JNE no considera datos de contraloría sobre mal manejo de recursos. Defensoría puso en la mira a once concejos por dar un mal servicio

Confundir a un grupo de ciclistas con delincuentes, como lo hizo Manuel Masías (Miraflores), o querer tumbar un monumento en memoria de las víctimas del terrorismo, como intentó Enrique Ocrospoma (Jesús María); son vergüenzas que marcan la gestión de un alcalde.
Pero hay otras que traspasan la línea del escándalo. Ahí está el caso del cuatro veces electo alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, acusado de promover el cambio de zonificación de un terreno para favorecer a un pariente (acusación que él niega); o el de Miguel Ríos, vacado el 2009 en Carabayllo por usar maquinaria edilicia para extraer minerales para su empresa.
Ríos compite de nuevo por el sillón municipal, pues en la documentación que presentó no se incluye ese grave incidente pese a que el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo corroboró (Resolución 254-2009). Ello se debe a que la Ley de Partidos Políticos establece que la hoja de vida solo debe contener sentencias judiciales firmes; y el caso en mención aún se discute en la Corte Suprema.
De los 43 alcaldes con que cuenta Lima, 37 van a la reelección, y otros buscan retomar el puesto. ¿Cómo saber si la gestión fue lo suficientemente buena como para darles otra oportunidad?El caso de Francis Allison, que pretende regresar a la alcadía de Magdalena, y cuya gestión fue acusada de desembolsar de forma irregular S/.567.780, no es el único. Del 2007 a la fecha la Contraloría General de la República encontró actos ilícitos en procesos de selección y pagos irregulares por trabajos no efectuados en la anterior y/o actual gestión municipal de San Juan de Lurigancho, Breña, Ate, Cieneguilla, Barranco, Rímac, La Victoria y Chosica, por lo que dispuso el inicio de acciones legales.
En el portal de normas legales de “El Peruano” se ve que este último concejo, encabezado por Luis Bueno –quien va por su sexta elección– “habría simulado la realización de diversos procesos de selección” por un valor de S/.32.559 y cometió irregularidades en la construcción de un puente que hicieron perder más de S/.62.000.Augusto Miyashiro, de Chorrillos, es investigado por un supuesto uso de recursos municipales para su campaña anterior; mientras que, como informó este Diario, en Barranco malos funcionarios permitieron el vencimiento de plazos para que constructoras puedan edificar en el acantilado. En Jesús María hubo un desbalance de poco más de 1 millón de soles por cheques no sustentados. Voceros de estos dos concejos indicaron que los culpables fueron retirados apenas se enteraron del hecho,pero el daño se concretó.
En tanto, en San Bartolo, Jorge Barthelmess está vinculado –según el informe 296-2010 de la contraloría– a la irregular licitación de dos plantas de tratamiento de aguas servidas de Sedapal, pues colaboró para que dicha empresa pudiera justificar esta compra, al declarar la emergencia sanitaria del distrito sin que existieran informes que recomendaran tal decisión.