuerdos, la clase política va tasando la realidad por cuotas de poder, repartos voraces y equilibrios imperfectos. Es el reino de los intereses particulares; estamos bajo el imperio de grupos cuyo móvil es el provecho propio. Sólo hay retazos, parcelas e intereses políticos que se definen desde la lógica electoralista y que están llevando a la deconstrucción de la propia democracia. El narco y la violencia florecen porque la sociedad está fracturada.
La relación entre la ética y la política es un debate antiquísimo; se le ha rehuido por ser uno de los temas más espinosos por la falta de consenso sobre los parámetros del debate público. Es un debate filosófico que se antoja fuera del alcance de nuestra clase política, intelectualmente pobre. La idea de crisis debe hacer referencia a la crisis de valores y a las huellas en la historia del pensamiento, es decir, al incesante cuestionamiento de los valores. Caracterizar nuestra dramática circunstancia como una crisis de ética consiste en tomar una posición con respecto al significado que le atribuye a la ética. En su texto La política como vocación, Max Weber aborda la cuestión definiendo dos vectores, por un lado, lo que llamó la ética de la convicción y la otra, ética de la responsabilidad, esto es, las perspectivas en que se asumen las consecuencias de las decisiones y acciones. La ciencia política ha avanzado mucho en el terreno teórico, por lo que las propuestas weberianas son, para muchos, simplistas. Kant se coloca en el extremo, converge a la idea de que toda la actividad humana práctica debe estar sujeta a un máximo de imperativo moral. Hegel rechaza el moralismo político y la subordinación kantiana de la política a la moral, pretende recuperar la construcción histórica de la subjetividad moral moderna, es decir, la ética. Lamentablemente, la clase política mexicana no cubre estos principios básicos ni mucho menos la vocación de la política como servicio. En su pragmatismo extremo, los políticos profesionales han perdido identidad, tradición y memoria. Los partidos se han mimetizado al grado de que los ciudadanos votan más por las cualidades de los candidatos que por las convicciones o tradiciones políticas. Igualmente la responsabilidad social se ha perdido; nadie se hace responsable de nada ni de sus actos. La impunidad impera. Por ello los testimonios del domingo sobre las víctimas están cargadas, con toda razón, de rabia contenida. El movimiento social que encabeza Javier Sicilia es fundamentalmente ético y, por supuesto, es altamente político. Nos invita a recuperar una tradición perdida y un debate más que necesario de la relación entre ética y política, entre la ética de la responsabilidad y la vocación política.
Diciembre de 2006. A pesar de la amenaza de que no tomaría posesión como Presidente, Felipe Calderón protesta a su cargo. Tiene legitimidad democrática, pero se encuentra en una situación políticamente débil. El mandatario viste el uniforme de general de cinco estrellas y ordena el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir a la delincuencia organizada. Manda, así, el mensaje de que sólo hay un Presidente en México al que obedece el Ejército mientras que en las calles hay otro que se ostenta como legítimo. La guerra rápidamente resulta popular por el hartazgo social que hay en materia de inseguridad. Este tema le permite a Calderón sentarse definitivamente en la silla presidencial.
Mayo de 2007. Reforma publica su encuesta trimestral en la que muestra que la tasa de aprobación con la manera de gobernar del Presidente ha subido de 58% de la población mexicana a 65%. De acuerdo al análisis del periódico, dicho aumento se debe a “la guerra declarada al narcotráfico”.
Agosto de 2009. México atraviesa por una de sus peores crisis económicas. De acuerdo con la encuesta de Consulta-Mitofsky, ocho de cada diez mexicanos califica como negativa la situación económica del país: “Es la peor antes de un Informe Presidencial de los últimos nueve años”. Sin embargo, la tasa de aprobación se mantiene en niveles razonablemente altos: 62% de los mexicanos está de acuerdo con la manera de gobernar de Calderón. ¿Por qué, a pesar de la mala situación económica, no baja su popularidad? Primero porque la población percibe que la crisis viene de afuera. Pero, más importante aún, la guerra contra el crimen organizado, que a esas alturas del sexenio es el tema central del Ejecutivo, mantiene los altos niveles de popularidad presidencial. La encuesta demuestra que el combate a la delincuencia es el asunto donde los mexicanos aprueban más la gestión de Calderón.
Abril de 2011. La violencia ha crecido de manera exponencial durante los últimos dos años en México. Las cifras son terroríficas. Este mes ha sido el más violento del sexenio. La prensa reporta alrededor de mil 400 ejecutados. Un promedio de 47 por día, casi dos por hora. Además se descubren fosas clandestinas con decenas de cadáveres en Tamaulipas, Durango y Nuevo León. En Morelos la indignación social crece a raíz del asesinato, a finales de marzo, del hijo del poeta Javier Sicilia. En este contexto, Consulta-Mitofsky levanta su encuesta mensual. La popularidad del Presidente ha caído. Ahora 49% de la población aprueba su gestión y 49% la desaprueba. Para estándares mexicanos es una popularidad presidencial baja y con tendencia a la baja.
Mayo de 2011. Es evidente que la guerra ha dejado de beneficiar políticamente a Calderón. Ahora lo está perjudicando. Así sucede con los esfuerzos bélicos que duran mucho porque tienen objetivos poco claros. Aunque el Presidente ha tratado varias veces, no ha podido posicionar otros asuntos en su agenda. Es tan fuerte y mediático el tema de la guerra que no puede salirse de ella. Los adversarios de Calderónsaben, porque ellos también ven las encuestas, que ahora le está costando. Les toca medrar políticamente con este asunto. Lo han estado esperando durante todo el sexenio. La izquierda más radical (que se la tiene jurada a Calderón desde 2006 cuando le ganó a López Obradortildándolo de “peligro para México”) lo ataca ferozmente con críticas fuera de toda proporción. Para ellos, Calderón es el responsable de la violencia en el país; incluso él mismo es un asesino. En la plaza pública le gritan que se muera. Exigen la renuncia de Genaro García Luna y juicio político al Presidente. Los priistas, mientras tanto, medran con su silencio frente a la confrontación de sus adversarios de la izquierda y derecha.
Es bien sabido que las guerras son espadas de doble filo para los gobernantes. Pueden ser fuentes de grandes beneficios, pero también de grandes costos. Por eso sólo deben combatirse cuando hay un amplio consenso entre la clase política y la sociedad para luego poder repartir los vítores o las culpas entre muchos.
Javier Sicilia comenzó el mitin del domingo pidiendo la renuncia del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, como un “gesto” del gobierno de que atendería las demandas presentadas por las organizaciones sociales que convocaron a esa marcha. Pero Sicilia, interrogado al respecto, no ha podido dar una explicación plausible de la demanda. Y el gobierno federal, por conducto de Alejandro Poiré, respaldó sin dudas a García Luna.
Es muy comprensible por que pidió Sicilia la salida de García Luna: hemos insistido en que ese movimiento, legítimo, es parte de una movilización política que poco tiene que ver con la agenda de seguridad. No hay una condena a los grupos de delincuentes que han dejado miles de víctimas, sino que, además, no existen en su agenda puntos específicos relacionados con la seguridad, salvo, nada más y nada menos, que el retiro del Ejército de esas labores y la salida del secretario de Seguridad Pública. Si se quiere dejar a la sociedad desarmada contra la delincuencia, son exactamente las dos medidas que se deberían tomar.
La salida del Ejército y de la Marina de las labores de seguridad está descartada, además de que la enorme mayoría de la población, con índices superiores a 70%, apoya la participación militar en ese ámbito. Precisamente será el crecimiento y la consolidación de la Policía Federal la que permitirá el retiro paulatino de los militares de las tareas de seguridad. Y en eso se ha hecho una labor notable: la Policía Federal, que tenía unos pocos miles de elementos y muy poca estructura orgánica al inicio del sexenio, hoy cuenta con más de 36 mil efectivos, es una policía moderna, con instalaciones y equipos de nueva generación; se ha construido una base de datos formidable a través de Plataforma México; se han consolidado las áreas especializadas, desde las de inteligencia hasta la policía científica. Esa misma policía ha generado todo tipo de golpes a las organizaciones criminales.
Y es la salida del Ejército y de la Policía Federal lo que piden los grupos impulsados por las organizaciones criminales en diversos estados de la República, sobre todo en Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán, donde ese movimiento fue evidente con la detención de uno de los ideólogos deLa Familia y, al mismo tiempo, supuesto activista de derechos humanos,Rafael Cedeño. Esa fue también, desde hace años, la estrategia planteada por Osiel Cárdenas para el cártel del Golfo (y que han seguido a pie juntillas, aunque ahora sean enemigas, las dos organizaciones que surgieron de allí: los sucesores directos de Osiel y el cártel de Los Zetas).
Se podrá o no estar de acuerdo con García Luna en términos políticos, pero los avances logrados en la construcción de la Policía Federal han dependido de su tesón y trabajo. No fue una situación circunstancial: en el sexenio pasado, los avances que se dieron en la Agencia Federal de Investigación dependieron directamente del modelo de nueva policía que quería impulsar García Luna. En los hechos, cuando asumió la Secretaría de Seguridad Pública, la AFI, ahora Policía Federal Ministerial, volvió a estancarse. García Luna siempre tuvo claro qué quería hacer con la Policía Federal, hacia dónde debía crecer, cuáles eran los objetivos para un nuevo modelo policial en el país, y trabajó para ello.
Logró que incluso los gobernadores y los partidos aceptaran lo inevitable: la necesidad de una policía centralizada, que tuviera mandos únicos y capacidad de despliegue global.
El mando único federal, que era lo deseable, quedó distribuido, en el papel, en 32 mandos estatales, pero las administraciones locales, incluso después de firmado el acuerdo en la Conago y en el Congreso, han dejado congelada la iniciativa.
Hay quienes dicen que Genaro ha adquirido con ese desempeño mucho poder.
Probablemente es así: la fuerza de una institución depende de que la misma se ejercite, se consolide, trabaje. Pero también es un poder adquirido por el abandono de otros actores: en la misma medida en que la enorme mayoría de los gobiernos locales no modernizan a sus policías, no las homologan, no apuestan por la seguridad ni invierten en ella, el papel, los espacios de la Policía Federal se van ampliando.
Claro que todo tiene un límite y lo cierto es que hoy los policías federales son apenas 8% de todas las fuerzas policiales de los estados y las municipales.
Para el presidente Calderón, la construcción de la Policía Federal es uno de los muy pocos logros institucionales claros de su administración. Y cada día resulta más evidente que García Luna es el hombre de la confianza presidencial en esa área.
¿Qué más quisieran algunos de sus opositores, de cara a 2012, que desembarazarse de García Luna y poner en entredicho, con ello, a la única institución de seguridad que el Estado mexicano ha construido en décadas?
La negociación anual entre el SNTE y la SEP fue un festejo para el grupo dominante en el sindicato. Al igual que en los últimos nueve años, es el que marca la pauta, fija los tiempos y siempre logra más de lo que el gobierno contemplaba dar. Su éxito se debe a que la cúpula del sindicato maneja a la perfección los instrumentos de lo que Luis Rubio y Edna Jaime denominan neocorporativismo: el chantaje y la amenaza (en El acertijo de la legitimidad).
Primero sus acólitos y luego Elba Esther Gordillo misma hacen declaraciones estridentes contra el gobierno, acusan la falta de una política de Estado para la educación y se van a la yugular de los altos funcionarios en turno. Y, como ganan en todo, hasta con la destitución de sus non gratos, como lo fueron Josefina Vázquez Mota y Jorge Santibáñez, siguen cultivando esa estrategia.
Esa camarilla le tomó la medida a los gobiernos del PAN. El del presidente Calderón no reacciona ni en defensa propia. En vez de reclamar por la falta de seriedad de la señora Gordillo, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, la elogia y se congratula por una negociación benéfica y exitosa gracias a la Alianza por la Calidad de la Educación.
Elba Esther Gordillo, un día impulsa a la ACE como la política de Estado que México esperaba (Excélsior, 16 de mayo de 2008) y, después de obtener innumerables beneficios, declara que ni los gobiernos priistas ni los panistas se preocupan por la educación (ver la nota de Lilian Hernández, en Excélsior del 8 de mayo, donde documenta que el gobierno del presidente Calderón ha transferido al SNTE más de 31 mil millones de pesos en diversas prerrogativas y, de ésas, ni ella ni su grupo rinden cuentas).
La señora Gordillo es experta en jugar con las palabras, en mandar mensajes en códigos escondidos, pero siempre manteniendo la defensa de sus intereses en primer lugar.
Por ejemplo, dos reporteras de la fuente interpretaron en sentido contrario las palabras que aquélla dijo en una entrevista después del Consejo Nacional de SNTE, el miércoles de la semana pasada.
Para Nurit Martínez, Elba Esther Gordillo aseguró que no es hora de que ella deje su posición al frente del SNTE. Todavía no ha llegado el momento, “no estén soñando ¿eh?, no me voy mañana, ¡qué ganas traen..!” (El Universal, 5 de mayo). En cambio, Karina Avilés destacó que la señora Gordillo insinuó que está lista para su relevo en la presidencia del SNTE (La Jornada, 5 de mayo). Pero a fe mía que esas palabras fueron como fuegos de artificio.
El recado amenazante fue para el presidente Calderón, con quien ya rompió lanzas e hizo abortar a la ACE. El enojo de la señora Gordillo con la Secretaría del Trabajo no es por lo que le hizo al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque me atrevo a pensar que sus líderes y miembros le importan un comino. Lo que defiende es que no se les dé toma de nota (y menos reconocimiento) a los dirigentes de secciones disidentes que ganan elecciones, como a Francisco Bravo, de la Sección 9 del SNTE, o a nuevos sindicatos, como el Independiente de Trabajadores de la Educación de México. Eso es lo que la perturba, acaso ella vislumbra nubarrones en el plazo medio.
En contraste con el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien ante la crítica de que no hay una política de Estado para la educación, apuntó que continuará el diálogo con este gremio para mejorar la calidad en ese sector, la señora Gordillo se echa para adelante, reta y afirma, aquí sin ambigüedades, que no le gusta subirse al automóvil y que le digan dónde debe sentarse. A ella le encanta ir en el asiento del chofer, llevar la dirección y controlar el rumbo.
Entiendo que al secretario Lujambio no le guste antagonizar con un sindicato con el que tiene que lidiar cada día y que siempre ofrezca respuestas caballerosas a las diatribas de la señora Gordillo y sus validos, pero pienso que debe haber límites a eso de poner la otra mejilla. La negociación fue benéfica y exitosa, no con el fin de elevar la calidad de la educación, sino para la camarilla que controla al SNTE. Con cargo a los fondos de la nación. No hay nada para congratularse
Retazos
La foto del miércoles pasado, en la primera plana de Excélsior, con Fernando Savater al lado de Elba Esther Gordillo. ¡El saber y el poder! ¿Qué nos espera?
*Académico de la UAM
Una semana después de la captura y muerte de Osama bin Laden(OBL), Barack Obama deja frente a sí varias preguntas. Si bien la primera reacción fue de júbilo entre los estadunidenses, ahora es el momento de aclarar cómo ocurrió la redada en Abbottabad y qué sigue para Estados Unidos frente al terrorismo y al mundo musulmán.
Aquí las preguntas que considero fundamentales tras este éxito deObama:
¿Fue legal el asesinato de OBL? El comando de los SEAL que llevó a cabo la redada entró a un país rompiendo su soberanía y mató a Bin Laden sin que quede claro si éste se rindió ante los comandos o no. Si se rindió y estaba sin un arma en las manos, las reglas de guerra son claras: no se le puede disparar a sangre fría.
Pero si no le disparaban a sangre fría, ¿qué hacer con OBL? ¿Llevarlo ante una Corte para que denunciara durante meses a EU en un juicio que le costaría dinero a los contribuyentes estadunidenses?
Además, no hubo aviso para el régimen Paquistaní. Tal como George W. Bush inició este capítulo de la historia mediante la guerra preventiva, pasando por alto a la ONU, Obama pasó por alto las reglas de cooperación internacional. Es evidente que esto fue así porque EU duda de la lealtad del gobierno paquistaní a la causa antiterrorista. Entonces…
¿Es o no Pakistán un Estado terrorista? Aun cuando el país en el cual estuvo escondido por cinco años OBL tiene un compromiso de cooperación con EU, es muy difícil creer que el gobierno de Asif Ali Zardari no sabía que a una hora de la capital, en una casa ocho veces más grande que las que la rodeaban y con un bastión del ejército ubicado a unas cuadras, se encontraba el terrorista más buscado por EU. Muy lejos de los rumores de que OBL se escondía en una cueva remota en Waziristán.
Pakistán alberga terroristas, ya sea por ineptitud o por colusión. Aun cuando el presidente Ali Zardari escriba loas y fanfarrias para el gobierno estadunidense en el diario The Washington Post por la captura de OBL. Tendrá ahora que decidir EU qué trato darle en adelante a Pakistán. De entrada, si quieren seguir entregándole los mil millones de dólares al año que destinan a esa nación desde 2001.
¿Mostrar o no mostrar las fotos? Obama decidió no mostrar las fotos deOBL asesinado. Las teorías de la conspiración que niegan que realmente esté muerto seguirán corriendo. Aunque sospecho que aun con las fotos publicadas, seguirían los escépticos a flor de piel. El reto ahora es desafiar a las comunicaciones. En la era de WikiLeaks, está por verse si las fotos pueden permanecer o no censuradas.
¿Ya tiene la reelección Obama en la bolsa? Seis de cada diez estadunidenses ha respondido a la encuesta de Newsweek que tras la captura de OBL reelegirán a Obama. Sí hubo un evidente efecto positivo para el gobierno y para el liderazgo de Obama. El tema será ver qué tanto mejora la economía en los meses que le quedan a su presidencia.
La captura de OBL no le asegura la reelección, pero sí le otorga el liderazgo necesario para poder demostrar que su fuerza está en los temas internacionales —el terrorismo— tanto como en los nacionales —la economía—.
@AnaPOrdorica
El presidente Felipe Calderón ha salido en estas últimas dos semanas a decir más de una vez que hace falta mayor compromiso de parte de los gobernadores y de las autoridades municipales para atacar al crimen organizado.
Un crimen organizado que, ante estos reclamos presidenciales, evidencia lo que escribió René Delgado en su más reciente columna: que somos un país con políticos desorganizados.
El Presidente ve un panorama de seguridad; arma una estrategia frente a ese panorama, pero los demás eslabones de la cadena no concuerdan.
El grave problema de la lucha del Presidente es que para muchos mexicanos es una guerra, no una lucha, y una guerra que no es de todos, sino del presidente Calderón y de su gobierno.
La encuesta de GEA-ISA del mes de marzo hace la pregunta expresa: ¿cree usted que la lucha contra el crimen organizado es realmente una guerra o no lo es? Si sí lo es, ¿cree usted que es una guerra del pueblo mexicano o es sólo del gobierno?
La respuesta: 53% cree que es una guerra solamente del gobierno.
Platicando con algunos gobernadores en estos días, el reclamo que tienen es que no quieren caer en el mismo vicio —así lo ven— que el Presidente: volver la agenda de gobierno unitemática, centrada en los problemas de la inseguridad.
Si el Presidente quiere salir en cadena nacional para hablar del tema; el día anterior dar un discurso reclamando a los gobernadores y al día siguiente conmemorar la batalla de Puebla haciendo énfasis en la lucha que emprende el gobierno, es su decisión.
Pero no todos los gobernadores están de acuerdo con esta estrategia de gobierno ni con esta estrategia de comunicación. Cada uno tendrá distintas razones y justificaciones.
Desde la pragmática de creer que, si no se habla de un tema, sus problemas no saldrán a flote; hasta la coyuntural de sostener que, mientras que el Presidente pide apoyo por un lado, se encarga de golpear y utilizar las herramientas de la Presidencia para golpear a los adversarios por el otro.
El caso es que tenemos a un Presidente pidiendo cooperación, mientras el dirigente del PRI, Humberto Moreira, le exige que pida perdón. Y sumamos al alcalde priista de Juárez, Héctor Murguía, que le pega de gritos, diciendo “¡Por eso los odian!” a los policías federales que se acercaron a su convoy de camionetas y escoltas vestidos de civil y equipados con armas largas para revisar aquel desplante de prepotencia.
Murguía, así como Mauricio Fernández, alcalde panista de San Pedro Garza García, en Nuevo León, por mencionar a los más “llamativos” de los presidentes municipales, denuestan la estrategia del gobierno. Gritan a los cuatro vientos que el presidente Calderón se equivoca con SU lucha.
Y este panorama se da en el marco de la Marcha por la Paz que viene al DF con la consigna de que no quieren hablar con ninguna autoridad, evidentemente tampoco con el Presidente.
Discursos van, discursos vienen, pero lo que es un hecho es que, mientras así de dividida se encuentren la clase política y la sociedad en general, difícil será tener la coordinación y la organización para enfrentar al crimen organizado.
En Twitter: @AnaPOrdorica
Una guerra, lucha o combate (como quiera usted llamarle) en contra de un enemigo tan poderoso como el crimen organizado no se puede ganar si la clase política y la sociedad se encuentran divididas. Y es lo que está pasando en México.
El presidente Calderón se queja, un día sí y otro también, de que los gobernadores, presidentes municipales y legisladores no lo apoyan en su esfuerzo bélico. Se siente solo y tiene razón. Muchos gobernantes, salvo algunas excepciones, realmente se han hecho guajes en este tema de la inseguridad. ¿Por qué? Pues porque les conviene. Unos están coludidos con el crimen organizado. Otros prefieren soslayar un tema que tiene más costos que beneficios políticos. Les ha resultado más fácil utilizar la excusa de que se trata de crímenes relacionados con el narcotráfico que le corresponde resolver a la Federación. A estas alturas del sexenio es más que evidente que Calderón no cuenta con el apoyo de la clase política en esta guerra. Y así, en la soledad de Los Pinos, no se puede ganar ninguna lucha.
Pero también la sociedad está dividida en el tema de la violencia y la inseguridad. De hecho, cada vez se polariza más. Hoy no existe un consenso social de qué hacer frente a este flagelo. Unos siguen apoyando la estrategia gubernamental de descabezar a los cárteles del narcotráfico y enfrentarlos con toda la fuerza del Estado. Otros proponen dejar en paz el tema del narcotráfico y concentrarse en los crímenes que más agravian a la sociedad como el homicidio, el secuestro y la extorsión. Hay quienes piden pactos con los delincuentes para supuestamente regresar a tiempos pasados donde el Estado controlaba al crimen organizado. No faltan los que piden combatir la descomposición del “tejido social” que, según ellos, es la base de la violencia. En suma, la sociedad mexicana está tan dividida como la clase política en su percepción de qué hacer. Y sin apoyo mayoritario y un mínimo consenso social, ningún gobierno puede ganar ninguna guerra.
Súmese que vienen las elecciones de 2012 donde se renovarán todos los poderes federales. Esto polarizará aún más las posturas de la clase política y sociedad. Inevitablemente vendrán alegatos de un lado y del otro. Subirá el tono. Ya lo estamos viendo. La semana pasada, el Presidente salió en la televisión a pedir con gran vehemencia “comprensión y apoyo” de la sociedad. De alguna forma se adelantó a las críticas que recibiría su administración en la Marcha por la Paz organizada por Javier Sicilia. ¿Y qué pasó en dicha manifestación? Cito la crónica de Julio Hernández López en su columna de La Jornada:
“Uno de los planteamientos de la movilización dominical más llamativos mediáticamente fue, por ejemplo, el de pedir la renuncia de Genaro García Luna, el turbio ejecutante mayor de las suertes de seguridad e inseguridad públicas que desde Los Pinos se tejen. Tal vez los cálculos gradualistas hayan llevado a centrar las protestas en un personaje indefendible y, sin duda, altamente responsable de la tragedia nacional. Pero, a fin de cuentas, el cineasta gore no se mueve por sí mismo ni está en el cargo por decisión propia: la responsabilidad jurídica, política e histórica de lo que ha sucedido en este tramo sangriento de la administración pública federal recae en Felipe Calderón Hinojosa. Una sonora muestra de esa convicción colectiva se produjo ayer mismo, cuando en la Plaza de la Constitución creció un coro tajantemente adverso al citado comandante Felipe. Apenas una letra establecía la diferencia de castigo que el tribunal público demandaba: Fuera, exigían unos. Muera, otros. A fin de cuentas, desde el propio templete se atemperó el reclamo y los ánimos justicieros fueron encaminados a la parcela de García Luna Productions[…]”
Leyó usted bien: había gente que gritaba “muera Calderón”. Otros, más recatados, sólo pedían que se “fuera”. A eso hemos llegado.
Y así, con tanta división en la clase política y sociedad, no se puede ganar ninguna guerra en ningún lado del mundo.
La marcha convocada por Javier Sicilia resultó, en su contenido y definiciones, una movilización, altamente ideologizada, de un movimiento que está planteando una salida que está enfocada, centralmente, más allá del gobierno, a un cambio de régimen y sistema político. Los enemigos no son los delincuentes sino los gobernantes. Sicilia lo dijo con toda claridad en su intervención en la UNAM. El escritor le pidió a las autoridades que se detengan. “Les pido, dijo, que le paren, que vuelvan a sus códigos, ya párenle, cabrones, estamos en una guerra, está bien, pero nosotros no somos sus enemigos, no nos maten. No estamos pidiendo que nos cuiden, simplemente estamos pidiendo que nos respeten, qué les hemos hecho, nosotros no estamos en guerra”, agregó.
El señor Sicilia tiene todo el derecho del mundo a pedirle a las autoridades que le paren y que “no los maten”. Pero da la casualidad que al hijo de Sicilia lo mataron los criminales, no las fuerzas de seguridad, los que están en guerra contra la ciudadanía son los grupos criminales, no las autoridades. Se entiende que el señor Sicilia considere que él no está en guerra, pero resulta que es padre de una de las víctimas de esa guerra. Y su dolor es muy respetable, como el de cualquiera que haya sufrido una pérdida similar (y sabemos cómo es ese dolor), pero es terrible que le pida a las autoridades que “no nos maten”, que “vuelvan a sus códigos”, que “le paren”. ¿Son las autoridades las que han provocado esta oleada de crímenes que sufrimos?, ¿de qué códigos habla Sicilia, de pactar con los grupos criminales?, ¿por eso le pide a las autoridades que “le paren”?
Lo que hay detrás, y es legítimo, aunque sea un error político mayúsculo, es una propuesta que se liga con los grupos más radicales del espectro político (y con muchos intereses que no tienen nada que ver con el radicalismo, pero que están haciendo un cálculo electoral basado en la desestabilización, lo que los puede convertir en aprendices de brujo). Y eso se demuestra con las seis exigencias planteadas por los organizadores que, en caso de ser rechazadas o incumplidas por el gobierno, los llevarán a convocar a “acciones de resistencia civil y pacífica” para lograr el cumplimiento de este “suelo”, que consideran es mínimo para “la reconstrucción de la nación”.
Las seis exigencias: verdad y justicia, detención de autores materiales e intelectuales de crímenes; poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; combatir la corrupción y la impunidad; combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.
Nadie puede estar en contra de la detención de los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos, sin embargo, para eso se requiere precisamente una estrategia de seguridad que dicen que debe ser suprimida, reemplazándola por un enfoque de seguridad ciudadana, que si lo entendemos bien, con base en las declaraciones que hicieron los organizadores el viernes, pasa por mecanismos de autodefensa civil; nadie puede estar en contra de luchar contra la corrupción y la impunidad, pero difícilmente se puede hacerlo asumiendo que las instituciones “están podridas” y al país “se lo va a llevar la chingada”. Lo que necesitamos son mejores instituciones, no enviarlas al diablo. No se puede estar apelando a la autodefensa ciudadana y amenazando con insurgencias civiles y pensar que así se pueden fortalecer las instituciones de seguridad que son las que deben defender a la ciudadanía y estar al servicio de ella.
La tesis de la democracia participativa es una vieja muletilla de cierta izquierda (que coincide en ello con las derechas radicales) que se utiliza como alternativa a la democracia política real: pero resulta que siempre termina siendo utilizada por líderes supuestamente carismáticos que se plantean suplantar la democracia con la “participación”.
La marcha a la que asistimos este fin de semana es una demostración legítima de un movimiento político cuya agenda se aleja de la agenda de seguridad, y que quiere construirse como una alternativa a los partidos, ubicada a medio camino entre el ya descontinuado zapatismo (su ruta fue casi la misma de aquella marcha encabezada por Marcos hace ya más de diez años) y la Morena de López Obrador. Yo me quedo con los que sí han estado luchando durante años por la seguridad, la justicia, las instituciones y el castigo a los delincuentes, como Alejandro Martíe Isabel Miranda de Wallace, entre otros muchos, miles, que no están apostando a una “reconstrucción del país” ni a la “resistencia civil”, sino a una democracia efectiva, basada en instituciones fuertes y representativas, con un sistema de seguridad y justicia basado en leyes eficientes y para todos.

Cabrá siempre la posibilidad de que Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena hagan unas campañas sensacionales y le den la vuelta a lo que parece ser su destino inexorable: la derrota el 3 de julio en la elección de gobernador del Estado de México. Una derrota escandalosa, quizá.
Las encuestas de El Universal y el Gabinete de Comunicación Estratégica, difundidas ayer, deben ser desoladoras para los candidatos del PRD y el PAN:
• Eruviel Ávila (PRI), 55%
• Encinas (PRD), 24%
• Bravo Mena (PAN), 21%
A partir del lunes, tendrán 45 días para revertir 30 puntos de desventaja. Es decir, un punto cada 36 horas, sólo para meterse en la pelea. Parece una misión imposible.
Con esos números de arranque es obligado preguntar si quienes se opusieron a la alianza anti-PRI hicieron un cálculo de esta naturaleza.
Si no lo hicieron, qué insensatez. Si lo hicieron, qué confianza en sí mismos, qué tozudez. O qué irresponsabilidad.
La opción de rodear y descarrilar a la locomotora Peña Nieto estuvo al alcance de la mano. Pero la falta de imaginación y acuerdos, el caudillismo y los proyectos individuales, los titubeos y temores, liquidaron una alianza que pudo haber comenzado las campañas en virtual empate técnico con el PRI.
No fue así. Tienen 45 días para remontar 30 puntos: un punto cada 36 horas. Sólo con una hazaña.
Si no, quién se hará cargo de explicar un fracaso de ese tamaño. De servirle tan delicioso banquete a Peña Nieto y su PRI.
Me pregunto, con muchos otros, cuál es el cambio que exigía la marcha encabezada el fin de semana pasado por Javier Sicilia. Me quedan muy claras sus quejas y también el airado y justo reclamo por la inseguridad y la violencia que las rigen.
No comparto la idea de que ese reclamo ciudadano debe hacerse también a los criminales, pues no es de los criminales de los que puede esperarse o exigirse un remedio, sino del Estado, cuya responsabilidad primera es garantizar la seguridad.
Otra cosa es olvidar que los criminales son el origen del crimen y acabar reclamando al gobierno todos los muertos, cada uno de los muertos, como si el gobierno los hubiera matado. Es lo que hizo la parte impresentable de la marcha.
Para mí es evidente que no todos los muertos de esta guerra son víctimas inocentes, ni puedo lamentar igual su pérdida. Se trata en todos los casos de seres humanos, nada aparta ese hecho esencial, pero no es posible poner en el mismo cortejo de duelo la cuenta de criminales muertos por criminales, y la cuenta de las víctimas inocentes.
La pregunta, sin embargo, cruza el aire: cuántos de los muertos son criminales que caen víctimas de los riesgos elegidos de su oficio y cuántas son víctimas puras y duras, “daños colaterales” de la violencia de otros, de los criminales desde luego, pero también de la autoridad.
Importa mucho precisar de qué víctimas hablamos, porque crece la evidencia de que hay muchas víctimas inocentes y de que la guerra interna entre los cárteles y la de éstos con la autoridad no explica todas las bajas “civiles” de esta “guerra”.
Las víctimas inocentes son las muertes verdaderamente intolerables, las víctimas por las que la sociedad tiene que alzar la voz y exigir reparación.
Por eso, aunque es una petición de justicia selectiva, me parece importante que la marcha exija la aclaración de algunos casos paradigmáticos, que prueben el compromiso de la autoridad.
Por lo que hace a la exigencia de renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, me parece que fue poner la marcha en el nivel del columnismo político primario, que consiste en golpear a funcionarios por encargo de políticos.
En todo caso, la duda persiste. Aparte del reclamo de eficacia, ¿qué cambio de estrategia se plantea la marcha? ¿Regresar el ejército a los cuarteles? ¿Dejar la tarea en manos de la Policía Federal que ha montado García Luna, pero sin García Luna? ¿Pasar la tarea a los gobernadores de los estados? ¿Pactar con losnarcos? ¿Cómo, con quiénes, qué?
Cada crónica parece narración de una marcha distinta. Como si los hechos se definieran en la mirada de cada uno. Comparto aquí lo que vi y escuché en la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad convocada por Javier Sicilia:
Vi una gran serpiente humana adolorida recorrer las calles de la Ciudad de México para hacer del silencio una poderosa protesta. La vi llegar al Zócalo y escuchar, con los oídos y el corazón, testimonios valientes, desgarradores, histo-rias acumuladas de pérdida a lo largo y ancho del país. Nombres propios que al ser pronunciados humanizaron a decenas de miles de cifras abstractas. Y una multitud que les decía: “sus muertos son mis muertos”.
Oí a un niño que preguntó: “Mami, ¿van a leer los 40 mil nombres?” y un coro que abrazaba a los padres de mil niños y adolescentes muertos, a los 30 mil huérfanos, a los jóvenes… con un: “¡No debió morir!”. Una plaza solidaria que se impuso a las consignas beligerantes, contenidas inteligentemente por la voz de un poeta que propone la reconciliación pacífica. Más fuerte era el silencio de los miles que vistieron al Zócalo de dignidad y empatía. Duelo colectivo y “alud de esperanza”. Esperanza, porque el domingo en la Ciudad de México y en decenas más a lo largo del país y del mundo, se supo que el horror de la guerra no ha podido aniquilar a la poesía, ni la posibilidad de reunirnos para expresar que ya no queremos más violencia, ni un niño más muerto entre balas perdidas, ni una jovencita más desaparecida o violada, ni un estudiante más sin futuro, ni un periodista más silenciado (por el crimen organizado) o lastimado (ni por el SME ni por nadie), ni un político más coludido con el crimen, ni un migrante más secuestrado o lanzado a la narcofosa, ni un caso más sepultado en el expediente. Que hay más coraje que indiferencia, que lo mejor de nosotros sigue ahí: la generosidad de los humildes con los que caminaron cuatro días y 80 kilómetros desde Cuernavaca, la serenidad de Silvia Escalera, el valor de Olga Reyes y de Patricia Duarte que leyeron las propuestas para un Pacto Nacional a firmarse en Ciudad Juárez, que merece eco y atención porque involucra a la sociedad civil en la reconstitución del tejido social y de un México más justo, digno y seguro.
El gobierno pide propuestas concretas a sus críticos, ahí están, tan claras como el cielo del domingo. Como el clamor contra la impunidad y la corrupción que obstaculizan a la justicia. Como la voluntad de tanta gente lastimada a darle sentido a su dolor en la lucha para que a nadie más le suceda lo mismo. Y como la cita de Galeano en una pancarta: “Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.
El asesinato de Osama bin Laden mientras estaba desarmado en su casa de Pakistán, ¿puede considerarse legítima defensa, homicidio justificado o ejecución extrajudicial? Expertos en derechos humanos piden a Washington más detalles de la operación, entre ellos si había planes de capturarlo vivo.
El gobierno del presidente Barack Obama, que ha cambiado algunos aspectos de su versión inicial de los hechos, es inequívoco al concluir que “se hizo justicia” al matar, el primero de este mes, al saudí que lideraba la red extremista Al Qaeda.
Pero esa conclusión es puesta en duda por algunos expertos en temas constitucionales y activistas por los derechos humanos que describen la matanza como una ejecución arbitraria o una violación del derecho internacional.
La manera como se mató a Bin Laden plantea serias cuestiones legales, sostiene Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, con sede en Nueva York. La más inmediata es si el pequeño grupo de élite de la marina de guerra estadunidense que lo confrontó en el dormitorio de su complejo de la localidad paquistaní de Abbottabad lo debería haber matado.
En un drástico cambio del relato, el gobierno de Estados Unidos admitió después que Bin Laden estaba desarmado y que no usó a una mujer como escudo humano, como declaró originalmente. En esas circunstancias, los efectivos estadunidenses “lo deberían haber capturado. Matarlo en ese punto puede considerarse un crimen de guerra”, asegura Ratner.
Estados Unidos intentó justificar la matanza argumentando que Bin Laden se resistió, pero cuando se le preguntó cómo, el portavoz no pudo responder, recuerda Ratner. Al día siguiente, Estados Unidos alegó que Bin Laden tenía un arma cerca y que por lo tanto hubo que dispararle antes de que pudiera tomarla, dijo. “Probablemente nunca sabremos cuál es la verdad”, sostuvo Ratner, aunque cada vez parece más probable que los militares estadunidenses hayan recibido órdenes “de matarlo y no traerlo vivo”.
Esto sería coherente con “el punto de vista de que el gobierno tomó la determinación de que un Bin Laden muerto era mejor que uno vivo”, agrega Ratner, quien también es profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia y autor de varios libros, entre ellos Guantanamo: What the World Should Know(Guantánamo: lo que el mundo debería saber).
Pese a haberlos retenido durante años, el gobierno de Estados Unidos no ha logrado llevar a la justicia a los conspiradores del 11 de septiembre de 2001, fecha de los ataques que dejaron tres mil muertos en Nueva York y Washington —y que se atribuyen a Al Qaeda—, así que mucho menos le entusiasmaría hacerlo con Bin Laden, agregó. Un juicio público con el debido proceso habría sentado un precedente importante. Si se hubiera condenado a Bin Laden, eso habría ayudado a persuadir a los escépticos de que él fue el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre y de otros, observó Ratner.
Stephen Zunes, profesor de política y director de Estudios de Oriente Medio en la Universidad de San Francisco, asegura que dado que en el mismo complejo tuvo lugar una balacera, solamente alzar sus manos en el aire podría haberse considerado una potencial amenaza y, por lo tanto, legítima defensa. “Al mismo tiempo, dada el reciente historial de asesinatos ilegales por parte de las fuerzas estadunidenses, es probable que continúen las preguntas”, afirma Zunes.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, se mostró políticamente cauto en sus declaraciones. Su portavoz, Farhan Haq, dijo que la ONU respeta el derecho de todos los países a realizar operaciones antiterroristas. Pero esas operaciones “tienen que estar en conformidad con el derecho internacional”, destacó.
Mientras, Christof Heyns y Martin Scheinin, expertos de la ONU en matanzas extrajudiciales y antiterrorismo, dijeron que será particularmente importante saber si la planificación de la misión permitió un esfuerzo por capturar a Bin Laden vivo. En un comunicado difundido la semana pasada también destacaron que en ciertos casos excepcionales puede permitirse el uso de la fuerza letal como último recurso, de acuerdo con estándares internacionales, para proteger la vida, incluso en operaciones contra terroristas.
“Sin embargo, la norma debería ser que los terroristas sean tratados como criminales, mediante los procesos legales del arresto, el juicio y la sanción judicial que se decida”, plantearon.
Fuera de las zonas de guerra, la orden de matar solamente puede emitirse contra una persona que constituye una amenaza inminente, y esa amenaza debe ser concreta y específica. Sin esas condiciones, debe usarse primero la fuerza no letal, y solo si es absolutamente necesario puede usarse la letal, asegura Ratner.
También afirmó que, excepto en una guerra, cruzar la frontera de un Estado para matar a alguien o enviar aviones teledirigidos a otro país está prohibido por el artículo 2(4) de la Carta de la ONU. Claro que el Estado al que se envían esos aviones no tripulados siempre puede dar su consentimiento.
Además, si el país que manda esas naves o equipos para matar argumenta que se trata de autodefensa porque el otro Estado se negó a frenar los ataques desde su territorio o no pudo hacerlo, no se estaría violando la Carta.
© Inter Press Service
El coronel retirado Juan Domingo Celis García escribe a este espacio, como un contraste entre el pensamiento militar y el pensamiento civil, que México es un país muy difícil de entender y, por lo consiguiente, de gobernar. Los gobiernos priistas de los tres órdenes de gobierno permitieron por décadas el crecimiento incontrolable del crimen organizado, hasta hacerse un monstruo difícil de parar.
El primer presidente panista hizo como que hacia algo y no hizo nada y ahora que el actual mandatario ha emprendido una lucha sin cuartel contra el crimen organizado, la “sociedad civil”, mas no toda la sociedad, le pide que pare la misma, echándole la culpa de todos los males que una empresa de esta envergadura provoca.
Pero no se ven reclamos ni pancartas contra los verdaderos criminales, lo que indica, entonces, que esa “sociedad civil” que ahora se rasga las vestiduras, implícitamente, acepta que estos grupos tengan el poder, en los territorios que ellos quieran, siempre y cuando no hagan olas.
Esa actitud de dejar hacer las cosas, mientras que a mí no se me moleste, se ha convertido en una cultura del mexicano y en un lastre para la evolución de nuestro país. Le pongo un ejemplo de esto último, cuando Julio Scherer, director de la revista en la que Javier Sicilia escribe, se reunió y se tomó una foto agarradito de la mano con El Mayo Zambada, por qué no, el poeta, con la misma energía que ahora critica al gobierno federal y lo acusa de todos sus males, criticó esa reunión entre su director y el delincuente en mención, le digo por qué, porque no le afectaba en nada.
Sin embargo, nada más le mataron a su hijo y se convirtió en “el paladín”, en “el mártir del calvario”, usando la muerte de su hijo para hacer ruido, en dónde estaba Javier Sicilia antes de que le pasara eso, yo creo que en su casa, cómodamente sentado, escribiendo poemas, sin que le importara lo que le pasaba al pueblo.
Por último, señor Ibarrola, ya me puedo imaginar el beneplácito que han de sentir los criminales al ver la pancarta que va a la vanguardia, que a la letra dice “¡Estamos hasta la madre! ¡Alto a la guerra!, Paz con Justicia y Dignidad”, saludos.
Por su parte, un personaje político como el senador Manlio Fabio Beltrones sostiene que con mecanismos efectivos de participación y control ciudadano, la reforma política recientemente aprobada responde al reclamo ciudadano de que las instituciones de gobierno efectivamente sirvan a sus intereses. Cuando las capacidades del gobierno son insuficientes para garantizar seguridad, empleo y bienestar, el remedio está en cambiar y hacer las reformas necesarias para elevar la calidad de la representación ciudadana, reformar al gobierno y exigir mejores resultados.
Las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular son instrumentos de la democracia moderna que habrán de dar voz al sentimiento ciudadano y contribuir a que las instituciones de la democracia representativa efectivamente sirvan a sus intereses, sostuvo el senador Beltrones en un encuentro con líderes del sector popular del PRI.
Estamos dando un paso inédito en el desarrollo democrático del país, regresando el poder a los ciudadanos y convencidos de que las instituciones de gobierno deben abrirse a la participación y el control de la ciudadanía. No se trata de que los nuevos instrumentos del poder social desplacen a las instituciones de la democracia representativa, sino de que ciudadanos y legisladores trabajemos juntos para generar mejores acuerdos y decisiones de gobierno.
Con esta reforma que sirve a los ciudadanos sabemos que los partidos estamos obligados a renovar nuestros métodos de selección de candidatos, democratizar nuestra vida interna y elevar la calidad de nuestros programas de gobierno, para ser más competitivos y servir mejor al interés público. No es momento de repartir culpas, sino de responder al reclamo popular con liderazgo y sumando voluntades y capacidades, concluyó el senador Beltrones.
Sin lugar a dudas, Javier Sicilia se ha convertido en una voz sólida y con autoridad para hablar, señalar y denunciar las atrocidades de la violencia generada por el combate al crimen organizado y la lucha entre los grupos que forman parte de éste.
Padre de un hijo asesinado de manera espantosa —asfixiado con cinta canela—, el poeta Sicilia se ha erigido en un liderazgo social cuya fuente de legitimidad nadie le puede reclamar. Los familiares directos de las víctimas, la mayoría de las ocasiones los padres, son vistos con respeto y solidaridad por todos. Quizá porque, como dice el propio Sicilia, hay palabras, definiciones para quien se le muere la pareja, para quien se le mueren los padres, pero para quien pierde un hijo, no hay definición: “somos la nada”.
Poseedor de la palabra, conocedor de su peso y su profundidad, Sicilia impactó con tan sólo hablar. Católico ejemplar y comprometido, predicaba en el desierto y, con la tragedia, de la noche a la mañana, su voz estaba en todos los medios. Del testimonio de su dolor, de la rabia convertida en impotencia, pasó al movimiento y al silencio —siempre elocuente en un poeta. Pero claro, cuando decidió eso, ya no estaba solo.
Los movimientos sociales cuando tienen una causa clara, pero objetivos difusos, sirven de caldo para quienes, como en México, han hecho del resentimiento y el chantaje una manera de expresión política. Profesionales de la revancha se sumaron a una marcha de dolor y reclamos de justicia. Mientras el poeta hablaba de “restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad…”, los seguidores gritaban “mueras” al gobierno y a los funcionarios. Pareciera que, en efecto, los poetas están condenados a no ser escuchados.
Las baterías discursivas en la plaza fueron de un lado a otro: se canalizaron contra los gobiernos, federal, estatal y municipal; los legisladores, los partidos, los poderes fácticos, a “una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas que deben conquistarse a cualquier precio”; la exigencia de acabar con los monopolios, la amenaza de no participar en las elecciones y el “absurdo modelo económico”. Se concluyó con la solicitud de renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Si El Chapo y El Mayo ven las notas en los medios de comunicación han de estar felices.
Claro que Sicilia no es culpable de que, por ejemplo, el SME se haya sumado a la marcha. Tampoco organizó las consignas coreadas. Pero ya es evidente hacia dónde va el movimiento que encabeza. Los apetitos electorales lo rondan y convertirán en insultos los versos y en odios los silencios.
Hace algunas semanas Sicilia expresaba sobre las antorchas que sirven para iluminar o para incendiar. Ojalá su antorcha no ilumine el camino de quienes las usan para incendiar.
Twitter: @juanizavala
El artículo 99 de la Constitución establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, por lo cual todas sus sentencias tienen carácter definitivo e inatacable; ninguna autoridad puede cuestionar su legalidad: son cosa juzgada. En consecuencia, los siete magistrados del TEPJF tienen la inmensa responsabilidad de brindar certeza jurídica a los procesos electorales; de sus fallos depende, en última instancia, la legitimidad de la democracia mexicana.
Sentencias inatacables exigen magistrados intachables. La honorabilidad, imparcialidad e independencia de todos los magistrados, en especial la del presidente(a) del tribunal, debiera estar fuera de toda duda. Dado que al TEPJF le corresponde resolver las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de la República, los fallos previos a los comicios del año próximo relacionados directamente con las precampañas de los precandidatos más visibles deberían estar no sólo impecablemente sustentados, de conformidad con el mandato de la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, sino también libres de toda sospecha de parcialidad o cooptación. Ninguna de esas dos exigencias se ha cumplido.
Por el contrario, el Tribunal Electoral parece haber sido cooptado por el poderosísimo y aparentemente invencible binomio Peña Nieto-Televisa. Así lo muestran dos resoluciones inatacables de la máxima autoridad en materia electoral que han convertido en inatacable la multimillonaria e ilegal campaña mediática del precandidato del PRI.
La primera de ellas, fechada el pasado 19 de abril, negó que en los anuncios acerca de los logros del gobierno de Peña hubiera “referencias implícitas o veladas” que implicaran la promoción personalizada del gobernador y precandidato priista (prohibida por el artículo 134 constitucional), debido a que “no obran en el expediente elementos suficientes que permitan determinar…, ya sea de forma directa o indirecta, que éstas están vinculadas inequívocamente a dicho servidor público”. Es evidente la artimaña legaloide para intentar ocultar lo inocultable: dichos spots son parte de la estrategia mediática para promover al gobernador mexiquense no sólo con miras a su quinto informe, sino a su candidatura a la presidencia. ¿Carecen los magistrados de nociones elementales de mercadotecnia política? Según entiendo, la magistrada Alanís es especialista en análisis y diseño de comunicación política. ¿Acaso desconocen que Peña es una estrella más del canal de las estrellas? Claro, ni eso ni los informerciales son parte de la litis.
En política no hay coincidencias ni casualidades. Dicha resolución fue tomada 40 días después de la comida de la presidenta del Tribunal Electoral con los operadores políticos de Peña, estigma indeleble que así el pleno del TEPJF haya considerado que esa reunión secreta no afectó la imparcialidad de la magistrada Alanís sobre el caso.
El presumible propósito de blindar a Peña Nieto de uno de sus flancos más vulnerables se manifestó nuevamente la semana pasada. La magistrada Alanís de Rabasa fue la ponente de una segunda resolución del TEPJF que exonera de toda responsabilidad al gobernador del Estado de México por la transmisión en televisión a escala nacional de propaganda relacionada con su quinto informe de gobierno que, de acuerdo con la normatividad electoral, debe restringirse al territorio de cada estado. Toda la culpa fue imputada a la televisora, dejando intocado a quien contrató el tiempo aire. Otra vez, el legalismo para proteger a Peña y disfrazar la presunta corruptela.
La sentencia del TEPJF fue calificada de “absurda” y “aberrante” por el Partido Acción Nacional, que condenó la cooptación de los magistrados que votaron a favor de la sentencia: “Los mexicanos no merecen tener ese tipo de funcionarios públicos que aprovechan su tarea jurisdiccional para tejer redes de poder y corrupción” —expresa el comunicado oficial del PAN. Obviamente se trata de un reclamo del partido del presidente Calderón a lo que percibe como un viraje en favor del precandidato del PRI de la magistrada Alanís, quien llegó al cargo que hoy ocupa con el apoyo de la señora Margarita Zavala.
El origen de esas desviaciones está en el cuotismo entre los partidos políticos para la integración de las instituciones electorales, en el poder de los grupos de presión, así como en la debilidad del Estado y de las instituciones democráticas. Urge poner fin a la cooptación del TEPJF, ¿o queremos otro 2006?


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Dos preguntas se desprendían de la marcha del domingo en la capital: ¿sirve de algo la asoleada?, ¿qué sigue?
Empiezo a responderlas con un hecho poco común: aun cuando la mayor parte de los participantes se inclinaban hacia la izquierda -esa es mi impresión- ese día también participaron representantes de la derecha social. Un ex presidente de la Coparmex, Alberto Núñez Esteva, compartía pavimento con Sergio Rodríguez Lazcano, zapatista de La otra campaña, y no faltó la monja de crucifijo al pecho. La coincidencia de la diversidad fue alentada por un discurso conciliador de Javier Sicilia quien, por eso mismo, enfureció cuando, metros antes de llegar al templete en el Zócalo, escuchó a una de las víctimas participantes que descalificaba en el micrófono a otra víctima: Isabel Miranda de Wallace. La diversidad también era el sino de quienes, al compartir sus agravios, le imprimieron una pátina de tristeza al acontecimiento.
La pluralidad era posible en buena medida por el pliego petitorio presentado ese día. Ricardo Raphael comentó en su columna para El Universal que "el proyecto de pacto que, a partir de ayer, da sentido a este movimiento es un documento bien meditado, inteligente y comprensivo" (véase "Fuera García Luna", 9 de mayo de 2011). A pesar de que la atención mediática se la llevó la petición de renuncia de Genaro García Luna, el texto es notable por ser una agenda muy amplia de transformaciones. Algunos olvidan que la inseguridad no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una crisis estructural.
El pacto ahí propuesto se firmará el 10 de junio en Ciudad Juárez. En las próximas semanas el movimiento tendrá que mantenerse unido mientras arma una estructura mínima con recursos escasos y resuelve complicados dilemas, como el tipo de relación que establecerá con quienes gobiernan. Una contradicción de los inconformes es que condenan a las autoridades pero más tarde o más temprano se tendrán que sentar a discutir con ellas. Por otro lado, los "mueras" a Calderón que se escucharon en el Zócalo no eran compartidos por todos los que acompañaron la marcha.
Pues bien, un día después de la expresión de descontento el Presidente se declaró dispuesto a una reunión con los organizadoressin aclarar si estará presente o enviará a representantes de su gobierno. El movimiento tendrá que decidir primero si acepta la invitación y después cuándo, dónde y para qué. También deberá procesar las reacciones de otros personajes de la clase política mientras enfrenta las descalificaciones de quienes prefieren la inacción ciudadana o quieren eliminar competidores potenciales.
En ese forcejeo los tiempos serán protagonistas. Lo ilustro con el tema de la reforma política a cuya aprobación por la Cámara de Diputados el movimiento le puso un plazo de 60 días. El vocero del PRI, David Penchyna, declaró el sentir de su partido: "No por una marcha, que es legítima, vamos a atenernos a sus plazos, porque sería vulnerar la democracia". El clásico "tienes razón manito pero te amuelas porque responderé cuando yo quiera". Además de descalificar la democracia participativa, el PRI confía en que el impulso se enfriará. El movimiento tendrá que encontrar la forma de contrarrestar esas manipulaciones del tiempo, y si todo eso falla tendrá que decidir si promueve acciones de resistencia civil y lanza una campaña para anular el voto en 2012. Cualquier pronóstico está condicionado a las veleidades del próximo año y medio. El debilitamiento del Estado y el deterioro de la vida democrática es tan real como la existencia de una "comunidad del dolor" (tomo la frase de Emilio Álvarez Icaza) que está viendo si logra expresarse como un actor unitario para interactuar durante el próximo año con una elección presidencial, periodo en el cual los políticos son particularmente vulnerables. Imposible anticipar los rumbos que tomará este movimiento y las interacciones que establecerá con los poderes fácticos y con quienes gobiernan. Irresponsable asegurar que nada pasará pensando que el domingo fue una catarsis que se extinguirá a medida que pase el tiempo. En política los números importan y sólo en la capital marcharon alrededor de 150 mil personas (uso la cifra de Reforma por su experiencia en el conteo de concentraciones humanas) que lanzaron un mensaje claro sobre lo insoportable que resulta para muchos vivir en este México. ¿Qué sigue? Seguirá lo que seamos capaces de crear. La sociedad no está indefensa pero cualquier mejoría en beneficio de las mayorías dependerá de que logre mantener la unidad de los diversos y encuentre formas legítimas, imaginativas y eficaces para relacionarse con quienes gobiernan. De lograrlo, la marcha del domingo será vista como un parteaguas; en caso contrario será otra anécdota que se añadirá a la enciclopedia de las derrotas ciudadanas. La supervivencia depende, en el último de los casos, de la sociedad. - México, Distrito Federal
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Roger A. Narváez Huchim, periodista. In memóriam.
La sangre derramada, la desestabilización social, la corrupción, la impunidad, la pobreza extrema, el empecinamiento en una guerra imposible de ganar. claman por un cambio inmediato, urgente. Por eso es relevante el documento de seis rubros presentado el domingo en el Zócalo capitalino al culminar la marcha por la paz.
Además del escrito, el gobierno debe tomar nota de una exigencia clamorosa de muchos de los marchistas. No se trata de la renuncia de Genaro García Luna planteada por Javier Sicilia -quien con ello restó visibilidad al pliego petitorio-, sino la de Felipe Calderón, exigida con indignación por el gentío e incluso frenada por el propio poeta: "No queremos más odio". Sería insensato no darle importancia a tal demanda, porque es previsible su intensificación si no hay un replanteamiento de la lucha contra la delincuencia organizada que devuelva al ejército a sus cuarteles y cambie la estrategia de sangre y fuego.
Resulta evidente que no es sensato, sino muy riesgoso, mantener a México en la situación actual que el Presidente se empeña en continuar.
Es claro que Felipe Calderón debiera dejar la Presidencia, pero es claro también que, como solución, tal cosa no sería suficiente y, por ahora, tampoco viable. Si se fuera el Presidente, ¿debería permanecer un Congreso secuestrado por un grupo de legisladores priistas que siguen directrices del gobernador mexiquense? ¿Debería permanecer intocado el Poder Judicial donde se ubica un Tribunal Electoral sumido en la parcialidad y la frivolidad? ¿Debe olvidarse a los gobernadores que han convertido en tierra feudal a sus entidades y en subordinados a sus aparatos legislativo y judicial?¿Quién podría operar un dramático descabezamiento de los poderes federales y estatales? ¿Un mesías iluminado con látigo en mano? ¿Un líder revolucionario con credo socialista? ¿Un dirigente de El Yunque? ¿Y quién encauzaría el caos político que necesariamente se generaría, aun si el único dimitente fuera Calderón?
Si no estamos ya inmersos en ella, sí nos hallamos cerca de una situación límite que exige soluciones radicales. ¿Qué hacer entonces? No puedo sino recordar una vez más la sabia máxima campirana: Con estos bueyes hay que arar. aunque el barzón esté roto. Expresado menos coloquialmente, puede no irse nadie de inmediato para evitar una crisis constitucional e institucional, pero sí se precisa que todas las fuerzas políticas se reúnan en breve plazo para diseñar un verdadero pacto nacional incluyente con una agenda encaminada a:
1) Emprender un combate real anticorrupción en los altos niveles de los sectores público y privado, no contra policías de campo sino primero contra los altos jefes, no contra narcomenudistas sino contra banqueros y financieros dondequiera que estén, si se asocian con delincuentes; no contra los policías municipales sino contra los gobernadores a quienes se les probara complicidad con la delincuencia organizada;
2) Aplicar la Convención de Palermo (formalmente Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada), suscrita por más de 120 países, México incluido;
3) Estudiar la posibilidad de legalizar la producción, transporte, comercio y consumo de las drogas hoy prohibidas, comenzando por la mariguana.
Por supuesto, un programa así no figura en la agenda de nadie en el sector público. Más aún, pese a la marcha y sus demandas, lo más probable es que todo siga igual. Pero suponiendo que se fueran Ejecutivo, Legislativo y una parte del Judicial y de los poderes estatales, ¿quién se quedaría -insisto- a encauzar la crisis?
Por ello la nación está entrampada. Por ello se precisa una fuerte reacción de la clase política encabezada por el Presidente. Se necesitan golpes de timón efectivos y no efectistas ni gatopardistas. Si no se producen, es posible el aceleramiento de la insurgencia civil que ya se asomó a las calles capitalinas y que puede agudizar el repudio centrado en la figura presidencial.
? Omnia
A pesar del enorme costo en vidas, dinero y estabilidad para impedir que las drogas fluyan a EE.UU., Los estadounidenses tienen una imagen negativa de México. De acuerdo con la encuesta anual Gallup World Affairs, México se ubica en la media de la tabla que incluye 21 países, con un 45% de aprobación positiva, muy por debajo del 74% que obtuvo en 2005. ¿Razones?: migración ilegal y "quizá" violencia asociada al narco (http://www.gallup.com/poll/146090/Iran-North-Korea-Americans-Least-Favorite-Countries.aspx)..- México, D.F.
El Gobierno ofreció en menos de veinticuatro horas, tres respuestas distintas a la Marcha nacional por una paz con justicia y dignidad. El domingo mismo, apenas concluida la enorme manifestación en el Zócalo, la Secretaría de Gobernación expresó respeto por los participantes, pero insistió en la prevalencia de la estrategia nacional de seguridad. Lo hizo en un boletín apresurado, que contenía mentiras, como la de asegurar que las fuerzas armadas no generan violencia y construyen, en cambio, instituciones locales capaces de garantizar la tranquilidad ciudadana. A la mañana siguiente, el propio presidente Felipe Calderón manifestó compartir algunos planteamientos de la Marcha e invitó a sus organizadores a un diálogo en que le expresaran sus razones y oyeran las del gobierno.
En ninguna de esas respuestas se enfrentó, y ni se aludió siquiera a ella, la petición de Javier Sicilia de despedir al secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. En la tercera contestación gubernamental a la magna movilización del domingo, el vocero Alejandro Poiré defendió explícitamente a García Luna, y le prodigó elogios. Con esa triple respuesta quedó claro el sentido de la demanda específica de Sicilia. De no haberla formulado, el gobierno se habría quedado en el plano convencional, previsible, de admitir sin aceptar los móviles y los propósitos de la marcha. En cambio, con una exigencia que no podía ser eludida se forzaba al gobierno a no pretender la ambigüedad. Inequívocamente, el gobierno no envió a la sociedad reunida en la Plaza de la Constitución (y la que se manifestó también en el resto de la república y aun en el extranjero) un mensaje de insensibilidad.
García Luna se queda en su cargo. Y en esa función acudió a una reunión en Ciudad Juárez, el lunes mismo, no obstante que en ese punto se condensa buen número de las prácticas que hacen razonable la solicitud de que se le despida. El propio secretario y el comisionado de la Policía Federal Facundo Rosas tuvieron la oportunidad de encarar al presidente municipal juarense, Héctor Murguía, cuya guardia de seguridad ha perdido un elemento, asesinado por un agente de aquella corporación, y que la semana pasada, en un nuevo incidente, les espetó una verdad de a kilo: ¡Por eso la gente los repudia! En declaraciones a los medios, el comisionado Rosas se había sentido autorizado a reprender a Murguía, con la insolencia de un funcionario federal designado que no entiende su diferencia con un alcalde cuyo mandato deriva del voto ciudadano.
Poiré habló de un García Luna y una Policía federal diferentes de las que actúan en la realidad, cuya imagen es positiva sólo en los sectores de la información comprometidos con los esfuerzos de relaciones públicas del secretario. Según el vocero, "si alguien ha impulsado incansablemente la formación de una Policía civil, profesional, apegada a la ley, bien equipada y con las capacidades de inteligencia que garanticen la seguridad de la población, es el ingeniero".
Durante diez años, efectivamente, García Luna ha dirigido los procesos de organización de dos corporaciones policiacas. Ni a cuál ir de la Agencia Federal de Investigación, construida y destruida por él, y la Policía Federal. La AFI, su feudo durante el sexenio anterior, prolongó las prácticas que dieron atroz fama a la Policía Judicial Federal (la perjudicial por antonomasia). Los gobiernos de Francia y México mantienen en curso un conflicto nacido de un proceso judicial infectado en su origen por la detención, probablemente arbitraria y seguramente realizada con fines mediáticos, publicitarios, por la AFI. Ya en este sexenio, después de intentar arrebatarla a la Procuraduría General de la República para integrarla en un solo cuerpo con la PF, y ante el fracaso de su proyecto, procedió a desmantelarla. Hoy está en ruinas, aunque su rostro institucional, la Policía Federal Ministerial responde más a García Luna (sus dos últimos jefes son parte de su grupo) que a quienes encabezan la PGR.
Poiré alega que la "PF ha logrado la detención de muchos criminales, responsables algunos de ellos de los delitos que más nos duelen". El vocero debería hablarnos no sólo de las capturas, menos de las necesarias por muchas que sean, sino de la suerte judicial de esos detenidos. Porque valorar la acción policiaca sólo es posible a la luz de las sentencias que recaigan sobre los aprehendidos.
El control de confianza en esa magnífica Policía (vista de ese modo por Poiré) ha mostrado de muchas maneras su falibilidad. Un excomisionado de la propia Policía está en la cárcel por pretender apoderarse del botín de una banda a cuyos jefes debía aprehender. Otro fue asesinado por miembros de la propia corporación y fue sepultado con honores no obstante la evidencia de que mantenía ligas con el narcotráfico. Están sometidos a proceso la comandante Lorena González y otros miembros de la PF ejemplar (según Poiré) porque en un falso retén secuestraron a Fernando Martí, que luego fue asesinado. Dada la cercanía de la imputada con Rosas y el propio García Luna, la PF fabricó sus propios culpables, en un procedimiento paralelo destinado a librar a la señora González de las graves responsabilidades que se le atribuyen.
Es verdad que la PF ha pasado de tener sólo 6,500 integrantes a más de treinta y seis mil. Pero su crecimiento, y su costo, dista de ser proporcional a su eficacia. Si es verdad que todos esos agentes están "debidamente capacitados y certificados" falta aplicar esas calificaciones en la vida real.
"Para los burócratas el procedimiento es todo y los resultados nada.
Thomas Sowell
Es curiosa la defensa que hace Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública federal, cuya renuncia ha sido exigida por Javier Sicilia. En su conferencia de prensa del 9 de mayo Poiré señaló que cuando García Luna se hizo cargo de la Policía Federal ésta contaba con 6,500 elementos, pero ahora el número ha pasado a 36 mil, siete mil de los cuales tienen instrucción universitaria. Esta es la típica defensa de un burócrata: como tengo más elementos que nunca y estoy gastando más dinero que nadie, tengo el mayor de los éxitos.
La Secretaría de Seguridad Pública ha recibido, efectivamente, un aumento espectacular de presupuesto, el cual ha pasado de 11,878 millones de pesos en 2006, último año del gobierno de Vicente Fox, a 33,735 millones de pesos en 2010. El presidente Felipe Calderón aumentó en 40 por ciento el gasto programable de todo el gobierno en los cuatro primeros años de ejercicio, pero el incremento en seguridad pública ha sido el mayor de todos: de 184 por ciento.
Si el éxito en la función pública se midiera por el dinero que se gasta o por el número de personas que sirven a un jefe, Genaro García Luna sería la gran estrella del gobierno. Pero en resultados concretos los saldos son bastante menos brillantes. El indicador más importante de todos, el de consumo de droga, sigue aumentando en Estados Unidos y en México.
Es cierto que ha habido en este sexenio un número muy relevante de detenidos por delitos contra la salud, la principal preocupación del actual gobierno; pero los homicidios vinculados al crimen organizado han tenido un aumento mucho mayor. De 2,119 ejecuciones en 2006, según el Ejecutómetro del periódico Reforma, la cifra ha pasado a 11,583 en 2010. Para este 2011 ya se acumulan más de 4,500 ejecuciones por lo que el total probablemente rebasará las 12 mil ejecuciones. Estamos hablando de cifras seis veces superiores a las de hace cinco años.
La idea de que ahora se están haciendo más decomisos de droga que nunca es incorrecta. El exprocurador Ignacio Morales Lechuga ha señalado, con cifras oficiales, que el máximo monto de decomisos de cocaína, 50.3 toneladas, no se logró en este sexenio sino en 1991. Hay más detenidos quizá por delitos contra la salud, 69,749 en los tres primeros años de gobierno, pero muchos son simples consumidores que no le hacen daño a nadie más que, si acaso, a ellos mismos. El mismo éxito que ha tenido el gobierno para detener a algunos capos de nivel medio y alto ha provocado, por otra parte, las sangrientas guerras que agobian al país.
El secretario federal de Seguridad Pública Genaro García Luna no es el único responsable de la inseguridad que está viviendo México. Las policías estatales y municipales, que provienen de gobiernos de todos los partidos, han fallado todavía más que la federal. El problema de fondo es la estrategia global que pretende acabar con un problema a través de la violencia y la represión en lugar de la disminución de la demanda.
No creo que valga la pena exigir renuncias o destituciones: el tema de la seguridad pública no debe ser rehén de las aspiraciones políticas para el 2012. Pero sí debemos discutir si la estrategia es correcta. La aportación de García Luna será sin duda valiosa. Sin embargo, el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública gaste más o tenga seis veces más el número de elementos que antes no es señal de victoria. En un momento en que aumentan el consumo de drogas y las ejecuciones es simplemente síntoma de ineficacia.
Con la compra de Skype por 8,500 millones de dólares Microsoft busca aprovechar la innovación de esta empresa telefónica, pero también prepararse para el momento en que la telefonía por protocolo de Internet podrá hacerse de manera habitual desde teléfonos portátiles.
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México, ¿como Afganistán? Raymundo Riva Palacio. |
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Carlos Pascual se empezó a despedir formalmente esta semana como embajador de Estados Unidos en México. La frialdad y desprecio con los que lo trató en su última etapa el presidente Felipe Calderón —a diferencia de algunos miembros del gabinete de seguridad que seguían en el idilio permanente con el cubano-americano—, lo llevó a apresurar su salida y no acompañar al nuevo representante de la Casa Blanca en la transición de una de las embajadas más importantes de Washington en el mundo. Aunque parezca un contrasentido, el presidente Calderón lo puede llegar a extrañar. En la antesala de la embajada de Estados Unidos en México se encuentra Earl Anthony Wayne, conocido en el Departamento de Estado como Tony Wayne, cuyo perfil retrata la imagen que parecen tener el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, de México y sus problemas: experto en terrorismo; amplio conocedor de la trata y tráfico de personas; formado en áreas de inteligencia; y experiencia de campo en países en guerra. Wayne no es como Pascual, un teórico de Estados fallidos. Wayne es el número dos de la embajada de Estados Unidos en Afganistán, y desde 2006, cuando terminó su gestión como embajador en Argentina —tras la crisis diplomática entre los gobiernos de Néstor Kirchner y George W. Bush—, fue enviado a Asia para coordinar todo el desarrollo y los asuntos económicos en Afganistán y Pakistán, y supervisar toda la ayuda no militar en esas dos naciones. Kabul ha sido su casa, y quien ha estado en la capital afgana sabe que ahí no se vive; se enfrenta la muerte todos los días. No hay ninguna ciudad mexicana donde todas las autoridades, el cuerpo diplomático, organizaciones, medios, que viven dentro de fortificaciones, se le acerque en riesgo y vulnerabilidad, al ser un objetivo permanente de terroristas. No hay mucho que Wayne no haya vivido ya, y su eventual llegada a México sería un mensaje radical de Obama para Calderón, que reflejaría de alguna manera su ánimo tras la sugerencia pública del Presidente mexicano para que Pascual fuera removido porque le había perdido la confianza. La llegada de Wayne no está del todo consumada, pero si la muerte de Osama bin Laden hace 10 días no alteró los planes, será su nombre por quien Clinton pida el placet del gobierno mexicano que, le guste o no el nombramiento, tendrá que aceptarlo. Se ve muy remoto que el presidente Calderón se negara a darle el beneplácito, aunque no lo es tanto que busquen sus cabilderos que le cambien la propuesta antes de oficializarla. Pero esto último, por lo que se conoce en Washington, no ha sucedido. Si es Wayne, llegará un diplomático de carrera con 26 años de experiencia, que trabajó directamente para cuatro secretarios de Estado: bajo los demócratas Cyrus Vance y Ed Muskie, y con los republicanos George Schultz y Alexander Haig. En la diplomacia ha recorrido todos los escalones en el servicio exterior, salvo ser canciller. Comenzó en 1975 como consejero político en Rabat, cuando Marruecos enfrentaba una revuelta guerrillera en el Sahara contra el Frente Polisario, y llegó a ser secretario de Estado adjunto durante la administración Bush, donde figura en su palmarés el trabajo que hizo para romper los circuitos financieros del terrorismo. Pascual se presentó en México con sus diplomas de experto en la reconstrucción de Estados fallidos. Wayne es una señal de Washington de que México no ha llegado aún a esa categoría. Los problemas que parecen percibirse en la Casa Blanca y el Departamento de Estado se inscriben en el imaginario colectivo de que loscárteles de la droga tienen rebasado al gobierno, y que nuevos fenómenos —por su incremento significativo en casos, no por ser de nacimiento reciente— como la trata de personas, se añaden ominosamente al padrón criminal en México. De concretarse, habrá una dupla en la embajada en México con Wayne y John Feeley, el segundo de abordo en la embajada con un pasado en las áreas de inteligencia de la Marina, que reitera el interés estratégico de Estados Unidos sobre México, a donde desde hace más de una década han enviado dentro de su aparato a expertos en terrorismo y conflictos, que incluyó a José Rodríguez, ex jefe de Estación de la CIA, que fue trasladado de urgencia a Washington tras los atentados de Al Qaeda en 2001, para hacerse cargo de la Oficina de Contraterrorismo, desde donde supervisó los interrogatorios bajo tortura. México ha sido durante muchos años un teatro de operaciones bélicas, ya sea en la Guerra Fría —donde el contraespionaje contra los países comunistas fue apoyado totalmente por gobiernos mexicanos—, o la Guerra Caliente —contra cárteles de la droga, donde frecuentemente encontraron agentes estadounidenses redes de protección institucional—. La salida de Pascual no alteró en absoluto la concepción de las relaciones bilaterales, sino que la ubicó más en la realidad. No era Ucrania y su reconstrucción, como se esperaba cuando se nombró a Pascual, sino Afganistán y Pakistán, en guerra permanente, desde donde quieren trasladar a Tony Wayne. rrivap...@ejecentral.com.mx |
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La marcha: oportunidad perdida Pablo Hiriart |
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La marcha que organizó Javier Sicilia fue una oportunidad desperdiciada para los que buscan la recuperación de la paz en el país. Lo que vimos el domingo salir de CU y llegar al Zócalo no sirvió para unir sino para dividir. Excelente era la idea de unificar el hartazgo por la violencia y la impunidad, y marchar con demandas concretas al gobierno y a la clase política en general. Pero se desvirtuó al poner, entre esas exigencias, requerimientos excluyentes que poco o nada tienen que ver con la seguridad pública. También era buena la idea de amagar con un boicot a las elecciones del próximo año si antes no había un acuerdo transexenal por la seguridad. Pero las demandas, como sabemos, se orientaron a pedir nueva reforma política, juicio público en el Zócalo a los responsables de las muertes en la guardería ABC, cambios en telecomunicaciones y otras ideas que tal vez son muy buenas, pero no apuntan a la recuperación de la paz perdida. Los que organizaron la marcha, las demandas y consignas, tenían otra agenda. Era la oportunidad para exigir al gobierno que convocara a los partidos, gobernadores, coordinadores parlamentarios y organizaciones sociales, a una encerrona de la que saliera una política de Estado en materia de seguridad. Una hoja de ruta para la recuperación de la paz. Tal vez no todos estarían de acuerdo en todo, pero habría un consenso más amplio y con compromisos concretos de parte de cada uno de los actores mencionados. Pero no fue así. Y llegaremos al final del sexenio con decenas de miles de muertos más, sin acercarnos a la paz básica que se necesita para vivir en sociedad (y que justifica la existencia del Estado). Hay una Estrategia Nacional de Prevención del Delito con elementos de política social, espacios deportivos, planteles de educación media y tecnológica que, como apuntó el lunes en estas páginas Raymundo Riva Palacio, resultó un absoluto fracaso. La difusión de mensajes para prevenir adicciones y conductas delictivas derivó en propaganda del gobierno contra otros gobiernos. Sin una estrategia integral, exitosa y verificable, la parte represiva al delito tampoco va a triunfar. Con el solo uso de la fuerza no se va a solucionar el problema de la criminalidad. Por eso es fundamental que haya acuerdos en temas básicos. Y que se pueda dar seguimiento a su implementación. Ahí la marcha pudo haber jugado un papel decisivo. Exigirle al Presidente que convoque a la confección de esa hoja de ruta para recuperar la paz que perdimos. Pero la atención se desvió a cuestiones secundarias: discutir si García Luna se debe quedar o irse, es una cortina de humo para lo esencial. Qué lástima. p...@razon.com.mx |
Comentaristas - Miércoles, 11 de Mayo de 2011 (09:15 hrs)
Carlos Ramírez
Caso Posadas: una nueva pista
Arellano: extradición sospechosa
En plena Semana Santa, el caso Posadas dio un nuevo giro espectacular: la última declaración ministerial de Benjamín Arellano Félix reabrió el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y la reinsertó en el escenario político del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
El contenido de la declaración pareció haber prendido los focos de alarma porque de manera urgente, en medio de un proceso judicial que iba a tardar aún varios meses, Arellano Félix fue rápidamente extraditado a Estados Unidos el viernes 29 de abril, dos semanas después de sus explosivas confesiones ante la autoridad judicial mexicana.
La declaración de Benjamín Arellano, uno de los señalados líderes del cártel de Tijuana, ocurrió el 15 de abril. Y ahí declaró ante una autoridad judicial que el jefe de la policía judicial federal en mayo de 1993, Rodolfo León Aragón, le dijo que efectivamente los hermanos Arellano Félix no participaron en el homicidio del cardenal, que fueron citados junto con su adversario Joaquín El Chapo Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara y que por tanto el prelado no fue asesinado por los narcos.
Asimismo, Benjamín Arellano Félix afirmó que el cardenal fue asesinado por agentes de la judicial federal y declaró ante la autoridad judicial que el jefe policiaco León Aragón le dijo que el cardenal Posadas Ocampo había sido asesinato "porque estaba proporcionando armas a los grupos guerrilleros". La versión no oficial del crimen del prelado señalaba el asesinato porque presuntamente el cardenal poseía información del narcotráfico en el gobierno de Salinas. En su declaración, Arellano Félix reiteró la versión del narco Kitty Páez, en 2006 en EU ante el FBI, la fiscalía de San Diego y representantes de la PGR de México, de que el director de la judicial federal le había pedido diez millones de dólares, varias casas de seguridad y automóviles propiedad de narcos para desviar las investigaciones.
Los narcos detenidos son capaces de ofrecer todo tipo de declaraciones y pistas, aun sin entender las implicaciones de mentiras ante una autoridad judicial. Sin embargo, los abogados de la iglesia que coadyuvan con la investigación consideraron que el paso obligado es el de promover un careo de Benjamín Arellano Félix con el exjefe policiaco León Aragón, pero el jefe narco fue rápidamente extraditado a Estados Unidos.
Es la primera vez que Benjamín Arellano Félix decidió comenzar a proporcionar información sobre su papel el día del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. A finales de 1993, Benjamín y su hermano Ramón -muerto en 2002 después de ser acusado de mil muertes- arribaron a la nunciatura del Vaticano en el DF para entrevistarse con el nuncio Jerónimo Prigione, a quien le informaron que ellos, los hermanos Arellano, no habían asesinado al cardenal. Por esas fechas, afirmó Benjamín, ya se había pactado un encuentro con el presidente Carlos Salinas para informarle no sólo del asunto Posadas sino entregarle datos incriminatorios de las relaciones del narco con funcionarios. Aunque pactado, el encuentro no se realizó por oposición del entonces procurador Jorge Carpizo McGregor.
En su declaración ministerial, Benjamín Arellano Félix insistió en señalar que ni ellos ni El Chapo tenían intención de encontrarse por el riesgo de un choque a balazos. Sin embargo, afirmó que ellos y El Chapo fueron citados en el aeropuerto de Guadalajara a determinada hora, justamente en la que se preveía el arribo del cardenal Posadas Ocampo para recoger al nuncio Prigione que llegaría a Guadalajara. Para Benjamín, la clave del asesinato se localiza en la persona que habría citado a las dos bandas en el aeropuerto, opinión que compartió el entonces jefe de la V región militar general Jesús Gutiérrez Rebollo también en declaración ministerial, porque al citar a la misma hora a dos bandas rivales el choque a balazos era inevitable.
La tesis no oficial señala que el cardenal Posadas Ocampo fue eliminado justo en el momento en que las dos bandas rivales se enfrascaron en una balacera, pero sin tener al cardenal en medio.
Para Benjamín Arellano Félix, ante autoridad judicial, fue el jefe policiaco León Aragón el que los citó en Guadalajara y lo ubicó el día del asesinato en el lugar del crimen. Sin embargo, hay declaraciones de León Aragón de que a la hora del crimen estaba en la ciudad de México y que se reunió con el procurador Carpizo McGregor para hacer la primera evaluación del incidente y que luego se desplazó a Guadalajara.
La declaración ministerial del pasado 15 de abril de Benjamín Arellano Félix modificó el escenario de la indagación oficial que ha querido desde el principio imponer la tesis de la muerte del cardenal en medio de una balacera entre las bandas de los Arellano Félix y El Chapo Guzmán, con el argumento de la confusión. La confesión de Benjamín -de ocho horas el 15 de abril, ante un ministerio público, tres ministerios públicos de la coordinación de investigación, los abogados defensores Francisco Javier Villarelo Contreras y Paulina Camarena Romero y el abogado coadyuvante de la iglesia José Antonio Ortega Sánchez- cambió la tesis oficial del asesinato. Inclusive, Benjamín solicitó un careo con León Aragón.
La última declaración de Benjamín Arellano Félix, del pasado 15 de abril, fue entregada ya al papa Benedicto XVI por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, en el encuentro en Roma en el contexto de la beatificación del papa Juan Pablo II, quien siempre se interesó en el caso Posadas.
Ahora la decisión radica en si la nueva procuradora Marisela Morales, que fue designada en 2001 por Fox como coordinadora de la investigación del crimen del prelado, decide o no darle continuidad procesal a la declaración de Benjamín Arellano y promueve un careo, aun con el narco en EU. De darse, podría finalmente resolverse el crimen de Posadas Ocampo ocurrido en el contexto del narcotráfico en el sexenio de Salinas de Gortari.
www.grupotransicion.com.mx
carlosr...@hotmail.com
+ Sicilia secuestra la república
+ Rescate: cabeza de García Luna
Para Lulú, la Mamma
Lo peor que le puede ocurrir a un país lastimado por el crimen organizado es que los buenos se conviertan en malos: la exigencia de Javier Sicilia de renuncia del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, se convirtió en un chantaje, una extorsión, un secuestro de la república pidiendo como rescate la cabeza del funcionario.
La personalización de la crisis de seguridad desinfló el impulso social de la manifestación del domingo. No se trató ya de protestar contra la violencia, de exigir soluciones y de realizar propuestas, sino de centrar el problema en el despido de un funcionario. Si el presidente de la república nocede al chantaje, entonces tampoco quiere colaborar.
La protesta de Sicilia perdió el rumbo. Y no sólo por actuar como secuestrador pidiendo como rescate la cabeza de un funcionario federal, sino porque su propuesta de un pacto por la seguridad y la justicia se redujo a una extraña mezcla de programas de gobierno del PRD y ¡del PRI! Y cayó en el terreno del oportunismo vulgar del PRD, que apoyó la demanda de renuncia pero se hizo el distraído de la crítica de Sicilia por la diputación perredista a Julio César Godoy, acusado de colaborar con el narco en Michoacán.
Lo grave del asunto fue que Sicilia y su equipo de intelectuales dejó fuera dos gravísimos temas: la reorganización indispensable del Instituto Nacional de Migración por su papel lamentable en la protección de derechos humanos de los migrantes y la ausencia de crítica a los cárteles de la droga que son los responsables de la violencia por su lucha entre ellos paraapoderarse de territorios y el secuestro y asesinato de miles de mexicanos que están apareciendo en fosas clandestinas.
Por tanto, la propuesta de Sicilia se redujo a parar la guerra contra el crimen organizado, lo que sin duda permitiría el regreso de los cárteles a los territorios ya rescatados. El discurso de propuestas fue desordenado, inconsistente, superficial y sobre todo funcional a los intereses de las bandas criminales. También exigió lo que ya está en marcha: esclarecer asesinatos y desapariciones, mezclando el problema del crimen organizado con los casosespeciales como la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo. Y pidióplacas para la memoria de las víctimas de la violencia, incluyendo a los delincuentes --el 95% de los muertos-- que cayeron en batallas callejeras contra las fuerzas de seguridad.
Sicilia cayó en la trampa discursiva de las organizaciones insurreccionales al señalar que la estrategia “militar” fue diseñada para “enfrentar al crimen organizado y la protesta social”, cuando el problema de fondo es que no existe un respeto de los grupos disidentes a las leyes y reglas de convivencia. Tan no existe objetivo de reprimir la protesta social, que el SME hace lo que se le pega la gana, los Atencos siguen amenazando con sus machetes, el EPR puede aliarse a las FARC colombianas, la APPO de Oaxaca sigue agitando la capital oaxaqueña, la sección 22 de maestros opera en la calle y no en las aulas… y nadie los reprime. Si se revisa la minuta de la Ley de Seguridad Nacional, se establece con claridad que no habrá represión de la protesta social.
Las propuestas de programas de emergencia para crear empleo a jóvenes es parte del viejo populismo priísta y ahora perredista y la petición de aumentar inversión en educación no atiende al problema central de la calidadde los programas de estudio; ahí están la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la UNAM impidiendo la reforma a la calidad educativa. Esta parte parece copiada de las cartas del subcomandante Marcos.
Pero la cereza de la propuesta de Sicilia radica en la propuesta de una democracia participativa --cualquier cosa que ello signifique-- porque dejó ver reformas totalitarias: la “democratización de los medios de comunicación” o sea la censura, la consulta popular que suele ser --como acaba de ocurrir en Ecuador-- un medio para la socialización de dictaduras, las candidaturas independientes que al final dependen de nuevos factores de poder, la revocación del mandato que se basa en la agitación de las masas y no en mecanismos de evaluación de resultados. Asimismo, el programa de gobierno de Sicilia incluyó dos temas que nada tienen que ver con la seguridad ciudadana: mayor intervención del Estado en telecomunicaciones y laaprobación de la minuta de reforma política diseñada por el PRI en el Senado.
Al final, el Pacto ciudadano no es otra cosa que la conformación de unnuevo partido político, no un verdadero tejido social plural y sin intenciones partidistas. La lista de exigencias de Sicilia no establece un compromiso de articulación con las instancias de gobierno y las instituciones nacionales, sino que se reduce a una especie de Carta a los Reyes Magos que el gobierno debe de cumplir estrictamente. No hay en los dos documentos de Siciliacompromisos reales de participación de la sociedad plural.
El Pacto tiene una intención clara: “este momento requiere laparticipación de todas y todos(,) el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación”. Todo se resume, pues, en detener la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado, pero sin ofrecer una alternativa de lucha contra las mafias. Por tanto, suspender el combate contra las mafias seríasinónimo de entrega de la república a las bandas de Joaquín El ChapoGuzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Lazca, Vicente Carrillo y todos los cárteles de la droga y del crimen organizado.
Pero la cifra de 65 mil delincuentes muertos o detenidos en este sexenio y El Chapo en las listas de Forbes ilustra el tamaño del desafío.
+ ¿Ninguna exigencia al Chapo?
+ ¿Ni a Zambada, ni al Lazca?
Con un sistema de información bastante funcional, los principales dirigentes de los cárteles de la droga estuvieron de plácemes ayer domingo. Una marcha multitudinaria congregó a decenas de organizaciones civiles y a miles de personas para… impugnar a los gobiernos federal, estatales y municipales, a los partidos y a las instituciones. Y ni por equivocación alguien lanzó un muera contra los capos de la droga que son el motor de la violencia.
La marcha de Javier Sicilia perdió la gran oportunidad de enviar una carta a los principales jefes de la droga pero con nombre y apellido, varios de los cuales se metieron en Cuernavaca ante la apatía social hoy desgarrada de indignación. Cuando el capo Sergio Villarreal El Grande fue arrestado como dirigente del cártel de los Beltrán Leyva en Morelos y reveló la presunta corrupción de un reportero de la revista de Julio Scherer, el mismo que apareció bajo el brazo protector de Ismael El Mayo Zambada, socio de El Chapo Guzmán, Sicilia escribió en Proceso una defensa sentimental del periodista y nada contra los narcos.
La marcha era la gran oportunidad para, ciertamente, criticar duramente a los tres niveles de gobierno y a las fuerzas de seguridad, pero sobre todo era el espacio político y social para que la sociedad enviara un duro mensaje a losbarones de la droga, cuyas tareas son las que han provocado las situaciones de violencia. Pero la marcha sirvió para que Sicilia desahogara su dolor de padre con frases hirientes contra funcionarios y organizaciones del sistema político.
El saldo fue previsible: nada, funcionalmente nada. La marcha tenía la gran oportunidad para promover una serie de iniciativas que sin duda los partidos y el Congreso tendrían que promover. Pero no: sólo gritos de dolor… y hasta la próxima marcha. El documento difundido en la marcha plantea lasmismas exigencias de siempre que implicarían replegar las fuerzas de seguridad y dejarle libre el territorio a los narcos para volver a asentarse, sólo que ahora con el beneplácito de una sociedad indignada.
La sociedad perdió otra coyuntura para exigir la creación de organizaciones de observación, de comités de supervisión ciudadana y, como lo planteó en El Universal Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, la creación de un auditor policial independiente de tipo ciudadano. Se trata de crear “una interferencia social” que controle y apoye a las organizaciones policiacas.
Y no deja de ser también significativo que la protesta de Sicilia se dio en el escenario de la distracción de la clase política morelense más preocupada por las reformas constitucionales que abrieron el abanico a las candidaturas al gobierno estatal el próximo año, al quitar el candado del origen por nacimiento y bajar la edad para ser gobernador. De ahí que los partidos de oposición estatales, el PRI y el PRD, lograron una gran reforma constitucional para la grilla de la sucesión gubernamental y nada hicieron para canalizar la indignación de Sicilia.
El narco se instaló en Morelos ante la complacencia gubernamental pero ante la pasividad de la sociedad. Y no de ahora. Ascendido al cargo de gobernador por su relación con Carlos Salinas y sobre todo con el superasesor Joseph-Marie Córdoba Montoya, el general Jorge Carrillo Olea llegó en 1994 al gobierno estatal por su participación en la dirección de las oficinas antinarcóticos y de inteligencia y seguridad nacional. Y como gobernador dejóque el crimen organizado se asentara en la entidad, en fallas garrafales de inteligencia y seguridad nacional.
Hoy Carrillo Olea saca la cabeza para criticar al gobierno estatal por la inseguridad, pero olvida que fue destituido por la presión social cuando se descubrió que su procurador estatal, su jefe de la judicial estatal y su jefe del grupo antisecuestros controlaban a las bandas de secuestradores. Y en el gobierno de Carrillo Olea se asentaron los primeros cárteles de la droga.
La sociedad está indignada. Y tiene muchas razones para estarlo. Sólo que se trata de la misma sociedad que protesta y grita su indignación pero no participa en la organización de un tejido social para la seguridad ciudadana y social. En los resolutivos de organizaciones alrededor de Sicilia hay rabia pero no posibilidad de participación.
Destaca sobre todo el silencio ominoso de la marcha de Sicilia contra los cabecillas de los cárteles de la droga, verdaderos responsables de la violencia. Para usar la poesía de Sicilia, ni una mentada de madre contra elChapo, el Lazca o El Mayo, el cártel del Pacífico Sur responsable de la muerte del hijo de Sicilia, la Tuta, apenas un raspón al PRD por darle fuero a Julio César Godoy. Eso sí, el oportunismo de siempre, inclusive si viola el Estado laico y coloca a obispos metiéndose en política terrenal.
Y ningún mensaje de la marcha Sicilia al presidente Barack Obama, al Congreso de los Estados Unidos que se hace el distraído en el tema del tráfico de drogas, a los 25 millones de consumidores estadunidenses cuyo acceso a la droga tiene a México en el ojo del huracán de la violencia del crimen organizado.
La indignación está perdiendo los referentes con la realidad. Ya han convertido a los casi 40 mil muertos en víctimas de la violencia. Pero el 95% de los muertos son delincuentes, muchos de ellos asesinados entre ellos, y ahora ya van a formar parte del Muro de Vietnam en Morelos. La lucha contra el crimen organizado debe evitar daños colaterales pero tampoco la caridad cristiana puede convertir en víctimas a los delincuentes que murieron en sus guerras criminales por el control de territorios de droga.
La sociedad se dedica a gritar su indignación o a marchar sus agravios pero no participa ni condena a los criminales. Por eso los capos miraron ayer la marcha dominical de Sicilia como si disfrutaran un partido de futbol. Contra ellos, nada de la sociedad. NI un grito. Ni una mentada de madre. Mejor,imposible.
Al encuentro La ruta trasatlántica de la cocaína, que se celebra en Deauville, Francia, del 16 y 17 de mayo, asisten representantes de los ministros del interior de los países del G-8 y 14 de África y América Latina, incluido México.
Los organizadores están interesados en conocer mejor cómo operan las rutas del tráfico trasatlántico de cocaína, que de manera directa va de Sudamérica y el Caribe a Europa y también por la vía de África.
El objetivo del encuentro es elaborar un plan de acción para luchar contra el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica, que será sometido a los jefes de Estado y de gobierno del G-8 en su reunión del 26 y 27 de mayo próximo.
Las sesiones tienen tres campos de trabajo: la organización de las redes criminales; cómo mejorar el intercambio de información y la cooperación policial, judicial, aduanera y marítima, y las otras rutas para el tráfico de droga, indicaron los organizadores.
De las 1,000 toneladas de cocaína que anualmente producen Colombia, Bolivia y Perú, unas 300 están destinadas al mercado europeo.
El 50 % pasa directamente de los países productores a Europa por embarcaciones o aviones; 20% transita por el Caribe y 30% por África Occidental, según Naciones Unidas.
A la reunión de América Latina asisten México, representado por Jorge Lara, de la Procuraduría General de la República, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y República Dominicana. De África, Argelia, Marruecos, Senegal, Ghana, Nigeria y Sudáfrica.
Participarán también el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno Miguel Angel Insulza, y representantes de la Comisión Europea, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de Interpol, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
El ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera, quien participa en la reunión, asegura: “Cada vez hay más preocupación a nivel mundial y en los países más poderosos frente al problema de las drogas y su incidencia en la financiación del terrorismo y frente al riesgo que este problema representa para las instituciones democráticas de distintas regiones del mundo”.
En Colombia, la producción de la cocaína se ha mantenido estable, hay una reducción marginal y ha crecido en Bolivia, pero sobre todo en Perú. De manera particular en la región donde opera Sendero Luminoso, que se ha reactivado a partir del financiamiento de la droga.
El control del tráfico a Europa lo tienen los cárteles de los países productores y también del Caribe. El paso de la ruta caribeña vía Venezuela ha crecido en los últimos años. Unas 90 toneladas ingresan todos los años por África.
Los cárteles mexicanos son marginales en el mercado europeo. La droga que ellos hacen llegar nunca pasa por México y la ruta que utilizan es la del Caribe. En Europa, el consumo de la cocaína tiende a crecer, aunque de manera lenta.
Del “qué pasa”, al “qué no debes decir”. Tratándose de estar en las redes sociales, los funcionarios del primer nivel en el régimen calderonista deben seguir, al pie de la letra, las pautas marcadas por Alejandra Sota. Los 20 integrantes del gabinete presidencial –los 19 secretarios de Estado, la Procuradora y el Consejero Jurídico de Los Pinos– no pueden darse el lujo de usar un gerundio. O de conjugar en pasado, a menos de que sea para contextualizar una actividad del presente.
Es la Gramática 2.0, la propaganda oficial en las redes sociales estrenada hace un mes, momento en que la Coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia lanzó la nueva página de Internet de Los Pinos –hecha a imagen y semejanza del sitio web de la Casa Blanca de Barack Obama– y de los blogs de los voceros.
El decálogo del buen twittero calderonista recomienda “hacer uso frecuente de palabras clave, directamente relacionadas con el legado del Presidente (Felipe Calderón) para reforzar el posicionamiento de los temas prioritarios. Esto contribuirá, además, a darles visibilidad en motores de búsqueda como Google”.
Instrucciones, más que recomendaciones, que deben ser atendidas por los secretarios de Estado y/o sus coordinadores de Comunicación Social… Mismas que deben –al menos eso– atenerse a un criterio de falsa modestia.
“Las palabras clave deben ser principalmente sustantivos y debe procurarse no asociarlos a adjetivos calificativos, con el fin de que los hechos hablen por sí mismos y se evite el riesgo de caer en un tono de autocelebración”. Se recomienda también “evitar el uso de palabras negativas que por sí mismas tienen atributos negativos (sic), ya que pueden generar rechazo en quien las lee”, establece en la página 18 el protocolo de uso de Twitter y Facebook para los altos mandos del gobierno federal, en vigor desde el 15 de marzo del 2011. Las palabras “utilizables” son el doble de las “evitables”, como consta en las recomendaciones de ese manual para los calderonistas en el asalto a las redes sociales.
Palabras a utilizar en voz del gobierno federal: acuerdo, ambiente, apoyo, atención, avance, cambio, ciudadano, cuidado, educación, empleo, gracias, impulso, infraestructura, logro, México, oportunidad, protección, reto, salud, seguridad, unidad, vivienda. Palabras a evitar: crimen, criminales, crisis, fracaso, guerra, lucha, posiblemente, problemas.
Verbos y frases recomendados para “motivar” a los usuarios de Twitter y de Facebook: apoya, comparte, conoce más, entérate, escucha, participa, recomienda, sigue, ve…
En las redes sociales –instruye el documento, elaborado por el Sistema de Internet de Los Pinos– la voz de los secretarios debe ser “auténtica, coherente y consistente”. Sus micromensajes deben obedecer a un “sentido estratégico” y cumplir tres tareas específicas:
Deben informar, en el entendido de “compartir con la ciudadanía los logros que se desprenden de la agenda cotidiana de la Secretaría y la visión que sustenta sus actividades”. Deben explicar, para acercar a la ciudadanía a conocer y valorar las acciones de la Secretaría, así como de la Presidencia. Y deben fijar postura ante eventos coyunturales.
Esta visión de la comunicación oficial va más allá del e-Government, encabezada en el sexenio pasado por el publicista y ahora senador, Ramón Muñoz. Y es que, a diferencia de cualquier periodo presidencial, el ciberespacio se ha convertido en un “vehículo de comunicación relevante” para el calderonismo.
Ahora se busca minimizar los riesgos inherentes a la comunicación en tiempo real y maximizar su capacidad de impacto social. Pero, ¿por qué lo prefieren, en vez de la prensa escrita, los medios electrónicos convencionales o incluso otros medios alternativos, como podrían ser los anuncios espectaculares o los cineminutos? La respuesta es contundente: por medio de Twitter y/o de Facebook es posible enviar “mensajes clave” a cada vez más ciudadanos en un formato “conversacional y de asimilación sencilla y rápida”.
Este protocolo tuvo que ser leído por los secretarios del gobierno federal y sus equipos de Comunicación Social.
Hay premisas centrales: todas las secretarías del gobierno federal tendrán dos cuentas en Twitter, una de la institución y otra de su titular. Podrían crear cuentas adicionales, pero se resolverá caso por caso. Todas las secretarías tendrán una página oficial en Facebook para la institución. No habrá páginas oficiales para los titulares.
¿Por qué todas? Para mitigar los riesgos de la existencia de cuentas falsas.
Las primeras 10 páginas del manual están dedicadas a unificar la identidad gráfica de las cuentas de Twitter y de Facebook. A partir de la página 11, en el apartado referente a los “contenidos”, ya puede configurarse lo que podemos denominar el decálogo de lo calderonistas twitteros y facebookeros:
Posicionarán entre la ciudadanía los temas más relevantes de la labor del gobierno.
Darán prioridad a los mensajes relacionados con el legado del gobierno del presidente Calderón.
Evitarán asuntos que generen controversia o rechazo entre ciertos sectores.
Publicarán mensajes de alta relevancia y bajo riesgo.
Darán prioridad a los mensajes coyunturales que puedan ligarse con los mensajes del legado de la Presidencia.
Evitarán temas de conversación cotidiana, pues su presencia en Twitter debe tratarse como una comunicación institucional y no de carácter personal o privado.
No podrán estar en Facebook (disposición aplicable particularmente a los secretarios de Estado). En suma: deberán profesionalizar la forma en que se enuncian los mensajes institucionales en las redes sociales. Y, sobre todo, deberán promocionar los “cuatro pilares” de este gobierno: la recuperación económica y el empleo; el desarrollo de infraestructura, la salud y, por supuesto, la seguridad.


(CNNMéxico) — Lo has escuchado en las noticias, si elcalentamiento global continua, la Gran Barrera Coralíferadesaparecerá en 2030, los glaciares en los Alpes Andinos, en Kilimanjaro y el Parque Nacional Glacial se borrarán de la faz del planeta en 40 años; y si el hielo ártico se derrite, no sólo desaparecería el Polo Norte, sino que también los osos polares se extinguirían.
La inminencia en estos tiempos de "desaparición" ha despertado la curiosidad de turistas ecológicos de viajar a estas áreas ambientalmente frágiles.
El viaje es tanto una bendición así como una amargura: puede añadir tensión a áreas afectadas, pero también puede proporcionar ingresos que pueden ayudar a conservar estas maravillas naturales.
La revista Budget Travel destacó 10 áreas bajo peligro de extinción – algunas en menor escala que otras – que todavía pueden ser visitadas responsablemente. En algunos casos, el precio de visitar este lugar puede ser más alto que una vacación regular, sin embargo se debe considerar la visita como una inversión para la Madre Tierra.
| Martes, 10 de mayo de 2011 |
@MarioCNN
El próximo domingo 15 de mayo se celebra el día del maestro en México. Pero además, ese día estrenamos en CNN un nuevo programa:México Opina. Y siendo el día del maestro qué mejor que dedicar nuestro primer programa a la educación.
Cuando hablamos de los problemas que más afectan a nuestro país, inseguridad, violencia, competitividad, desempleo y demás, casi siempre llegamos a la misma conclusión: nuestro sistema educativo es deficiente, caduco; nuestros profesores no son bien evaluados ni pagados, no tienen el nivel de otros países que están en iguales condiciones que el nuestro y el sindicato del magisterio ha obstaculizado una verdadera reforma educativa.
En México Opina – domingo 8 de la noche, hora de México- invitaremos a debatir sobre este problema a varios especialistas y entrevistaremos a la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo. Creo que es un personaje central en el tema educativo y más si hablamos del magisterio nacional. Sí, es una de las mujeres más polémicas – y odiadas- de nuestro país, quien incluso se ha convertido en un mítico personaje de la política contemporánea.
Pero además de estas participaciones, lo que queremos en México Opina es entablar una comunicación directa y constante con todos ustedes. Se trata de un esfuerzo por integrar nuestras plataformas (televisión e Internet) para contar con una efectiva participación de los lectores y televidentes, a través del twitter, facebook, cnnmexico.com, ireport y otras herramientas.
Claro, no estamos descubriendo el hilo negro, pero sí queremos marcar una nueva forma de participación que vaya más allá de leer un mensaje al aire o hacer una pregunta que el público envía por medios electrónicos. Queremos propuestas, definiciones, temas, ideas, es decir, todo lo que implica una participación activa.
La invitación está abierta. En este enlace hemos concentrado algunas formas de participación:

CNNMéxico — Los servicios de salud y educación son los dos rubros en los que ha aumentado la corrupción en México.
De acuerdo con el Índice nacional de corrupción y buen gobierno que dio a conocer el capítulo México deTransparencia Internacional, la corrupción ha aumentado en estos dos servicios en los últimos 10 años.
En una escala del 1 al 100, aumentó de 4.3 a 8.7 el índice de corrupción para ser atendido en el área de urgencias en una clínica u hospital.
La educación no está exenta de la cultura de la “mordida”, como se le llama al pago en el acto de la corrupción.
En el trámite de También aumentó de 4.7 a 7.0 el trámite para obtener constancias de estudios o exámenes en escuelas públicas.
La tendencia favorable que registraba la obtención de créditos o préstamos para casa o negocio se revirtió, pues pasó de 3.5 en 2007 a 5.6 el año pasado. En 2001 este rubro registraba un 5.0.

(Notimex) — Dos secretarios de Estado tendrán que comparecer ante el Congreso de la Unión por el accidente minero en el norteño estado de Coahuila, donde murieron 14 trabajadores.
La Comisión Permanente aprobó este miércoles un punto de acuerdo para llamar a comparecer al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y al de Economía, Bruno Ferrari.
Los legisladores piden que Lozano les informe sobre las acciones que emprendió la Secretaría a su cargo para atender a los familiares de los mineros muertos en Sabinas, así como para conocer mayores detalles sobre el rescate de los cuerpos.
En tanto, el titular de Economía es requerido para que dé cuenta de las concesiones de las empresas mineras.
También se citaron a los secretarios de Energía, Dionisio Meade; Medio Ambiente, Rafael Elvira, y los directores el IMSS, Daniel Karam, y de la CFE, Antonio Vivanco, a propuesta del diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del PAN.
“Cuando ocurran las comparecencias de los servidores públicos, además de proporcionar la información que se les requiera, deberán contestar de manera puntual y objetiva a las preguntas que les formulen los legisladores”, se precisa en el acuerdo.
El diputado José Ramón Martel López, del PRI, criticó lo que llamó “falta de voluntad” para hacer cumplir lo que establece la Ley Federal del Trabajo y evitar sucesos lamentables como el de Sabinas. “Necesitamos un secretario del Trabajo que trabaje, no un reportero de Twitter”, expresó.
En total, 14 mineros quedaron atrapados tras una explosión el pasado 3 de mayo, mientras otro que se encontraba afuera de la mina al momento del incidente —un menor de edad— resultó con heridas graves.
Tras varios días de labores, las autoridades rescataron el último de los 14 cuerpos durante las primeras horas del pasado domingo.
Coahuila no registraba un accidente minero de esta naturaleza desde que, en febrero de 2006, un estallido dejó atrapados a más de 60 trabajadores de la mina Pasta de Conchos.
Los cadáveres no pudieron ser recuperados debido a las altas concentraciones de gases explosivos, cinco veces superiores a la cantidad normal, de acuerdo con funcionarios federales.

(CNNMéxico) — El presidente Felipe Calderón pidió este miércoles a las autoridades estadounidenses “congruencia” en las políticas públicas sobre drogas, pues mientras su producción es sancionada en México, en regiones de Estados Unidos se permite su elaboración industrializada.
“Tiene que haber un poco de congruencia en las políticas públicas, con todo respeto para el gobierno, el pueblo y el Congreso estadounidense”, aseguró el mandatario en el tercer día de su visita de trabajo a ese país, durante una reunión con el Consejo de las Américas, encabezado por el ex embajador de Estados Unidos en México, John Negroponte.
No puede ser que mientras en México se detenga a un campesino por sembrar un cuarto de hectárea de marihuana, en Estados Unidos se permita en algunos lugares la producción industrializada, dijo Calderón.
California, Arizona, Dakota del Sur, Massachusetts, Oregon y Vermont son algunas de las entidades estadounidenses donde se han discutidoiniciativas para autorizar la marihuana para fines médicos y recreativos.
Unos 15 estados han aprobado la posesión de marihuana con fines médicos desde 1996. La cifra límite de marihuana ronda entre 1 y 24 onzas.
El presidente de México reiteró su posición en contra de la legalización del consumo de drogas en México, porque el país se convertiría en “el paraíso de los criminales”, aseguró.
La autorización de la marihuana para su uso médico es un cambio cultural que ha hecho mucho daño, explicó el mandatario.
“Permitir el uso medicinal de la marihuana, ese sólo hecho legislativo ha hecho un cambio cultural, ahora realmente es muy cool fumar marihuana, es una moda entre los muchachos”, dijo.
El consumo de drogas “es un problema global muy delicado”, afirmó Calderón. “Deja a varias generaciones en manos de los criminales, produce adicción y genera dependencia de por vida”, aseguró.
El mandatario mexicano llamó a los congresistas estadounidenses a “comprometerse en serio a hacer cumplir la ley” en relación a las drogas.

(CNNMéxico) — Así como la dieta adecuada puede prevenir enfermedades cardiacas, la presión alta o el cáncer, los expertos de la salud han descubierto que algunos alimentos podrían mejorar el estado de la mente.
Aunque no hay un tratamiento probado para curar el Alzheimer, existen alimentos que tienen un papel positivo en la salud mental en general, de acuerdo con el sitio CookingLight.com.

Una expedición científica descubrió una zona de “transparencia” en el océano Pacífico, provocada por la falta de materia orgánica disuelta y de fitoplancton, informó este miércoles en un comunicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.
La expedición Malaspina, formada por 400 científicos, partió el 16 de abril de la ciudad neozelandesa de Auckland y recorrió el Mar de Coral y el Cinturón de Fuego hasta regresar al hemisferio norte, después de cruzar el Ecuador.
El equipo se propuso recolectar información para llenar los vacíos y buscar cesio y niveles de radiactividad, derivados del accidente en Fukushima tras el terremoto en Japón.
Los investigadores comprobaron con un radiómetro submarino, en una región situada a 13 grados Sur, que la luz alcanza los 200 metros de profundidad, cuando lo normal es que no llegue ni a los 100. Datos que la hacen la mayor transparencia medida hasta el momento
La radiación ultravioleta penetra hasta los 60 metros de profundidad en dosis suficientes para causar mortalidad en las células que forman el plancton.
Susana Agustí, investigadora del CSIC y jefa científica de las etapas de la expedición que van desde Perth (Australia) hasta Honolulú (Hawai), puntualizó que "el aumento de la radiación ultravioleta podría deberse a la destrucción parcial de la capa de ozono".
Esta explicación es coherente con "resultados recientes que muestran que la biomasa (materia orgánica producida por el fitoplancton) ha disminuido en el océano en las últimas décadas", añadió el coordinador de Malaspina, Carlos Duarte.
La expedición llegó el pasado 8 de mayo a la capital hawaiana, completando su quinta etapa. En el viaje han recogido más de tres millones de datos de temperatura, salinidad, oxígeno, fluorescencia y velocidad de la corriente, desde la superficie hasta los 4,000 metros de profundidad.
Además, han realizado de forma continua unos 250,000 registros de temperatura y salinidad de las aguas superficiales.
Duarte recordó que se han detectado, con otros estudios, radioisótopos en la costa oeste de Estados Unidos y en Europa. Esos isótopos de cesio "deben de estar entrando en el océano en cantidades pequeñas, muy lejos de los niveles que causarían riesgo para las personas", dijo.
A bordo viaja un ilustrador, Miguel Alcaraz, quien ha documentado a través de dibujos de acuarela la flora, las líneas de costa y los organismos marinos capturados por los científicos.
El buque Hespérides, que partió el 15 de diciembre de 2010, ha completado más de las dos terceras partes de su vuelta al mundo, que finalizará en Cartagena, España, a mediados de julio.
Además del Hespérides, otro buque, el Sarmiento de Gamboa, perteneciente al CSIC, forma parte de la expedición, pero en el oceáno Atlántico. Ambos barcos acumularán cerca de nueve meses de navegación y 33,000 millas náuticas, dio a conocer la institución.
Noam Chomsky analiza la ilegalidad de la operación que supuestamente mató a bin Laden y la falta de evidencia de su culpabilidad de los ataques del 9/11
El siempre lúcido politólogo Noam Chomsky publicó hace un par de días una reflexión sobre la muerte de bin Laden y el trasfondo político de esta operación. El texto puede leerse en inglés en el sitio de Guernica. A continuación nuestra traducción:
Es cada vez más claro que la operación fue un asesinato planeado, violando múltiples normas elementales del derecho internacional. Parece que no hubo un intento de aprehender a la víctima desarmada, como presumiblemente pudieron haber hecho los 80 comandos enfrentando virtualmente ninguna oposición –excepto, dicen, de su esposa, que se abalanzó sobre ellos. En sociedades que profesan algo de respeto para la ley, los sospechosos son aprehendidos y llevados a que se les realice un juicio justo. Enfatizo en “sospechosos”. En abril del 2002, el director del FBI, Robert Mueller, informó a la prensa que después de la más intensa investigación en la historia, el FBI no podia decir más que “creía” que el plan había sido gestado en Afganistán, aunque implementado en los Emiratos Árabes Unidos y en Alemania. Lo que solo creían en abril del 2002, obviamente no sabían 8 meses antes, cuando Washington desestimó las ofertas del Taliban (qué tan serias, no lo sabemos, porque fueron instantáneamente desestimadas) de extraditar a bin Laden si se les presentaba evidencia -que, como pronto descubrimos- Washington no tenía. Así que Obama estaba simplemente mintiendo cuando dijo, en su declaración de la Casa Blanca, que “rápidamante descubrimos que los ataques del 9/11 habían sido llevados a cabo por al Qaeda”.
Nada serio ha sido proporcionado desde entonces. Se habla mucho de la “confesión” de bin Laden, pero eso es como si yo confesara que gane el Maratón de Boston. Se jactó de lo que consideraba un gran logro.
Existe también una gran discusión sobre la molestia de Washington con Pakistán por no entregar a bin Laden, aunque seguramente elementos miltares y fuerzas de seguridad sabían de su presencia en Abbottabad. Menos se habla de la molestia de Pakistán de que Estados Unidos invadió su territorio para llevar a cabo un asesinato politico. El fevor anti-americano ya es bastante alto en Pakistán, y estos eventos seguramente lo exacerbarán. La decisión de arrojar el cuerpo al mar, predeciblemente, ya está provocando enojo y esceptisismo en el mundo musulmán.
Nos podríamos preguntar cómo estaríamos reaccionando nosotros si comandos iraquíes hubieran aterrizado en las instalaciones de George W. Bush, lo hubieran asesinado y luego hubieran arrojado su cuerpo en el Atlántico. Sin controversia, sus crímenes exceden vastamente los de bin Laden, y él no es un “sospechoso”, es sin controversia el “decididor” que dio las órdenes para cometer un “crimen internacional supremo diferenciándose de otros crímenes de guerra en que contiene dentro de sí el mal acumulado de la totalidad” (citando el Tribunal de Nuremberg) por el cual los criminales Nazis fueron colgados: los cientos de miles de muertes, millones de refugiados, destrucción de gran parte de un país, el amargo conflicto sectario que ahora se ha esparcido al resto de la región.
Hay más que decir del [bombardero de la aerolínea cubana Orlando] Bosch, quien acaba de morir pacíficamente en Florida, incluyendo una referencia a la “doctrina Bush” de que las sociedades que albergan terroristas son tan culpables como los terroristas mismos y deben de ser tratados acorde a esto. Nadie parece notar que Bush estaba llamando a una invasion y destrucción de Estados Unidos y al asesinato de su presidente criminal.
Lo mismo con el nombre, Operación Geronimo. La mentalidad imperial es tan profunda, a lo largo de la sociedad occidental, que nadie percibe que están glorificando a bin Laden al identificarlo con la valiente resistencia en contra de invasores genocidas. Es como llamar a nuestras armas destructoras con el nombre de las víctimas de nuestros crímenes: Apache, Tomahawk… Es como si el Luftwaffe llamara a sus aviones de combate “Judío” y “Gitano”.
Hay mucho más que decir, pero incluso los hechos más evidentes y elementales nos deben dar mucho en que pensar.
