“Seis”.
“Ocho punto ocho”. “En realidad, tenemos diez”. “Ahora hay doce”. “Este
año llegamos a catorce”. “Pronto estaremos cerca de los treinta”. De
esta forma, como si se sacaran conejos de la chistera de un mago, se
anunciaban y difundían las cifras que daban cuenta de las reservas de
gas del Perú. Medida en trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas
en inglés), esta información suele ser fundamental para definir los
lineamientos de la política energética de un país. Si no se manejan con
seriedad, en cambio, terminan generando falsas expectativas de
crecimiento y comprometen seriamente su futuro y desarrollo.
Pero hagamos un poco de memoria. Desde que el gas se
reveló como un
recurso fundamental para el Perú, la posición del Ministerio de Energía y
Minas (MEM) había sido bastante tranquilizadora: las reservas probadas
de Camisea (sumadas las de los lotes 88 y 56) superaban los 10 TCF. A
comienzos de este año se anunció que llegaban a unos 14,1 TCF. La
noticia fue recibida con entusiasmo, porque con esos niveles no había
nada de qué preocuparse. Había gas para todos y para rato.
Fue a mediados del 2008 cuando aparecieron los
primeros indicios de
que algo andaba mal. Diversas empresas interesadas en invertir en áreas
tan rentables como la generación de electricidad (Termochilca) y la
petroquímica vieron frustradas sus aspiraciones porque Pluspetrol no les
quiso firmar contratos alegando que no había gas. ¿Cómo que no alcanza
el gas? ¿Y las reservas que se había anunciado pocos meses atrás? La
preocupación empezó a extenderse e inmediatamente los ojos voltearon
hacia el proyecto de exportación. ¿Cómo se iba a destinar reservas de
gas para venderle a México si lo que había no alcanzaba para el mercado
interno?
Las explicaciones no se hicieron esperar. Los
promotores de la
exportación salieron al frente para señalar que el problema no estaba en
la cantidad de las reservas, sino en el diámetro del ducto, que no se
daba abasto para transportar el gas destinado a satisfacer la demanda
interna. Según ellos, bastaba verificar las cifras de la Dirección
General de Hidrocarburos (DGH), encargada de establecer el nivel real de
reservas, para darse cuenta de que no había problemas. El 2007, según
la DGH, teníamos 11,15 TCF.
Sin embargo, a pesar de las “tranquilizadoras”
explicaciones, la
demanda seguía superando con creces a la oferta. Esto provocó que
Roberto Ramallo, gerente ejecutivo de Pluspetrol, declarara en junio
último que su compañía “no firmará más contratos de suministro de gas
natural con nuevas empresas hasta certificar la existencia de reservas
adicionales. No tenemos una fecha precisa para vender gas a nuevas
empresas, podría ser un poco antes o después del 2010”.
El punto final a este debate sobre si la culpa del
desabastecimiento
la tenían el tubo o las reservas, lo puso la auditoría efectuada por la
empresa Gaffney, Cline & Associates (Gaffney), que en junio último, y
a pedido del Ministerio de Energía y Minas, presentó el nivel de
reservas certificadas. Los resultados dejaron a todos boquiabiertos: las
reservas probadas solo llegaban a 8,8 TCF. Es decir, había 5,3 TCF
menos de lo que habían calculado el MEM y el Consorcio Camisea.
De acuerdo con información proporcionada por el
Ministerio de Energía
y Minas, se supo que esta situación se venía repitiendo desde el 2005.
Las reservas probadas certificadas eran mucho menores de lo que se había
venido anunciando, por eso no se podía firmar nuevos contratos. El
riesgo era que hacia finales del 2010 empezarían a presentarse cortes y
restricciones en el servicio eléctrico debido a la falta de proyectos de
generación, cuya construcción se encontraba paralizada porque las
empresas no conseguían contratos de gas.
Trillones en juego
Diversos documentos a los que tuvo acceso PODER Enterprise demuestran
que desde el año 2003 el Consorcio Camisea, liderado por la argentina
Pluspetrol, alertó que no era conveniente exportar el gas de Camisea
debido a que, según sus proyecciones, las reservas no alcanzaban para
abastecer el mercado interno.
Así lo expresa claramente el documento Pluspetrol
Camisea – Position
Paper, del 7 de abril de 2003: “Las estimaciones recientes sobre
reservas probadas de gas del Lote 88 y la previsión de la demanda del
mercado doméstico peruano para los próximos cuarenta años [que era el
período de duración del contrato original del Lote 88], muestran una
diferencia negativa de 4,2 TCF. Aunque Pluspetrol confía en que con el
tiempo, la exploración y el desarrollo de pruebas de largo plazo se
pueda reducir o incluso eliminar esta diferencia, hoy no podemos
comprometernos ni garantizar las reservas de gas del Lote 88 para
realizar un proyecto de exportación, mientras simultáneamente
comprometemos y garantizamos los volúmenes de gas que se requiere para
el mercado local”, señalan.
En otro informe de la compañía (Camisea: Strategic
Value), de febrero
del 2003, se muestra un cuadro en el que se indica cuál era el
verdadero nivel de las reservas de entonces. Según el estudio de De
Golyer & MacNaughton (una evaluadora seria del potencial de
yacimientos de hidrocarburos), el Lote 88 tenía 8,7 TCF, de los cuales
solo el 78% era recuperable. Por tanto, las reservas probadas llegaban a
6,8 TCF.
En cambio, el Lote 56 solo contaba con 2,0 TCF comprobados (2,5
probables, pero con una certeza de 75%). Sumados los valores de ambas
concesiones, el país tenía 8,8 TCF de reservas probadas en dicho año.
Esto no es lo único importante que señala este cuadro.
Según los
cálculos efectuados, el país necesitaba 11 TCF para satisfacer la
demanda interna de gas hasta el 2040. Es decir, sin vender gas al
exterior, en ese momento, ya teníamos un déficit de 2,2 TCF. Por eso
mismo Pluspetrol indicaba: “un operador responsable, antes de destinar
sus reservas a un proyecto de exportación requiere: adquirir un
conocimiento profundo sobre el comportamiento de las reservas; confirmar
adecuadamente el desarrollo de las reservas comprobadas; convertir las
reservas probables en probadas; incorporar reservas probadas de otros
lotes”.
En dicho documento de Pluspetrol también se indica:
“La propuesta del
proyecto CLNG [nombre utilizado por la empresa antes de ser Perú LNG,
para la exportación del gas] tiene dos aspectos que podrían ser
políticamente controversiales. El primer hecho es que el país recibirá
12 centavos de dólar de royalty por cada millón de pies cúbicos [de gas]
que el proyecto venda [en el extranjero], comparado con los 63 centavos
de royalty y los múltiples efectos que en la economía generaría cada
millón de pies cúbicos vendidos en el mercado local. Segundo, con
precios bajos, el mercado local estaría subsidiando el desarrollo
económico extranjero”, indicaba en el 2003. Cualquier parecido con la
realidad no es mera coincidencia.
El diagnóstico de Pluspetrol revela que en dicho
momento se podía
establecer perfectamente que no era conveniente vender el gas al
extranjero, y que esta posición no era exclusiva de analistas con
intereses particulares o sin conocimiento del tema, tal como han
pretendido hacer parecer en diversas ocasiones funcionarios del gobierno
y ejecutivos de la ahora llamada Perú LNG.
La pregunta entonces es: ¿por qué si en el 2003
Pluspetrol alertaba
sobre la falta de reservas de gas, el MEM y Hunt Oil (la compañía
estadounidense interesada en la exportación del recurso) publicaban
datos según los cuales había reservas de sobra?
La respuesta parece obvia hoy: porque se estaba
preparando el terreno
para que en el 2005 se hicieran las modificaciones legales necesarias
que ayudaran a liberar reservas de gas para el proyecto de exportación.
La “confusión” en la medición de las reservas nace
curiosamente de un
hecho bastante simple: en el 2003 se comenzó a incluir como parte de
las reservas probadas a las probables. Sin embargo, el hecho no quedó
ahí, y tal como lo demuestra el informe Gaffney, como la suma de ambos
rubros no superaba los 11 TCF en reservas en el 2009, Hunt Oil habría
incorporado incluso las reservas posibles para sustentar la existencia
de gas suficiente para la exportación.
Foto portada: Musuk Nolte / Foto Lote 88-Camisea: EFE
