FW: CARTA DE INDIGENAS A GOBIERNO, FARC Y DENUNCIA A MEDIOS OFICIALES

[Luis Carlos Lezama Barreto]

---

Date: Tue, 17 Jul 2012 23:18:49 -0500
Subject: CARTA DE INDIGENAS A GOBIERNO, FARC Y DENUNCIA A MEDIOS OFICIALES
From: tulpadelasc...@gmail.com
To: tulpadelasc...@gmail.com

Los medios oficiales le hacen eco a las mentiras de los militares

Martes, 17 de Julio de 2012 22:20

Este martes 17 de 2012, desde muy temprano las carreteras del Norte del Cauca se inundaron de chivas que transportaban a centenares de indígenas hacia el municipio de Toribío. Todos empujados por la fuerza de los bastones de mando que representan para ellos la autonomía.

Mientras en los medios masivos publicaban la respuesta del ministro Juan Carlos Pinzón sobre la petición de los indígenas de retirar las tropas del Cauca," A los indígenas hay que decirles que los respetamos, que el diálogo es la voluntad del Gobierno, pero de ninguna manera la Fuerza Pública se va a ir de allá", más de dos mil indígenas avanzaban hacia uno de los cerros que se imponen sobre las montañas de la cordillera central del nororiente caucano, para llegar hasta donde se encuentran 400 indígenas que acampan y cuidan el cerro el Berlín desde el pasado 11 de julio, (día de la visita del presidente Juan Manuel Santos a Toribío).  Es en esta montaña donde se encuentra una de las bases militares que cuidan las dos antenas de las compañías de telefonía celular.

 

Estando allí el gobernador indígena de Toribío, dio a conocer a los militares, la carta dirigida a los diferentes actores armados, que dice “…No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando cómo nos matan y destruyen nuestros territorios, comunidades, planes de vida y nuestro proceso organizativo, por esto, enraizados en la palabra, la razón, el respeto y la dignidad, iniciamos caminar en grupos hasta donde están atrincherados los grupos y ejércitos armados, para decirles frente a frente, que en el marco de la autonomía que nos asiste, les exigimos que se VAYAN, QUE NO LOS QUEREMOS, QUE NOS CANSAMOS DE LA MUERTE, QUE ESTAN EQUIVOCADOS, QUE NOS DEJEN VIVIR EN PAZ.…”. Ante este comunicado los militares argumentaron que ellos estaban allí para proteger a la población  porque es un gran riesgo dejarla sin fuerza pública. Pero la gente ya no cree en este discurso pues ha tenido que padecer los abusos que le han hecho confirmar todo lo contrario, ya que ha sido blanco de ataques de ambos bandos. “Siempre dicen lo mismo,” gritaba una mayora, mientras la multitud procedía a recoger las pertenecías de los militares.  “Pedimos a los espíritus para que nos protejan, en esta lucha que es justa” dijo una de las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN;  desde el cerro  Berlín en Toribio –Cauca.

 

Al ver la decisión de los civiles, el comandante a cargo en la torre, con respeto y acatando la decisión de la gente, dio la orden de salir del lugar.  Sin embargo seis de los militares opusieron resistencia y se tiraron al suelo,  entonces la guardia indígena procedió a cargarlos para sacarlos del lugar.  Al mismo tiempo, otros comuneros se dispusieron a cargar víveres y demás pertenencias de los militares, ayudando a agilizar su retiro.  La guardia indígena acompañó a los militares hasta un lugar determinado”. Afirmó un comunicador de la emisora Radio Nasa.

 

Sin embargo los integrantes de las fuerzas militares afirmaron lo contrario por los medios: En Caracol Radio habló Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Apollo “Nos quemaron los víveres, maltrataron a los soldados, la guerrilla está hostigando las tropas en el mismo sitio, es un trabajo conjunto de las FARC y los indígenas porque se les ha bloqueado los corredores del narcotráfico, los cristalizaderos, tenemos asesores jurídicos para más adelante judicializar a estos indígenas con la fiscalía y los sectores del estado …” 

 

Las afirmaciones del comandante Jerez son irresponsables y sumamente riesgosas para nuestra comunidad, fueron los mismos soldados quienes quemaron un colchón para que ante la prensa se atribuyera al supuesto ataque de los indígenas.  Al contrario de lo que decían todos los medios sobre la quema de los víveres, la guardia fue la que transportó las remesas hacia la parte baja del cerro donde se alojaría la fuerza pública. Quienes dispararon al aire y tiraron gases fueron los militares tratando de hacer un montaje y afirmando que la guerrilla estaba cerca hostigando. 

 

Sólo al comandante Jerez, se le ocurre comparar empujones y gritos a los soldados con balas, muertos, ocupación de nuestras viviendas, señalamientos y falsos positivos contra nuestros comuneros. Sin embargo  parece que no sólo el comandante usa la estrategia de la mentira y la manipulación porque al instante todos los medios le hicieron eco a estas afirmaciones malintencionadas. Es así como el gobierno planea justificar las arremetidas contra las comunidades indígenas y desdibujar la legitimidad nuestra lucha por la defensa del territorio.

 

Es la vida la que está en riesgo

El cerro Berlín  es un sitio sagrado para los y las indígenas nasas. Es un  cerro que hace parte de la Yat Wala (casa grande). Es un lugar que tiene un dueño espiritual. Por eso cada vez que lo atropellan, se manifiesta.  Después de cada combate las nubes se visten de gris y comienzan a llorar. Los mayores (rayos) se expresan con fuerza.  Sus gritos claman justicia porque ya no aguantan más tanto atropello a la vida. Asimismo, hoy miles de hombres  y mujeres manifiestan que están cansados de ser víctimas de los actores armados y del gobierno que cada vez abre paso a los proyectos extractivos, que desangran la Mama Kiwe (Madre Tierra).

Sí. Esa es la verdad que hay frente a este problema de la guerra, aquí hay resistencia pacífica, hay tierras fértiles para la agricultura y además  riqueza mineral.  

 

La comunidad de Toribío aprendió a la fuerza a vivir en medio del conflicto. Han soportado los atentados guerrilleros y los ataques del ejército.  Sus hijos deben transitar en medio de retenes de la policía y en las escuelas deben recibir clases “custodiados” por las trincheras de la guerra. Sus casas destruidas y familias llorando a sus muertos. Es un  pueblo semidestruido, es una comunidad que sufre la desgracia de una guerra por el poder.  

 

Por eso hoy este pueblo milenario le esta gritando al mundo entero que tiene sed de justicia y que ninguno de los dos bandos les protege su territorio.  Que es necesario que sepan que aquí en el Norte del Cauca, en Toribío se encuentra gente dispuesta a proteger la vida, ya que nunca lo ha hecho el gobierno con su fuerza pública.

 

Tejido de Comunicaciòn  ACIN

ACIN y el CRIC al presidente Juan Manuel Santos. 
Toribío Cauca, julio 11 de 2012

Señor presidente Juan Manuel Santos:
 
Reciba un saludo de las autoridades indígenas del norte del Cauca
organizados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Cxhab Wala Kiwe
ACIN y el CRIC. Aprovechamos su presencia en territorio indígena del Cauca
para reafirmar varios pronunciamientos que hemos hecho los últimos meses y
proponerle alternativas a las políticas equivocadas que impulsa su
gobierno, y entregarle la Declaración de Toribío del 20 de julio del año
2012. Lo hacemos desde nuestra posición de paz, dignidad y autonomía, y
con el respeto que mantenemos por todos los actores políticos del país,
indispensable para lograr la paz.
 
Nosotros no le hemos declarado la guerra al Estado ni a la guerrilla. Lo
que nosotros queremos es autonomía territorial, gobiernos propios y
comunitarios, aplicar la justicia para la armonía de la gente y con la
naturaleza, un modo de vida sustentable que enfrente el consumismo, una
alianza popular para hacer una Colombia más justa. Lo que se resume en
“derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, una expresión
que nosotros entendemos exactamente como “libre determinación”, que las
Naciones Unidas aprobaron en la Declaración sobre los Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas. Todo lo anterior está también en la Constitución
Política, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos
Humanos y los demás convenios internacionales de derechos humanos (que
hacen parte de la Constitución) y son normas de obligatorio cumplimiento
por el Estado.
 
Pero a pesar de que nuestro proyecto de autonomía territorial está
protegido por normas internacionales, molesta al Estado y a la
insurgencia, pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial
o político que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las
comunidades, o que no cuente con nosotros. Aunque no seamos un actor
militar, nos hemos convertido en contradictores de los propósitos del
Estado y de la guerrilla; nos hemos convertido en enemigos de la guerra;
reconocemos ese carácter. Por eso, le hablamos como actores y
constructores de paz.
 
La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso
 
Hace un año -cuando declaramos la Minga de resistencia por la autonomía y
armonía territorial y por el cese de la guerra- dijimos que la guerra es
funcional al modelo de colonización minero-energético, de la expansión de
los agrocombustibles y de la expropiación de los territorios indígenas,
afros y campesinos, impulsada por las transnacionales. La ocupación de
nuestro territorio por el Ejército y la insurgencia promueven un modelo
territorial y económico extractivo y dependiente de las rentas de los
recursos naturales. Dijimos también que el conflicto armado es una
enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente, que
absorbió toda la vida nacional y subordinó la política a las prioridades
militares. Por eso la enorme despolitización y degradación del conflicto
armado interno.
 
El territorio indígena del norte del Cauca ha vivido en conflicto armado
desde hace 50 años. El Estado ha ensayado una docena de estrategias:
guerra integral, plan de rehabilitación, zona de orden público, zona del
CCAI y ahora zona de Consolidación Territorial. Nada de eso ha funcionado.
La seguridad democrática, que dicen que fue muy exitosa, solo sirvió para
que las FARC ya no tuvieran 3 grandes campamentos sino 50 más pequeños.
Aquí en el norte del Cauca mataron a Alfonso Cano, y la gente ni se
percató. Ahora nos han traído el Plan Nacional de Consolidación y todo
indica que será otro intento fallido; se lo queremos mostrar de forma
detallada:
 
El gobierno ha dicho que el Plan de Consolidación comienza por una rápida
y contundente “recuperación militar del territorio”. Pero en el norte del
Cauca llevamos ya 8 años de eso: En 2006 fueron incluidos los municipios
del norte del Cauca como zonas de consolidación y áreas de priorización
del Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI; en 2009 fueron
aumentados en 5.000 unidades las tropas del Ejército; en junio de 2011 se
agregaron 2.000 unidades luego del ataque de las FARC a Toribío y se
re-anunció el Batallón de Alta Montaña en Tacueyó; en febrero de 2012 se
anunciaron otros 4.000 luego de los hechos de El Palo; en junio de 2012
llegaron otros 334. Según esos datos, no menos de 15.000 miembros de las
Fuerzas Militares hacen presencia en nuestros territorios.
 
Y la tal “limpieza” de grupos guerrilleros nada que avanza. La frustración
de los comandantes del ejército y de los ministros de Defensa por su
ineficacia los pone a decir siempre lo mismo: que la población y la
organización indígena protegemos a la guerrilla. El gobierno sabe que eso
es mentira, porque la más elemental inteligencia debería servir para estar
enterados de la posición coherente del CRIC, la ACIN y los Cabildos contra
el conflicto, que ha sido histórica, pública y reiterada.
 
Pero tampoco sirve para proteger a la población de los impactos de la
guerra. Por la creciente militarización, los hostigamientos guerrilleros
no han mermado, los muertos civiles por causa de combates o por minas
antipersonales son constantes, los asesinatos fuera de combate son
numerosos. El ejército ha acudido crecientemente al bombardeo
indiscriminado y sin ninguna precisión, destruyendo diariamente
-¡diariamente!- bienes civiles. Casas de comuneros y comuneras destruidas,
cultivos de pancoger arruinados, animales muertos. Y los ataques de la
guerrilla hacen lo propio. En síntesis: La seguridad como fruto de la
militarización es una ilusión, y sobre todo termina siendo una violación
sistemática de los derechos humanos. Las comunidades indígenas de Jambaló,
Toribío, Miranda, Pitayó, Caloto, le podrían contar cientos de casos de
victimización, producidas todas por la política de guerra del gobierno y
por la respuesta de la guerrilla.
 
El Plan de Consolidación dice minimizar la intervención militar y pasar
rápidamente a la re-institucionalización de dichos territorios con la
presencia civil del Estado. Pero esta apuesta tiene dos problemas severos:
la militarización misma y el ataque consecuencial a la institucionalidad
existente, sea civil ordinaria o indígena.
 
A nivel general, la construcción de obras y subcontratación de civiles,
canalización de recursos de los ministerios civiles a través de los
batallones, etc., no solo presionan de forma ilegal una vinculación de las
comunidades en la confrontación armada, sino que destruyen las
instituciones civiles y conspiran contra el propósito de crear una
institucionalidad civil reconocida y respetada por las comunidades.
 
Por otra parte, la desinstitucionalización de la autoridad indígena por
parte del gobierno nacional empieza con la negativa olímpica a reconocer
que su intervención militar requiere de consulta y consentimiento previo,
y que debe respetar la propiedad privada colectiva indígena. En segundo
lugar, el irrespeto o desconocimiento a decisiones indígenas en materia de
justicia, de control territorial, etc., así como la ocupación de bienes
civiles que están al cuidado de la autoridad indígena (en particular
escuelas). A esto se agrega una campaña sistemática de acciones de
desprestigio contra la autoridad indígena y nuestros sistemas de justicia.
 
Según el gobierno, la conquista de la seguridad dará espacio a la
re-institucionalización, y ambas servirán de base al desarrollo. Una
estrategia hecha para una supuesta victoria militar, se pretende convertir
en una estrategia de desarrollo. El único resultado es que el Estado no
tiene estrategia de desarrollo seria ni estrategia de seguridad creíble, y
en últimas ni siquiera tiene una estrategia para enfrentar a la guerrilla.
La militarización es contraria a la Constitución y al derecho
internacional de los pueblos indígenas
Todo este proceso de militarización se ha realizado sin cumplir la
obligación de la consulta previa y sin atender al hecho de que el gobierno
no puede ocupar los territorios indígenas para propósitos militares. A los
funcionarios les gusta repetir una frase: que ningún lugar del territorio
nacional está vedado a la fuerza pública, queriendo decir que pueden
entrar a cualquier lado sin pedir permiso y que ninguna norma los limita.
Al respecto permítanos recordar:
 
1. El Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas: “No se desarrollarán actividades
militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos
que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya
acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo
hayan solicitado”.
2. La jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de la protección de
la propiedad privada – en nuestro caso propiedad privada colectiva–
reafirma que el Estado y, en particular, el Gobierno Nacional no puede ni
debe incurrir en el establecimiento de bases militares permanentes o
transitorias en nuestros territorios sin el consentimiento previo y
expreso de las comunidades indígenas e indemnizando plenamente los daños y
perjuicios que se causan (Sentencia T-303/97)
3. Como propiedades privadas, los resguardos tienen las mismas
prerrogativas de cualquier predio inmueble, en particular los derechos de
sus propietarios -en este caso los pueblos indígenas representados por sus
autoridades tradicionales- a ser quienes otorguen permisos explícitos a
particulares o funcionarios públicos para permanecer, transitar o hacer
uso de sus bienes, salvo las servidumbres que ya estén previstas en las
normas, caso en el cual se requiere de consulta previa.
 
Los resguardos y demás tierras comunales de los pueblos indígenas no son
bienes públicos ni bienes fiscales. No puede el Estado ocuparlos o
utilizarlos como si no tuvieran las restricciones de la propiedad. El
gobierno solo puede intervenir, ingresar o permanecer en los resguardos y
tierras comunales indígenas si tiene expresa autorización de sus dueños, o
si hay una orden judicial que lo ordene, la cual en primerísimo lugar
corresponde darla al juez indígena. En otras palabras: la fuerza pública y
cualquier funcionario del Estado sí tienen limitaciones y prohibiciones;
las que establece la Constitución, las leyes y el derecho internacional
para proteger los territorios indígenas y la propiedad.
 
El gobierno no quiere proteger a la población indígena de los efectos de
la guerra
 
Es claro que el Estado no ha podido avanzar en su estrategia armada contra
la guerrilla, la cual es presentada como su estrategia de paz y de
seguridad. Pero tampoco ha adoptado las otras medidas obligatorias para
proteger la vida de las comunidades o las personas indígenas del pueblo
nasa.
 
Tres años después que la Corte Constitucional le ordenara mediante el Auto
004 de 2009 adoptar el Plan de Salvaguarda para protegernos de los efectos
de la guerra, el gobierno sigue alargando el proceso con argumentos
impresentables; el gobierno no debe olvidar que el Plan de Salvaguarda es
su obligación y no de las autoridades indígenas. No es cierto que haya
avances sobre dicho Plan, como le ha manifestado el gobierno nacional a la
Corte Constitucional.
 
Más vergonzosa es la respuesta del gobierno a las medidas cautelares
decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a favor
de la población de Jambaló y Toribío. Según los funcionarios enviados por
el gobierno ante la CIDH, ya tomó las medidas cautelares. ¿Cuáles son? La
realización de 3 o 4 reuniones administrativas -sin ningún resultado-
donde se ha hablado del Plan de Salvaguarda.
 
Si su gobierno, señor presidente, hubiera acordado el Plan de Salvaguarda
y adoptado las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, es posible que
hubiéramos salvado la vida a alguno de los 60 indígenas asesinados en el
norte del Cauca los últimos 3 años, o impedido los desplazamientos, o
evitado las heridas a cientos de comuneros y comuneras, o protegido la
vivienda de los casi 600 damnificados por los combates. Pero a alguien de
su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era
importante. Debe quedar absolutamente claro no solo que su política de
guerra es ineficaz, sino que su política de protección a la vida de los
indígenas es inexistente.
 
Propuestas y decisiones desde el movimiento indígena
 
Alguien dijo que la locura era hacer una y otra y otra vez la misma cosa,
y esperar que los resultados sean distintos. Es posible que eso le esté
pasando al gobierno nacional con la guerra. Por eso queremos proponerle a
usted y al país que intentemos una forma diferente para resolver los
problemas agudos y crónicos de la guerra colombiana.
 
1. Para proteger la vida de la población civil de Toribío y empezar la
desmilitarización de la población y la vida cotidiana
 
Ya vimos que la guerra diseñada por el gobierno no protege a la gente y
que sus acciones de protección humanitarias son inexistentes. En realidad
lo que tenemos es una enorme militarización de los territorios y poco
avance en seguridad y tranquilidad. Frente a eso proponemos tres medidas:
 
a. Garantías plenas, reconocimiento y respeto para la función de la
Guardia Indígena como garante de la tranquilidad y la seguridad de las
personas y los bienes en el municipio de Toribío, y como actor de paz.
 
En realidad eso ya lo venimos haciendo, porque la Fuerza Pública no puede
cumplir esa función en el casco urbano y debe refugiarse en un búnker o
llenar nuestro pueblo de trincheras a la espera del siguiente ataque de la
guerrilla; y en la zona rural solo nosotros
somos garantes de la tranquilidad. Pero la presencia de la Fuerza Pública
en medio de la población es un pretexto para los ataques de la guerrilla,
e impide que la Guardia Indígena pueda cumplir adecuadamente este papel.
 
Por eso es necesario que la Fuerza Pública desaloje la población: porque
no cumple su papel y porque es un evidente factor de riesgo. Y que el
gobierno debe garantizar los medios para cumplir esta función, sin ninguna
injerencia sobre el funcionamiento autónomo de la Guardia Indígena.
 
b. Respeto a los Diálogos Humanitarios realizados por las autoridades
indígenas con los actores armados.
 
Frente al fracaso del gobierno para garantizar la seguridad a nuestros
territorios, consideramos que la alternativa creíble es que las
comunidades afectadas podamos adelantar sin restricciones los diálogos
humanitarios con los actores armados, especialmente con la insurgencia.
Nuestra experiencia como comunidades y autoridades indígenas es que se
logra más en materia de seguridad para la gente si de forma firme y
autónoma establecemos diálogos directos con actores armados para que se
comprometan a cumplir las leyes de la guerra y las obligaciones
humanitarias. En particular hemos venido adelantando la exigencia de que
todos los actores acepten 4 puntos centrales: No reclutar menores.; no
utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política; no
utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos, pero
también los bombardeos y ametrallamientos); y respetar la autonomía plena
de los gobiernos y organizaciones indígenas.
 
Esto también lo venimos haciendo. Se trata de diálogos directos y francos
de nuestros gobiernos autónomos. Desde hace un año convocamos al gobierno
nacional y a la guerrilla a esos Diálogos Humanitarios en territorio
indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del Derecho Internacional
Humanitario. Nos han dicho que estos diálogos están prohibidos, a menos
que el presidente lo autorice. Nos parece un locura que se sancione a la
gente porque intenta salvar vidas humanas, impedir desplazamientos
forzados o proteger a las comunidades; es simplemente absurdo que actuar
por la vida y por la paz sea un delito en Colombia. Pero de forma clara le
informamos, señor presidente, que los indígenas no vamos a esperar que
algún día el gobierno decida adoptar las medidas cautelares o el plan de
salvaguarda para garantizarnos la vida, o a que termine la guerra ahora sí
en 20 años.
 
c. Respeto a las acciones indígenas por la desmilitarización de los
territorios indígenas y el freno a la militarización promovida por el
ejército y las FARC.
 
Reiteramos la exigencia a todos los actores armados para que desmonten sus
bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de
utilizar los bienes civiles para usos de guerra. Hemos iniciado acciones
hacia el desmonte de las trincheras y bases de la Policía y el Ejército, y
simultáneamente de los campamentos de las FARC, que se encuentran en medio
o cercanías de la población civil. Tampoco aceptamos el establecimiento de
Batallones de Alta Montaña en los territorios indígenas; el gobierno viola
la Constitución y la ley al imponerlos sin nuestro consentimiento; ya
están en camino las acciones jurídicas contra su implementación.
Repetimos lo que dijimos hace un año: No queremos darle ventaja militar a
ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las
comunidades. Esperamos que entienda que nuestro propósito es esencialmente
humanitario.
 
2. Para superar el problema territorial que está en la raíz del conflicto
armado en el Cauca
Mientras sobre nuestros territorios ancestrales avancen el monocultivo de
palma, tragándose toda el agua que producen nuestras montañas, y la
aplanadora minera, profanando la Madre Tierra, no solo seguirá habiendo
una profunda inequidad social por la injusta distribución de la tierra,
sino que los actores armados van a seguir presionando a las empresas y a
las economías locales para extraer las rentas que les permiten continuar
la guerra. El modelo extractivista y de grandes plantaciones potencia la
violencia política, como lo reconoció la Corte Constitucional. Por eso es
necesario:
 
a. Reconocimiento pleno e inmediato de la propiedad ancestral indígena
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias que son
obligatorias para el Estado colombiano, ha reconocido que la ocupación
ancestral del territorio indígena es equivalente a título de propiedad y
que el Estado debe proceder a realizar el trámite correspondiente. En el
caso del pueblo nasa no solo tenemos una ocupación cierta, permanente e
histórica, una dinámica cultural propia y una concepción del territorio
respetuosa de la Madre Tierra, sino que además tenemos los títulos de los
resguardos coloniales, los cuales deben ser reconocidos de inmediato sin
procedimiento administrativo distinto a incluirlos en los registros
oficiales. El artículo del Plan de Desarrollo que ordena la
reestructuración de los resguardos es de hecho la puerta de entrada a una
confiscación, que en el caso de los territorios y resguardos está
prohibida por la Constitución.
 
b. Declarar el Territorio Autónomo Indígena del Cauca
 
La Ley de ordenamiento territorial aprobada por el Congreso en 2011 sin
consulta previa con los pueblos indígenas es a todas luces
inconstitucional. El gobierno debe expedir un Decreto basado en el
Artículo 56 Transitorio de la Constitución, consultado con los pueblos
indígenas, para reconocer de pleno derecho los territorios indígenas como
entidades territoriales de la República, como ya es reconocido también por
la Constitución.
 
De forma inmediata puede constituirse el Territorio Autónomo Indígena del
Cauca, con su Consejo Territorial de Gobierno como lo prevé la
Constitución. Su funcionamiento es perfectamente viable y ofrece las
posibilidades realistas de un territorio estable, en armonía con la
naturaleza. Como ordena la Constitución, el gobierno debe trasladar los
recursos para que funcione esta entidad territorial.
 
3. Para fortalecer la institucionalidad que la guerra destruye
 
En el Cauca indígena es claro que ningún actor externo podrá gobernarnos,
ni siquiera por medio de la violencia abierta que ya han aplicado. Nuestra
convicción es que solo los territorios autónomos gobernados por sus
propias comunidades y autoridades son garantía de la realización de los
derechos humanos y garantía de paz y dignidad para los pueblos indígenas.
La alternativa realista que tiene el gobierno -y la insurgencia- es
reconocer que la única institucionalidad estable en nuestros territorios
es la que nosotros mismos nos demos. Por eso, en consonancia con la
constitución del Territorio Autónomo Indígena del Cauca, debe el gobierno
nacional:
 
a. Fortalecer los sistemas de gobierno propios
 
Insistimos en la conformación inmediata -por medio de Decretos
presidenciales basados en el Artículo 56 Transitorio de la Constitución o
por el mismo decreto de constitución de la
entidad territorial- del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP y del
Sistema Intercultural de Salud Indígena SISPI, así como en el
reconocimiento pleno sde nuestro Sistema Propio de Justicia (Nasa Üus) y
el Sistema Propio Económico-Ambiental que incluye un reconocimiento de las
competencias como autoridades ambientales para las autoridades indígenas.
 
b. Aplicación plena de las normas que reconocen a las autoridades
indígenas tradicionales

Ya es hora de que los funcionarios públicos abandonen la práctica de
querer derogar con resoluciones lo que la Constitución y los instrumentos
internacionales ordenan. Los pueblos indígenas tenemos competencias
administrativas, políticas, legislativas y jurisdiccionales. Ninguna ley
puede estar por encima de la Constitución o del Convenio 169 de la OIT :
ni el Plan de Desarrollo, ni el Código Minero, ni el Decreto 1320 de 1998,
ni la legislación petrolera. Del mismo modo, el liderazgo y autoridad de
las autoridades espirituales y nuestras formas organizativas no pueden ser
condicionadas por ningún funcionario de la Dirección de Etnias; los Planes
de Vida priman sobre los Planes de Desarrollo

4. Para que los principios y valores espirituales indígenas -paz y
armonía- sean fortalecidos frente a los valores de la guerra
Es claro que los impactos de la colonización de siglos sobre la cultura
indígena han afectado nuestra cohesión interna y la fortaleza de valores
de cooperación y equilibro social; el conflicto armado y el narcotráfico
vinieron a agravar esa dinámica de erosión cultural. Una cultura
debilitada tiene dificultades para frenar la propaganda militarista. Por
eso es urgente:

Apoyar un Programa sostenido y de largo plazo para la revitalización
cultural y el Plan de Revitalización lingüística
 
Esta es una tarea esencialmente interna, pero el Estado tiene un deber de
reparación histórica. Por eso, además de la constitución del Sistema
Educativo Indígena Propio SEIP y del Sistema Indígena Propio de Salud
Propia Intercultural SISPI, se requiere apoyar acciones de recuperación
cultural a mediano plazo
 
La pérdida lingüística es severa. Repetidamente hemos demandado el apoyo
de los Ministerios de Cultura y Educación para revertir ese proceso. Es el
momento de pasar a los hechos y adoptar un Plan de Normalización y
Normalización lingüística más allá de las acciones esporádicas, que cobije
por lo menos dos generaciones en este proceso de recuperación.
 
5. Para superar los cultivos ilegales que potencian la guerra
 
Mantenemos nuestra posición de buscar una solución autónoma para la
situación de la economía ilegal. Reconocemos que es una aparente solución
que adoptan algunas familias para resolver una situación económica
angustiosa, que en el mediano plazo abren las puertas a una creciente
crisis económica, crisis de valores y crisis de gobernabilidad. Reiteramos
el compromiso de profundizar las acciones para resolver el problema. Pero
la solución de los problemas de la economía ilegal debe ser dialogada
entre la comunidad y los cultivadores, respetando siempre los intereses
comunitarios; y debe ser autónoma frente al Estado y la guerrilla. No
compartimos la política del Estado colombiano frente a los cultivos
ilegales. Rechazamos las fumigaciones con glifosato porque arrasan con
cultivos de alimentos cercanos a los cultivos de coca y no atienden el
problema económico de fondo. La erradicación forzada no es nuestra
política, y no la aceptamos ni la propiciamos. No estamos de acuerdo con
la estrategia de familias guardabosques, porque involucra a la
organización, las comunidades y las familias en una acción puramente
represiva frente a los cultivos y de informantes en el conflicto armado
interno. Eso no significa que el Estado deje de ser el responsable de
resolver las demandas de las familias de cultivadores y de financiar la
solución definitiva a la problemática.
 
Se requiere ya un Plan de Fortalecimiento de la Economía comunitaria indígena
 
Se trata de un Plan basado en solución al problema de la tierra, líneas de
crédito a los agricultores, mejoramiento de infraestructura productiva
(vial y empresarial).
 
6. Seguimiento de compromisos
 
Si el gobierno nacional respeta nuestras funciones para garantizar la
tranquilidad, constituye el Territorio Autónomo Indígena, respeta nuestro
gobierno y facilita el funcionamiento de nuestros sistemas de gobierno
propios (educación, salud, justicia, ambiente), acepta una solución
autónoma al problema de los cultivos ilegales, y detiene la aplanadora
minera y cañera en el Cauca, tendremos condiciones para avanzar en la
construcción de la paz. Todo eso requiere que el gobierno adopte una
institucionalidad para responder a la autonomía indígena, y acabe con la
institucionalidad existente, pensada para tutelar a los indígenas, o para
responder a las necesidades básicas insatisfechas, pero que es incapaz de
entender y coordinar con autoridades indígenas y sistemas políticos
autónomos.
 
Proponemos al gobierno que constituya una Unidad político administrativo,
adscrita a la Presidencia de la República con facultades y presupuesto
propio, que coordine y resuelva los problemas de derechos colectivos,
económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, y dentro de
este enfoque atienda los problemas de pobreza y exclusión social, producto
del abandono histórico.
 
Señor presidente:
 
Permítanos dos consideraciones finales. Hace un año, en el Pronunciamiento
de Toribío hicimos un llamado perentorio al gobierno nacional para que la
reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono fuera rápida y digna, por
parte de la comunidad, mediante procedimientos civiles, sin
involucramiento militar. Nada de eso se atendió. Las casas siguen
destruidas, la sede de la alcaldía está en ruinas, los militares se meten
en acciones de reconstrucción poniendo en riesgo a las familias. Sólo ayer
y en un claro hecho demagógico, a un día de su visita pero a un año largo
de los hechos de la chiva-bomba, les han pagado los subsidios a algunos
damnificados. Usted, con toda razón, ha dicho que la denuncia de la
violencia no puede ser utilizada para propósitos partidistas. Nosotros
queremos decirle que la respuesta del gobierno a las víctimas de la
violencia política, no puede utilizarse para propósitos de propaganda
institucional.
 
Finalmente, resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no
podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá
transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita
terminar la guerra y empezar a construir la paz. Nuevamente ofrecemos el
territorio indígena del norte del Cauca para que sea el escenario adecuado
donde nos sentemos a dialogar sobre la terminación de la guerra y los
necesarios cambios en el sistema político y el modelo socio-económico.
Pensamos, señor presidente, que hay que avanzar ya en resolver los
problemas asociados a la guerra, tanto los que la provocan como los que la
alimentan. Estamos de acuerdo con usted en que no hay esperar a
una negociación para que los actores armados pongan la agenda del país;
pero eso significa que debemos iniciar ya la discusión en el seno de la
sociedad colombiana.
 
Nosotros y nosotras estamos en toda la disposición para que hablemos de
estos temas y problemas. Estamos abiertos a un Debate Público donde
miremos el alcance de las transformaciones que requiere el país. Usted ha
dicho que no le tiene miedo a la paz. Nosotros tampoco. De forma
inmediata, le proponemos que se sume a la convocatoria de una Consulta
Nacional por la Paz, que 15.000 indígenas, afrodescendientes y campesinos
aprobamos en la reciente movilización por la paz entre Caloto y
Villarrica; y a la que se han sumado los gobernadores del Cauca, Valle y
Nariño, y 16 alcaldes municipales. Preguntémosle al país si quiere seguir
en este desangre terrible, o si se atreve a la difícil construcción de la
paz.
 
Reciba usted de nuevo un atento saludo desde nuestra resistencia.
Cuente con nosotros para la paz. Nunca para la guerra.
 
Autoridades indígenas del norte del Cauca organizados en la ACIN y el CRIC




ACIN: Carta a las FARC
Miranda, julio 15 de 2012
 
Señor
Timoleón Jiménez
Comandante de las FARC
 
Reciba un saludo de la Asociación de Cabildos Indígenas de Cxhab Wala Kiwe
(norte del Cauca) ACIN. Le escribimos desde nuestra resistencia a la
guerra, y desde nuestra voluntad indeclinable por la paz. 
 
La semana antepasada los indígenas del Cauca reanudamos las acciones de
liberación y armonización de nuestros territorios, cumpliendo el mandato
de la Junta Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011, donde adoptamos la
“Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese
de la guerra”. Las acciones de liberación y armonización iniciales
consisten en el desmonte de las bases permanentes de todos los actores
armados, el desmonte de las trincheras y cambuches de la fuerza pública y
de la insurgencia, y la movilización masiva de comuneros y comuneras a los
sitios de concentración de las guerrillas para impedir que hostiguen a la
población de los municipios (sean ataques, retenes o actividades
amenazantes). 
 
Los pueblos indígenas no le hemos declarado la guerra ni a la guerrilla ni
al Estado. Por eso nuestra Minga se hace cuidando siempre a la comunidad,
y cuidándonos siempre de no darle ventaja militar a ninguno de los actores
armados como ordena el Derecho Internacional Humanitario. No vamos a
agredir a nadie, pero utilizaremos la fuerza de nuestra comunidad reunida,
de nuestra palabra y de nuestros derechos para recuperar nuestros
territorios.  
 
Como hemos dicho siempre, y formalmente a ustedes desde la Declaración de
Vitoncó, en 1985: No aceptamos sus fuerzas guerrilleras en nuestros
territorios. No las queremos y no las necesitamos. 
 
No queremos la presencia guerrillera -ni de ningún ejército-- porque estos
territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. Si hoy están dentro
de la República de Colombia es porque desde la conquista española nos las
han venido robando.  
 
No necesitamos su presencia porque la guerrilla no nos trae tranquilidad;
ustedes atacan a la población civil; ustedes irrespetan nuestra autoridad
y nuestra justicia. No ayudan a la autonomía: todo lo que tenemos en
gobierno propio lo hemos hecho nosotros y nosotras. Los pueblos indigenas
hemos dado pruebas de poder construir nuestros propios sistemas económico,
educativo, judicial y de salud. La guerrilla no nos protegen de los
atropellos de la fuerza pública; cuando llega el Ejército los guerrilleros
se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las
transnacionales; para conseguir los recursos que sostengan su ejército,
hacen acuerdos con ellas. 
 
Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios
poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No realicen
más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil
aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública. No usen armas de efecto
indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales. No
se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos que no guarden armas
ni explosivos en las viviendas de las familias.
 
Esperamos que las FARC cumplan voluntariamente con estas exigencias de las
comunidades. De cualquier modo las Autoridades, la Guardia Indígena y las
comunidades vamos a seguir liberando nuestros territorios de los actores
armados, que desarmonizan a la Madre Tierra y nuestra vida. 
 
Hace 4 meses le escribimos para que nos hicieran claridad sobre la
política militar de las FARC contra el CRIC, la ACIN y los Cabildos.
Seguimos esperando su respuesta. También le propusimos en esa carta que
avancemos en un diálogo humanitario sobre 4 puntos: No reclutar menores;
no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política; no
utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos y las
minas antipersonales); y respetar la autonomía plena de los gobiernos y
organizaciones indígenas. Estamos a la expectativa de que podamos dar ese
debate que necesitamos los indígenas del Cauca y el país entero. 
 
Comandante Jiménez: 
 
Hay que terminar la guerra. Todos y todas la estamos perdiendo. Fue bueno
que ustedes liberaran a los soldados y policías que tenían retenidos y que
anunciaran el fin del secuestro económico, porque fueron hechos de paz.
Pero hay que ser más audaces y más decididos. Cumplan las exigencias
humanitarias que le estamos haciendo; es un camino básico hacia la paz.
Decidan terminar la guerra y empezar ya una negociación política para
terminar el conflicto; es imprescindible para construir la paz. Entiendan
que Colombia es más, mucho más, que la guerrilla y el ejército, y que la
paz debe ser una construcción de todos y todas las colombianas.
 
Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra. 
 
CXHAB WALA KIWE - TERRITOIRE DEU GRAND PEUPLE
ASOCIACION DE CABILDOS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN-CXHAB WALA KIWE.

--

 
*****************************************************************************************************
*****************************************************************************************************
*****************************************************************************************************
MINGA COMUNERA
231 Años

www.santanderesenminga.blogspot.com
tulpadelas...@gmail.com