Fwd: facu
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Agustina Florencia Gómez
Sep 21, 2012, 6:43:41 AM9/21/12
to econ-...@googlegroups.com
Si,pero Alejandro hasta ayer mandaba material para la clase de hoy. Si no cursamos,la fecha de parcial se mantiene?
---------- Mensaje remitido ----------
De: "gabriel ladrero" <gladre...@gmail.com>
Fecha: 20/09/2012 22:13
Asunto: facu
Para: <aflore...@gmail.com>
Hola:
En la facultad y en la pagina web anuncian que desde el 21 al 24 se suspenden las actividades porque hay remodelaciones.
http://www.sociales.uba.ar/?p=15836
Besos.
alejandro barrios
Sep 21, 2012, 2:56:15 PM9/21/12
to econ-...@googlegroups.com
| puede alguien responder si llegó bien el mail que mande hoy avisando como seguimos --- El vie 21-sep-12, Agustina Florencia Gómez <aflore...@gmail.com> escribió: |
|
Facundo Ezequiel Kaper
Sep 21, 2012, 2:56:58 PM9/21/12
to econ-...@googlegroups.com
Agustina Florencia Gómez
Sep 21, 2012, 3:42:24 PM9/21/12
to econ-...@googlegroups.com
Sii!estan llegando los mails!hasta el viernes que viene!
pablo signaroli
Sep 21, 2012, 3:47:58 PM9/21/12
to econ-...@googlegroups.com
Si llegó! Perdón por no responder.
De: alejandro barrios <janob...@yahoo.com.ar>
Para: econ-...@googlegroups.com
Enviado: viernes, 21 de septiembre de 2012 15:56
Asunto: [econ-com-12] como seguimos
Soledad G. Alemán
Sep 23, 2012, 10:42:29 PM9/23/12
to econ-...@googlegroups.com
Una nota sobre el tema que salio hoy en pagina 12, suplemento Cash.
PRECIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y POLITICA DE INGRESOS
Demanda e inflación
Los incrementos anunciados de las asignaciones familiares y la AUH suponen una inyección adicional a la economía de 5200 millones de pesos anuales. Las erogaciones estatales anuales, destinadas al pago de asignaciones, ascenderán entonces a 29.630 millones de pesos. Ese esfuerzo presupuestario colaborará en el sostenimiento del consumo doméstico. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que “hemos visto en años anteriores que frente al aumento de las asignaciones familiares comenzó un movimiento con los precios de los alimentos, las bebidas, la ropa y el calzado, que son los cuatro sectores de mayor consumo de los sectores más vulnerables”. En ese sentido, la mandataria interpeló a los empresarios manifestando que “habida cuenta de que han cerrado todos los convenios colectivos de trabajo no traten de hacer lo que siempre pasa”. Alejándose de la prédica ortodoxa que identifica a la inflación como un “exceso” de demanda, la Presidenta apuntó al papel de “los formadores de precios”.
El titular de Carrefour Argentina, Daniel Fernández, salió en defensa del supermercadismo señalando que “el comercio minorista es muy competitivo. Si los costos están estables no hay razones para aumentar los precios”.El economista Andrés Asiain puso el foco sobre el impulso inflacionario derivado de los incrementos en los precios internacionales de las materias primas.
El integrante de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche explica cómo las variaciones en el precio de alimentos y bebidas (rubro que impulsa la suba del índice general) acompañan la evolución tendencial de los precios de exportación de la soja, el trigo y el maíz. En el trabajo Precios internacionales, alimentos e inflación, Asiain precisa que “la vinculación entre el precio de exportación de los principales cultivos del sector agropecuario con el precio de los alimentos para el mercado interno se produce en parte porque esos mismos cultivos son insumos de gran parte de los alimentos destinados al mercados interno (especialmente el trigo y el maíz, que se utilizan para la elaboración de harina, fideos, polenta, engorde de pollos, entre otros). Adicionalmente, los cultivos de exportación compiten por la tierra frente a la ganadería y otras producciones regionales como el arroz o el algodón”.
Después, el alza en el precio de los alimentos es transmitida “al resto de la economía por el ajuste de los demás precios y servicios por parte de quienes buscan mantener sus ingresos sectoriales”. A su vez, la canalización de los excedentes agropecuarios hacia inversiones inmobiliarias en sectores suburbanos determina que producciones destinadas al mercado interno (hortalizas, frutas, verduras) vean incrementados los costos de los arriendos y/o sean desplazadas a lugares lejanos de los centros de consumo, con el consiguiente incremento en los costos de los fletes.
La pregunta que surge ante este escenario es ¿por qué otros países de la región, como Brasil, registran menores niveles inflacionarios? La respuesta es que la apreciación cambiaria brasileña neutralizó parcialmente el impacto inflacionario del alza internacional de los granos y oleaginosas. La contracara de esa política cambiaria fue una menor tasa de crecimiento económico y un impacto negativo sobre la producción industrial doméstica. Otra razón es que “ha fomentado la agricultura familiar en pequeña escala, que produce aproximadamente el 70 por ciento de los alimentos destinados al mercado interno y a la que se acaba de beneficiar con una línea crediticia de 9000 millones de dólares”.
“Desde esta perspectiva, las políticas sugeridas por algunos especialistas de intentar reducir la inflación en Argentina mediante la contención del gasto y de la expansión monetaria, o moderando el alza de las jubilaciones, las asignaciones y los salarios, no afectan el corazón del alza de los precios. Por el contrario, sólo podrían aminorar la inflación a costa de una fuerte caída de la actividad económica y de los ingresos de las mayorías al impedirles recuperar sus ingresos reales frente al encarecimiento de los alimentos. Una política de estabilización de precios que mantenga el crecimiento económico y la inclusión social debe estar orientada al sector agropecuario, estimulando la producción de alimentos para el mercado interno a precios económicos”, concluye Asiain.
Date: Fri, 21 Sep 2012 11:56:15 -0700
From: janob...@yahoo.com.ar
Subject: [econ-com-12] como seguimos
To: econ-...@googlegroups.com
Agustin Garcia Ferreira
Sep 28, 2012, 4:03:12 PM9/28/12
to econ-...@googlegroups.com
Estimado Profesor y compañeros,
Adjunto dos notas de colegas Investigadores docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento que seguramente servirá para el debate en clase.
LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS DE LAS PROVINCIAS EXPLICAN EN GRAN PARTE LAS DIFICULTADES FISCALES DE VARIOS DISTRITOS DEL INTERIOR
El poder económico local tiene coronita
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-201883-2012-08-26.html
Las tensiones fiscales en las provincias tienen como origen, en parte, la escasa voluntad política de los distritos de cobrar más impuestos directos.
Un estudio concluye que mantienen estructuras tributarias regresivas.
Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas *
En el actual contexto de incertidumbre respecto de la evolución de la economía mundial y atento a la necesidad de promover y proteger el desarrollo nacional, ante una situación de desaceleración de la actividad económica, la importancia del gasto público es relevante en términos macroeconómicos y sociales, para sostener la demanda efectiva y evitar un deterioro en las condiciones de vida de la población. La sustentabilidad del gasto público, en un marco general en que el financiamiento externo a gran escala no parece una opción ni posible ni deseable, depende fundamentalmente del esfuerzo recaudatorio del Estado. Si se pretende sostener, a los fines de dinamizar la actividad económica, los niveles de consumo logrados y no impactar sobre la situación socioeconómica de los hogares más vulnerables, el sesgo distributivo de la presión fiscal debe ser evidentemente progresivo. El hecho de que la presión fiscal nacional (neta de aportes y contribuciones a la seguridad social) haya crecido un 58 por ciento en los últimos diez años, pasando de un 14,1 por ciento del PBI en 2001 a un 22,2 por ciento del PBI en 2011 y, en menor medida, que el sesgo distributivo del sistema tributario haya pasado de levemente regresivo a levemente progresivo, parecen mostrar un interesante avance en la política del Estado nacional, sin por ello negar los desafíos pendientes, en especial en relación a una mayor progresividad de los impuestos.
Cuando se consideran los datos relativos a la recaudación del conjunto de los gobiernos provinciales, el panorama no es tan positivo. En el último decenio, la presión fiscal del conjunto de provincias (neta de aportes y contribuciones a la seguridad social) se incrementó en un 38 por ciento, al pasar entre 2001 y 2011 de un 3,6 a un 5,0 por ciento del PBI. En igual sentido, el peso de los impuestos directos y progresivos (Inmobiliario y
Patentes) en la recaudación tributaria provincial total se redujo un 50 por ciento en el mismo período (de 24,8 a 12,6 por ciento).
Así, entre 1993 y 2010, la recaudación nominal de impuestos nacionales se multiplicó prácticamente por once y la de tributos provinciales por un factor de algo menos que ocho. Con ello, puede apreciarse que el gobierno nacional tuvo mayor capacidad que sus pares provinciales para captar adecuadamente, por medio de los impuestos, una parte del notable incremento del Producto que se ha dado en el período 2003-2010.
- Provincias
Existe una gran heterogeneidad en nuestro país en términos de presión fiscal provincial. Las jurisdicciones de menor recaudación por habitante se encuentran ubicadas en las regiones menos desarrolladas del país (NEA y NOA). A su vez, en 2005, la jurisdicción con mayor presión fiscal (Tucumán), medida como porcentaje del Producto Bruto Geográfico, casi quintuplicaba el valor de la que obtenía un peor resultado (Catamarca). Además, provincias más desarrolladas y ricas como Córdoba y Santa Fe tenían una presión tributaria del 3,65 por ciento y 3,95 por ciento de su PBG, similar a otras con menores niveles de desarrollo económico y social, como Santiago del Estero y Chaco (3,53 por ciento y 3,35 por ciento, respectivamente).
Los tributos provinciales que recaudan casi la totalidad de los recursos son Ingresos Brutos, Inmobiliario (Rural y Urbano), Patentes (de automotores y
embarcaciones) y Sellos. Si los agrupamos según su incidencia distributiva, Inmobiliario y Patentes serían progresivos e Ingresos Brutos y Sellos presentarían características regresivas a partir de la posibilidad de ser trasladados a los consumidores.
El peso de los impuestos progresivos a lo largo del período 1984-2010, para el conjunto de provincias, ha sido claramente decreciente, con una fuerte caída en 1986-1987, una recuperación similar en 1988-1989 y un notorio declive desde 2001.
En 1984-1991, uno de cada tres pesos recaudados por los gobiernos de nivel provincial correspondía a impuestos progresivos, en 1992-2002 uno de cada cuatro, en 2003-2006 uno de cada cinco y en 2007-2010 uno de cada siete. Es decir que su participación se redujo en un 60 por ciento.
Puede observarse que en Chaco y Jujuy el peso de los impuestos progresivos se redujo un 70 por ciento entre 1993 y 2006, y en Chubut y Salta, un 50 por ciento. La provincia de Buenos Aires es un caso extremo, dado que en el período citado la importancia de los impuestos progresivos disminuyó un 75 por ciento.
- Provincia de Buenos Aires
Interesa ver especialmente la situación de la provincia de Buenos Aires por su peso en el conjunto del nivel provincial, por la conflictividad aparejada a la moderada reforma impositiva de mayo de este año y por su actual situación de crisis financiera.
Las modificaciones de mayor importancia en la estructura tributaria bonaerense, en las últimas tres décadas, corresponden al período 2003-2010, en que se observa una creciente concentración de la recaudación en torno del Impuesto a los Ingresos Brutos, que ha pasado de representar un 50 por ciento de la recaudación en 1991-2002 a un 75 por ciento en 2010 (si se suma lo recaudado por planes de facilidades de pago, que se imputa como ?otros?, el valor treparía a un 80 por ciento del total). Parte de tal incremento ha sido a costa del Impuesto a las Patentes de Automotores, que pasó de explicar un 10 por ciento del total previo a 2002 a dar cuenta de algo menos de un 7 por ciento en la actualidad. Pero la más clara contraparte del avance en la participación de Ingresos Brutos es la fuerte caída en
2006-2008 del Impuesto Inmobiliario (Urbano y Rural) que ha pasado de ser un
16 por ciento de la recaudación en 1992-2002 a menos de un 7 por ciento en 2009-2010.
Según una estimación propia, la recaudación anual efectiva del Impuesto Inmobiliario Rural por hectárea habría sido en 2011 de apenas 30 pesos (un
0,18 por ciento del valor del hecho imponible).
Dado que la alícuota base del impuesto era por entonces del orden del 1 por ciento del valor fiscal de la tierra ?de no registrarse evasión en este tributo? e, incluso, contemplando una valuación fiscal equivalente al 50 por ciento de la real, habría sido posible obtener no menos de 80 pesos por hectárea (monto cercano al 0,49 por ciento del valor medio de la tierra rural bonaerense) y habría permitido multiplicar la recaudación del tributo casi por 2,7, logrando de este modo unos 1300 millones de pesos adicionales para el financiamiento de los bienes y servicios públicos provistos por el gobierno bonaerense.
En tal sentido, la reforma de este tributo que ha tenido lugar este año, aunque parcial e insuficiente, obedece a una necesidad de actualización del tributo largamente postergada por los sucesivos gobiernos provinciales, dado que, entre 2003 y 2010, el valor de la tierra rural creció, en la provincia de Buenos Aires, un 50 por ciento más que la recaudación del Inmobiliario Rural.
Cabe también destacar que, mientras que la propiedad inmueble urbana es (más allá de las características fuertemente especulativas de dicho mercado) un bien de uso en el sentido de que no se incorpora al proceso productivo, la tierra rural es básicamente un factor de la producción, es decir un insumo, cuyo valor refleja en forma bastante directa la rentabilidad del sector y por tanto su capacidad de pago.
En cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural es llamativa la incapacidad o falta de voluntad política para incrementar su recaudación vía revalúo y/o incrementos en las alícuotas, en línea con el crecimiento registrado en el valor de la tierra agrícola, buen indicador (amén de las acciones
especulativas) de las posibilidades de rentabilidad que maneja el sector. El costo político que implicaría enfrentar a un sector tradicionalmente tan poderoso como el de los propietarios rurales de la provincia de Buenos Aires es, sin dudas, una de las razones que pueden explicar el comportamiento demostrado los últimos años por las autoridades provinciales.
Finalmente, cabe considerar las muy importantes reformas técnicas y administrativas (con la creación de ARBA como estandarte) generadas por la provincia de Buenos Aires en los últimos años, en la búsqueda de incrementar su eficacia tributaria, a partir de una mirada de que ésa es la única vía para mejorar la recaudación, y no se ha considerado la modificación del sistema en términos de progresividad elevando significativamente la presión fiscal sobre quienes más tienen. Si se compara la evolución de la recaudación bonaerense a partir de la creación de ARBA, es decir en el período 2008-2010, con respecto a las de otras jurisdicciones de nivel provincial, lo que demuestra es que en el caso bonaerense creció un 49 por ciento cuando en otras jurisdicciones como Santa Fe, Tucumán y San Juan lo hizo en un 66, 59 y 57 por ciento, respectivamente.
Por lo cual, los incrementos relativos en la recaudación de la provincia de Buenos Aires se encuentran en la media de crecimiento del conjunto de las provincias, por lo que, a priori, la creación de ARBA no parece haber producido un impacto particularmente importante en términos de resultado, esto es, en materia de una mayor recaudación, más allá de las espectaculares apariciones mediáticas de sus mentores.
- Regresivos
En definitiva, en los sistemas tributarios provinciales el peso e incidencia de los impuestos progresivos, con la excepción de Entre Ríos, es muy poco significativa y se ha tornado cada vez más regresiva. La reversión del sesgo tributario de la recaudación que se ha verificado (aunque tibiamente) en el Estado nacional encuentra un flagrante contrapunto en la forma en que recauda el conjunto de las provincias. A la luz de los datos presentados, y considerando el actual contexto, la recaudación provincial posee un muy importante potencial de mejora. Las provincias tienen todavía un largo camino por recorrer para contribuir y acompañar de manera efectiva y significativa al sostenimiento de un modelo de desarrollo económico con igualdad social.
* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
El poder económico local tiene coronita
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-201883-2012-08-26.html
Las tensiones fiscales en las provincias tienen como origen, en parte, la escasa voluntad política de los distritos de cobrar más impuestos directos.
Un estudio concluye que mantienen estructuras tributarias regresivas.
Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas *
En el actual contexto de incertidumbre respecto de la evolución de la economía mundial y atento a la necesidad de promover y proteger el desarrollo nacional, ante una situación de desaceleración de la actividad económica, la importancia del gasto público es relevante en términos macroeconómicos y sociales, para sostener la demanda efectiva y evitar un deterioro en las condiciones de vida de la población. La sustentabilidad del gasto público, en un marco general en que el financiamiento externo a gran escala no parece una opción ni posible ni deseable, depende fundamentalmente del esfuerzo recaudatorio del Estado. Si se pretende sostener, a los fines de dinamizar la actividad económica, los niveles de consumo logrados y no impactar sobre la situación socioeconómica de los hogares más vulnerables, el sesgo distributivo de la presión fiscal debe ser evidentemente progresivo. El hecho de que la presión fiscal nacional (neta de aportes y contribuciones a la seguridad social) haya crecido un 58 por ciento en los últimos diez años, pasando de un 14,1 por ciento del PBI en 2001 a un 22,2 por ciento del PBI en 2011 y, en menor medida, que el sesgo distributivo del sistema tributario haya pasado de levemente regresivo a levemente progresivo, parecen mostrar un interesante avance en la política del Estado nacional, sin por ello negar los desafíos pendientes, en especial en relación a una mayor progresividad de los impuestos.
Cuando se consideran los datos relativos a la recaudación del conjunto de los gobiernos provinciales, el panorama no es tan positivo. En el último decenio, la presión fiscal del conjunto de provincias (neta de aportes y contribuciones a la seguridad social) se incrementó en un 38 por ciento, al pasar entre 2001 y 2011 de un 3,6 a un 5,0 por ciento del PBI. En igual sentido, el peso de los impuestos directos y progresivos (Inmobiliario y
Patentes) en la recaudación tributaria provincial total se redujo un 50 por ciento en el mismo período (de 24,8 a 12,6 por ciento).
Así, entre 1993 y 2010, la recaudación nominal de impuestos nacionales se multiplicó prácticamente por once y la de tributos provinciales por un factor de algo menos que ocho. Con ello, puede apreciarse que el gobierno nacional tuvo mayor capacidad que sus pares provinciales para captar adecuadamente, por medio de los impuestos, una parte del notable incremento del Producto que se ha dado en el período 2003-2010.
- Provincias
Existe una gran heterogeneidad en nuestro país en términos de presión fiscal provincial. Las jurisdicciones de menor recaudación por habitante se encuentran ubicadas en las regiones menos desarrolladas del país (NEA y NOA). A su vez, en 2005, la jurisdicción con mayor presión fiscal (Tucumán), medida como porcentaje del Producto Bruto Geográfico, casi quintuplicaba el valor de la que obtenía un peor resultado (Catamarca). Además, provincias más desarrolladas y ricas como Córdoba y Santa Fe tenían una presión tributaria del 3,65 por ciento y 3,95 por ciento de su PBG, similar a otras con menores niveles de desarrollo económico y social, como Santiago del Estero y Chaco (3,53 por ciento y 3,35 por ciento, respectivamente).
Los tributos provinciales que recaudan casi la totalidad de los recursos son Ingresos Brutos, Inmobiliario (Rural y Urbano), Patentes (de automotores y
embarcaciones) y Sellos. Si los agrupamos según su incidencia distributiva, Inmobiliario y Patentes serían progresivos e Ingresos Brutos y Sellos presentarían características regresivas a partir de la posibilidad de ser trasladados a los consumidores.
El peso de los impuestos progresivos a lo largo del período 1984-2010, para el conjunto de provincias, ha sido claramente decreciente, con una fuerte caída en 1986-1987, una recuperación similar en 1988-1989 y un notorio declive desde 2001.
En 1984-1991, uno de cada tres pesos recaudados por los gobiernos de nivel provincial correspondía a impuestos progresivos, en 1992-2002 uno de cada cuatro, en 2003-2006 uno de cada cinco y en 2007-2010 uno de cada siete. Es decir que su participación se redujo en un 60 por ciento.
Puede observarse que en Chaco y Jujuy el peso de los impuestos progresivos se redujo un 70 por ciento entre 1993 y 2006, y en Chubut y Salta, un 50 por ciento. La provincia de Buenos Aires es un caso extremo, dado que en el período citado la importancia de los impuestos progresivos disminuyó un 75 por ciento.
- Provincia de Buenos Aires
Interesa ver especialmente la situación de la provincia de Buenos Aires por su peso en el conjunto del nivel provincial, por la conflictividad aparejada a la moderada reforma impositiva de mayo de este año y por su actual situación de crisis financiera.
Las modificaciones de mayor importancia en la estructura tributaria bonaerense, en las últimas tres décadas, corresponden al período 2003-2010, en que se observa una creciente concentración de la recaudación en torno del Impuesto a los Ingresos Brutos, que ha pasado de representar un 50 por ciento de la recaudación en 1991-2002 a un 75 por ciento en 2010 (si se suma lo recaudado por planes de facilidades de pago, que se imputa como ?otros?, el valor treparía a un 80 por ciento del total). Parte de tal incremento ha sido a costa del Impuesto a las Patentes de Automotores, que pasó de explicar un 10 por ciento del total previo a 2002 a dar cuenta de algo menos de un 7 por ciento en la actualidad. Pero la más clara contraparte del avance en la participación de Ingresos Brutos es la fuerte caída en
2006-2008 del Impuesto Inmobiliario (Urbano y Rural) que ha pasado de ser un
16 por ciento de la recaudación en 1992-2002 a menos de un 7 por ciento en 2009-2010.
Según una estimación propia, la recaudación anual efectiva del Impuesto Inmobiliario Rural por hectárea habría sido en 2011 de apenas 30 pesos (un
0,18 por ciento del valor del hecho imponible).
Dado que la alícuota base del impuesto era por entonces del orden del 1 por ciento del valor fiscal de la tierra ?de no registrarse evasión en este tributo? e, incluso, contemplando una valuación fiscal equivalente al 50 por ciento de la real, habría sido posible obtener no menos de 80 pesos por hectárea (monto cercano al 0,49 por ciento del valor medio de la tierra rural bonaerense) y habría permitido multiplicar la recaudación del tributo casi por 2,7, logrando de este modo unos 1300 millones de pesos adicionales para el financiamiento de los bienes y servicios públicos provistos por el gobierno bonaerense.
En tal sentido, la reforma de este tributo que ha tenido lugar este año, aunque parcial e insuficiente, obedece a una necesidad de actualización del tributo largamente postergada por los sucesivos gobiernos provinciales, dado que, entre 2003 y 2010, el valor de la tierra rural creció, en la provincia de Buenos Aires, un 50 por ciento más que la recaudación del Inmobiliario Rural.
Cabe también destacar que, mientras que la propiedad inmueble urbana es (más allá de las características fuertemente especulativas de dicho mercado) un bien de uso en el sentido de que no se incorpora al proceso productivo, la tierra rural es básicamente un factor de la producción, es decir un insumo, cuyo valor refleja en forma bastante directa la rentabilidad del sector y por tanto su capacidad de pago.
En cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural es llamativa la incapacidad o falta de voluntad política para incrementar su recaudación vía revalúo y/o incrementos en las alícuotas, en línea con el crecimiento registrado en el valor de la tierra agrícola, buen indicador (amén de las acciones
especulativas) de las posibilidades de rentabilidad que maneja el sector. El costo político que implicaría enfrentar a un sector tradicionalmente tan poderoso como el de los propietarios rurales de la provincia de Buenos Aires es, sin dudas, una de las razones que pueden explicar el comportamiento demostrado los últimos años por las autoridades provinciales.
Finalmente, cabe considerar las muy importantes reformas técnicas y administrativas (con la creación de ARBA como estandarte) generadas por la provincia de Buenos Aires en los últimos años, en la búsqueda de incrementar su eficacia tributaria, a partir de una mirada de que ésa es la única vía para mejorar la recaudación, y no se ha considerado la modificación del sistema en términos de progresividad elevando significativamente la presión fiscal sobre quienes más tienen. Si se compara la evolución de la recaudación bonaerense a partir de la creación de ARBA, es decir en el período 2008-2010, con respecto a las de otras jurisdicciones de nivel provincial, lo que demuestra es que en el caso bonaerense creció un 49 por ciento cuando en otras jurisdicciones como Santa Fe, Tucumán y San Juan lo hizo en un 66, 59 y 57 por ciento, respectivamente.
Por lo cual, los incrementos relativos en la recaudación de la provincia de Buenos Aires se encuentran en la media de crecimiento del conjunto de las provincias, por lo que, a priori, la creación de ARBA no parece haber producido un impacto particularmente importante en términos de resultado, esto es, en materia de una mayor recaudación, más allá de las espectaculares apariciones mediáticas de sus mentores.
- Regresivos
En definitiva, en los sistemas tributarios provinciales el peso e incidencia de los impuestos progresivos, con la excepción de Entre Ríos, es muy poco significativa y se ha tornado cada vez más regresiva. La reversión del sesgo tributario de la recaudación que se ha verificado (aunque tibiamente) en el Estado nacional encuentra un flagrante contrapunto en la forma en que recauda el conjunto de las provincias. A la luz de los datos presentados, y considerando el actual contexto, la recaudación provincial posee un muy importante potencial de mejora. Las provincias tienen todavía un largo camino por recorrer para contribuir y acompañar de manera efectiva y significativa al sostenimiento de un modelo de desarrollo económico con igualdad social.
* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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El reclamo cordobés y el federalismo previsional
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/203157-60424-2012-09-12.html
Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas *
El contrapunto entre el gobierno nacional y los de Santa Fe, Córdoba y Corrientes por la ?devolución? a las provincias del 15 por ciento de la coparticipación precisa ser encuadrado en una reflexión más amplia sobre algunos aspectos relevantes del federalismo fiscal y la situación previsional en nuestro país.
El discurso habitual remarca que las provincias le cedieron el 15 por ciento a la Nación como consecuencia del desfinanciamiento producido por la privatización parcial del sistema previsional. Eso así dicho es inexacto por dos razones: la primera es que la citada cesión se formalizó en un pacto entre la Nación y las provincias firmado en agosto de 1992, casi un año antes de la reforma previsional de septiembre de 1993. La segunda es que tampoco las provincias cedieron el 15 por ciento de la masa coparticipable, sino el 15 por ciento de ?su? porción, que es del 54,66 por ciento, es decir, en definitiva, poco más del 8 por ciento.
La discusión de tal ?cesión? sin un debate acerca de otros renunciamientos similares (porciones del Impuesto a las Ganancias, del IVA, entre otros) y que en algunos casos se remontan a la década de 1980, como en el caso de los impuestos a los combustibles, también evidencia la falta de integralidad del debate. A su vez, es necesario tener en cuenta la evidencia en todo el mundo, y especialmente en los países que tienen sistemas previsionales serios, que cada vez más los sistemas se financian con rentas generales debido a que los aportes de trabajadores y patronales no alcanzan para sostenerlos.
En otro plano, es evidente que la Nación no se ha ?sentado? sobre dichos recursos. Ha financiado, por ejemplo, dentro del ámbito previsional, el fuerte incremento de la cobertura del sistema de jubilaciones, por medio de la llamada moratoria previsional, medida que ha tenido un impacto muy significativo en las regiones más postergadas del país. Según datos censales, en 2001 cuatro de cada diez mayores de 65 años del NOA y el NEA no tenían beneficio previsional, proporción que en 2010 había bajado a uno de cada diez.
Entre 1999 y 2011 el número de pensiones no contributivas por invalidez se multiplicó por diez. Desde 2009, tres millones y medio de niños, niñas y adolescentes han dejado de estar excluidos del sistema de asignaciones familiares, igual que desde 2011, decenas de miles de mujeres embarazadas. Si además incorporamos una noción más amplia de la seguridad social, podemos incluir allí a los programas de reducción de la brecha digital (Conectar Igualdad) y a la inversión productiva con fondos previsionales para impulsar el desarrollo económico y social.
Una ?renuncia? nacional a tales recursos, si bien implicaría un mayor financiamiento para los gastos provinciales, también llevaría a castigar el mencionado proceso de ampliación de derechos sociales generado en los últimos años. El discurso acerca del ?esfuerzo? que hacen las provincias para ?sostener? los programas nacionales (cuyos destinatarios residen, como no podría ser de otra forma, en esas mismas provincias) tampoco se verifica cuando entre 2001 y 2011 la presión fiscal creció un 50 por ciento más en el ámbito nacional que en el provincial. Esa diferencia es incluso sin considerar el efecto de la recuperación de los aportes personales por parte del gobierno nacional a partir de la reestatización del sistema previsional.
En el plano puntual de la actual discusión entre la provincia de Córdoba y la Nación, por el convenio de Armonización Previsional, deben considerarse aspectos legales y distributivos. El convenio firmado en diciembre de 2009 establece que la exigibilidad del financiamiento del déficit previsional comprometido por el Estado nacional se encuentra supeditada al cumplimiento de los compromisos asumidos por la provincia, que ratifican lo previsto en un convenio anterior, de septiembre de 2008. Específicamente, Córdoba se comprometió a armonizar su funcionamiento con los parámetros nacionales en términos de edad jubilatoria, servicios con aportes, compensaciones entre ambos requisitos, pensiones por invalidez y fallecimiento, determinación del haber inicial y movilidad.
Al respecto, el incumplimiento es flagrante por parte del Estado cordobés. En el sistema nacional, por ejemplo, para al cálculo del haber inicial se considera el promedio de las remuneraciones de los últimos diez años y en el régimen general cordobés sólo el de los últimos cuatro. Discutida ya la legalidad del reclamo, resta entonces preguntarse acerca de la pertinencia del mismo en términos de justicia distributiva. El régimen general cordobés garantiza una jubilación del 82 por ciento del salario previo, mientras que el sistema nacional (SIPA) ofrece una tasa de sustitución del salario del orden del 60 por ciento a los futuros jubilados contributivos. En los hechos, la jubilación media del régimen nacional (1916 pesos) representaba en diciembre de 2011 un 36 por ciento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (5280 pesos). En el mismo mes, el básico promedio de la jubilación del régimen general cordobés (6650 pesos) equivalía a un 123 por ciento de la remuneración imponible del escalafón general de la provincia de Córdoba (5406 pesos). No sorprende entonces que en una provincia donde los jubilados ganan incluso más que los trabajadores en actividad, y que entre 2003-2005 jubiló a más personas que en toda la década de 1990, el déficit previsional comience a ser una cuestión central.
Para resolver esa situación, se propone un desfinanciamiento de la seguridad social nacional, cuyo universo de beneficiarios (que incluye cada vez más a los sectores con mayor vulnerabilidad social) se encuentra repartido a lo largo y ancho del país. Esto podría resultar nocivo, incluso para los mismos gobiernos provinciales, dado que afectaría negativamente las condiciones de vida de una parte de la propia población que representan. De esta forma, un supuesto conflicto presentado como el avasallamiento o incumplimiento del Estado nacional frente a una de las provincias más ricas del país es simplemente resultado de una necesidad de financiamiento para un sistema jubilatorio provincial irresponsable y demagógico que sólo se explica a partir de propósitos electorales sin sustentabilidad en el medio plazo.
* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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To: econ-...@googlegroups.com
Subject: RE: [econ-com-12] Mercado e inflacion: nota interesante que salio hoy en pagina
Date: Sun, 23 Sep 2012 23:42:29 -0300
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/203157-60424-2012-09-12.html
Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas *
El contrapunto entre el gobierno nacional y los de Santa Fe, Córdoba y Corrientes por la ?devolución? a las provincias del 15 por ciento de la coparticipación precisa ser encuadrado en una reflexión más amplia sobre algunos aspectos relevantes del federalismo fiscal y la situación previsional en nuestro país.
El discurso habitual remarca que las provincias le cedieron el 15 por ciento a la Nación como consecuencia del desfinanciamiento producido por la privatización parcial del sistema previsional. Eso así dicho es inexacto por dos razones: la primera es que la citada cesión se formalizó en un pacto entre la Nación y las provincias firmado en agosto de 1992, casi un año antes de la reforma previsional de septiembre de 1993. La segunda es que tampoco las provincias cedieron el 15 por ciento de la masa coparticipable, sino el 15 por ciento de ?su? porción, que es del 54,66 por ciento, es decir, en definitiva, poco más del 8 por ciento.
La discusión de tal ?cesión? sin un debate acerca de otros renunciamientos similares (porciones del Impuesto a las Ganancias, del IVA, entre otros) y que en algunos casos se remontan a la década de 1980, como en el caso de los impuestos a los combustibles, también evidencia la falta de integralidad del debate. A su vez, es necesario tener en cuenta la evidencia en todo el mundo, y especialmente en los países que tienen sistemas previsionales serios, que cada vez más los sistemas se financian con rentas generales debido a que los aportes de trabajadores y patronales no alcanzan para sostenerlos.
En otro plano, es evidente que la Nación no se ha ?sentado? sobre dichos recursos. Ha financiado, por ejemplo, dentro del ámbito previsional, el fuerte incremento de la cobertura del sistema de jubilaciones, por medio de la llamada moratoria previsional, medida que ha tenido un impacto muy significativo en las regiones más postergadas del país. Según datos censales, en 2001 cuatro de cada diez mayores de 65 años del NOA y el NEA no tenían beneficio previsional, proporción que en 2010 había bajado a uno de cada diez.
Entre 1999 y 2011 el número de pensiones no contributivas por invalidez se multiplicó por diez. Desde 2009, tres millones y medio de niños, niñas y adolescentes han dejado de estar excluidos del sistema de asignaciones familiares, igual que desde 2011, decenas de miles de mujeres embarazadas. Si además incorporamos una noción más amplia de la seguridad social, podemos incluir allí a los programas de reducción de la brecha digital (Conectar Igualdad) y a la inversión productiva con fondos previsionales para impulsar el desarrollo económico y social.
Una ?renuncia? nacional a tales recursos, si bien implicaría un mayor financiamiento para los gastos provinciales, también llevaría a castigar el mencionado proceso de ampliación de derechos sociales generado en los últimos años. El discurso acerca del ?esfuerzo? que hacen las provincias para ?sostener? los programas nacionales (cuyos destinatarios residen, como no podría ser de otra forma, en esas mismas provincias) tampoco se verifica cuando entre 2001 y 2011 la presión fiscal creció un 50 por ciento más en el ámbito nacional que en el provincial. Esa diferencia es incluso sin considerar el efecto de la recuperación de los aportes personales por parte del gobierno nacional a partir de la reestatización del sistema previsional.
En el plano puntual de la actual discusión entre la provincia de Córdoba y la Nación, por el convenio de Armonización Previsional, deben considerarse aspectos legales y distributivos. El convenio firmado en diciembre de 2009 establece que la exigibilidad del financiamiento del déficit previsional comprometido por el Estado nacional se encuentra supeditada al cumplimiento de los compromisos asumidos por la provincia, que ratifican lo previsto en un convenio anterior, de septiembre de 2008. Específicamente, Córdoba se comprometió a armonizar su funcionamiento con los parámetros nacionales en términos de edad jubilatoria, servicios con aportes, compensaciones entre ambos requisitos, pensiones por invalidez y fallecimiento, determinación del haber inicial y movilidad.
Al respecto, el incumplimiento es flagrante por parte del Estado cordobés. En el sistema nacional, por ejemplo, para al cálculo del haber inicial se considera el promedio de las remuneraciones de los últimos diez años y en el régimen general cordobés sólo el de los últimos cuatro. Discutida ya la legalidad del reclamo, resta entonces preguntarse acerca de la pertinencia del mismo en términos de justicia distributiva. El régimen general cordobés garantiza una jubilación del 82 por ciento del salario previo, mientras que el sistema nacional (SIPA) ofrece una tasa de sustitución del salario del orden del 60 por ciento a los futuros jubilados contributivos. En los hechos, la jubilación media del régimen nacional (1916 pesos) representaba en diciembre de 2011 un 36 por ciento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (5280 pesos). En el mismo mes, el básico promedio de la jubilación del régimen general cordobés (6650 pesos) equivalía a un 123 por ciento de la remuneración imponible del escalafón general de la provincia de Córdoba (5406 pesos). No sorprende entonces que en una provincia donde los jubilados ganan incluso más que los trabajadores en actividad, y que entre 2003-2005 jubiló a más personas que en toda la década de 1990, el déficit previsional comience a ser una cuestión central.
Para resolver esa situación, se propone un desfinanciamiento de la seguridad social nacional, cuyo universo de beneficiarios (que incluye cada vez más a los sectores con mayor vulnerabilidad social) se encuentra repartido a lo largo y ancho del país. Esto podría resultar nocivo, incluso para los mismos gobiernos provinciales, dado que afectaría negativamente las condiciones de vida de una parte de la propia población que representan. De esta forma, un supuesto conflicto presentado como el avasallamiento o incumplimiento del Estado nacional frente a una de las provincias más ricas del país es simplemente resultado de una necesidad de financiamiento para un sistema jubilatorio provincial irresponsable y demagógico que sólo se explica a partir de propósitos electorales sin sustentabilidad en el medio plazo.
* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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Date: Sun, 23 Sep 2012 23:42:29 -0300
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