PAPUA NUEVA GUINEA
Papúa prevé producir en el 2011 más atún para la UE que Galicia
La Xunta exige a Europa que anule los privilegios al país melanesio, y
el PSOE pide explicaciones en Bruselas
Autor:
Miguel Á. Rodríguez
Fecha de publicación:
24/9/2009
Papúa-Nueva Guinea, el país del Pacífico sudoeste al que la UE ha
privilegiado no cobrándole arancel por su exportación de atún envasado
a Europa, ni controlando la procedencia de la materia prima de sus
latas, lleva varios meses promocionando entre las grandes firmas
conserveras asiáticas y norteamericanas estas «ventajas» para vender
sus transformados túnidos en el mercado europeo.
La intención de las autoridades es atraer inversores y abrir fábricas
de conservas. Tres firmas filipinas, dos tailandesas y una china ya lo
están haciendo. Y el Gobierno de Papúa está convencido de que, en solo
dos años, su país producirá por encima de las 426.000 toneladas de
latas de atún, bastante más de las alrededor de 280.000 que salen
ahora de las 67 fábricas gallegas, que a su vez producen el 80% de
todo el atún envasado en España.
Para el sector en Galicia, esta es la confirmación de que por el
«agujero» que la UE acaba de abrir en Papúa-Nueva Guinea se colarán
toneladas de atún asiático que competirá en mejores condiciones con el
atún de factura gallega. Esta circunstancia, a juicio de los
empresarios, será «trágica» para la industria autóctona, que corre el
riesgo de deslocalizar parte de su producción a estos países de bajo
coste y destruir empleo en Galicia. El presidente de Albacora, Ignacio
Lachaga, llegó a hablar de «miles de puestos de trabajo perdidos».
La mecha de esta bomba de relojería en el sector conservero la acabó
de encender este martes el presidente de la Comisión Europea, Durão
Barroso. El líder comunitario había recibido la protesta formal de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco) contra este
convenio de partenariado con Papúa, que está abierto a la adhesión de
nuevos países de esta zona del Pacífico. Su contestación ha resultado
toda una sorpresa. Barroso invitó a los empresarios españoles a
deslocalizar producción y abrir plantas en Papúa, donde, a su juicio,
«se generarán muy buenas condiciones para la inversión».
La airada reacción de la patronal se vio ayer respaldada por la Xunta.
La conselleira de Mar, Rosa Quintana, anunció que solicitará a las
«instancias estatales y europeas» que «sexan precisas e defendan os
intereses da industria conserveira galega». La Xunta admite que hay un
evidente riesgo de deslocalización para el sector y asegura que este
acuerdo con Papúa «contribuirá a que países asiáticos competidores,
como Tailandia ou China, se asenten no país oceánico e poidan logo
introducir conservas de atún no mercado da UE sen ningún arancel e
competindo deslealmente coa produción galega, cuxos custos son moito
máis elevados polo emprego de materia prima de maior calidade e polos
custos da propia produción».
También reaccionó el PSOE. Y lo hizo en Bruselas. El grupo
parlamentario se adelantó a las acciones que pueda emprender el
Gobierno español y anunció que hoy mismo presentará una pregunta en el
Parlamento de la UE. La iniciativa, firmada por la portavoz en materia
de pesca, Josefa Andrés Barea, y por el eurodiputado gallego Antolín
Sánchez Presedo, exige a la Comisión que diga si ha realizado un
estudio de impacto sobre las consecuencias que esta medida implica en
términos de deslocalización y pérdidas de puestos de trabajo en
Europa. También reclama garantías de que el convenio con Papúa sea
compatible con la reglamentación europea vigente en materia de control
sanitario y medioambiental. Y en último término quiere saber cómo
garantizará la Comisión que la materia prima de estas conservas no
proceda de la pesca ilegal.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, Anfaco, reunirá
hoy a su junta directiva para abordar esta cuestión y estudiar
posibles acciones a ejercer. Una que ya ha sido consensuada y está
solo pendiente de las conclusiones de un estudio jurídico es la
presentación de un recurso contra el convenio entre la UE y Papúa ante
el Tribunal de Luxemburgo.
Los conserveros gallegos creen posible demostrar que los argumentos
dados por el país melanesio para solicitar estos «privilegios» están
basados en datos falseados y, por tanto, no deberían haber sido
tenidos en cuenta.
Fuente:
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/09/25/0003_7993472.htm