La ley contó con el apoyo de casi todos los legisladores
provinciales, salvo el bloque de la Unión Cívica Radical que lo votó
en contra. El texto establece cuál debe ser el uso del suelo en la zona
delimitada por el denominado anillo de Circunvalación Metropolitano,
que contiene a Córdoba, Río Ceballos, Unquillo, Salsipuedes, Villa
Allende, Saldán, Mendiolaza, Malvinas Argentinas, Toledo, Monte
Cristo, Malagueño, Los Cedros, Bouwer, La Calera y Colonia Tirolesa,
entre otras.
Entre las categorías se encuentran las zonas urbanizables,
agrícolas, industriales y de protección ambiental. Los sectores
protegidos coinciden con la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos.
El objetivo principal de esta norma es la de intentar detener y
ordenar el crecimiento desmesurado que tuvo el Gran Córdoba en las
últimas décadas, lo que se tradujo en problemas como la falta de agua,
de infraestructura y de anegamientos por la construcción descontrolada
de urbanizaciones.
Para que se permita un desarrollo inmobiliario, la Dirección
Provincial de Catastro pedirá la factibilidad municipal y la
aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
También se solicitará la aprobación por parte de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos. Los requisitos deberán presentarse antes de la
consideración de mensuras o loteos.
En el proyecto original se establecía que Catastro sería la
autoridad de aplicación, pero se modificó y la repartición a cargo
quedará a criterio del Ejecutivo. Con la entrada en vigencia de la
norma, se reducirá notablemente la cantidad de territorio urbanizable
en el área metropolitana: de 2.500 kilómetros cuadrados de tierras en
condiciones de ser ocupadas, quedarán 500 kilómetros cuadrados.
No obstante, la ley establece que el Iplam realizará consultas
bianuales con los municipios y comunas para receptar sugerencias de
actualización de los usos permitidos.
Guillermo Irós, titular del Iplam, había explicado que el
objetivo es “evitar la dispersión de urbanizaciones inconexas y
descontroladas, con un excesivo consumo de suelo y extendidas en un
territorio excesivamente grande, que tienen consecuencias ambientales,
económicas y urbanísticas negativas”.
Críticas. La oposición al proyecto salió del
partido al que siempre adhirió Irós: el radicalismo. La legisladora Ana
Dressino criticó que la iniciativa no se debatiera en comisión (sólo
se trató en la reunión del martes) y el uso del suelo que se le dio a
las tierras que rodean los canales de riego. El uso asignado es
industrial de impacto, actividades mineras o asimilables y el agrícola
con uso de agroquímicos.
El presidente de la comisión de Ambiente, Marcelo Falo,
desestimó las críticas. Sostuvo que no se puede dar a un canal de riego
la misma protección que a un curso de agua natural.
La Voz del Interior
Jueves 30 de Septiembre de 2010
Gabriel Andrada
Coordinador del Programa Clínica Jurídica
Coordinador del Programa Relevamiento de Demanda
gab...@cedha.org.ar
Centro de Derechos Humanos y Ambiente - CEDHA
Tel.:+54-351-4256278
Av. General Paz 186 -7 A
Córdoba. Argentina
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