La
Importancia del Cooperativismo de Trabajo Asociado
Hasta 1988, año de promulgación de la ley 79 (que
les dio reconocimiento jurídico expreso como formas alternativas de trabajo de
los colombianos), las cooperativas de producción y trabajo se podían contar con
los dedos de las manos. Con la nueva Constitución Política (1991) y la
reformulación de políticas públicas en los períodos siguientes (hasta 1995), la
figura del trabajo asociado se hizo común como fórmula de recomposición
económica y de reestructuración del Estado y la empresa privada. En estas dos
coyunturas estriba la explicación del crecimiento de este cooperativismo,
resultante de un proceso de privatización y de flexibilización.
Pero todos los investigadores están de acuerdo en
que es a partir del año 2002 que se da el mayor proceso de auge, como respuesta
a la intervención del modelo en el esquema de modernización productiva del país
o para hacer concretas políticas públicas de inclusión social.
Al culminar el año 2005, las CTA constituían el
46,1% de las cooperativas del país cuando en el 2000 apenas llegaban al 21%. En
esos años el promedio de afiliación pasó de 75 a 160 asociados por entidad. De
55.500 asociados registrados en el 2000 se pasó a cerca de 380.000 en 2005 (un
incremento del 682,8%). La Universidad Externado de Colombia informaba en uno
de sus estudios que en diciembre de 2006 los asociados ya llegaban a 452.000.
La Superintendencia de Economía Solidaria reportaba, posteriormente (2008), que
el total de CTA inscritas en las diversas cámaras de comercio existentes en el
país alcanzaba la suma de 12.600.
Pero no sólo son las cifras en cuanto a número de
entidades o asociados las que informaban sobre el auge de las CTA. También lo
es su amplia distribución entre diferentes actividades económicas. Un estudio
de la Universidad Pontificia Javeriana indicaba que en el 2006 las CTA se
encontraban distribuidas en siete grandes actividades económicas (siendo los
servicios comunes, sociales y personales los de mayor concentración, aunque con
alguna participación en los sectores de producción rural e industrial).
CONFECOOP ha informado que al finalizar el año 2010
se encuentran reportadas en la Superintendencia de Economía Solidaria 4.307
cooperativas de trabajo asociado, siendo el sub-sector cooperativo con mayor
número de entidades del país (el 50.47%). Indicando lo anterior que a pesar del
ajuste normativo de estos años (desde que se produjo el Decreto 4588 de 2006),
que preveía una disminución de unidades, se aprecia y ratifica una dinámica muy
importante de crecimiento de este modelo cooperativo. Sorprendentemente,
respecto de 2007, el número de entidades reportadas aumentó en más de 500.
Ese mismo informe señala que el número de asociados
trabajadores, en las cooperativas reportadas, llegaba en diciembre de 2010 a
610.000 personas. El número de trabajadores asociados promedio por cooperativa
de trabajo asociado en Colombia es de 142. Este tipo de cooperativas tienen el
12% de los asociados del sector cooperativo colombiano, representando el 2,8% de
la población económicamente activa del país y el 3,2% de la población ocupada.
Cada asociado trabajador tiene un aporte social promedio de $532.000
(aproximadamente un salario mínimo mensual legal vigente).
De la información estadística previa se deduce que
si bien las CTA de Colombia han pasado por un intenso proceso de ajuste durante
los dos años anteriores, es claro que su fuerza organizativa está nítidamente
presente en el país. Aunque la previsión inicial era la desaparición de gran
cantidad de cooperativas, la tendencia de conformación de estas cooperativas
como alternativa a la formación de ingresos para los colombianos no parece
detenerse. Este es un hecho irrefutable que debía haber exigido del Estado un
tratamiento más prudente y pro-activo, y de la dirigencia del cooperativismo
una política adecuada para su direccionamiento estratégico.
En Colombia, como en muchos otros lugares del
mundo, las cooperativas de trabajo asociado se han constituido en una
interesante alternativa para generar ingresos. Sin embargo, al no existir una
política pública que comprenda cabalmente esta alternativa, se ha producido una
normativa contraria que impide su participación en la vida económica nacional y
que ha frenado su proceso autónomo de desarrollo. La promulgación de recientes
normas (como el Decreto 2025 de 2011) es una catástrofe no solo para el
cooperativismo sino para el desenvolvimiento económico del país, causada por
agentes públicos desinformados, incapaces teóricos y con claras intenciones
desestabilizadoras.
Los
cooperativitas, a pesar del momento crítico, nos seguimos sosteniendo en el
punto de vista de que la modalidad de trabajo, basada en las bondades de la
cooperación y la acción autogestionada, es muy superior a las demás formas de
organización productiva. Nos reafirmamos así en que el cooperativismo es hoy en
día un medio eficaz para alcanzar la justicia distributiva y la democracia
económica.