[Conciencia Colectiva] Comunicado de Prensa Frente Amplio

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Frente Amplio advierte sobre peligrosas similitudes en concesiones a APM Terminals en Costa Rica y Perú

• Se terminará subsidiando un monopolio privado que desplazará a JAPDEVA

El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, advirtió que existen “peligrosas similitudes” entre las concesiones de las terminales de contenedores en los puertos de Moín, Limón, y El Callao, el principal puerto del Perú, ambas adjudicadas de manera apresurada al mismo oferente, la compañía holandesa APM Terminals.

Además, el parlamentario hizo ver que, luego de las recientes elecciones generales en el Perú, se está considerando anular o revisar la concesión, atendiendo a las denuncias y argumentos en contra de lo actuado por el Gobierno del Presidente Alan García, presentadas por especialistas, gremios empresariales, autoridades políticas, militares en retiro, sociedad civil y hasta por la propia Marina de Guerra del Perú.

En el caso peruano, el 18 de marzo pasado la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) presentó una demanda de nulidad de la concesión del Terminal Norte del puerto de El Callao, argumentando que liquidará a la Empresa Nacional de Puertos, equivalente a la Junta Desarrolladora de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), en el caso de Moín, Limón.

Además, la FENTENAPU ha advertido que el concesionario de otra terminal de El Callao, la empresa DP World, podría presentar una demanda multimillonaria contra el Estado peruano, debido a que el contrato pactado con su competidora, APM Terminals, “le otorga más de $100 millones en subvenciones directas, con lo cual rompe las reglas de juego de la competencia igualitaria”.

Al final, se estaría propiciando un monopolio controlado por la transnacional holandesa en el puerto más importante del Pacífico sudamericano.

“En Costa Rica se corre el mismo riesgo, porque el contrato de la Concesión establece que, en su Fase 2, todo el tráfico que esté manejando JAPDEVA pasará a ser administrado por APM Terminals”, explicó el diputado Villalta. “Esto prácticamente decretará la muerte de JAPDEVA”, agregó.

Además, mediante una suerte de adendo al contrato de la Concesión, plasmado en el Acuerdo No. 018-MOPT-H, del 1 de marzo de 2011, por la Presidenta de la República, el MOPT y el Ministerio de Hacienda, se aceptaron 15 condiciones adicionales a APM Terminals, por las cuales se le permite a esta empresa usufructuar de infraestructura pública y otras ventajas, a cambio de una rebaja de $23 en la oferta de la tarifa del servicio de contenedores, la cual de todos modos había sido criticada por el sector empresarial costarricense por ser excesivamente alta y estar calculada sobre la base de proyecciones irreales del tráfico de exportaciones piñeras y bananeras.


Entre las ventajas adicionales concedidas a APM Terminals se encuentran que esta empresa no tenga que utilizar sus propios recursos para el dragado del muelle de Moín, pues esta tarea la realizará RECOPE; además, tendrá acceso a los equipos, servicios y demás recursos de JAPDEVA; el Estado se compromete a “lograr un ágil proceso de aprobación” de los permisos que sean necesarios con las distintas instituciones públicas; el Estado otorgará un área de trabajo de 10 hectáreas al Concesionario y asumirá, para ello, “la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios”.

Adicionalmente, se aceptó permitir anticipadamente a APM Terminals la puesta en servicio provisional del primer puesto de atraque, con lo cual la afectación a JAPDEVA también se anticipará.

La Adiministración también se comprometió con APM Terminals a permitir y facilitar el cambio de lugar donde se construirá la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), según se reconoce en el propio Acuerdo No. 018-MOPT-H, porque “en la actualidad no existen estudios de suelo que certifiquen que la localización conceptual de la TCM es la más óptima de conformidad con las realidades geográficas del área de concesión.”

“Esto es una barbaridad –enfatizó el diputado Villalta-. Ya vimos las consecuencias de permitir que el Concesionario de la carretera San José-Caldera trabajara sin estudios actualizados. Y, ahora, se reconoce sin tapujos que se adjudicó una concesión millonaria en Moín, cuando ni siquiera existen estudios básicos del suelo marino. No quiero imaginar las consecuencias que esto puede tener para el país. Y sí puedo imaginarme al Concesionario pidiendo un reequilibrio financiero del contrato, cuando nos digan que el cambio de ubicación de la Terminal resultó costoso”, advirtió Villalta.

El parlamentario del Frente Amplio también comparó la diligencia y la premura con la que se terminó adjudicando la concesión a APM Terminals en Perú y en Costa Rica. “En el primer caso, el gobierno de Alan García corrió a otorgarla antes de las pasadas elecciones y, en Costa Rica, el cartel de licitación se fue modificando a la medida de AMP Terminals, que terminó siendo el único oferente interesado, luego de que ocho empresas se presentaran inicialmente”, denunció.

Finalmente, el diputado hizo ver que, con estas acciones, se favorece a la transnacional APM Terminals frente a las pocas otras que aspiran a controlar el mercado portuario mesoamericano.

Según un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, en México, Centroamérica y el Caribe, únicamente cuatro “operadores globales” controlan el 50% del tráfico portuario de la región. Ellos son las transnacionales HPH, SSA, APM Terminals y Evergreen, que tienen presencia en los 16 puertos más importantes de Mesoamérica.

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Publicado por Conciencia Colectiva para Conciencia Colectiva el 7/06/2011 10:19:00 AM

[Conciencia Colectiva]

Empresas piñeras desobedecen sentencias que confirman la existencia de persecución sindical y despido discriminatorio de trabajadores

• Tribunales y Ministerio de Trabajo comprueban violaciones a la Constitución, el Código de Trabajo y Convenios de la OIT, pero piñeras se niegan a acatar sentencias firmes.

Acompañado de dirigentes sindicales y de trabajadores del cantón de Sarapiquí, el diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, dio a conocer hoy, en conferencia de prensa, que los tribunales de Trabajo han fallado, en sentencia firme, a favor de trabajadores que sufrieron persecución sindical y fueron despedidos por empresas piñeras proveedoras de las transnacionales Del Monte, Dole y BANACOL, las cuales actuaron contra la Constitución Política, el Código Laboral y Convenios de la OIT.

Aun así, algunas de estas empresas se resisten a acatar las sentencias de los tribunales y a restituir a los trabajadores en sus puestos laborales y a reintegrarles los salarios respectivos, denunció.

-En el caso de la empresa PIÑALES DE SANTA CLARA S.A., proveedora de la transnacional Del Monte, en el 2009, el Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos y Anexos de Heredia (SITAGAH), inició un proceso de organización y de afiliación de trabajadores. Sin embargo, la empresa reaccionó desmejorando las condiciones trabajo y los salarios, eliminando las horas extras, hostilizando verbalmente e incluso despidiendo a los trabajadores que procedieron a organizarse.

Ante esto, la organización sindical interpuso, primero, una denuncia ante la Inspección Nacional de Trabajo, instancia que constató la persecución sindical y los despidos de trabajadores por el solo hecho de ejercer su derecho humano a afiliarse a un sindicato. Luego, presentó 20 procesos judiciales, siete de los cuales ya han sido fallados, a favor de aquellos, y por los cuales se condena a la empresa a reintegrarlos y pagarles los salarios caídos.

En dos de estos procesos, las sentencias han sido confirmadas en segunda instancia y ya se encuentran firmes. Sin embargo, en dos ocasiones (18 y 23 de junio de 2011) la empresa PIÑALES DE SANTA CLARA S.A. se ha negado a reinstalar a los afectados, desobedeciendo flagrantemente la orden de los tribunales de justicia, denunció el diputado Villalta.

-En el caso de la empresa COLLIN STREET BAKERY, (CORSICANA) proveedora de la transnacional DOLE, fue condenada en primera instancia por persecución sindical y prácticas laborales desleales, proceso que todavía se ventila en los tribunales.

El Departamento de la Inspección Nacional del Trabajo verificó la existencia de persecución sindical, prácticas laborales desleales, despido de trabajadores por ser afiliados al sindicato, por obstaculizar el paso a los dirigentes sindicales para atender a los afiliados, entre otras violaciones que constan en una resolución del Ministerio de Trabajo con fecha 26 de julio del 2005.

A pesar de tener este historial, esta empresa ha sido certificada e inclusive premiada por la iniciativa de comercio justo FLO CERT y por Fair Trade USA, denunciaron los trabajadores.

-En el caso de INDACO HORQUETAS, empresa piñera que también es proveedora de Dole, SITAGAH inició un proceso de afiliación sindical, en el 2009. “Desde entonces, ha procedido a despedir a una gran cantidad de trabajadores sindicalizados, con y sin responsabilidad patronal, utilizando toda clase de maniobras”, explicaron los dirigentes sindicales.

-En el caso de AGROINDUSTRIAL SAN CAYETANO S.A., de la compañía colombiana BANACOL, hace tres años “inició el proceso de acosar, discriminar, desmejorar salarios e incluso despedir a prácticamente a todos nuestros afiliados y hoy seguimos procesos en los tribunales de trabajo los cuales ya han fallado de forma favorable para los trabajadores en primera instancia”, dijo un dirigente de SITAGAH.

Los sindicalistas y trabajadores también denunciaron que estas empresas utilizan agroquímicos altamente peligrosos, como CLOPHIFOS y BROMACIL, los cuales causan serios daños a la salud, como cáncer al estómago.

El diputado Villalta también denunció la actitud pasiva del Ministerio de Trabajo, “pues no tutela los derechos de los y las trabajadoras de forma efectiva. De ahí que se dan una serie de limitaciones para las organizaciones sindicales y sus afiliados, que les han obligado a recurrir a los tribunales. Es importante que la OIT y las personas consumidoras de piña, en Estados Unidos y Europa, conozcan esta realidad, de modo que también sumen sus esfuerzos para evitar que se sigan violando los derechos humanos y laborales en Costa Rica”, expresó.

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Publicado por Conciencia Colectiva para Conciencia Colectiva el 7/06/2011 10:26:00 AM