LA REELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Por Guillermo Mejía Mejía

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Rodrigo Jaramillo Velasquez

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Oct 25, 2011, 4:57:10 AM10/25/11
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LA REELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y DEL
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
Por Guillermo Mejía Mejía

Antes del acto legislativo 01 de 2003, el Consejo Nacional Electoral
estaba integrado por el número de miembros que determinara la ley,
pero la Constitución le fijaba un número mínimo de siete. Eran
elegidos por el Consejo de Estado para un período de cuatro años, de
ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica. Tales miembros debían reunir las mismas calidades
que exige la Constitución para ser magistrado de la Corte Suprema de
Justicia y no eran REELEGIBLES. Su régimen laboral no era de
dedicación exclusiva, podían litigar y sus honorarios no eran
incompatibles con la pensión de jubilación.
En el caso del Registrador Nacional, éste era elegido por el CNE, para
períodos de cinco años y tampoco era reelegible.
Con la expedición del acto legislativo 01 de 2003, el sistema cambió
fundamentalmente pues la elección de los magistrados del CNE, quedó en
manos del Congreso en pleno, para períodos de cuatro años, elegidos
por el sistema de cifra repartidora y podrán ser reelegidos por UNA
SOLA VEZ. Su régimen laboral ya es de dedicación exclusiva y tienen
las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para el Registrador la norma constitucional también cambió y su
elección le fue confiada a los presidentes de las Cortes
Constitucional y Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, mediante
concurso organizado por la ley 1134 de 2007 y por el Acuerdo 01 de
2007, expedido por los tres organismos judiciales mencionados. Su
período pasó de cinco a cuatro años y podrá ser reelegido solo por una
vez.
En la discusión del proyecto de acto legislativo 01 de 2003, en vista
de la proximidad de eventos electorales como el referendo y las
elecciones territoriales de ese año, se presentó la duda sobre si el
acto legislativo en el caso concreto del período de los entonces
magistrados y de la Registradora Nacional, éste terminaría con la
expedición de las nuevas normas constitucionales sobre la materia para
proceder de inmediato a su cumplimiento o se habilitaba
constitucionalmente un nuevo período para evitar vacios jurídicos y
garantizar la continuidad en el desempeño de las funciones
electorales. La duda se resolvió con la inclusión en el texto de la
reforma, del parágrafo transitorio al final del artículo 15 del A.L.
01/2003, que modificó el artículo 266 de la Constitución Política.
Este parágrafo expresamente ordenó que el período de aquellos
magistrados y de la Registradora fuera hasta el 2006, así hubieran
sido elegidos por el sistema anterior, derogado expresamente. Esta
norma fue demandada con el argumento de que se habían violado los
principios de consecutividad e identidad pero la Corte Constitucional,
en sentencia C-753 de 2004, con ponencia del magistrado Alfredo
Beltrán Sierra declaró exequible la norma demandada y en la parte
motiva expresó, entre otras cosas lo siguiente:
“Precisamente para evitar el vacío jurídico y garantizar la
continuidad en el desempeño en la función electoral que les compete,
se decidió entonces la inclusión del parágrafo que establece una norma
de transición entre la norma constitucional precedente y la nueva, lo
que señala claramente que aun cuando tal parágrafo tiene efecto
jurídico propio, es un instrumento necesario y con una relación de
conexidad evidente con el nuevo texto normativo, expedido por el
Constituyente Derivado con una finalidad específica, para clarificar
una situación jurídica concreta y de enorme trascendencia en el
transito legislativo entre la norma constitucional anterior y la
nueva. Esto claramente significa que no hubo ninguna elusión del
debate, ni tampoco rompimiento de los principios de consecutividad e
identidad, ni una prórroga del período del Registrador Nacional del
Estado Civil. Por el contrario, lo que se encuentra es que se trata de
una previsión del Congreso de la República como Constituyente Derivado
para impedir un salto al vacío entre la normatividad anterior y la
puesta en vigencia de la que la sustituye”. (Subrayas ex texto).

De acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional, el sentido
de la decisión del Congreso, actuando como constituyente derivado, al
expedir esta norma transitoria era impedir que se produjera un vacío
jurídico en la organización electoral de consecuencias funestas para
el País. Por lo tanto habilitó a los magistrados de la época y a la
señora Registradora, un período NUEVO, que no era continuidad para el
que habían sido elegidos unos y otra, pues las normas constitucionales
son de aplicación inmediata y por lo tanto era imperioso, en estricto
sentido constitucional, proceder a la elección de un nuevo Consejo
Electoral y de un nuevo Registrador, bajo las reglas expedidas que
modificaban los mecanismos de su elección.

En consecuencia, para efectos de la reelección de los actuales
magistrados del CNE que están aspirando a ella, las elecciones bajo el
régimen nuevo del acto legislativo 01 de 2003 se deben contar así: La
primera, la efectuada por el Consejo de Estado el 3 de septiembre de
2002, cuyo período, bajo el nuevo régimen, fue autorizado por el
parágrafo transitorio del artículo 266 de la C.P., y que terminó el 1°
de septiembre de 2006; la segunda la efectuada por el Congreso en
septiembre de 2006, cuyo período terminó en septiembre de 2010 y la
tercera la efectuada, también por el Congreso en septiembre de 2010 y
cuyo período terminaría en septiembre de 2014.

Por lo tanto pueden aspirar a la reelección, en mi concepto, salvo
mejor opinión, los magistrados que solo llevan una elección y no los
que llevan dos porque se violaría evidentemente el artículo 264 de la
C.P. que solamente autoriza la reelección por una sola vez. En el caso
del actual Registrador, es claro que puede ser reelegido solo para el
período siguiente.

En la elección del nuevo CNE, los congresistas deberán actuar esta vez
con más diligencia: Primero en la actuación como bancada como lo
ordena el inciso sexto del artículo 108 y segundo en la votación
nominal y pública a la que obliga el artículo 133 de la C.P. Una
violación a estas normas puede dar origen a procesos penales por
prevaricato (art. 413 del Código Penal) y los partidos representados
en el Congreso deben tener sumo cuidado al elaborar las listas de
aspirantes para no incluir candidatos inhabilitados.

Medellín, 24 de octubre de 2011

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