Colombia: Declaración Final de la Misión Internacional de Verificación
Conaie
Comunicaciones ONIC
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Ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, los
delegados de la misión, este 29 de septiembre dieron a conocer la
declaración final del trabajo, lo que arroja varias apreciaciones y
recomendaciones, entre ellas: "que desde la visita del Relator
(2004), la situación de los pueblos indígenas de Colombia se ha
agravado a tal punto que configura un escenario no sólo de una grave
crisis humanitaria, sino de amenaza cierta de extinción ante lo cual,
la Misión, hace un llamado urgente a la comunidad internacional y al
Estado Colombiano a que hagan todo lo necesario para detener este
riesgo".
A continuación la declaración final, con la relación de quienes
hicieron parte de ellas y otros organismos que actuaron como
observadores.
MISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA Y
DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
Declaración Final
Ante la agudización de la crisis humanitaria de las comunidades
indígenas en Colombia, las principales organizaciones indígenas de
Colombia, congregadas en el Consejo Nacional Indígena de Paz,
convocaron a una Misión Internacional de carácter independiente para
hacer seguimiento a las recomendaciones hechas en el 2004 por el
Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo
Stavenhagen. Esta Misión Internacional de Verificación sobre la
Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de
Colombia entre el 19
y 29 de septiembre de 2006 tuvo como propósito verificar el estado de
cumplimiento de las recomendaciones y la situación actual de los
pueblos indígenas, producir un informe para que la comunidad
internacional pueda instar al gobierno de Colombia el cumplimiento de
los acuerdos y compromisos internacionales y de orden nacional, en
materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
La Misión estuvo conformada por organizaciones de derechos humanos y
de la sociedad civil de Europa, América Latina, Estados Unidos, y
Canadá, con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la
Embajada de Suiza, la Embajada de Alemania, la delegación de la
comisión europea, y la MAPP-OEA.
La Misión visitó cinco regiones: la Sierra Nevada de Santa Marta, el
Alto Sinú en Córdoba, el departamento de Arauca, el departamento del
Cauca y el departamento del Guaviare. En cada región la Misión sostuvo
entrevistas con las comunidades indígenas y sus organizaciones,
recibió testimonios de indígenas víctimas de violaciones de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y se
entrevistó con autoridades locales y departamentales, cívicas,
militares y de organismos de control del Estado. En el ámbito
nacional, la Misión se entrevistó con entidades del Sistema de
Naciones Unidas y con miembros del Cuerpo Diplomático congregados en
el G24, con autoridades del
gobierno central y con los organismos de control nacional.
Adicionalmente, la Misión participó en el foro nacional de mujeres
indígenas y en el foro nacional por la vida de los pueblos indígenas y
tuvo acceso a estudios de caso, informes de violaciones de derechos
humanos a los pueblos indígenas, testimonios, documentos y análisis
de expertos, que le permitieron obtener una visión integral de la
situación actual por la que atraviesan los pueblos indígenas de
Colombia.
Una vez concluida la visita en terreno, la Misión emite la siguiente
declaración:
CONSTATACIONES
1. La Misión constató que los pueblos indígenas (hombres, mujeres,
niños y niñas, y sus organizaciones) están siendo víctimas de
violaciones a los derechos humanos fundamentales y de crímenes de lesa
humanidad, tales como: asesinatos políticos, detenciones masivas y
arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas,
allanamientos, señalamientos, judicializaciones y acusaciones
infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad.
Igualmente se violan su derecho al debido proceso, el respeto a su
autonomía, costumbres y territorios. Las medidas implementadas en el
marco de la política del actual gobierno, tales como: la red de
informantes, los soldados campesinos, los batallones de alta montaña,
las brigadas móviles, los escuadrones antidisturbios, y los grupos de
operaciones especiales, agravan la ya difícil situación que enfrentan
los pueblos indígenas y sus territorios.
2. La Misión constató que los pueblos indígenas están sufriendo los
efectos de las graves infracciones al derecho internacional
humanitario cometidas por los actores armados en el contexto del
conflicto armado interno (la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y
paramilitares o desmovilizados). La Misión tuvo conocimiento y pudo
observar en el terreno que la fuerza pública ha construido puestos
policiales y militares, garitas, trincheras y puntos de avanzadas, en
medio de los sitios de vivienda de los indígenas, en lugares
ampliamente poblados y en territorios pertenecientes a los resguardos
indígenas. Realizan retenes militares y controles en los que se
despoja a los indígenas de alimentos, medicinas y otros implementos
necesarios para su supervivencia. Los grupos armados ilegales
practican el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas. Todos los
actores armados han asesinado a hombres y mujeres indígenas y ocupan
zonas humanitarias y sitios de asamblea permanente, designados por
las comunidades indígenas como lugares de protección frente a los
efectos del conflicto. Ejecutan operaciones militares que no guardan
los principios básicos de distinción y proporcionalidad, afectando
gravemente a la población indígena.
3. La Misión constató que el actual proceso de desmovilización de los grupos
paramilitares y las normas creadas para ello, no garantizan la verdad,
justicia y reparación de los crímenes cometidos por los paramilitares
contra los pueblos indígenas, que continúan en una situación crítica.
La Misión recibió testimonios que indican que en varios de los
territorios indígenas los paramilitares no se han desmovilizado
efectivamente y siguen cometiendo crímenes e intimidando a la
población; en otros casos, se informó a la Misión que los
paramilitares desmovilizados han conformado nuevos grupos armados y
desarrollan las mismas prácticas anteriores contra las comunidades;
así mismo, se recibieron testimonios sobre el control social, las
actividades de infiltración, información, y hostigamiento que los
paramilitares desmovilizados realizan
contra las comunidades, organizaciones y líderes indígenas.
4. La Misión constató que en los territorios indígenas se están implementando
megaproyectos sin que se respete el procedimiento de consulta previa y
los criterios para ello establecidos por los convenios
internacionales de la OIT, de las Naciones Unidas y por los propios
mecanismos internos de concertación establecidos entre el estado
colombiano y las autoridades indígenas. Estos proyectos incluyen:
infraestructura vial, fluvial y marítima, extracción de minerales e
hidrocarburos, construcción de represas y grandes proyectos
hidroeléctricos, control y explotación de la biodiversidad, y
proyectos agroindustriales como los monocultivos de palma aceitera y
caucho. Estos
megaproyectos, además de generar graves e irreparables impactos
ambientales, rompen el equilibrio natural y espiritual que los pueblos
indígenas han mantenido por años, desestructuran el territorio,
perjudican la salud y afectan los ciclos productivos, alimenticios y
la convivencia de las comunidades indígenas.
PREOCUPACIONES ESPECIALES
5. La Misión pudo constatar que las violaciones a los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas están acompañados de
violaciones a sus derechos colectivos y que se está creando un marco
jurídico normativo que agravaría esta situación. En este sentido, la
Misión expresa su preocupación especial por las leyes más
recientemente aprobadas y por las que están en trámite, tales como la
ley forestal, la ley de aguas, la ley de páramos, y ley de desarrollo
rural, que retroceden en derechos conquistados por los pueblos
indígenas y apuntan a generar mayores niveles de exclusión
sociocultural y violencia, y configuran claros escenarios de extinción
de los pueblos indígenas.
6. La Misión pudo observar la situación particular de la educación y
la salud de las comunidades indígenas y manifiesta su preocupación
por la desatención de parte de las entidades regionales y del Estado
central y por la ausencia de mecanismos de concertación con miras a
respetar y apoyar las propuestas de las comunidades indígenas desde
su cosmovisión, sus prácticas tradicionales, su sabiduría ancestral y
sus proyectos de educación y salud propia.
7. La Misión escuchó abundantes testimonios sobre la situación
específica de las mujeres indígenas. La Misión quedó altamente
preocupada y denuncia las prácticas de acoso, abuso sexual,
violación, engaño y seducción contra mujeres y niñas indígenas, por
parte de miembros de la fuerza pública. La Misión recibió testimonios
sobre menores que han quedado embarazadas sin que exista
responsabilidad alguna asumida por los militares y/o policías
responsables.
8. La Misión recibió testimonios e información sobre la fumigación aérea sobre
territorios indígenas, que se llevaron a cabo sin la consulta previa
de las comunidades, donde existían o no cultivos de uso ilícito
dentro de los territorios indígenas afectadas. Las fumigaciones están
agravando la inseguridad alimentaria que existe en varias comunidades
indígenas por los daños que causa a los productos de pan coger y por
los afectos negativos en la salud. La Misión observó que las
comunidades tienen serias dificultades para acceder a los fondos de
reparación por los daños ocasionados por las fumigaciones a sus
territorios y cultivos de pan coger. La Misión observa que no
encontró propuestas alternativas reales y concertadas con las
comunidades, por parte de
las autoridades responsables.
9. La Misión constató que los pueblos indígenas han iniciado una
campaña encaminada a la "liberación de la madre tierra" y que tiene
que ver con la necesidad y exigibilidad de ampliación de sus
territorios para garantizar su supervivencia. La Misión tuvo
información y datos sobre los altos índices de concentración de la
tierra y la propiedad en Colombia, en los últimos años y las muertes
que la defensa del derecho a la tierra y al territorio ha causado
para los pueblos indígenas. De igual forma, la Misión conoció que el
Gobierno colombiano ha incumplido, reiteradamente, acuerdos firmados
con las organizaciones indígenas encaminados a devolver y titular
tierras ancestrales que han sido usurpadas a los pueblos indígenas.
10. La Misión lamenta no haber podido encontrarse con algunas de las
principales
entidades gubernamentales y estatales colombianas, tales como la
Vicepresidencia, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, y
el Ministerio de Minas y Energía. Los miembros de la Misión lo
interpretan como una falta de voluntad política por parte del gobierno
colombiano de cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger los
derechos de los pueblos indígenas de Colombia.
CONCLUSIONES
10. Por las constataciones anteriormente señaladas, la Misión
concluye: Que las
recomendaciones presentadas por el Relator Especial de la ONU para los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos
indígenas no han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por las
autoridades gubernamentales y estatales.
Que, desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos
indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un
escenario no sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza
cierta de extinción ante lo cual, la Misión, hace un llamado urgente
a la comunidad internacional y al Estado Colombiano a que hagan todo
lo necesario para detener este riesgo.
Que la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos y de
del derecho internacional humanitario y de los crímenes de lesa
humanidad a los que han sido sometidos los pueblos indígenas de
Colombia prefiguran un genocidio contra estos pueblos, que ni siquiera
las Medidas Cautelares y Provisionales, emanadas por la Comisión
Interamericana y la Corte Interamericana de derechos humanos han
podido detener.
RECOMENDACIONES
11. La Misión recomienda al Relator Especial de la ONU para los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos
Indígenas realizar una pronta visita de seguimiento al cumplimiento
de sus recomendaciones, con miras a exigir al Estado Colombiano
respuestas eficaces ante la gravedad de la situación de estos pueblos.
12. La Misión recomienda a la Unión Europea y al G24 hacer un
seguimiento más detallado a la situación de los pueblos indígenas, en
el marco de las cumbres de Londres y Cartagena sobre los derechos
humanos y al cooperación internacional en Colombia.
13. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano no dilatar el
cumplimiento de acuerdos con las comunidades y organizaciones
indígenas respecto de la titulación de tierras y territorios e
implementar mecanismos de solución negociada antes que los de la
represión policial y las judicializaciones.
14. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano retirar de los pueblos
y lugares de vivienda de los indígenas los cuarteles, trincheras y
otras formas de ocupación militar que pongan en inminente riesgo a la
población civil indígena.
15. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano considerar los
resguardos indígenas como territorios de paz y diseñar una política
integral para proteger a los pueblos en riesgo de extinción.
16. La Misión recomienda a los grupos armados ilegales respetar los
derechos de los pueblos indígenas a su territorio, vida, y autonomía y
todos los principios del derecho internacional humanitario.
17. La Misión recomienda a las organizaciones sociales, nacionales e
internacionales y a los pueblos indígenas solicitar una moratoria en
la implementación de megaproyectos, en territorios y resguardos
indígenas, mientras no se cumplan los mecanismos y acuerdos, tanto
internacionales como nacionales, entre ellos, la de la consulta real
y efectiva a las comunidades y organizaciones indígenas.
18. La Misión recomienda a la cooperación internacional apoyar a los
planes de vida, a las estrategias de gobierno propio y autoprotección
de las comunidades indígenas.
19. La Misión extiende su solidaridad a las comunidades
afrodescendientes y campesinas que se enfrentan condiciones similares
a las de los pueblos indígenas.
Esta declaración está acompañada de un informe detallado de la Misión
sobre cada una de las regiones visitadas.
Dada en Bogotá, el 28 de septiembre de 2006.
Participantes de la Misión:
Michel Neveu - Alcalde y Consejo General de Loire - Atlantique (Francia).
Beverly Jacobs - Presidenta, Asociación de Mujeres Indígenas de Canada.
Efraín Calapucha - CONAIE ( Ecuador ).
Franklin Toala - CONAIE ( Ecuador ).
Charlie Roberts - Comité para los Derechos Humanos de Colombia a
Washington (USA).
Oswald Iten -periodista Suizo (Neue Zücher Zeitung NZZ).David Bruer -
Interpares (Canadà).
Natalia Cardona - Comité Andino de Servicios (Estados Unidos).
Andrew Fandino - Coordinador Proyecto Defensa de los U`wa, Amazon
Warch (Estados Unidos).
Anne Vereecken - comité Daniel Gillard (Belgica).
James Patton - Comitè Andiono de Servicios (Estados Unidos).
Giuseppe de Marzo - Asociaciòn A Sud (Italia).
Maria Eugenia Cardenas - Derechos y Democracia ( Canadà).
Jessica Eby - Wola (Estados Unidos).
Richard Solly - Colombia Solidarity Campaign (Gran Bretaña).
Michel Thuaul - Asociación Campesina (Francia).
Vemund Olsen - Human Rights Everywhere (Noruega).
Carmen Maria Lang - Ayuda Popular Noruega (América Latina).
Philippe Matray - Cooperante Belga (Bélgica).
Nieves Laborda - Presidenta, Acción Solidaria Aragonesa (España).
José Antoio Gutiérrez - Latin American Solidarity Centre (Irlanda).
Dunja Van Kleef - Fucai (Holanda).
Dag Kavlie - Universidad de Bergen (Noruega).
Otros con trabajo en Colombia:
PCS. SUIPPCOL, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO, CENSAT,
HUMANIDAD VIGENTE, CECOIN, DIAL.
OBSERVADORES:
PNUD, OACNUDH, ACNUR, OCHA, EMBAJADA DE SUIZA, EMBAJADA DE ALEMANIA,
DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA, MAPP-OEA.
--
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Granados 10 275 y Av. 6 de Diciembre. Quito. Ecuador. Sudamérica.
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