Comentando

[Guillermo Aparicio]

Este día he leído un interesante correo enviado a mi dirección por el Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador. El artículo contenido en este correo se refiere a la actual política de la SIGET encaminada a promover la subcontratación de empresas para la realización de labores de las empresas distribuidoras de la energía eléctrica.

Ciertamente, esta intención de las instituciones estatales no es nada nueva. Desde hace varios años, las instituciones estatales, al servicio de los intereses económicos de la gran empresa, minan los logros laborales y las conquistas de los trabajadores. En una alusión concreta a esta política, debe mencionarse la tolerancia oficial a los atropellos que las compañías que operan las empresas distribuidoras de energía eláctrica hacen con frecuencia al subcontratar pequeñas empresas para relevar la necesidad de contratar a nuevos trabajadores permanentes dentro de las mismas.

Esta subcontratación no sólo atenta contra los trabajadores de las pequeñas empresas -en las que son pésimamante pagados, no tienen las prestaciones de ley, etc., sino que además, vulnera las cláusulas contenidas en los contratos colectivos celebrados entre el SIES y las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Cláusulas que obligan a las compañías que operan la distribución de la energía eléctrica a sustituir a los trabajadores permanentes que se retiran, por nuevos trabajadores permanentes.

La subcontratación se convierte entonces, en una forma de extinguir los contratos colectivos, y por ende, el derecho colectivo de trabajo; y en consecuencia, se vuelve un atentado al ejercicio de la libertad de organización sindical de los trabajadores del sector privado.

De hecho, la postura antisindical de las instituciones del Estado es abierta. Los discursos de los funcionarios vinculados a las instituciones que tienen que ver con las relaciones laborales es abierta y públicamente antisindical. Con frecuencia se conoce de centros de trabajo que cierran operaciones como una forma de aniquilar sindicatos. En otros centros de trabajo despiden a todos los trabajadores que inician la organización de un sindicato. Esta acitud se observa en cualquier rama de la actividad laboral.

Defender políticas antisindicales pareciera una conducta legitimada por la urgencia de los sectores económicamente poderosos para mantener sus privilegios y su poder. Pero esta conducta desgasta profundamente la concepción de democracia que tanto se pregona y poco se entiende.

Promover la organización de los trabajadores no sólo es legal. Es además, civilizado.

Defender el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos y negociar contratos colectivos en donde se puedan mejorar las condiciones materiales de los trabajadores y sus familias no sólo es legal, sino además, una forma de mantender y consolidar el mismo sistema.

Lástima que los que ostentan el poder económico no lo puedan comprender; y que esta falta de comprensión se traduzca en posiciones irracionales en los que -en  función de los que tienen el poder enconómico, ejercen el poder político.

 

Guillermo Aparicio

 

 

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