Sino se aprueba Ley Antimonopolio el texto regirá como lo envió el Ejecutivo
Yahira Piedrahita Falquez - CNA
Septiembre 28, 2011
Sino se aprueba Ley Antimonopolio el texto regirá como lo envió el Ejecutivo
Un grupo de legisladores propuso archivar la ley, ayer en la mañana.
Pese a que mañana culmina el plazo para que se tramite el proyecto de Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado en la Asamblea Nacional, ayer los legisladores no lograron reunir los votos necesarios para que el texto se apruebe, en segundo y definitivo debate. Más bien, un grupo pidió que se archivara la ley en la discusión del pleno.
Y eso estuvo claro en el debate. Paco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, que se encargó de procesar la norma, advirtió del tema a los asambleístas luego de exponer los cambios realizados al contenido de la norma.
“Si se pide el archivo de la ley, como anticiparon en la mañana cuatro legisladores del bloque Alianza Libertad, no se conseguirán los votos ni para aprobar la norma, ni para archivarla”, dijo. Por lo tanto, el texto de la denominada ley Antimonopolio pasaría por el Ministerio de la Ley, tal como llegó desde el Ejecutivo.
Esto porque la norma llegó con carácter económico urgente, y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa debe evacuarse en un periodo de 30 días, que se cumple mañana.
Velasco, en su intervención hizo aclaraciones respecto a las críticas a la ley. Una de ellas ha sido la integración de la Junta Reguladora, que según el texto de la norma la conformarán los ministros de la Producción, de la Política Económica, de Sectores Estratégico, y del Desarrollo Social.
A este grupo lo comparó con la Junta Bancaria, que sería un paralelo dijo. “Quiénes están en la Junta Bancaria, el Superintendente de bancos, el gerente del BCE, dos miembros con sus alternos designados por el Presidente, y un quinto miembro, también designado por el presidente que será designado por el Presidente”.
También comparó las atribuciones de la Superintendencia de bancos, respecto a la capacidad que tienen para pedir información de tipo reservado a las instituciones financieras, en una forma similar a lo que haría la Superintendencia de Control del Mercado.
Respecto a la severidad de las sanciones, como ejemplo mencionó que en México, recién el lunes pasado se sancionó con el pago de una multa de 1.016 millones de dólares a la compañía América Móvil, similar de Claro en esa ciudad.
Agregó además que se había quitado la palabra personal, en todo el texto de la ley, sobretodo en los artículos que se refieren a la retención de información de una empresa en un proceso administrativo, como agendas personales.
Pero aseguró sobretodo que la ley no tiene como único fin el sancionar o multar, pues en el artículo 90 de la ley se establece la posibilidad de crear compromisos. “Hasta antes de la resolución de la Superintendencia, podrán presentar una propuesta por la cual compromete a cesar la conducta bajo observación”. La Superintendencia además, tendrá la facultad entonces de suspender un proceso administrativos hasta 120 días para llegar a un compromiso.
En la sesión de ayer, nuevamente los mismos legisladores de PAÍS, advirtieron respecto a algunas inconstitucionalidades que se mantienen en el texto. Silvia Salgado, que destacó la importancia de la norma y que se ponga en vigencia en el Ecuador, coincidió en que el llegar a una empresa, en medio de un proceso de investigación, sin que sea notificada vulnera el derecho al debido proceso; por lo que sugirió que se incluya en el proyecto la necesidad de notificar sobre un hecho, pero sin previo aviso.
Rolando Panchana, insistió en su preocupación porque se mantenga la palabra poder en la denominación de la norma, para referirse al poder de mercado. “De acuerdo a la Constitución, los funcionarios o la Superintendencia de Mercado, no tiene poderes, tiene atribuciones. El poder está en el pueblo, el único que reconoce la Constitución es al mandante”, dijo.
Dentro de las comparaciones que hizo Velasco entre el Superintendente de Mercado con el de Bancos, según Panchana, llama la atención que no se le otorgue un fuero de Corte. Este superintendente estará expuesto a demandas ante cualquier juez, en cualquier provincia o jurisdicción”, señaló.
En otras intervenciones legisladores, como Paco Moncayo, echaron abajo dicha comparación, asegurando que el sistema financiero no se puede comparar con la competencia o el mercado. Mientras que Gilmar Gutiérrez se refirió al proyecto de ley con un texto que crea un monstro de tres cabezas alrededor del Ejecutivo, refiriéndose a la Superintendencia y la Junta Reguladora que se integrarán de acuerdo a disposiciones del Jefe de Estado; y a la capacidad que le da la norma para aplicar excepciones a la Competencia.
Antes de la sesión, los asambleístas de Alianza Libertad, Rafael Dávila, Edwin Vaca, Paco Moncayo y Marco Murillo, anunciaron que pedirían el archivo del proyecto de Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, lo que se hizo efectivo a las 19:30. Luego de exponer sus observaciones contra el texto, Dávila presentó una moción para que la ley sea archivada.
Entre los reparos que se hicieron fue que la ley trata más de una materia (medios y bancos), y deben referirse a una sola, según la Constitución.
“El tema de fondo por el que cuestionamos este proyecto es el hecho de haber introducido temas ajenos a la materia de competencia, es decir, incluir un capítulo de reformas a la Ley de Comunicación y a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, es un abuso de confianza hacia los hombres de buena fe, hacia los que creemos que el Ecuador necesita una ley de control de poder de mercado”, dijo el legislador.
Pero el presidente de la Asamblea no dio paso enseguida a la moción de Dávila, las intervenciones continuaron hasta las 20:00, cuando se dispuso un receso. Se retomó a las 21:00 y a las 22:17, Fernando Cordero, suspendió el debate para votar la moción de Dávila que no obtuvo el respaldo necesario.
La Asambleísta Lourdes Tibán, PAIS no logró reunir los 63 votos que se necesitaban para aprobar el texto de la norma, informó en su cuenta de twitter.
A las 22:30, se suspendió la sesión con el compromiso de Velasco de recoger las observaciones y hacer lo posible para que la norma no se apruebe por el Ministerio de la Ley. El debate se retomará mañana a las 10:00
Empresarios hicieron su último llamado a reformas
El pleno, además permitió una última oportunidad para que los empresarios expresen sus observaciones. Pablo Dávila, presidente de la Federación de Cámara de Industrias del Ecuador hizo cuatro reparos básicos a la norma, aunque primero precisó que archivar la ley no es una opción para el sector empresarial dada la importancia de la misma.
La primera, fue que no se delegue a una sola persona la gran responsabilidad de decidir todos los casos que lleguen a la Superintendencia de Control de Mercado. “Por un minuto reflexionemos en la delicada labor que va a estar en manos de una sola persona en el país, de poner todas las sanciones que en términos de esta ley tienen que ser ejemplificadoras. Porque por más calificado que sea no podemos permitir que un poder tan grande lo pueda ejercer una sola persona”.
Y con ello hizo una precisión a Velasco, en el caso de América Móvil quien sanciona no es un Superintendente, una única persona, sino una Confederación General de Competencia, lo que marca una diferencia radical en esta norma.
La segunda, fue una sugerencia que sea la Asamblea Nacional la que por ley establezca un régimen de excepción de competencias, y no mediante decreto del Ejecutivo, como dice el artículo 29. “Estamos hablando de sacar del control de competencia a las ayudas públicas y todas las acciones que decida el Presidente, mediante un decreto ejecutivo, no puede ser que el mismo Presidente sea juez y parte en esta actividad”, indicó.
La tercera, tiene que ver con las atribuciones de la Superintendencia, pues por un lado puede sancionar a las empresas si incurre en prácticas prohibida; mientras que al Estado solo se le instará a que cambie la práctica incurrida.
Finalmente, expresó la necesidad de que se eliminen las dos disposiciones transitorias en las que se dispone que lso accionistas de los bancos desinviertan en empresas ajenas al sector; al igual que los medios de comunicación, o por lo menos que se cambien los plazos.
“Se pretende que se vendan esas casas de valores, compañías de seguros, hasta julio de próximo año, lo que va a generarse en el país es una ola de especulación, con una sobre oferta de venta de compañías, que lo único que va a traer es inseguridad al sector financiero, y todos sabemos lo que eso podría ocasionar”, indicó.
