... y paga Moya

[Pelicano]

Lo de siempre, dejan la cagada y al final paga Moya.
Ahora se desinfló el show del caso bombas y el estado (Moya) tendrá
que pagar las costas por tanta imbecilidad e incompetencia juntas.
En el Min del Interior están muy ocupados, igual que Gilpeters y Peña.
No tienen tiempo para dar declaraciones ni menos dar la cara.
El gobierno de los mejores M.R.: un cagazo semanal... y todavía quedan
dos años.

[J.P]

In article
<f26731bd-db5b-486f...@18g2000yqe.googlegroups.com>,

Chirac decia "Putain, deux ans !" :-)

--
Jean-Pierre

[Jua]

ja, pataleo de terroristas.

Retamales y Morales caminan gratis por las calles de Santiago.

Ambos Lautaristas, en 1991 participaron del asesinato de los escoltas del
entonces, Intendente Pareto.

Los detuvieron, juzgaron y les dieron 30 años a cada uno, con suerte
cumplieron 8, gracias a que la mamita de uno de ellos es íntima de Bachelet.


"Pelicano" <pelicano...@gmail.com> wrote in message
news:f26731bd-db5b-486f...@18g2000yqe.googlegroups.com...

[Francisco Sepulveda]

Y que tiene que ver una cosa con la otra??

--
Francisco.

[Jua]

Que aunque lo del caso bombas haya sido tongo, esos giles no merecen ninguna
consideración extra, es más, deberían cumplir su condena como todo
prisionero común.

Hay que explicar todo???


"Francisco Sepulveda" <fsep...@sinesto.bluewin.ch> wrote in message
news:jg906k$47o$1...@speranza.aioe.org...

[pelicano]

También podrías agregar La Polar y los pinocheques.
Pero es obvio que te falla el sentido de concentración en un tema y seguir
una deducción.
¡Y más encima subió el Metro!
;-)

[Francisco Sepulveda]

Le 31.01.2012 17:38, Jua a écrit :
> Que aunque lo del caso bombas haya sido tongo, esos giles no merecen ninguna
> consideración extra, es más, deberían cumplir su condena como todo
> prisionero común.
>
> Hay que explicar todo???

No esta clarito, peras con manzanas...


--
Francisco Sepulveda

[O.Rayo]

"J.P" <j...@gmail.com> escribió en el mensaje de
noticias:jpp-466AC2.0...@news.free.fr...

Con el "criterio" (valga como elogio de amigo, porque a descriteriado no se
la gana nadie) del pajarraco, nada debe investigarse por el riesgo de que se
desinfle y tenga que pagar moya.
No digo yo, si este pobre ave tiene un doctorado en imbecilidad.

PD: Pero no dijo ni pio respecto de:

GOBIERNO DE PATRICIO AYLWIN AZOCAR
1991 ONEMIDesvío de aportes de emergencia para damnificados por temporales y aluvión
de Antofagasta y por la erupción del volcán Hundson, en Aisén, debutan como
el primer caso de corrupción grave conocido en los gobiernos de
la Concertación. La Oficina Nacional de Emergencias hace desaparecer ayuda
avaluada en cerca de $700 millones, siendo desviada a los directivos del
organismo. En 1994,
la Corte de Apelaciones acreditó delitos por $ 27 millones, condenando a 5
años al ex-director Sergio Navas, un independiente muy ligado a
la DC. Se sancionaron también al ex jefe de Adquisiciones Sergio Contreras,
Patricio Navas, Sergio Yaksic, Jesús Mundaca y Juan Manuel Yáñez. Un hecho
curioso en torno a este caso es que, cuando los damnificados que iban a
recibir la ayuda en Aisén por la erupción del Hudson clamaron ayuda especial
de parte del Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, el entonces Ministro de
Interior, Enrique Krauss Rusque, tuvo el desparpajo de responder que "en
Chile no debía haber regiones privilegiadas"
1992 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE, FECH Uso irregular de dineros
fiscales. Implicados dirigentes, varios de ellos relacionados directamente
con los partidos de la Concertación.
1992 , DIGEDER Aparecen señales de que
la Dirección General de Deporte y Recreación, dirigida entonces por el DC
Iván Navarro, había protagonizado irregularidades por un monto de 500
millones de pesos, equivalente al 5% del presupuesto total del organismo ese
año. Aunque
la Contraloría sólo constató desórdenes administrativos, parte de
la Cámara de Diputados y la propia DC reclamaron denunciando que la mayor
parte de estos dineros no habían sido perdidos por mala gestión, sino
desviados a campañas políticas del partido. Se optó por tapar con tierra
este asunto y prácticamente ya está olvidado. Fue la primera denuncia de
corrupción que implicaba desvíos de fondos públicos hacia gastos de tipo
electoral.
1993 , SERVIU El organismo se ve involucrado en la extensión irregular de
boletas de garantía. Además, hubo cobros indebidos en
la Comuna de La Granja.
1993 COBRE, CODELCO / EL TENIENTE Se denuncia la existencia de
contrataciones irregulares en
la VI Región. A pesar de la gravedad del caso, nunca hubo sanciones.
1993 CORREOS DE CHILE Apropiación indebida de recursos en oficinas de Juan
Fernández.
1993 REFINERÍAS DE PETRÓLEOS DE CONCÓN, RPC Tremendo escándalo por
millonarios pagos para "desmalezamiento" de la planta. Lo que empezó con la
denuncia del diputado RN Ramón Urrutia en los tribunales de Viña del Mar,
desembocó en otro de los escándalos más grandes conocidos. La denuncia
demostraba que RPC había pagado en 1993 nada menos que $381 millones de
pesos por labores de desmalezado de 32O hectáreas del recinto, encargadas a
una empresa propietada por Francisco Zárate. En años anteriores, este
trabajo no había superado los $90 millones. La evidencia apuntaba a que los
dineros podrían haber sido utilizados en la campaña senatorial de por lo
menos un conocido político entreguista, militante de
la DC. La investigación fue abordada por la juez Beatriz Pedrals, del Quinto
Juzgado del Crimen viñamarino. Se comprobó el abuso y otra serie de
irregularidades, que culminaron en el sometimiento a proceso de seis
personas, entre ellas el propio Zárate y el ex-Gerente General de RPC,
Marcos Vásquez. Pero, en una desconcertante decisión, el día 24 de octubre
de 1995,
la Corte de Apelaciones de Valparaíso aceptó un recurso de protección que
habían interpuesto los afectados, con lo que se anuló la resolución de la
juez, lo que permitió, dos años más tarde, que los cargos se bajaran
simplemente a los de mera "estafa residual". El gravísimo affaire culminó
con ocho directores expulsados, pero ningún detenido y ninguna comprobación
de los vínculos del despilfarro con financiamientos electorales. Sin
embargo, un océano de oscuros rumores y conjeturas han quedado aún haciendo
olas en torno a este sorprendente caso.
1993 INSTITUTO NACIONAL PREVISIONAL, INP Polémica compra de computadores,
aparentemente con montos y cantidades alteradas.
1993 EMOS Pagos indebidos en Santiago por razones nunca aclaradas.
1993 EMPREMAR Compra irregular de motonave en Valparaíso. Nada, sin embargo,
con el escándalo que al año siguiente comprometería a esta empresa estatal,
obligando su cierre definitivo (ver más abajo).



GOBIERNO DE EDUARDO FREÍ RUIZ-TAGLE

1994 SEREMI de Transporte, Concepción Acusaciones de extorsión y chantaje.
1994 OFICINA NACIONAL DE RETORNOS Desviación de los dineros supuestamente
destinados a "retornados" que regresaban a Chile desde el extranjero.
También una marejada de rumores persiste sobre el destino real de estos
dineros.
1994 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Conflictos de intereses. Primeras
sospechas de posibles irregularidades.
1994 EMPREMAR La Empresa Marítima del Estado protagonizó oscuras
transacciones ilegales por parte de sus directores, con las que desfalcaron
al Estado en la nada despreciable suma de $495 millones. Estas acciones se
cometieron con tal audacia, que no costó emitir sentencias, lo que resulta
excepcional en la historia de los escándalos de corrupción en Chile. Tres
ex-ejecutivos íntimamente ligados a
la Concertación (Patricio Vidal Walton, Heriberto Guerra Gálvez y Alexis
Ramírez) fueron condenados en primera instancia por el ministro en visita de
la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gonzalo Morales Herrera, por los
delitos reiterados de fraude al Fisco y cohecho. La sentencia declara que
estos delitos tuvieron lugar entre 1991 y 1994. Vidal Walton, que era el
Gerente General, fue condenado a seis años de presidio mayor en su grado
mínimo como autor de delitos reiterados de fraude al Estado. Se verificó
además, que la consultora Seminsa había depositado U$90 mil dólares en su
cuenta personal como producto de estas maniobras ilícitas. Él canceló una
multa superior a los $168 millones de pesos, siendo inhabilitado de manera
perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y su castigo
con presidio habrá de comenzar tiempo más tarde.
1994 EMPRESA NACIONAL DE CARBÓN, ENACAR - VIII Región Graves denuncias de
narcotráfico e irregularidades involucrando a la empresa estatal. Las
acciones venían realizándose desde 1992.
1994 ESVAL - Viña del Mar Otro de los escándalos más graves y groseros de
saqueo de arcas públicas de los últimos años, que comprometió las labores de
construcción del colector de Viña del Mar - Valparaíso, encargado a
la Empresa Sanitaria de Valparaíso, ESVAL. Un informe de una comisión
investigadora en
la Cámara y de
la Contraloría de Valparaíso demostraron, en septiembre de 1994, que se
había cometido una seguidilla de irregularidades y anomalías, al punto de
que el proyecto había cuadruplicado los valores iniciales de la obra. Los
desvíos se produjeron a través de dudosas asesorías y manejos oscuros, que
significaron pérdidas por $13.500 millones y comprometían seriamente a su
Gerente General, Manuel Llanos, y varios otros ingenieros y ejecutivos de la
empresa. El informe culpó a los directores y a dos empresas contratistas. En
1996, sin embargo, ESVAL y CORFO presentaron sus propias querellas por
fraude al fisco ante los tribunales viñamarinos. No existe ningún procesado,
pero sí un bosque de dudas y cuchicheos de todo tipo sobre el destino final
de las platas perdidas.
1994 CORPORACIÓN DE FOMENTO, CORFO - Aisén Ventas irregulares.
1994 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINEDUC Dudas sobre el destino de U$ 4.700.000
del Ministerio de Educación utilizados hacia 1994 y poco antes de las
parlamentarias. El abogado y columnista de "El Mercurio", Hermógenes Pérez
de Arce, emplazó públicamente al Presidente Ricardo Lagos Escobar, en más de
una oportunidad, a responder por el destino de este dinero, ya que él era,
entonces, el Ministro de Educación. Según Pérez de Arce, parte de estos
dineros habrían ido a parar a la polémica compra de herramientas
informáticas que ese ministerio realizó aquel año a un conocido empresario
socialista español amigo de Ricardo Lagos, sin concursos ni licitaciones.
1994 CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, CODELCO El tristemente famoso caso del
ejecutivo Juan Pablo Dávila y del fraude de las "Operaciones a Futuro". Era,
hasta entonces, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Chile y
el mayor fraude al fisco del que se tenga registro. Todo empezó en el verano
de 1994 y casi al final del Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, cuando se
descubren pérdidas por cerca de U$217 millones relacionadas con el operador
de mercados a futuro de
la CORFO. Dávila las venía realizando desde fines de 1993 y ostentaba
grandes cuentas de enriquecimiento personal como prueba de que se estaba
frente a una organización especialmente coordinada para estos ilícitos, y no
sólo frente al caso de un funcionario aislado perdiendo dinero patrimonial
de Chile. Nunca se determinaron otras responsabilidades directas, pero el
escándalo trajo como consecuencia las renuncias de importantes figuras de
la Concertación, como el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO Alejandro Noemí,
el Vicepresidente de Comercialización de
la Minera Gonzalo Trivelli (además de ser familiar de la ex Primera Dama,
Leonor Oyarzún de Aylwin), el Gerente de Ventas Owen Guerrini y el
Subgerente de Área Carlos Derpsch.
1995 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU Irregularidades en
fiscalización de viviendas.
1995 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU - Arica Fraude al Fisco.
1995 OFICINA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO Aparente extracción ilegal de
dineros.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS - Santiago Se descubre contrabando de
prendas de vestir.
1995 BANCO CENTRAL Falta al procedimiento de licitación pública.
1995 BIBLIOTECA NACIONAL Desórdenes financieros.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS - Arica Fraudes descubiertos en el
complejo aduanero de Chacalluta, que regula el tráfico entre Arica y Tacna,
lo que le da una importancia vital en la comunicación Chile-Perú.
1995 EMPREMAR Compra irregular de computadores en el país y fraude a fisco
en
la V Región. Estos escándalos terminaron por sepultar y hacer desaparecer la
empresa estatal luego de años de polémicas e irregularidades.
1995 CORREOS DE CHILE Múltiples licitaciones indebidas.
1995 BANCO DEL ESTADO Otorgamiento irregular de créditos.
1995 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, SAGDenunciasde corrupción.
1995 ESVAL - V Región Claras muestras de nepotismo.
1996 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, SAG Irregularidades en gastos de la
institución.
1996 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Irregularidades en declaraciones de
importación por pago simultáneo.
1996 METRO DE SANTIAGO Irregularidades en contratos.
1996 INTENDENCIA DE VALPARAÍSO Irregularidades y problemas de gestión
culminan en la bullada destitución del Intendente Hardy Knittel.
1996 CONGRESO NACIONAL En el mes de julio se destapa un escándalo de
tráfico de drogas dentro del Congreso Nacional. Algunos de los implicados
están derechamente relacionados con parlamentarios concertacionistas, e
incluso aparece implicada la secretaria personal de un conocido diputado DC,
uno de los mayores políticos entreguistas de Chile. El aludido debió
declarar en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, ante el magistrado
Roberto Contreras. El mismo se negaría rotundamente a hacerse el famoso
examen antidrogas del "test de pelo", que varios parlamentarios se
practicaron voluntariamente después del escándalo.
1996 BANCO DEL ESTADO - Angol Contrataciones de contraparte y nuevos
créditos irregulares.
1996 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS, EMOS Múltiples negocios
irregulares en Santiago. El más recordado derivó de gestiones anómalas en el
pago del colector para el Zanjón de la Aguada.
1996 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO, EFE Irregularidades
administrativas y financieras.
1996 MINISTERIO DE SALUD / SERVICIO DE SALUD - Biobío Irregularidades en
Concepción.
1997 COMPIN - Santiago Actividades incompatibles.
1997 CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADI Compra irregular de
de terrenos y derechos de aguas en
la Región de
la Araucanía. Increíblemente, se estaba lucrando con los dineros de las
comunidades rurales más pobres del país, como son las indígenas.
1997 INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD, INJ Escandalosas irregularidades en el manejo de los recursos
del organismo para cuotas políticas, que casi culminan en la desaparición
del instituto y terminaron el pérdidas por cerca de $600 millones, desfalcos
descubiertos por
la Contraloría. Las acusaciones apuntan -entre otros funcionarios- al
director del organismo, el PS Leonardo González, y se remontan al inicio de
su gestión en 1994. Lo grave del asunto es que difícilmente no podría
implicar a otros políticos de
la Concertación, cuyos nombres lograron mantenerse escondidos con
sobrehumanos esfuerzos. Como suele suceder, la falta de condenas en este
caso ha generado toda clase de rumores y especulaciones sobre el verdadero
trasfondo que tuvo, implicando especialmente -de ser ciertos- a sus
correligionarios socialistas. Los ilícitos más comunes fueron fallas
administrativas, falsificación de facturas, entregas reiteradas de
adjudicaciones a un grupo específico de empresas y las infaltables
"consultorías" millonarias de las que también gozó este organismo, con
variados servicios creados ad-hoc para estos desvíos de dineros.
1997 ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE IQUIQUE Múltiples irregularidades.
1997 JUNTA NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS Y BECAS, JUNAEB A solicitud del
ministro de Educación, José Pablo Arellano, en junio
la Contraloría investiga y descubre la existencia de coimas y pagos
adelantados de concesiones para los contratos de adquisición de alimentos,
por $5.600 millones, que aparecían utilizados sin ningún respaldo. En
esencia, consistían en préstamos "amistosos" (sin garantía ni interés)
disfrazados de adelantos, a 29 de las 31 empresas que mantenían relación con
JUNAEB, que comprometieron gravemente a su director, el PPD Arturo Benítez,
quien había contratado, además, desde el año anterior, los servicios de la
empresa Alidec por 180 mil raciones de $90 millones, por las cuales, sin
embargo, se pagaron $338 millones, en un broche de la magnitud y el descaro
de este desfalco. Tanto Benítez como el jefe de finanzas, César Rioseco,
renunciarían después del escándalo.
La Contraloría les exigió pagar el 20% y el 5% de su sueldo respectivamente,
pero la causa se mantuvo en el 6º Juzgado del Crimen de Santiago.
1997 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, ENAMI Pago de enigmáticos dineros a la
secretaria de un conocido diputado entreguista de la DC.
1997 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, MINVIU / COPEVA El triste caso
conocido como las "Casas Copeva" o "Casas de Nylon". Tras el crudo invierno
de 1997, la opinión pública no podía dar crédito al descubrimiento
denunciado por la prensa nacional en un sector de Puente Alto: cientos de
casas departamentos recién entregadas a sus modestos moradores a través del
fondo de subsidios, estaban completamente llovidas, con graves filtraciones
y daños estructurales severos producto de las precipitaciones, que obligaron
a sus moradores a colocar pliegos de plásticos para intentar frenar
desesperadamente la entrada de agua. La indignación generalizada pedía la
cabeza de los altos cargos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin
embargo, el escándalo fue mayúsculo cuando se supo que la empresa
concesionaria, COPEVA, era de Francisco Pérez Yoma, hermano del ex-Ministro
de Defensa durante el Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, don Edmundo Pérez
Yoma, muy conocido por participar intensamente de la entrega de Laguna del
Desierto desde la cartera de Defensa y luego de las negociaciones por el
"gasoducto-comodato" boliviano en Atacama. Y, como si esto fuera poco, se
supo después que el ministro de vivienda, Edmundo Hermosilla, había recibido
de regalo un fino caballo de parte de Francisco Pérez Yoma, noticia que le
costó el puesto. Tanto Hermosilla como Pérez Yoma intentaron justificar las
anomalías en las casas con "mejoras del estándar". Las investigaciones de
ingenieros demostraron, sin embargo, la existencia de graves irregularidades
en las construcciones, como la falta de resistencia hídrica en los muros.
Pero, como suele suceder en estos casos, no hubo culpables y
la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efectos el sometimiento de
los tres máximos ejecutivos de COPEVA por el delito de estafa que había
resuelto el ministro en visita Ismael Contreras.
1997 SEREMI de Puerto Natales Ventas irregulares de terrenos.
1997 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DIGEDER Entrega de dineros
para la campaña política del fallecido diputado DC y ex dirigente sindical
Manuel Bustos.
1997 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP Irregularidades en licitaciones para
tramos de carreteras y modernización de la ruta 5 Sur. En 1995, una empresa
del contratista Francisco Ortúzar había ganado concesión por 700 millones,
pero en 1997 ésta le fue retirada y entregada a Bitumix Ltda., que pedía
2.100 millones. El Ministro de Obras Públicas de entonces era don Ricardo
Lagos Escobar. Más abajo, veremos que durante el año 2002, Ortúzar y
la Contraloría General de
la República, pusieron al descubierto una situación mucho más oscura aún,
derivada de la relación entre el MOP y Bitumix, que permitió tomar desde el
fisco una enorme cantidad de dinero a través de obras sobrevaloradas y
exageradas en gastos.
1997 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU - Concepción Fraude al fisco y
cobros indebidos de subsidios. Caso conocido como las "Casas Bilbao". 896
modestas familias de Concepción postularon vía SERVIU a adquirir casas
propias encargadas a la inmobiliaria Empresa de Inversiones Bilbao S.A., del
empresario Carlos Wöerner Tapia. A pesar de que la firma recibió un
millonario adelanto de $1.700 millones tomados del fondo de subsidio, las
casas jamás fueron construidas y los postulantes quedaron abandonados,
motivando la creación de una comisión especial en
la Cámara de Diputados para investigar el caso. La comisión de
la Cámara señaló responsabilidades en las autoridades del SERVIU, además de
irregularidades, ausencia de permisos y falta de fiscalización. Se indicó la
culpabilidad del ex-director del SERVIU de
la VII Región, Ignacio Soler Viada, y de la misma inmobiliaria Bilbao por
apropiación de dineros fiscales sin cumplir con los contratos, razón por la
cual el señor Wöener se encuentra procesado.
1998 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, JUNAEB - VII RegiónIrregularidadesen la entrega de raciones.
1998 INTENDENCIA DE
LA XII REGIÓN / FNDR Uso inaceptable de recursos fiscales en campañas
políticas de
la Concertación. A pesar de las gravísimas denuncias que involucraron este
caso, se tapó al mismo rápidamente con tierra.
1998 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, SERVIU - X Región Cuestionada compra
de terrenos Rahue Alto Osorno.
1998 DIRECCIÓN DE GENDARMERÍA DE CHILE El Director de la institución
arrendaba su propia residencia al servicio y la ocupaba en el cargo
recibiendo una gran cantidad de dinero por ella. En vista del escándalo,
debió presentar su renuncia.
1998 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, MOP La empresa mexicana Tribasa gana
licitación en remodelación Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero en
medio de las faenas, la firma quiebra, abandona la obra, deja a todos con el
saco vacío y no paga indemnización. Entrega otras partes de la obra en
inaceptable estado de incumplimiento. Otro caso lleno de velos y sombras
oscuras. Sólo en el 2003 se comenzaron a dilucidar y a determinar
responsabilidades concretas. El Ministro de Obras Públicas del período en
que se llamó a la licitación era el señor Ricardo Lagos Escobar. En marzo
2003, apareció posible evidencia de irregularidades comprometiendo a Tribasa
con el escándalo MOP-Gate (ver más abajo). También se supo que el primo de
la Primera Dama, Matías de
la Fuente, participó de estos oscuros negocios como Director de Planeamiento
MOP-Gate y MOP-Tribasa, siendo sometido a proceso en dos oportunidades por
esta causa el año 2005.
1998 DIPRECA Acusaciones de asociación ilícita y fraude al fisco. Se
contabilizan desfalcos por $150 millones.
1998 BANCO DEL ESTADO / OFICINA NACIONAL DEL RETORNO Irregularidades en la
entrega de recursos para retornados provenientes desde Alemania. Los
recibieron personas íntimamente ligadas a
la Concertación y que estaban lejos de necesitarlos realmente. Una
investigación arrojó entre los receptores de estos dineros para facilitar la
reincorporación de "retornados" a la esposa del PRSD Anselmo Sule (cuando
éste era Senador), al millonario empresario Oscar Guillermo Garretón (cuando
era Presidente del Metro), al director de cine Miguel Littin (siendo alcalde
de Palmilla), al humanista y luego PPD Pablo Vergara (siendo alcalde de
Ñuñoa), al PS Hernán del Canto (cuando era Asesor de
la Secretaría General de
la Presidencia de Patricio Aylwin Azócar), etc.
1999 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA, ISP - Santiago Operaciones ilícitas de una
empresa de fachada y otra serie de irregularidades.
1999 INTENDENCIA DE LA II REGIÓN Denuncia por uso indebido de recursos
fiscales.
1999 SERVICIO DE SALUD - MauleIrregularidades.
1999 INTENDENCIA DE TOCOPILLAEscándalo por apropiación de dineros del organismo.
1999 GOBIERNO DE CHILE / COMANDO ELECTORAL DE RICARDO LAGOS ESCOBARSe denuncia la recepción de una serie de dineros obtenidos de recortes o
descuentos a funcionarios públicos en plenas campañas electorales.


GOBIERNO DE RICARDO LAGOS ESCOBAR

2000 METRO DE SANTIAGOAlzas abusivas del servicio, aprovechando las alzas paralelas en el petróleo
y locomoción colectiva. Conductas monopólicas que nunca han sido abordadas.
2000 CORREOS DE CHILEUna denuncia generada por un conflicto dentro del directorio de la empresa
estatal, inicia el destape de lo que sería conocido como el caso de las
"indemnizaciones", que tratamos ampliamente más abajo. En el caso de
Correos, el director PS don René Labraña, recibió por desahucio $71 millones
tras sólo cuatro años de trabajo
2000 EMPRESA NACIONAL DE CARBÓN, ENACARSe contabiliza un total de pérdidas por mala gestión e irregularidades en
cerca de $800 millones.
2000 EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO, EFEEl militante del PRSD, don Patricio Morales recibió 47 millones como
"indemnización" para abandonar la dirección de EFE tras siete años en el
cargo. La estatal ya había estado implicada en casos de irregularidades en
1996.
2000 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZEn medio de los trabajos de ampliación de la infraestructura del Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez, la sociedad concesionaria alegó que las
bases de licitación debían ser modificadas porque se había requerido de
obras adicionales que habían encarecido la ejecución, como remoción de
cercos, revestimientos, instalación de defensas para caminos y otras
estructuras. La sociedad había sido escogida por el MOP en concurso público,
por lo que la empresa exigía a
la Dirección General de Obras Públicas cancelar las diferencias. En mayo, el
Tribunal Arbitral del MOP accedió a cancelar la suma de 4.641 Unidades de
Fomento, cuando estas estaban a aproximadamente $15.400 cada una. Esta
situación es una seria advertencia sobre la conveniencia de los criterios
que siguen utilizándose para licitar los millones y millones de dólares en
inversiones de infraestructura pública.
2000 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADOUna investigación periodística publicada en noviembre destapó un hecho
gravísimo dentro del CDE. Documentación del Departamento de Extranjería de
la Policía de Investigaciones demostraba que
la Presidenta del Consejo, Clara Szczaranski, aparecía resolviendo un
conflicto de una empresa minera mientras se encontraba fuera del país. La
misma investigación comprobaba que la autoridad usaba su cargo público para
lograr adjudicarse arbitrajes en litigios entre empresas privadas. La
presidenta del CDE fue amonestada por
la Corte Suprema por el escándalo del arbitraje minero, y los
cuestionamientos hacia su persona aún continúan en torno a este caso.
2001 CASA DE
LA MONEDA

Severos problemas administrativos que culminan el la salida del Director del
organismo.
2001 COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADISerias irregularidades en el fondo para compra de tierras en Temuco. Es tal
vez el más severo de los escándalos que ha comprometido a este organismo.
Recordemos que
la CONADI ya había sido sorprendida antes en otra compra irregular de
terrenos.
2001 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP - GATE Irregularidades en contrato,
detectadas por
la Contraloría General de
la República. GATE sería, sin embargo, el centro del huracán más de una años
después, en otro escándalo infinitamente mayor y más grave.
2001 COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMADenuncias por irregularidades en licitación de contenedores de basura. A la
sazón, la directora del organismo era la ecologista Adriana Hoffmann Jacoby,
quien ha recibido importantes sumas de dinero de parte de Douglas Tompkins.
2001 EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO, ENAPAltos directores de este organismo también aparecen implicados en escándalo
de "indemnizaciones", especialmente el fallecido ex-Gerente General don
Álvaro García Álamos, padre del ex-ministro García de Ricardo Lagos. Vale
recordar que el ex-ministro García era un apasionado defensor de Douglas
Tompkins y se dice fue de su iniciativa la burda defensa que ese mismo año
realizara el Ministerio de Salud en favor de una conocida cadena
norteamericana de hamburguesas, luego de que se detectaran bacterias nocivas
para la salud en sus alimentos.
2001 POLLA CHILENA DE BENEFICENCIAEl ex-Gerente General, el PRSD Orlando Cantuarias, había recibido $90
millones por diez años de servicio como "indemnización" a su salida
2001 EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, ENAMISe revela que el ex vice Presidente de ENAMI, Patricio Artiagoitía, recibió
la suma de 32 millones 631 mil pesos por concepto de "indemnización" a sus
sólo dos años y medio en la gerencia, prefiriendo renunciar a su cargo antes
de devolver el dinero como se lo había solicitado el Presidente Ricardo
Lagos. Patricio es hermano del ahora tristemente famoso "Cura Jolo" José
Luis Artiagoitía (implicado en el escándalo del montaje contra el Senador
Jovino Novoa por el caso de pedófilos de Spiniak), y del imitador chileno
del radiolocutor neoyorkino Howard Stern, Rodrigo Artiagoitía, más conocido
como "El Rumpy".
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASA principios de año, los Diputados Víctor Pérez y Lily Pérez acusaron a
la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de despilfarrar
3.400 millones de pesos en los últimos tres años bajo el pretexto de hacerle
publicidad a esta cartera, desde junio del 2000 en una cifra de 3.400
millones de pesos, que habría alcanzado para dar empleo a 28 mil cesantes.
Entre los gastos, figuraban una conferencia de prensa de 850 mil pesos, la
suscripción a una revista por 8 millones al año y extraños contratos
asesores contratados y recontratados. Vale advertir que
la Dirección, por entonces, estaba el proceso de despedir a un 25% de sus
trabajadores y cerrar 300 oficinas en distintas comunas del país.
2002 CÁMARA DE DIPUTADOS / MINISTERIO DE TRASPORTES (Caso "Coimas")Un reportaje de Canal 13 pone al descubierto una red de falsificación de
certificados de revisión técnica. El Gobierno toma cartas en la denuncia y
ordena una investigación judicial, la que arroja por resultado la
culpabilidad del dueño de una planta revisora en Rancagua, llamado Alejandro
Fillipi. Todo parecía ser un caso habitual de falsificadores hasta que,
molesto y en represalia, Fillipi denuncia que él y su socio Gabriel Álamo
operaban con el consentimiento del Sub-Secretario de Transportes y flamante
presidente del Partido Radical, don Patricio Tombolini, a quien habría
pagado 15 millones de pesos para obtener el permiso para su planta, parte de
los cuales habría usado éste en su campaña dentro del partido. Implicó,
además, al agente político Alejandro Chaparro (ex jefe de gabinete de
Tombolini) y al ex ministro Víctor Manuel Rebolledo (PPD, a la sazón abogado
e "intermediario" con el ministerio) y al diputado Juan Pablo Letelier (PS),
este último eximido de los cargos unos meses después. En medio del reguero
de pólvora, el empresario Alejandro Demhan -dueño de 18 plantas revisoras-
aprovechó la ocasión para denunciar a los diputados DC Jaime Jiménez y
Cristián Pareto (la dupla "fiscalizadora" conocida como "Los Sopranos") y al
PRSD Eduardo Lagos, quien también fue excluido más tarde. Según Demhan, los
tres se reunieron con él exigiéndole dinero (20 millones, según se
estableció) para obtener permisos para que las plantas funcionasen en una
reunión realizada en el Hotel Kempinski, de la capital. Los aludidos se
justificaron diciendo que habían intentando ponerle un "anzuelo" como parte
de sus labores fiscalizadoras, cosa que pocos creyeron. El ministro en
visita Carlos Aránguiz tomó el "caso Coimas", consiguió el desafuero de los
involucrados y sometió a proceso a varios de ellos, en una investigación que
concentró la atención pública por casi tres años. Los dos DC fueron
expulsados del Partido. Paralelamente al proceso, otro escándalo siguió
afectando al Diputado Eduardo Lagos, ya que sus antecedentes educacionales
declarados para postular a la Cámara no parecían ser reales y de hecho, el
honorable no habría completado siquiera la enseñanza media, según la
resolución de septiembre de ese año, emitida por el Ministro de
la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz Pardo, en la causa
que pasó a
la Corte de Apelaciones de Santiago. El 31 de mayo de 2005, el tribunal de
alzada de
la VI Región resolvió, por voto dividido, confirmar las sentencias del juez
Aránguiz, entre otros, para Chaparro (21 días de presidio remitido más
multa), Rebolledo (por delito de soborno a 300 días de pena remitida por un
año de firma, más una multa de 30 millones de pesos), Jiménez (por delito de
cohecho a 540 días de pena remitida y a pagar una multa de 20 millones de
pesos) y Pareto (por delito de cohecho a 540 días de pena remitida y a pagar
una multa de 20 millones de pesos), pero conmutando la pena de 3 años y un
día para Tombolini (por 540 de presidio remitido y a mil ochenta días de
firma, por delito de cohecho), pues consideró su "irreprochable conducta
anterior", como una atenuante calificada. Todos quedaron inhabilitados para
ejercer cargos públicos.
2002 MINISTERIO NACIONAL DE SALUD, MINSAL / MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNOSe utilizan $600 millones del Estado para financiar carísima publicidad para
el cuestionado Plan AUGE en radio y televisión, algo inconstitucional y
expresamente prohibido en la legislación, que sólo se permite financiamiento
de información sobre leyes o planes de ejecución completa, no sobre
proyectos leyes que ni siquiera están aprobados. Como nota curiosa,
recordamos que en ese mismo período el Gobierno le prohibió y censuró a los
trabajadores de la salud que pretendían exponer en los consultorios un video
(financiado por ellos mismos), para informar a la población sus razones para
estar contra el Plan AUGE.
2002 CONGRESO NACIONAL

Una serie de denuncias implican seriamente a los honorables. El conocido
Diputado "fiscalizador" y Presidente del PPD, Guido Girardi aparece
implicado en el uso ilegal de sobres del Congreso para campañas electorales
al interior del partido. Se descubre, además, que el Senador Jaime Naranjo
(PS) mantiene contratada a su esposa en servicios no especificados, y llega
a negar que la conoce cuando la periodista del programa de TV "Patalla
Abierta" (Canal 13), Constanza Santa María, le consulta si el nombre de ella
le es familiar. Adicionalmente, varios otros parlamentarios aparecerán
implicados en estas irregularidades y en más nepotismo. Por último, el año
termina con el destape de gestiones de dudosa legalidad para subir el sueldo
de los parlamentarios. Ese mismo año, el honorable diputado DC Jorge Burgos
intentó impulsar una ejemplar iniciativa para bajar las dietas
parlamentarias, noble causa que fue saboteada por sus propios compañeros de
bancada al no asistir a las sesiones.
2002 EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO, ENAPDenuncias periodísticas sobre la aparente existencia de un poderoso lobby
ligado a la empresa estatal, que se encargaría de procurar la mantención del
altísimo precio del combustible en el mercado nacional y el alza constante
del mismo.
2002 SEREMI DE EDUCACIÓN VI REGIÓN / MINEDUCCanal 13 denuncia en septiembre la existencia de un descarado fraude al
fisco protagonizado por dos institutos de educación de Rancagua, que reciben
subvenciones del Estado por impartir clases a ancianos de la zona. Al
estudiarse las listas de "matriculados", se encontró la sorpresa de que casi
todos ellos eran abuelos postrados o físicamente impedidos como para estar
asistiendo a las clases, y que incluso un porcentaje de ellos ya habían
fallecido. Las acusaciones apuntan sobre todo a la directora del Instituto
Manuel de Salas, doña Valentina Tapia. Parece increíble que este caso haya
pasado inadvertido por los fiscalizadores del Ministerio de Educación, entre
los que la señora Tapia tenía grandes amistades. Estas responsabilidades
significaron la salida del SEREMI de
la VI Región, Víctor Olea. Un informe de
la Contraloría de marzo 2003 verifica la existencia de funcionarios públicos
y privados en complicidad para esta estafa.
2002 MINISTERIO DE SALUD, MINSALEscandalosa fiesta por cerca de $28 millones dentro del Ministerio para
celebrar aniversario de la creación del ya desaparecido Servicio Nacional de
Salud, en momentos de gran déficit fiscal y cuando se anunciaban los
recortes que financiarían el Plan AUGE. Las críticas cayeron sobre el
Ministro Osvaldo Artaza. La fastuosa fiesta fue organizada por una empresa
ligada al hermano del Diputado PS Sergio Aguiló.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOP / GATEEn 1997, el ex-Seremi de Transportes, Héctor Peña Véliz, había creado la
empresa Gestión Ambiental y Territorial S.A. o GATE, que asesoraba servicios
de reparticiones públicas. Contaba únicamente con él y su secretaria como
personal humano, y cerca de 5 millones de pesos de capital. Poco después, ya
firmaba contratos por más de 2.000 millones. En el año 2000, Peña Véliz
denunció el robo de $190 millones a GATE, pero la policía de investigaciones
concluyó que se trató de un autorrobo y culpó del mismo a la secretaria Sara
Oliva y su madre, María Martínez, como autoras, recuperándose 172 millones.
Pasaron los meses y las mujeres procesadas decidieron denunciar -en
venganza- que GATE era en realidad una empresa falsa, que sólo buscaba
desviar fondos públicos a Campañas Políticas de conocidos entreguistas de
la Concertación, pero pocos dieron crédito a la grave acusación. Sin
embargo, en abril del 2001
la Contraloría General de
la República detectó las primeras irregularidades en un contrato de GATE,
luego de una fiscalización realizada por el MOP. Sin embargo, la bomba
estallará al año siguiente, en noviembre, cuando el Ministro en Visita
Carlos Aránguiz, realizando estudios sobre el caso "coimas" que conducía y
que ya vimos, descubrió que la empresa GATE había estado pagando
sobresueldos o dineros "extras" en sobres y libres de impuestos a los
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, comprometiendo seriamente al
ex-Ministro, el PS Carlos Cruz. Además, se verificó que GATE recibía pagos
por más de 1.700 millones, mientras que el contrato con el MOP sólo registra
1.400 millones. Tal como lo habían denunciado las mujeres procesadas dos
años antes, los dineros -o al menos una parte de ellos- estaban siendo
utilizados para campañas políticas. LA Corporación de defensa de la
soberanía contaba desde principios del 2001 con antecedentes de que estos
desvíos a campañas políticas se producían, pero, ante el desconocimiento de
la existencia de las operaciones de GATE, lo creyeron relacionado con el
escándalo de las indemnizaciones y así se le hizo entender al Presidente de
la República en una profética carta enviada en mayo de 2001 donde se le
anticipo que estos dineros iban a ser utilizados en las campañas
parlamentarias de ese año . El escándalo desencadenó una avalancha de
denuncias de otros funcionarios de Estado recibiendo "sobresueldos", casos
en los cuales no se han precisado del todo las responsabilidades y
consecuencias, especialmente con relación a varias empresas constructoras
que habrían pagado dineros a GATE para conseguir licitaciones. Un dato
curioso e intrigante, es que, cuando el juez Aránguiz denuncia los pagos de
sobresueldos por parte de GATE, el ex-presidente Patricio Aylwin Azócar se
apresuró a declarar públicamente que el magistrado "ha ido demasiado lejos
en su investigación", palabras que obviamente reflejan el deseo de que no se
llegue a algo de lo que ya estaba cerca. Las presiones del Gobierno
consiguieron sacar al juez Aránguiz de esta investigación, pero en una
formidable y acertada jugada,
la Corte Suprema designó una ministro en visita exclusiva para el caso,
Gloria Ana Chevesich, dejando en jaque los intentos del Gobierno por salvar
a los involucrados. Entre otros, al propio primo de
la Primera Dama, Matías de
la Fuente, procesado de falsificación y estafa en el 2005 en su condición de
Director de Planeamiento de MOP-GATE y MOP-Tribasa, saliendo en su defensa
en mismo Presidente Lagos en los medios de comunicación. La oposición
presentó entre fines del 2002 y principios del 2005, cerca de ocho
iniciativas para formar una comisión parlamentaria que investigara las
irregularidades del MOP, fundamentalmente en desvíos de dinero de 1997-1998
por medio de la agencia M&P Délano Consultores (vínculo conocido como el
caso MOP-Délano), pero en todos las ocasiones, los parlamentarios de
la Concertación votaron en forma corporativa contra el proyecto (ver más
abajo). Finalmente, el 8 de diciembre de 2005,
la Quinta Sala de
la Corte de Apelaciones estableció que los delitos del caso MOP-Gate estaban
prescritos por dos votos contra uno (dos los ministros Amanda Valdovinos y
Carlos Gajardo contra el de Víctor Montiglio), pues consideró que los años
debían contarse desde que el momento en que fue procesada Ximena Riff por la
juez Gloria Ana Chevesich, por un contrato de $ 92 millones para
sobresueldos. Desde ese instante, se cuentan cinco años hacia atrás, por lo
que el convenio quedó fuera del plazo de indagación de la juez, con lo que
la responsabilidad de Ricardo Lagos queda fuera del caso y se prescribe el
delito, pues ella nunca lo citó a declarar y, en agosto de 1998, él dejó el
MOP. No hay duda de que,. con esta decisión, el tribunal logró sacar al
Presidente Lagos de la peligrosa posición en que había quedado empantanado
con este escándalo.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / CIADE (UNIVERSIDAD DE CHILE)Casi simultáneamente al escándalo MOP-GATE, y producto de unas declaraciones
del propio Ministro de Obras Públicas en un medio escrito, sale a la luz el
primer caso confirmado de "sobresueldos", es decir, triangulaciones de
dineros en "sobres" que se hacían dentro de los organismos del Estado para
incrementar informalmente las dietas de los funcionarios bajo el concepto de
"gastos reservados" que no era necesario declarar en
la Contraloría General de
la República sino más de que un modo meramente global, desde el propio
Presidente hacia abajo, práctica que -trascendió- llevaba varios años siendo
usada. Se detectó la participación de una consultoría en particular que tuvo
gran importancia en estos fraudes: Centro de Investigación Aplicada para
la Investigación de
la Empresa o CIADE, dependiente de
la Universidad de Chile, que trabajó con el MOP con el mismo proceso de
servicios pagados pero nunca ejecutados. Cabe advertir que este caso
revistió negros pasajes, como el robo de uno de los computadores de los
implicados en el caso; luego, la desaparición (23 de diciembre de 2002) y
hallazgo de sus restos en Pirque (13 de abril de 2003) del contador de
Idecon y pieza clave del caso, Daniel Figueroa; y luego el suicidio en Las
Condes, a fines de octubre de 2004, sociólogo Enrique Ponce de León Milnes
(59 años), procesado en el marco del caso. Vale advertir que, al saberse de
este caso, CIADE estaba prestando servicios de auditoría a
la Corporación Administrativa del Poder Judicial por un contrato entre el
entonces presidente de
la Corte Suprema, Mario Garrido Montt y el rector de
la Universidad de Chile, Luis Riveros. Se precisó que cerca de 12 Seremis
recibieron pagos extraordinarios o sobresueldos por un total de 120 millones
de pesos gracias a un contrato suscrito entre el MOP y el CIADE, pero en
octubre de 2003,
la Corte de Apelaciones anuló los procesos por fraude al fisco que pesaban
sobre Manuel Peña Véliz, Seremi de Atacama (PS); Juan Antonio Muñoz, Seremi
Metropolitano (PPD); Enrique Jiménez Sepúlveda, del Maule (DC); José Luis
Larroucau Reitze, del Biobío (DC); Yazmín Balboa Rojas, de
la Araucanía (DC); Miguel Silva Rodríguez, de Los Lagos (DC); Carlos Alert
Agüero, de Coihaique (independiente DC); Fernando Vilches Santibáñez, de
Tarapacá (PRSD); Pedro Martínez Rojas, ex seremi de Antofagasta
(independiente DC); Raúl Gutiérrez Areyuna, ex seremi de Coquimbo (PPD);
Vladimir Morales González, ex seremi de Valparaíso (PPD); y Ricardo Trincado
Cvjetkovic, ex seremi y ex intendente de O´Higgins.
2002 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - Bitumix Ltda.Como vimos más arriba, en 1995 el MOP había llamado una licitación para el
mejoramiento de
la Ruta W-775 Chonqui-Teupa, Décima Región, siendo ganada la empresa del
ingeniero Francisco Ortúzar, que cobraba 700 millones de pesos. Sin embargo,
posteriormente la licitación fue transferida a la empresa Bitumix Ltda., que
pedía 2.100 millones para un tramo de sólo seis o siete kilómetros de
carretera. Las obras se entregaron a fines 1997. Sin embargo, en diciembre
de 2002,
la Contraloría General de
la República respaldó los fundamentos del contratista Ortúzar, denunciados
en torno a este oscuro contrato MOP-Bitumix y quien presentó, poco después,
una querella por fraude al Fisco, malversación de fondos públicos y estafa
contra los funcionarios recontratados para la obra con un presupuesto que,
además, excedió con amplitud el monto estimado originalmente. Según el
dictamen de
la Contraloría, firmado por el fiscal instructor de la causa, Ricardo
Herrera, el ingeniero jefe del Departamento de Construcción de
la Dirección de Vialidad del ministerio, Mario Fernández Rodríguez, había
adjudicado a Bitumix la terminación de la obra por más de $1.380 millones,
algo que constituye "una práctica carente de sustento legal que ha derivado
en un resultado altamente oneroso para el interés fiscal", pues el valor
cobrado por Bitumix bajo el sistema de trato directo fue un 42% mayor que lo
ofertado la empresa en el llamado a licitación y en el contrato del 8 de
agosto de 1995. El texto agrega que "yendo al fondo del asunto, resulta
absurdo sustentar los precios inusualmente elevados, con la explicación del
encausado (Fernández) en el sentido de que la diferencia de precios entre
Bitumix y los valores reajustados de Ortúzar, deberían entenderse como la
distinta confirmación de costos entre una empresa y otra", y que "esto
implica dejar supeditado el interés fiscal a meras explicaciones carentes de
fundamento técnico analítico y real". Según la defensa de Fernández en el
sumario, "el director de Vialidad de la época (Yanko Vilicic Rasmussen)
pidió autorización al señor ministro de Obras Públicas de turno (Ricardo
Lagos Escobar) para contratar la terminación de las obras por trato directo".
Efectivamente, el oficio N° 9.813 del 4 de noviembre de 1997 autorizando
esta acción, posee el visto bueno del entonces Ministro Lagos. Cabe destacar
que un grupo de diputados puso en manos del Consejo de Defensa del Estado
estos antecedentes, pero el organismo se puso del lado del Gobierno.
2003 SEREMI DE EDUCACIÓN de la IX Región14 funcionarios son expulsados por irregularidades en dineros y
falsificación de documentos públicos.
2003 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENSE) / ProemEn enero, Diputados de
la UDI solicitan ante
la Cámara la creación de una Comisión Investigadora que estudie la
asignación de recursos en las licitaciones a empresas particulares ofrecidas
por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence. En la denuncia que
avalaba la solicitud de investigación, se demostraba que la empresa "Proem"
había logrado gestionar en el sistema bancario, a través del Sense, créditos
por unos $ 4.000 millones para centenares de microempresarios en todo el
país que jamás recibieron estos beneficios destinados a la capacitación. No
sería el último escándalo Sense de aquel año.
2003 MINISTERIO DE SALUD, MINSAL / CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS,
CENABASTEn febrero, miles de cajas de leche descompuesta para niños fue repartida
por todo Chile por el Ministerio de Salud en los consultorios nacionales. El
Ministerio y CENABAST se culparon agresivamente entre sí, culminando el
escándalo con la destitución de la directora de este último organismo. El
asunto se agravó cuando una partida de estas leches agrias llegó a Arica y a
pesar de que, para entonces, la denuncia era cubierta por todos los medios
con gran bulla. Las sorpresas continuaron al mes siguiente, cuando fueron
descubiertas nuevas partidas de productos en mal estado: bolsas de arroz
para niños. El gremio de los trabajadores de
la Salud denunció que el Ministerio había realizado esta compra y
distribución de leches a sabiendas de los riesgos que se corrían, pero con
la urgencia de desviar dineros para el financiamiento del controvertido Plan
AUGE, a la sazón en práctica piloto. Los dardos apuntaban al entonces
ministro Eduardo Artaza, quien no sobrevivió en su puesto a los ajustes
ministeriales realizados por el Presidente Ricardo Lagos, poco después.
2003 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENSE) / Escuela de
Conducción Siglo XXILuego de una gran cantidad de denuncias sobre el desempeño del Servicio de
Capacitación y Empleo, Sense, entre el 2002 y el 2003, sobre la asignación
de recursos a las empresas y organismos que compiten por las licitaciones,
una investigación de
la Contraloría General de
la República deja al descubierto que una serie de sospechosas fallas en los
mecanismos de control del servicio habían permitido el uso malicioso de los
recursos estatales, especialmente por parte de la escuela de conductores
"Siglo XXI", empresa que recibió más de $ 1.000 millones en franquicias
tributarias para una capacitación en la figuraban personas que nunca
asistieron a los cursos y que, en otros casos, no tenían relación laboral
con quienes cobraron las facturas.
2003 SENADO DE LA REPÚBLICAHacia mediados de año, se hace pública la noticia de que el Presidente del
Senado, el DC Andrés Zaldívar, votaría a favor de la nefasta Ley de Pesca,
de la que estaría técnicamente inhibido de hacerlo al ser accionista de una
empresa vinculada al rubro, con el 0.2 % de las acciones. Junto a otros 16
miembros de su familia, controlaba el 1.1 % del paquete accionario. También
se insinuó que el hermano del Senador y Presidente de
la DC, Adolfo Zaldívar, también participaba de esta sociedad.
La Moneda solidarizó con Zaldívar alegando que cada "institución debe actuar
libremente" y que, por lo tanto, no re correspondía al Ejecutivo intervenir
a pesar de que la propia Constitución Política impide a los legisladores
votar en un tema en el que estén implicados sus intereses personales.
Zaldívar renunció a su participación en el paquete de acciones, después de
estos hechos.
2003 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / CEDUCEn el marco del Programa Pro-Empleo, por intermedio de
la Municipalidad de Tocopilla, se traspasaron $400 millones desde el
gobierno a
la ONG CEDUC, cuyo director ejecutivo era funcionario del Ministerio
Secretaría General de Gobierno.
La Contraloría detectó las irregularidades en noviembre.
2003 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESLuego de decidirse el traslado de
la Cancillería a las dependencias del histórico ex Hotel Carrera, el
Diputado Arturo Longton demostró con papeles en mano, en el mes de
septiembre, que se habían pagando cerca de US$8 millones por sobre el valor
real del edificio, dato que fue confirmado por algunos corredores de
propiedades en base a la depreciación comercial que experimentaba el centro
de Santiago.
2003 BANCO CENTRAL / INVERLINK / CORPORACIÓN DE FOMENTO, CORFOUn mail enviado equivocadamente a principios de año por la secretaria del
Director del Banco Central (el DC Carlos Massad), doña Pamela Andrada,
pondría en carpeta el escándalo más grande conocido sobre fraude al fisco y
tráfico de información privilegiada: la secretaria estaba proporcionando
información confidencial a un organismo particular. La filtración hizo que,
a mediados de febrero, terminara detenido el ex-gerente general de la
corredora de Bolsa del holding Inverlink, don Enzo Bertinelli, por robo de
información del Banco Central ya que su empresa era la que se proveía de los
datos confidenciales. Inverlink era una firma nacida en 1991 como mera
agencia de valores, experimentando un vertiginoso crecimiento y asimilando
entre 1998 y 1999 otras empresas como la corredora Edwards Hearns y las AFP
Magister, Qualitas, Aporta y Fomenta, y las isapres Vida Plena,
La Araucana y más tarde Cigna Salud, clínica Las Lilas y aseguradora Le
Mans. Ocho empresas en total. Sin embargo, la detención de Bertinelli (su
socio representante en
La Bolsa) significó grandes problemas financieros para la firma y un
escándalo mayúsculo que aún no se resuelve. Pero, como si fuera poco, el
Presidente de Inverlink, don Eduardo Monasterio (dueño del 30% del holding),
intentó salvar de la ruina a Inverlink realizando toda clase de actos
ilícitos, especialmente con un robo de instrumentos financieros de CORFO,
que fueron traspasados al holding sin autorización y gracias a la
complicidad de Javier Moya Cucurella, jefe de la tesorería de la
corporación, estimados hasta ahora en unos U$80.000 millones y que la
empresa se apresuró a vender en el mercado financiero. Las relaciones entre
los socios de la empresa y los entreguistas son evidentes. En su directorio
vuelve a aparece el nombre del ex-Ministro de Ricardo Lagos, don Álvaro
García Hurtado. El entonces alcalde de Viña del Mar, Jorge Kaplán, denunció
también que García le había llamado telefónicamente presionándole para que
no retirara fondos municipales invertidos en Inverlink, noticia que causó
verdadero estupor, y por la que Kaplán interpuso querella contra los
responsables. El ministro en visita del caso, Patricio Villarroel, decidió
someter a proceso al ex ministro, en calidad de cómplice del delito de
estafa a
la Municipalidad de Viña del Mar por $ 1.500 millones, en octubre siguiente.
Otro implicado directo es Gonzalo Rivas, Gerente General de Corfo y yerno
del Presidente Ricardo Lagos, que lo puso en el cargo. Sólo se le señalaron
responsabilidades jerárquicas, que le costaron la renuncia y ser sustituido
por Oscar Landerretche. También debió renunciar Gibran Harcha, Coordinador
de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas que, hasta fines de 2002,
ocupaba el cargo de Gerente Productivo de Corfo. Todos estos tambaleos
desataron un verdadero terremoto en el mercado de valores y, tras negarse a
declarar ante una comisión parlamentaria, el Director del Banco Central, don
Carlos Massad, finalmente renunció también a su cargo a fines de marzo 2003,
tras seis años de cuestionada gestión y en medio de un escándalo mayúsculo
por su responsabilidad jerárquica en el asunto.
2004 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAFLuego de un reportaje denuncia de un canal de TV sobre actividades de tala
ilegal e indiscriminada de Alerce al interior de Chiloé continental, e
incluso en áreas protegidas, se descubren vínculos entre altos funcionarios
regionales de
la CONAF y los leñadores furtivos, llegando a ser detenido su director,
Carlos Weber.
2004 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASEl 18 de noviembre, se derrumbó inesperadamente el puente "Loncomilla", que
representan un acceso principal de la ciudad de Constitución. La gravísima
situación comenzó a ser investigada y, a las pocas semanas, se supo en
la Cámara Baja que empresas particulares estaban pasando por el puente con
exceso de carga y con pleno conocimiento del entonces Ministro de Obras
Públicas, el PS Javier Etcheberry, que a la sazón ya estaba involucrado en
el caso MOP-GATE. Indignado por la información, el diputado DC Pablo
Lorenzini realizó un furioso descargo en
la Cámara, el día 14 de diciembre, donde acusó directamente al ministro de
lo sucedido desatando una colosal polémica: "¡¿Cuánto le pagan ministro?! Se
lo pregunto desde aquí, no de afuera, desde aquí porque tengo fuero, y no me
venga con que lo digamos afuera, porque el tema está acá adentro, ya que
usted no quiere venir a
la Cámara, que es una cámara fiscalizadora. ¿Y le falta sobresueldo al
ministro o tiene arreglines con las concesionarias?". Lorenzini se negó a
pedir disculpas ante las muestras de furia del gobierno y del propio
Etcheberry, incluso cuando se pidió su desafuero, el 2 de febrero del año
siguiente. En los actos públicos, tanto el Presidente Lagos como el Ministro
Insulza se negaron a darle la mano y, presionado, debió renunciar a
la Presidencia de
la Cámara poco después. Jamás retiró sus dichos, se negó a disculparse y
hasta ofreció su voto a la oposición ante una eventual petición de comisión
investigadora para el MOP.
2004 COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE (CONAMA)La Municipalidad de Talagante denuncia acuerdos oscuros entre
la CONAMA de Santiago y
la Empresa de Residuos Sanitarios Santa Marta, para liberar a esta última de
acciones legales en su contra.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / FICOREn enero, como parte de la investigación llevada por la ministra Chevesich y
en medio del terremoto generado por las declaraciones del diputado
Lorenzini, se publicó que ante la magistrado el socio de una empresa
contratista denominada FICOR, había reconocido que, en 1999, el MOP había
utilizando dicha firma como "caja de cuadre", para desviar fondos hacia la
campaña presidencial de Ricardo Lagos, que por entonces acaba de renunciar
al ministerio y competía en las elecciones presidenciales con Lavín. Según
declaró ante la magistrado, la empresa entregaba facturas por servicios no
prestados.
2005 CHILEDEPORTESUna serie de denuncias contra Chiledeportes, dependiente del Ministerio
Secretaría General de Gobierno, comienzan a hacerse públicas en marzo. Una
investigación analizó proyectos presentados entre 2003 y 2004 y develó un
abuso en las franquicias tributarias y la presencia de empresas
intermediarias que lograron favorecer con los fondos actividades deportivas
de elite, violando así el espíritu del organismo. Las denuncias implicaron a
importantes personajes del ambiente dirigencial de los clubes chilenos y
llevaron incluso la postergación (y posterior fracaso) de los trámites del
Congreso para otorgar la nacionalidad por gracia al entrenador de tenis
argentino Horacio de
la Peña, complicado en los enredos del fondo para el deporte. En una
polémica decisión, la comisión de
la Cámara encargada de investigar estas denuncias comunicó en octubre de
2005 que los procedimientos cuestionados estaban ajustados a las normas
vigentes.
2005 MINISTERIO DE JUSTICIA / DJP SAEn medio del enrarecido ambiente de las campañas presidenciales, los
diputados de oposición Marcela Cubillos, Cristián Leay y Víctor Pérez,
revelaron que durante la secretaría de la presidenciable y sumamente
entreguista Soledad Alvear (que se había declarado partidaria de terminar
con el financiamiento de las FF.AA. por el cobre y liquidar el buque escuela
"Esmeralda", entre otros claveles), el Ministerio de Justicia a su cargo
había entregado millonarias licitaciones de las Defensorías Públicas de
la Región Metropolitana, entre 1994 y 1999, a una de las firmas de abogados
integradas por su marido, Gutenberg Martínez, también DC. De las 123
sociedades jurídicas que postularon, al menos 90 habían pasado la evaluación
técnica pero sólo dos de ellas captaron el 80% de las defensas licitadas:
la Sociedad Defensa Jurídico Penal (DJP S.A) integrada por
la Universidad Miguel de Cervantes que preside Martínez, y
la Sociedad Defensores Penales Metropolitanos. De hecho, el 48% del total de
causas adjudicadas lo obtuvo
la Sociedad Defensa Jurídico Penal. También se reveló que el subsecretario
de justicia y miembro del Comité de Licitaciones era entonces profesor de
esa Universidad.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA / GESCAMEn la primera semana de junio, el candidato presidencial de
la UDI, Joaquín Lavín, lanzó públicamente una bomba mediática al exigir al
Presidente de
la República, Ricardo Lagos, que explicara la presencia de una millonaria
licitación que fuera adjudicada a su cuñado, el ingeniero Hernán Durán. La
información habría aparecido en el transcurso de las investigaciones que la
juez Chevesich estaba realizado sobre todos los contratos extendidos por el
Ministerio de Obras Públicas, descubriendo que había uno de diciembre de
2002, para asesorías por cerca de $ 2.000 millones, entregado a la firma
Víctor Faraggi y Gescam Consultores Ambientales, del hermano de la primera
dama María Luisa Durán. Otro importante socio de la consultora era el
embajador de Chile en Francia, Hernán Sandoval, gran amigo del Presidente
Lagos. Luego de 8 intentos fallidos por abrir una Comisión Investigadora del
Congreso para la actuación del MOP, fracasados por los votos corporativos de
los parlamentarios concertacionistas en contra de tal proyecto, la oposición
logró aprobar por un voto una comisión tras reñida votación del 22 de junio
de 2005, a raíz de este caso, al parecer gracias al cambio de actitud de
diputados DC. Con el correr de las semanas, aparecieron nuevos miembros de
la familia de la primera dama colocados en cargos y licitaciones
estratégicas, que comprometieron al Presidente de
la República en acusaciones de nepotismo, como era el caso de su cuñado
Pedro Durán, quien oficiaba como Director de Programación de
la Presidencia, y el de su propio hijo Ricardo Escobar Weber, designado en
la Dirección Económica de la Cancillería.
2005 CORPORACIÓN NACIONAL DE COBRE, CODELCOSimultáneamente, se supo que la firma Gescam del cuñado del Presidente
Lagos, entre 1997 y 2005, había hecho 18 asesorías ambientales para CODELCO,
por montos superiores a los 900 millones de dólares, de los cuales sólo 5
fueron adjudicados por licitación, mientras que los otros 13 lo fueron por
asignación directa. Pocos días después, el 19 de junio,
la Senador UDI Evelyn Matthei reveló públicamente que CODELCO había
extendido similar tipo de contratos sin licitaciones a firmas de propiedad
de los hermanos del ex ministro del Trabajo Ricardo Solari y del entonces
ministro MOP Jaime Estévez, ex Director del Banco de Estado.
La Sociedad de Gestión Limitada de Jaime Solari Saavedra aparecía con un
contrato por más de 356 millones de pesos por asignación directa, mientras
que la empresa Tecnología Organización y Personas Consultores S.A. o "TOP
Consultores", perteneciente a Rafael Estévez Valencia, ostentaba contratos
por más de 1.100 millones de pesos en cursos de capacitación sin licitación,
también por asignación directa, y en circunstancias de que Estévez había
sido vicepresidente de recursos humanos en CODELCO. Hernán Durán, cuñado del
Presidente Lagos, también apareció recibiendo de CODELCO millonarios
proyectos sin procesos de licitación.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - Autopista Vespucio ExpressEn 2004 el entonces ministro de Obras Públicas Javier Etcheberry fue
informado de un posible agotamiento del stock inicial de 900 mil televías o
"tags" para el cobro automático de peajes en las carreteras concesionadas a
privados por la cartera. El problema derivaba de un error en la estimación
inicial de la demanda de usuarios desde 900 mil a 1.350.000 de los
dispositivos. El MOP acordó con las empresas adquirir más "tags", pero a
cuenta del Estado. Sin embargo, en septiembre del año siguiente se supo que
el "error" le había costado al Estado de Chile la suma de $ 5.175 millones,
en otro de los más grandes despilfarros de dineros fiscales de los que es
responsable este oscuro ministerio.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS / AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZLa carísima y flamante segunda pista del Aeropuerto Internacional Comodoro
Arturo Merino Benítez, de Pudahuel -mismaque el Gobierno utilizó como excusa
para cerrar irresponsablemente el importantísimo y vital Aeropuerto de los
Cerrillos- comenzó a presentar serios daños estructurales hacia las Fiestas
Patrias del 2005 y se verificó que no cumplía con las normas internacionales
de seguridad, al punto de que generaba una nube de partículas en suspensión
de varios metros de alto tras cada despegue. La obra, que fue licitada y
defendida a muerte por el MOP, había sido inaugurada con fastuosas
celebraciones y, menos de dos semanas después, ya presentaba grietas,
agujeros y otras fallas peligrosas, al punto de tener que ser reconstruida
en al menos 600 metros sin que la empresa concesionaria debiese pagar por
las cartas de garantías vigentes. En una oscura decisión destinada a
proteger a los concesionarios, Ministro de Obras Públicas Jaime Estévez
declaró en "
La Segunda" del 23 de septiembre que la pista "se puso en operación antes
porque necesitábamos reparar de urgencia la pista uno" y que esto explicaba
los problemas, pues aún se estaba en "marcha blanca" y la obra no era
recibida por el MOP de manos de los constructores. Sin embargo, la pista se
suponía ya en operaciones y así se presentó ante la opinión pública el mismo
día en que entró en funciones.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - GESYSEn de octubre de 2005, la ministro Gloria Ana Chevesich confirma la
existencia de dineros desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP,
Matías de
la Fuente (primo de
la Primera Dama y ex Jefe de Gabinete de Lagos), a la campaña presidencial
de Ricardo Lagos en 1999, a través de su página web, revelación que produjo
un escándalo público a mediados de octubre de 2005. De
la Fuente y Sergio Cortés, este último ex jefe de Finanzas de Vialidad del
MOP, fueron procesados por la juez por fraude y estafa al fisco, al igual
que Raúl Herrera de
la Consultora Gesys y Óscar Araos de la firma asesora Ábaco. Las
triangulaciones se realizaron a través de
la Consultora y se destinaron a la empresa Faunes para la confección
sobrevalorada de una página web que apoyaba la candidatura de Ricardo Lagos,
acción en la que participaron personas ligadas a su comando electoral y a
través de un contrato MOP-Ábaco. De
la Fuente actuó directamente en esta maniobra y Cortés se encargó de
blanquearla con un manto de aparente normalidad. La operación fue realizada
simulando un desvío de fondos hacia un supuesto "Programa de Capacitación"
por $15 millones que nunca se realizó, según se constata en el fallo
presentado por la señora Chévesich el 13 de octubre de 2005. Tras ese monto
se descontaron dos facturas que se le adeudaban a Faunes, sumando un total
de $4.720.000. La revelación provocó una inusitada reacción de
La Moneda defendiendo a De
la Fuente y pretendiendo sentar la absurda tesis de que se trataba de una
maniobra para perjudicar a la candidata presidencial concertacionista
Michelle Bachelet. Intentando sacarse de encima los graves cargos que
pesaban sobre
la Concertación, el director ejecutivo de la campaña de Ricardo Lagos en
1999, Genaro Arriagada, no tuvo mejor idea que intentar emplazar al
candidato opositor Joaquín Lavín a explicar "de dónde consiguió los cerca de
20.000 millones de pesos que gastó en la misma contienda electoral", como si
fuese este quien estaba siendo cuestionado y complicado en los tribunales.
Vale recordar que la juez Chevesich ya había considerado en el procesamiento
del ex ministro Carlos Cruz, la presencia de un desvío de $32 millones desde
el MOP, ocasión en la que el propio Cruz argumentó que los dineros fueron a
parar a la campaña presidencial de Lagos y no al enriquecimiento personal, e
incluso su defensa consiguió que el Senador socialista Carlos Ominami
declarara corroborando esta tesis. De este modo, resulta inaudito e
inaceptable que la propia Concertación haya negado los hechos demostrados
por el fallo judicial que procesó por segunda vez a De
la Fuente, pretendiendo vincularlo a la monserga del "asesinato de imagen".
A pesar de todo, y como ha sucedido antes,
la Séptima Sala de Apelaciones -integrada por los jueces Jorge Dahm,
Lamberto Cisternas y el abogado integrante Oscar Herrera- revocó los
procesamientos el jueves 1º de diciembre, bajo la insólita decisión de que
"no se vislumbra que los hechos tipifiquen los ilícitos de fraude y estafa
al Fisco, por cuanto no se le ha originado pérdidas ni se le ha privado
legítima ganancia" y que, de hecho, "el origen de los dineros es
irrelevante", ya que aunque salieran del Fisco, estos "ingresaron al
patrimonio de la sociedad, pasando a formar parte de su activo, y debido al
carácter fungible de este bien, se ha confundido con los de su especie en el
mencionado patrimonio". Es decir, se consideró que el dinero fiscal
comprometido era "privado".
2005 CANDIDATURA PS VI Región - FOSIS - CHILEDEPORTES - SERNAM - SERVIU -
PRODEMUEl Diputado PPD y candidato a Senador por
la Sexta Región, Aníbal Pérez, denuncia públicamente una red de corrupción
estatal destinada a beneficiar la candidatura del socialista Juan Pablo
Letelier, que involucra el uso de funcionarios, recintos y dineros públicos,
poniendo a disposición de
la Contraloría General de
la República todos los antecedentes que demostraban esta grave imputación.
En la red participaban entidades como el Fosis, la cuestionada institución
de Chiledeportes, el Sernam, el Serviu y Prodemu.
2005 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENSE) / Organismos
Técnicos de Capacitación (OTEC)A principios de noviembre, se anuncia un exhaustivo proceso de fiscalización
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), tras una denuncia
recibida por
la Contraloría General de
la República sobre vínculos comerciales existentes entre dos altos
funcionarios del organismo y empresas ligadas a la adjudicación de recursos
estatales destinados a la capacitación. Los denunciados son el Jefe de
la Unidad de Microempresas y ex Director del Programa Proempleo del
organismo, Enrique Correa Jaña, y del Jefe de
la Unidad de Innovación y Desarrollo de la entidad, Ramón Castillo Corral.
Según el Registro de Sociedades del Diario Oficial, ambos estaban ligados a
dos entidades de giro comercial dedicadas a la capacitación del personal de
micro y pequeña empresa, denominadas Organismos Técnicos de Capacitación
(Otec), que operan con recursos fiscales asignados por Sense a través de
licitaciones. En el caso de Correa Jaña, se trata de la la empresa Servicios
de Asesorías y Capacitación a
la Micro y Pequeña Empresa, cuyo nombre de fantasía es Emprenda S.A., y en
el de Castillo Corral, corresponde a
la Corporación de Capacitación para el Desarrollo de
la Productividad, alias Corcepri. La investigación preliminar demostró que
ambas aparecían en el listado de postulantes pre-seleccionados
(supuestamente, debido a su experiencia) para participar en el segundo
proceso de licitación de recursos de 2005, que debían culminar dentro de las
semanas siguientes. En este caso hay, cuanto menos, una incompatibilidad
inaceptable.
2005 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - MINISTERIO DE TRANSPORTES - MINISTERIO
DEL TRABAJOPor largo tiempo, las licitaciones de puertos para el proceso de
transformación y modernización de los terminales al final del gobierno de
Frei Ruiz-Tagle, generaron una gran cantidad de protestas y violentas
manifestaciones de pescadores y operarios, que generaron la creación de una
comisión investigadora hacia el año 2002. En un comunicado del 6 diciembre
de 2005, el gremio de Trabajadores Marítimos, Portuarios y Aduaneros
señalaba como principal culpable al señor Walter Astorga Lobos, Presidente
de
la Coordinadora Nacional Marítimo-Portuaria y ex-Presidente de CONGEMAR, por
"haber usado dineros de los trabajadores por concepto capacitación, según lo
publicado en ese mismo diario ("
La Estrella" del 12 de noviembre anterior) hace algún tiempo atrás, ex
Presidente del Sindicato de Marineros de Bahía de San Antonio, en donde
entró y salió por
la Ventana, ex Presidente del Sindicato Rema-Port, creado para que tuviera
donde llegar después de que fuera expulsado de CONGEMAR. El cuestionado
señor Walter Astorga quien también está mencionado en el proceso que se
investiga por Malversación de Fondos de los Ministerios de Transportes,
Obras Públicas y del Trabajo, a raíz de la ley de modernización de los
Puertos". Coincidió que el día 21 de diciembre siguiente, y luego de más de
tres años de haberse conformado,
la Comisión Investigadora encargada de estudiar la situación que afecta a
los trabajadores portuarios del país, identificó graves irregularidades que
involucrarían a los funcionarios públicos con diversos grados de
participación en el proceso de asignación anómala de unos dos mil millones
de pesos, e hizo pública la información, pidiendo la intervención del
Consejo de Defensa del Estado y de
la Contraloría General de
la República para que actúen los tribunales sancionando a los responsables.
La noticia fue comunicada por
la Diputada Rosa González, presidenta de la comisión que, además, estuvo
integrada además por los diputados Waldo Mora (DC), Ramón Pérez Opazo (UDI),
Carlos Vilches (RN), Mario Varela (UDI) y Francisco Encina (DC), quienes
concluyeron en forma unánime en la existencia de un fraude, evidenciado por
los siguientes hechos: "a.- El acuerdo de 18 de agosto de 1999 aparece
suscrito -entre otros- por don Walter Astorga Lobos, el que no se habría
encontrado en el país en esa fecha". "b.- Respecto del programa de
reconversión laboral, recibieron beneficios 53 personas que no cumplían con
los requisitos habilitantes -mayor de 40 años, 15 de desempeño en el sector,
y haber sido desplazado de él-, recibiendo aportes por un monto de $
428.520.000.-". "c.- Se observa que 38 carpetas no cuentan con los
antecedentes de respaldo para acreditar los años de servicio en el sector
portuario, y a pesar de ello recibieron beneficios por un monto de $
298.920.000.-". "d.- En la entrega a ex trabajadores beneficiarios del
Programa de Reconversión es posible observar ausencia de respaldo con
documentos fehacientes de la calidad de tales, sólo se cuenta con fotocopia
de cédula de identidad y una declaración jurada, en la entrega de fondos por
un monto de $ 220.000.000.-". "e.- Se entregaron recursos por un monto de $
428.520.000.- a personas que no reunían los requisitos estipulados". "f.- Se
entregaron recursos por un monto de $ 298.920.000.- a ex trabajadores con
antecedentes incompletos". "g.- Ausencia de rigurosidad en la selección de
postulantes por parte de
la Subsecretaría de Transportes, no velando esta institución por el correcto
destino de los fondos públicos". "h.- Se pactaron, al margen del acuerdo
final con los trabajadores portuarios del puerto de Iquique, condiciones de
otorgamiento de los beneficios pactados que no guardan relación con la
seriedad y rigurosidad con que debieran administrarse los recursos públicos".
2005 INTENDENCIA DE
LA V REGIÓN / SEREMI V REGIÓN / Candidatura Parlamentaria del PS en QuillotaEl 7 de diciembre, faltando muy poco para las elecciones presidenciales
(primera vuelta) y parlamentarias del 11 de diciembre anterior, el Alcalde
de Quillota, el DC Luis Mella, destapó uno de los mayores escándalos
electorales que han ocurrido en Chile, al denunciar ante el Ministerio
Público que la candidatura a diputado del PS Marcos Enríquez-Ominami (hijo
adoptivo del Senador Ominami) utilizó fondos públicos para financiar parte
de la campaña, comprar votantes y cometer cohecho. Los dineros, que sumaban
por lo menos unos tres millones de pesos, habrían sido tomados de 55
documentos bancarios respaldados por el Estado y originalmente destinados a
un plan de generación de empleos o PGP, para trabajadores de Quillota, que
iban a recibir 50 mil modestos pesos por el desmalezamiento del cerro
Macaya. La denuncia fue respondida por el electo diputado alegando que se
trataba de una venganza política por haber derrotado en las urnas a la
hermana del alcalde, doña María Eugenia Mella. Rápidamente, un grupo de
integrantes de la farándula firmaron una sentida carta de solidaridad en
favor de Enríquez-Ominami, quien estaba estrechamente ligado al mundo del
espectáculo, a principios del año siguiente. Sin embargo, la existencia de
estos 55 cheques fue ampliamente difundida por los medios de prensa y se
demostró que el desmalezamiento jamás se había realizado. El Fiscal Jefe de
Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra cuatro personas: los
contratistas Giovanni Malatesta y Hernán Meza; el activista político Luis
"Luiggi" Fernández Sarmiento, y el ex Seremi del Trabajo en
la V Región, José Manuel Mancilla. Todos por el fraude al fisco, siendo
imputados ante el Tribunal de Garantía de la ciudad el 3 de enero. Mella, en
tanto, renunció a
la DC y Enríquez-Ominami anunció querellas en su contra por injurias y
calumnias. Otra ardiente polémica se generó en torno a
la Intendencia de
la Quinta Región y en la persona del Intendente PS Luis Guastavino, a quien
el Gobernador DC Iván De
la Maza y el alcalde también DC Aldo Cornejo, le señalaron posibles
complicidades con el caso por no haber brindado su apoyo a las denuncias de
Mella tras haber sido uno de los primeros en conocerlas, ocasión en la que
prefirió meterlas a su escritorio.
La Contraloría regional asumió la investigación del caso ante la magnitud de
los gravísimos cargos y luego de que se lo solicitaran, entre otros, el
integrante del Consejo Regional, Manuel Millones. Cabe señalar que el Seremi
Mancilla dirigía varios otros proyectos similares al de Quillota en otras
ciudades de
la V Región y con los mismos demás involucrados. El fiscal Bravo expuso que
Malatesta (quien ya había sido impedido de participar en planes
gubernamentales por una anterior resolución de
la Contraloría) estaba recibiendo en su cuenta pagos por "nada" recibidos
por Meza, quien sólo actuaba firmando y recibiendo documentos. Fernández, en
tanto, organizó todo el montaje de los trabajos en cerro Macaya simulando
cancelar las obras de los trabajadores con cheques de la cuenta de
Malatesta.
2006 MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CofinsaAl entregarse los resultados del proceso de admisión en enero de 2006 para
los créditos universitarios con aval del Estado para estudiantes de Chile,
con otro de los planes estrella del Gobierno sobre materias de educación,
aparece una serie de denuncias sobre asignaciones a postulantes que estaban
en condiciones económicas muy superiores a otros que no quedaron en la
selección. Las sospechas por el error comienzan a recaer sobre el ex
Ministro Sergio Bitar, quien había renunciado convenientemente a principio
de año y antes de publicarse los pésimos resultados de
la PSU (que, de paso, comprueban el fracaso rotundo de la reforma
educacional introducida durante el gobierno e Frei Ruiz -Tagle) y su
sucesora, doña Marigen Hornkhol, además de
la Jefa de
la División de Educación Superior, Pilar Armanet. En un enredo descomunal de
declaraciones para tratar de ocultar lo sucedido, el Presidente Ricardo
Lagos declaró públicamente que subirían los créditos para alumnos de escasos
recursos desde los 14 mil anunciados a 40 mil. Sin embargo, a las pocas
horas la ministra Hornkhol corrigió a la autoridad dando a conocer que sólo
serían 28 mil. Para empeorar la situación, el día 21 de enero se reconoció
públicamente desde el Ministerio que por un "error informático" se habían
asignado los créditos universitarios a los estudiantes con más recursos de
la postulación en lugar de aquellos que más lo necesitaban, por lo que las
señoras Hornkhol y Armanet debieron declarar ante
la Comisión de Educación de
la Cámara de Diputados el día 24 de enero y el Jefe de
la Comisión Administradora, don Cristian Larraín, presentó su renuncia. Sin
embargo, casi simultáneamente se denunció que Larraín era miembro
representante de la empresa Cofinsa, que había estado encargada de diseñar y
vender el proyecto de ley de créditos universitarios durante el año 2004,
además de haber participado directamente en la implementación del sistema y
en el cuestionado proceso de selección, recibiendo por ello varios millones
de pesos de la misma secretaría en remuneración, en una incompatibilidad
evidente con el cargo en el Ministerio al que había renunciado.

Otro dia pongo los del gobierno de la gordi para no saturar esto :)

[Pelicano]

Ahora esta clarísimo, gracias al fofito se sabe que todo es culpa del
gobierno anterior.
Pueden mandarse los condoros que quieran sus jefecitos, porque antes ya
hubo otros condoros.
Roben los que quieran, total pinochet ya robó harto.

Y todos sonriendo!!!

[lorenzo]

SI!! Subio el metro, a proposito de dispersos, debe ser por las
consecuencias del atentado a un vagón en los 80's por parte de
Lautaristas... jeje

[Jua]

No me extraña que para ud. lo sea, con un 14% de apoyo, los
desconcertacionistas tienen cagada y media con la sección de frutas y
verduras.


"Francisco Sepulveda" <franc...@sinesto.bluewin.ch> wrote in message
news:jg9grh$gsj$1...@speranza.aioe.org...