Hagámos públicas las demandas por difamación

[miramaralgrano]

Hagï¿œmos pï¿œblicas las demandas por difamaciï¿œn

Hace un rato observamos una creciente agresividad de los desarrolladores, tratando de deshacerse de ecologistas crï¿œticos por medio de demandas penales por difamaciï¿œn.

Los afectados son vecinos que defienden su ambiente, lï¿œderes y miembros de grupos ambientalistas y de asociaciones de desarrollo, diputados , regidores, cientï¿œficos y hasta juristas reconocidos. No explico mi punto mediante juicios concretamente sucedidos, porque siento, que existen fuertes reservas de aparecer en los medios en el contexto de estos procesos penales, reservas que por si son preocupantes, hasta me dan miedo.

Creo que es tiempo que el movimiento ambientalista discute esta situaciï¿œn para enfrentarla de una manera mï¿œs solidaria y mejor meditada. ( Entiï¿œndase lo sigiente como aporte de uno, que no estï¿œ muy familiarizado con el "clima“ y las costumbres en la esfera jurï¿œdica costarricense.) No debe ser que el movimiento considere los procesos como problema privado de los compaï¿œer@s demandad@s. Esta agresiï¿œn merece una respuesta comï¿œn y bien organizada, que implica no solo sacrificar tiempo, dinero y la elaboraciï¿œn de estrategï¿œas de parte de los demas, sino tambiï¿œn la disposiciï¿œn de los demandados de hacer pï¿œblico su caso y considerar posiciones que representan el interï¿œs del movimiento: Evitar que se propague el miedo en nuestras filas, intenciï¿œn principal de los desarrollistas privados y polï¿œticos.

Hay que tener presente que la situaciï¿œn material y jurï¿œdica es totalmente desequilibrada. Inversionistas, sus consultores y funcionarios pï¿œblicos pueden mentir, "equivocarse“ y calumniar a los ambientalistas como les da la gana, sin que les pase nada. Un ambientalista nunca va a reclamar daï¿œos materiales y morales millonarios por declaraciones falsas de ellos.

Las empresas y las instituciones tienen en sus planillas equipos de abogados bien entrenados, de manera que no les cuesta nada empezar un proceso, aï¿œn cuando no esperan ganarlo, con la ï¿œnica intenciï¿œn de intimidar a la gente.

Los empresarios que encargan a sus abogados con las demandas no gastan tiempo ni nervios, desgaste que normalmente sufren los demandados.

Y no olvidemos que la ley al respecto no es hecha por nosotros. Oigo que el capï¿œtulo "Delitos contra el honor“ del Cï¿œdigo Penal fue copiado del Cï¿œdigo de Cï¿œrdoba (Argentina), instrumento ï¿œtil para los gorilas en tiempos de la dictadura. Es una ley que aprecia mucho mï¿œs la reputaciï¿œn de estos "caballeros de honor“ y de sus empresas amigas que la libre expresiï¿œn de la verdad. Cierto una persona que denuncie un mal, puede salir impune, si comprueba la verdad de los hechos denunciados, pero la oportunidad de comprobarla estï¿œ ligada a condiciones, que reducen drï¿œsticamente este derecho.

Primero el demandado tiene que comprobar

• que su "afirmaciï¿œn verdadera no ha sido hecha por puro deseo de ofender.“ Asï¿œ se explica las aseveraciones emocionadas de algunos ambientalistas, "que no tenemos nada contra la minera y sus dirigentes – estamos por la vida“

• que "la imputaciï¿œn se hallare vinculada con un interï¿œs pï¿œblico actual“. Difï¿œcil de cumplir, cuando el proyecto cuestionado es declarado de "interï¿œs nacional“, y la defensa del ambiente contra la agresiï¿œn desarrollista oficialmente es considerada como puro deseo de ofender el "sistema democrï¿œtico de libre comercio“.

  Si uno cumple con estas condiciones todavia no le dejan comprobar la verdad de su afirmaciï¿œn. Solo lo puede

• "si el querellante (el empresario difamado J.M.) pidiere la prueba de la imputaciï¿œn contra ï¿œl.“ ( Cï¿œdigo Penal, Tï¿œtulo II, articulos 145 – 153).

Ahora bien, supongamos que nos dejan comprobar nuestras afirmaciones, pero nuestros medios para hacerlo son muy limitados :

No tenemos acceso al ï¿œrea de una mina, urbanizaciï¿œn, plantaciï¿œn o planta industrial, para observar la cantidad de ï¿œrboles talados, el cauce de las nacientes, la existencia de materiales tï¿œxicos en el suelo, derrumbes, erosiï¿œn etc.

Como podemos comprobar lo contrario, si la empresa declara que las difamaciones "puedan daï¿œar gravemente la confianza del pï¿œblico o el crï¿œdito de que gozan.“ (Art. 153) Como averiguar, si una minera tiene crï¿œdito o no?

Asￜ las cosas, tenemos que adimitir que contamos con pocos recursos de defensa ante las demandas por difamaciￜn.

Entonces, mejor callarse? No servir de testigo? Enojarse solo en comentarios anï¿œnimos en el web? O en tï¿œrminos generales de estilo: "Hay mucha corrupciï¿œn en el pais“, "Quï¿œ tristeza como se destruye el ambiente“?

Creo que sￜ hay otras alternativas. (Saco conclusiones de mis propios errores.)

Primero hay que ser cauteloso.

Hay que decir siempre la verdad. En primer lugar por respeto al pï¿œblico y a l@s compaï¿œer@s, pero tambiï¿œn como medida de seguridad. Si la gente sabe, que a los ecologistas, cuando hablan en los medios, cualquier falsedad significarï¿œa un gran riesgo personal – esa situaciï¿œn hasta puede aumentar nuestra credibilidad. No debemos exagerar ni daï¿œos y peligros ("Extinciï¿œn de pueblos costeros“), ni nuestros logros ("Costa Rica libre de mineria metalica“).

Debemos describir lo mï¿œs exacto posible los hechos, pero no presentar numeros y datos, que no hemos averiguado.Mejor usar constataciones oficiales o de la misma empresa, textualmente citadas,presentar hechos comprobados en expedientes o confirmados por testigos o notario,calificar como tales nuestras interpretaciones, suposiciones y conclusiones personales, para poder reclamar el derecho de libre expresiï¿œn de opiniones.

Evitemos tï¿œrminos como: ladrones, narcos, criminales, choriceros y otros usuales en el net. (No quiere decir que aceptemos el lenguaje que las empresas extranjeras nos imponen. Por ejemplo demandaron a un compaï¿œero solamente por usar las palabras "botadero de basura“, exigiendo que diga "Parque Ecoindustrial“. A otros exigieron decir "molienda de klinker“ en vez de "cementera“, como es costumbre aqui.)

Mejor publicar textos escritos que dar entrevistas espï¿œntaneas. Los medios por su naturaleza siempre esperan algo apuntado, provocante, alarmante , "autï¿œntico“.

Estas precauciones no son garantï¿œa de que los desarrolladores no presenten una demanda. En este caso, que defensas tenemos?

Para mi, en primer lugar: Hacer el pleito pï¿œblico. Todos estos procesos deben ser procesos realmente pï¿œblicos, que incluyen un costo polï¿œtico , una pï¿œrdida de imagen para los demandantes, que les puede motivar de desistir de demandas. Ya que en el proceso podemos tematizar materialmente los riesgos y daï¿œos del propio proyecto y las anomalidades de su tramitaciï¿œn.

El bajo perfil prudente no garantiza la "buena salida“. Mientras el proceso de Marï¿œa Elena Fournier, ampliamente y valiosamente documentado, resultï¿œ exitoso.

Otra tarea: Fortalecer la solidaridad del movimiento.

A veces parece que los demandados sientan algo como vergï¿œenza, siendo penales estos procesos. No debemos tomar al pecho la criminalizaciï¿œn intencionada. Al contrario: hay que tomar estas demandas como distinciï¿œn y oportunidad para concientizar.

Veo que la asistencia de compaï¿œer@s en las sesiones en la corte es escueta, la "movilizaciï¿œn“ normalmente no mï¿œs que una notita tï¿œmida, donde y cuando. No se organiza encuentros para preparar los argumentos y el rumbo de la defensa.

No he oido de masas de cartas a la corte, ni de autodemandas que repiten las frases incriminadas.

No he oido de un Fondo Verde de apoyo jurï¿œdico (como existen en otros paises), ya que no podemos esperar que los pocos abogados simpatizantes del movimiento trabajen gratuitamente o a cuota litis en un caso poco prometedor.

Por supuesto con este fondo no se puede pagar las indemnizaciones que exigen los desarrolladores. Esta amenaza se puede evitar de manera, que sean l@s compaï¿œer@as sin recursos econï¿œmicos l@s que hacen declaraciones pï¿œblicas.

En caso que nos equivocamos y la empresa advierte, no es mï¿œs que honesto, corregirse o hasta retractarse.

Y creo que hay que fortalecer la posiciï¿œn de los demandados como sujetos polï¿œticos, dueï¿œos de su proceso. Eso implica cuestionar el mando absoluto de los abogados, que muchas veces se expresa en la prioridad de criterios procesuales ante criterios polï¿œticos. A veces interfieren intereses de prestigio, "ganar un proceso“, animosidades o dinero. (Conozco dos casos, en que el defensor se dejï¿œ comprar por la contraparte.)

Como cualquier esfuerzo de emancipaciï¿œn tambiï¿œn este cuesta tiempo, discusiones, paciencia de los abogados y estudio de los demandados.

Pero este es el lujo que debemos permitirnos.

Julio Mï¿œller