ADULTOS MAYORES

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Apr 23, 2020, 10:28:34 PM4/23/20
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DERECHO HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES



Es el momento de fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas mayores Las Naciones Unidas han instado a los gobiernos a proteger los derechos humanos de todas las personas durante la pandemia de COVID-19, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables incluyendo a las personas mayores que viven solas, en instituciones o en comunidades de bajos ingresos que tienen acceso desigual a la atención médica, a menudo en situación de subempleo y sin protección social. Asimismo, se ha puesto énfasis en que las declaraciones de emergencias sanitaria o de seguridad estén en consonancia con el derecho internacional de derechos humanos y en ningún caso deben usarse como base para socavar los derechos de grupos particulares de población (OACDH, 2020). Debido a que las personas mayores interactúan constantemente con el sistema de atención médica y que exigen intervenciones de salud más frecuentes o de tratamiento continuo en lugares como centros de atención primaria, hospitales y residencias de cuidado de largo plazo, se pueden enfrentar a situaciones de violación de sus derechos humanos por la pandemia de COVID-19 (Irfan y Belluz, 2020). La propagación del virus puede dificultar el tratamiento de las enfermedades crónicas que padezcan las personas mayores, exponiéndolas a una muerte anticipada. También se pueden presentar situaciones de discriminación por edad cuando se privilegia la atención de urgencia de las personas en edades más jóvenes infectadas por el virus. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 10 Las personas mayores son víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando se les niega el acceso a los cuidados necesarios por la presión sobre la capacidad de camas en un país debido al crecimiento exponencial del contagio. Otro aspecto que puede pasar inadvertido es el reforzamiento de la estigmatización de las personas mayores como una carga económica que afectaría la posibilidad de destinar recursos para la atención de la pandemia o el hecho de que las restricciones para evitar el contagio vayan en contra de su derecho a la participación de la vida en comunidad, aislándolas o expandiendo los prejuicios en torno a ellas. Los derechos humanos son universales e inalienables y, en el caso de las personas mayores, las normas y los principios de derechos humanos reconocidos internacionalmente, que figuran en los tratados internacionales de derechos humanos, cubren y protegen a las personas mayores (Naciones Unidas, 2011). Si bien el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se hace explícita la edad como uno de los factores prohibidos de discriminación, su Comité ha ido delimitando en sus observaciones generales algunos de los derechos y obligaciones derivados del Pacto en relación con las personas mayores (Huenchuan y Morlachetti, 2007). En la Observación General N° 6 de 1995, el Comité ha dicho que para ejercer el derecho a la salud en la vejez han de disponerse de todos los medios necesarios para vivir de manera digna la última etapa del ciclo de vida, incluyendo la atención a los enfermos terminales (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1995). Asimismo, en la Observación General N° 14 de 2000, el mismo Comité reafirma la importancia de un enfoque integrado de salud que abarque la prevención, la curación y la rehabilitación de las personas mayores. Esas medidas deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos, medidas de rehabilitación física y psicológica destinada a mantener la funcionalidad y la autonomía de las personas mayores, y la prestación de atenciones y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores y permitiéndoles morir con dignidad (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000). A pesar de esta protección, se afirma cada vez con más frecuencia que existe una laguna en el sistema internacional de derechos humanos, pues actualmente no hay un instrumento de derechos humanos universal (Naciones Unidas, 2011), solo instrumentos regionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La Convención Interamericana prohíbe la discriminación por la edad de la vejez y consagra, entre otros, el derecho a la salud y a los cuidados de largo plazo. Asimismo, el artículo 29 sobre situaciones de riesgo y emergencias humanitarias indica que: “Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo …. de conformidad con las normas de derecho internacional, en particular del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario” (OEA, 2015). COVID-19: recomendaciones generales para la atención a personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos 11 Las garantías constitucionales son protecciones relevantes en este momento. Por ejemplo, el inciso C del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce los derechos de las personas mayores que comprenden, entre otros, el acceso a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, junto con el establecimiento de un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. Por su parte, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el derecho al mínimo vital —que está protegido en la Constitución— comprende las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda vivir libre de temor, y abarca todas las medidas positivas y negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna (Galván, 2015). Por lo tanto, como ejemplo, sería deber del Gobierno de la Ciudad de México el garantizar que las organizaciones del sector público y privado conozcan y reconozcan sus obligaciones de proteger los derechos de las personas mayores y ponderen los posibles impactos desproporcionados del COVID-19 en ellas. Lo que está en juego ahora no solo es la capacidad de los gobiernos para responder a la pandemia, sino también el cumplimiento de su obligación de proteger la vida y la integridad de las personas mayores en un contexto de interdependencia y solidaridad.
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