La economía social busca otra identidad

[Armando Ramirez]

18-09-2011
 Economía

La economía social busca otra identidad

Después de posicionarse como alternativa ante la crisis financiera, hoy el sector intenta avanzar hacia la formalización.

Por Jorgelina Hiba / La Capital

La economía social, el salvavidas que permitió que una porción importante de la sociedad argentina se mantuviera a flote durante los agitados 90 y los primeros años del nuevo siglo, se reinventa y se prepara para dar la batalla cultural que le permita posicionarse y demostrar que —como explicó Edgardo Form, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos— “otra forma de economía no sólo es necesaria, si no que es posible”. En el camino hacia su formalización, las diferentes expresiones de la economía solidaria encontraron aliados sólidos tanto en el movimiento cooperativo como en el mutualista, que a su vez saben que las nuevas formas de organización social funcionan como un puente que los lleva a una reactualización de sus principios y valores históricos.

   El microcrédito con tasas subsidiadas por el Estado aparece en ese escenario como una parte fundamental del armado solidario. Por un lado, funciona como única ayuda económica posible ante la deserción de los bancos privados de los canales de financiamiento a los sectores medios y chicos de la economía.

   Además, se convirtió en una herramienta para la inclusión social de los pequeños emprendedores, que encuentran un punto de contacto con los circuitos formales de la economía moderna.

   De todo esto se habló en el “I Encuentro Nacional de Cooperativas y Mutuales que desarrollan servicios de microcréditos”, que sirvió también como jornada preparatoria del VI Congreso Federal de la Economía Solidaria y el I Congreso Indoamericano de la Economía Solidaria que se desarrollará en Buenos Aires a finales de septiembre.

   Desde la tribuna cooperativa las voces arengaron a favor de un “salto de calidad definitivo” y de apuntar todos los cañones a lograr una mayor y mejor visibilidad para el sector aprovechando la “oportunidad histórica” que representan tanto la nueva ley de servicios audiovisuales como la voluntad política del gobierno nacional por financiar este tipo de emprendimientos.

   “No hay que temer la discusión política ni ideológica, es hora de abrir debates, afianzar las alianzas estratégicas con los sindicatos y las pymes y de dar pelea por ocupar espacios de poder para estar allí donde se toman las decisiones”, sintetizó Cesar Malato, responsable del área de Microcréditos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), quien puntualizó que el movimiento cooperativo tiene 14 millones de afiliados, creó 145 mil puestos de trabajo en el último año y genera el 9% del PBI anual.

BATALLA FILOSOFICA. Juan Ricci es el presidente de la asociación El Colmenar, cooperativa de transporte que opera en el conurbano bonaerense conectando el centro del partido de Moreno con los barrios más alejados de ese distrito, y que cuenta con 120 mil socios.

   Ricci se declara como un militante de la economía social y un defensor de un nuevo paradigma que se sostenga en vínculos “no capitalistas”, ya que según declaró “no todo opera bajo la lógica de la ganancia”, ya que el objetivo no debe ser el lucro sino “crear otra realidad con el ser humano en el centro, ese es el objetivo central de la economía social”.

   Para eso harán falta instituciones nuevas y otro sistema basado en los principios de la economía social: “buscamos una mano invisible pero desde el pensamiento de la economía social, es un objetivo político y politizante”.

   Sin proponer un cambio tan radical Edgardo Form, el responsable del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y legislador electo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apuntó también a la necesidad de dejar de lado los prejuicios con los que muchas veces carga el cooperativismo y hacer conocer esa opción como una alternativa “necesaria y posible”.

   El dirigente repasó los objetivos fundacionales del IMFC, entidad creada en Rosario en 1958 que tuvo cuatro objetivos iniciales, todos interrumpidos por los golpes militares de los 60 y los 70: la difusión del ideario cooperativo; la difusión de la economía social a través de las cajas de crédito cooperativo; la representación gremial; y el financiamiento intrarregional.

   En la concepción inicial del Instituto, la herramienta financiera era fundamental y funcionaba bajo el lema “el dinero de los argentinos en manos argentinas”, pero gestionado desde una óptica social, con plazos y tasas razonables y no especulativas.

   En un análisis de la actualidad del sector, Form subrayó la necesidad de articular las políticas públicas existentes con las entidades de la economía social, ya que “hoy existen fondos públicos para las redes de microcréditos gracias a un contexto que ayuda y que es favorable”. Por eso, destacó que es el momento de “apuntar al largo plazo” a través del apoyo de las cooperativas para que los nuevos emprendimientos puedan convertirse más temprano que tarde en desarrollos sustentables.

   “Es tiempo de demostrar que otra forma de economía es necesaria y posible, hay que hacerlo visible porque hasta ahora a eso sólo lo sabemos los cooperativistas, pero no toda la sociedad”, resaltó el dirigente, quien instó a “instalar la ideología de la solidaridad” a través de una mayor presencia en los medios de comunicación masivos.

   “Tenemos que tener más visibilidad para ganar la batalla cultural, para incidir sobre la sociedad y sobre los poderes públicos”, subrayó, para agregar que la ley de medios “recoge una vieja reivindicación cooperativista” de ocupar espacios de debate con emisoras propias y con contenidos bajo una mirada cooperativa, algo que sirve “para llegar hasta los lugares donde se toman las decisiones”.

   Form reclamó también la derogación de la ley de entidades financieras y afirmó que desde todo el sector están esperando la sanción de un nuevo marco legal apoyado en una “ley de servicios financieros” que incluya una modificación a la carta del Banco Central y obligue a las entidades privadas a dar créditos a los emprendimientos de la economía social.

ACCION POLITICA. Los discursos de los referentes del cooperativismo y el mutualismo nacional, así como los de los funcionarios, coincidieron en señalar que Argentina atraviesa un momento histórico-político especial para revitalizar los valores de estas formas de asociación.

   Ariel Guarco, presidente de Cooperar, subrayó que es hora de ser “innovadores y creativos” para volver a ser uno de los motores del desarrollo económico del país como fue “en el tiempo de los pioneros”.

   Guarco destacó el hecho de que los microcréditos operan no sólo como una ayuda económica, sino también como una posibilidad de inclusión social que confluye con la incorporación de los valores del cooperativismo: “nos falta incorporar a más cooperativas a las redes de microcrédito, ese debe ser un objetivo a corto y mediano plazo”, dijo.

   Además, aseguró que todo el movimiento debe dejar de lado las “embestidas personales” para consolidar una presencia orgánica de las cooperativas en los órganos de poder “con consensos previos y con un discurso común”, una estrategia que puede conducir a relanzar la marca cooperativa como un símbolo de calidad, larga duración y compromiso con la comunidad.

   Desde el ámbito del Estado, el encargado de bajar los ejes de trabajo sobre los cuales se mueve el Inaes fue Cesar Malato, responsable del área de los Microcréditos. Según el funcionario, el organismo prioriza tres conceptos para su gestión: visibilidad, integración y trascendencia. El funcionario destacó que la sociedad debe sentirse parte del movimiento de la economía social al tiempo que destacó la necesidad de que los cooperativistas y los mutualistas interactúen más entre si.

   Malato destacó también que tener mayor trascendencia significa “estar en la elaboración de las políticas públicas, poder marcar agenda en los poderes legislativo y ejecutivos y tener voz en las mesas de decisión”, por lo que llamó a “no temer” a la discusión política ni ideológica y a afianzar la cooperación con los poderes locales y las alianzas estratégicas con sindicatos y pymes.

MICROFINANZAS. Uno de los baches con los que con mayor frecuencia se encuentran los pequeños y medianos emprendedores es la falta total de líneas de financiamiento. Ausente sin aviso el sector privado, desde el Estado nacional tomaron como propio varios proyectos autogestionados que se cimentaron durante la crisis de fines de la convertibilidad y lanzaron en 2003 el programa de promoción del microcrédito, monitoreado desde la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social (Conami).

   En paralelo, se aprobó en julio de 2006 la ley 26.117 de promoción y regulación del microcrédito, que estipula que la contraprestación de los desembolsos se hará con fondos del presupuesto nacional a los cuales solo puede aplicarse una tasa de interés del 6%, aún en contradicción con las normas del Banco Central de la República Argentina, que dice que no se puede aplicar esa tasa al sistema ni proponer tasas diferenciales según las necesidades de las clases populares.

   Según Sergio Carbonetto, economista del Centro de Estudios Sociales y Sindicales (CESS), hay que entender esa ley como respuesta legal a un momento particularmente grave en Argentina, como fue la traumática salida del 1 a 1.

   “En el post 2001 el desempleo estaba en un 20%, y más de la mitad de los ocupados estaba fuera de los circuitos formales de la economía, como resultado de una década de desindustrialización”, dijo el especialista y agregó que a partir de 2003 se afianzó un nuevo modelo de desarrollo apuntalado en un tipo de cambio competitivo y en la expansión del mercado interno.

   A partir de ese momento, empezó a disminuir la porción de gente que intentaba subsistir a través de los pequeños emprendimientos personales, algo atado a la creación de empleo formal que acompañó la recuperación de la economía.

   De todas maneras, el microcrédito como única posibilidad de financiamiento para sectores sociales amplios siguió manteniendo su vigencia. “¿Cómo dar microcréditos a personas sin posibilidad de dar garantías?”, se preguntó Carbonetto, para quien el problema no es sólo el acceso al financiamiento, sino también las dificultades para acceder “a la tecnología, a los insumos adecuados, a la formación permanente, y a los circuitos de comercialización”. Además, una vez que se obtiene el crédito, aparece el problema de la tasa que “en muchos casos se vuelven impagables”.

   En todos los casos, el economista consideró que la ley refleja una época y fue “un gran avance”, aún pese a que con el tiempo aparecieron nuevas dificultades y se evidenciaron los desacoples entre el sistema público y las necesidades de las organizaciones.

   “Es una ley fundente en términos latinoamericanos, ya que usa fondos públicos para subsidiarlos y otorga tasa especial para las actividades de la economía social, que en otros países está liberada”, señaló.

   Carbonetto subrayó también la necesidad de mejorar la coordinación entre los ejecutores de los microcréditos y dijo que existe dificultad para institucionalizar los programas.

 

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