PARA EL DEBATE (Democracia incluyente)

[José Manuel Hermoso G]

¿Qué es la democracia incluyente? TAKIS FOTOPOULOS     ENTREVISTA EN VIDEO:  http://www.democraciainclusiva.org/eindex.htm   La democracia incluyente es un nuevo concepto de democracia que, utilizando como punto de partida la definición clásica, la redefine en términos de democracia política directa, democracia económica (traspasando los límites de la economía de mercado y de la planificación estatal), y también democracia en el ámbito de lo social y lo ecológico. En breve, la democracia incluyente es una forma de organización social que integra la sociedad con la economía, la política y la naturaleza.   El concepto de democracia incluyente deriva de una síntesis de las dos principales tradiciones históricas, la democracia clásica y el socialismo, aunque también engloba el ecologismo radical, el feminismo y los movimientos de liberación del Sur. Dentro de la problemática del proyecto de la democracia incluyente, está descontado que el mundo, al principio del nuevo milenio, se enfrenta a una crisis multidimensional (económica, ecológica, social, cultural y política) que se debe a la concentración de poder en las manos de varias élites, fruto del establecimiento, en los siglos recientes, del sistema de economía de mercado y las formas relacionadas de estructuras jerárquicas.   En ese sentido, una democracia incluyente, que abogue por la distribución igualitaria del poder a todos los niveles, no se contempla como una utopía (en el sentido negativo del término), sino como, quizá, la única manera de salir de la crisis actual.   El concepto de democracia incluyente   Una manera provechosa de definir la democracia incluyente podría consistir en distinguir las dos principales esferas de lo social, la pública y la privada, a las que podríamos añadir otra, “la esfera de lo ecológico”, definida como el espacio donde se producen las relaciones entre el mundo de la naturaleza y el mundo de lo social. En esta concepción, el ámbito de lo público, contrariamente a la práctica de los muchos partidarios del proyecto de los republicanos o los demócratas (Hanna Arendt, Cornelius Castoriadis, Murray Bookchin et alii), incluye no sólo la esfera de lo político, sino también de lo económico, así como de lo “social”; en otras palabras, cualquier área de la actividad humana en la cual las decisiones puedan ser tomadas colectiva y democráticamente.   Por esfera de lo social se entiende el ecosistema donde se toman las decisiones políticas, el área donde se ejerce el poder político. Definimos el ámbito de lo económico como el ecosistema donde se toman decisiones económicas, el área donde se ejerce el poder económico con respecto al amplio espectro de decisiones económicas que una sociedad basada en la escasez pueda adoptar. Finalmente, la esfera de lo social puede ser definida como el ecosistema donde se toman decisiones sobre el trabajo, la educación y otras instituciones de carácter económico o cultural que sean elementos constituyentes de una sociedad democrática.   Por lo tanto, es obvio que la extensión del ámbito considerado tradicionalmente como público incluye las esferas o ecosistemas de lo económico, de lo ecológico y “de lo social” como elementos indispensables de una democracia incluyente. Y por lo tanto, en una democracia incluyente, podemos distinguir también cuatro elementos: el político, el económico, el democrático social y el ecológico. Los primeros tres elementos constituyen el marco institucional que apunta a una distribución equitativa del poder político, económico y social; en otras palabras, que se dirige a la efectiva eliminación de la dominación de unos seres humanos a manos de otros. De la misma forma, la democracia ecológica se define como el marco institucional que busca la eliminación de cualquier intento humano de dominar el mundo natural; en otras palabras, el sistema que busca reintegrar a los seres humanos a la naturaleza.   La política o la democracia directa   En la esfera de lo político sólo puede haber una forma de democracia, la que podríamos denominar democracia directa, en la cual el poder político es compartido de forma igualitaria entre todos los ciudadanos. La democracia política está, por lo tanto, fundada sobre la distribución igualitaria del poder político entre todos los ciudadanos, lo que viene a constituir una autoinstitucionalización social. Esto significa que tienen que cumplirse todas las condiciones que se enumeran a continuación para que podamos caracterizar a una sociedad como una verdadera democracia política:   1) Que la democracia esté basada en la elección consciente de sus ciudadanos de una autonomía social y no en dogmas divinos o místicos preconcebidos, o cualquier otro sistema teorético que tenga que ver con determinadas “leyes” o tendencias que determinen el cambio social.   2) Que no haya procesos políticos institucionalizados de naturaleza oligárquica. Esto implica que todas las decisiones políticas (incluidas aquellas relativas a la formación e implementación de las leyes) sean tomadas por el cuerpo social colectivamente y sin representación.   3) Que no haya estructuras políticas institucionalizadas que incluyan relaciones de poder basadas en la desigualdad. Esto significa, por ejemplo, que donde la autoridad se delegue en segmentos de ciudadanos con el propósito de que lleven a cabo una determinada tarea (por ejemplo que tomen parte en los tribunales de justicia o en consejos regionales o confederales) la selección se haga basándose en principios y según criterios de rotación, siempre revocables por el cuerpo social. Es más, en lo que se refiere a los consejos regionales o confederales, los mandatos tienen que ser específicos.   “El único ejemplo histórico de una institucionalización de una democracia directa fue la democracia ateniense”   4) Que todos los residentes de una zona geográfica en particular (que hoy en día sólo puede tomar forma como una comunidad geográfica), tras un determinado proceso de maduración (definido por el propio cuerpo social) y al margen de consideraciones de género, raza, identidad cultural o étnica, sean miembros del cuerpo social y estén directamente vinculados al proceso de toma de decisiones.   No obstante la institucionalización de la democracia directa en los términos que contemplen las anteriores condiciones no es más que la condición necesaria para el establecimiento de una democracia. Las condiciones imprescindibles hacen referencia al nivel de conciencia democrática, en el cual juega un papel crucial la paideia, que no se refiere solamente a la educación, sino a la evolución y formación del carácter y a una afinada educación del conocimiento y de las habilidades, como por ejemplo, la educación para la ciudadanía, que en puridad sólo puede tener encaje cabal en la esfera de lo público.   Las condiciones señaladas más arriba obviamente no son recogidas en la democracia parlamentaria (tal y como funciona en Occidente) ni en la democracia soviética (como funcionó en el Este) ni en los regímenes fundamentalistas o de carácter semimilitar del Sur. Todos esos sistemas de gobierno no son más que oligarquías políticas, en las cuales el poder político está concentrado en las manos de varias élites (políticos profesionales, burocracias partidarias, curas, militares...). Asimismo, diversas formas de oligarquía han dominado la política en el pasado cuando los emperadores, los reyes y sus cortes, con la colaboración o no de los caballeros, la casta sacerdotal y similares, concentraban en sus manos todo el poder político.   Sin embargo, en la historia se han llevado a cabo varios intentos de institucionalizar diversas formas de democracia política, especialmente durante períodos revolucionarios (como por ejemplo, en determinados sectores de París a principios de 1790 o en determinados colectivos durante la Guerra Civil española). La mayoría de esos intentos gozó de una corta vida y normalmente no implementó una institucionalización de la democracia como una nueva forma de régimen político que reemplazara y no complementara al Estado. En otros casos se introdujeron reformas democráticas como complemento en la toma de decisiones de carácter local.   Quizá el único paralelismo real con la democracia ateniense es la que se practica en algunos cantones suizos que se gobiernan por asambleas populares (Landgemeinden) y que, en su día, fueron estados soberanos.   El único ejemplo histórico de una institucionalización de una democracia directa en la que durante dos siglos (de 508-507 a.C. a 322-321 d.C.) el Estado estuvo subsumido en una forma democrática de organización social, fue la democracia ateniense. Por supuesto la democracia ateniense fue una democracia política parcial. Pero lo que la caracteriza como parcial no eran las instituciones políticas en sí mismas, sino el estrecho concepto de ciudadanía que tenían los atenienses, una definición que excluía a grandes sectores de la ciudadanía (mujeres, esclavos, inmigrantes) que, de hecho, constituían la vasta mayoría del pueblo que vivía en Atenas.   La democracia económica   Si definimos la democracia política como la autoridad del pueblo (dêmos) en la esfera política —lo que implica la existencia de igualdad política en el sentido de una distribución igualitaria del poder político—, entonces la democracia económica puede ser definida en paralelo como la autoridad del dêmos en la esfera de lo económico —lo que implica la existencia de una igualdad económica en el sentido de un igualitario reparto de poder económico. Y por supuesto, estamos hablando del dêmos y no del Estado, porque la existencia del estado implica la separación del cuerpo social de los procesos políticos y económicos. Por lo tanto, la democracia económica tiene que ver con todos los sistemas sociales en que se institucionaliza la integración de la sociedad y la economía. Lo que significa en última instancia el control por parte del dêmos de los procesos económicos, dentro de un marco institucional de propiedad democrática de los medios de producción.   En un sentido más estricto, la democracia económica también se refiere a todos y cada uno de los sistemas sociales que institucionalizan la minimización de las diferencias socioeconómicas, particularmente aquellas que acrecientan la distribución desigual de la propiedad privada y, por lo tanto, de los ingresos y las riquezas. Históricamente fueron los socialistas los que, en sentido estricto, intentaron introducir este tipo de democracia económica. Y en contraste con la institucionalización de la democracia política, nunca ha habido un ejemplo correspondiente de una institucionalización de una democracia económica en el estricto sentido que hemos definido más arriba. En otras palabras, incluso cuando los intentos socialistas de reducir el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos y la riqueza tuvieron éxito, nunca estuvieron asociados a intentos significativos de establecer un sistema de distribución igualitaria del poder económico. Éste ha sido el caso, a pesar del tipo de sociedad en que haya emergido desde la implantación de la economía de mercado, del trasvase de la economía desde la esfera de lo público a lo que Hannah Arendt ha denominado “esfera de lo social”, a la que también pertenece el concepto de nación-estado. Y es precisamente este trasvase lo que hace que hablar de democracia sin hacer referencia al poder económico sea una falacia. En otras palabras, hablar hoy en día de compartir igualitariamente el poder político sin condicionar el reparto igualitario del poder económico es un sinsentido.   “La eficiencia debe ser redefinida para satisfacer las necesidades humanas básicas y no sólo las respaldadas por el dinero”   En línea con los puntos definidos anteriormente para una democracia política, una democracia económica tiene que cumplir las siguientes condiciones para que sea caracterizada como tal:   1) Que no haya procesos de institucionalización económica de naturaleza oligárquica. Esto significa que todas las decisiones macro, es decir, las decisiones que conciernen a la dirección de la economía como un todo (niveles de producción, consumo e inversión, cantidad de fuerza de trabajo empleada y de ocio disponible, tecnologías que deban implementarse, etc.) tienen que ser adoptadas por el cuerpo social en su conjunto, colectivamente y sin representación, aunque las decisiones micro en los lugares de trabajo o en el ámbito doméstico sean tomadas en el ámbito individual de las unidades de producción o consumo.   2) Que no se institucionalicen estructuras económicas que conlleven relaciones desiguales de poder económico. Esto implica que los medios de producción y de distribución sean poseídos y controlados colectivamente por el dêmos, el cuerpo social, directamente. Cualquier desigualdad de ingresos será por lo tanto resultado de trabajo adicional voluntario a nivel individual. Ese trabajo adicional, más allá del requerido a cualquier miembro de la sociedad para la satisfacción de sus necesidades básicas, permitirá solamente mayores tasas de consumo, ya que no sería posible una acumulación de capital a nivel individual ni que se heredara la riqueza fruto de ese trabajo individual adicional. Así, la propiedad popular de la economía facilita la estructura económica que posibilita una forma de propiedad democrática, donde la participación ciudadana directa en las decisiones económicas sirve de marco para un control democrático efectivo de la economía. Por lo tanto, la comunidad se convierte en la auténtica unidad de la vida económica, ya que la democracia económica todavía no es factible hoy en día hasta que la posesión y el control de los recursos productivos estén organizados a nivel comunitario. Y así, al contrario que en otras definiciones de democracia económica, la definición aquí brindada supone la explícita negación del poder económico e implica la autoridad del pueblo en la esfera de lo económico. En este sentido, la democracia económica es la contraparte, así como los cimientos, de la democracia directa de una democracia incluyente en general.   Un modelo de economía económica, como parte integral de una democracia incluyente, se detalla en la primera descripción a tamaño libro de La democracia incluyente y fue publicado en 19971. En breve, las características dominantes de este modelo, que se diferencia de modelos similares de planificación centralizada y descentralizada, consisten en que, a pesar de todo, no dependen previamente de la abolición de la escasez y aseguran la satisfacción de las necesidades básicas de todos los ciudadanos sin sacrificar específicamente la libertad de elección en una economía sin Estado, dinero o mercado. Las condiciones previas de una democracia económica se definen a continuación: auto dependencia comunitaria; propiedad comunitaria (popular) de los procesos productivos y reparto confederal de los recursos.   En particular la tercera condición implica que los mecanismos de decisión para el reparto de los recursos escasos en una democracia incluyente deberían remitir al ámbito más confederal que comunitario, esto es, al nivel de las comunidades confederadas. Se trata de tener en cuenta el hecho de que en las sociedades actuales muchos problemas no pueden ser resueltos a nivel de comunidad (energía, medio ambiente, transportes, comunicaciones, transferencias de tecnología, etc.). Hay que repartir los recursos escasos reemplazando tanto los mecanismos de mercado como los de planificación centralizada.   Lo primero a lo que nos hemos referido se rechaza al poderse demostrar que el sistema de economía de mercado ha conducido, en los doscientos años posteriores a su establecimiento, a una continua concentración de los ingresos y de la riqueza en manos de un pequeño porcentaje de la población mundial. Y esto se debe a que en una economía de mercado el reparto de las decisiones de carácter crucial (qué producir, cómo y para quién producirlo) está condicionado al poder de compra de los grupos que pueden sostener sus demandas con dinero. En otras palabras, en condiciones de desigualdad, que es el corolario inevitable de la dinámica de la economía de mercado, la contradicción fundamental radica en la imposibilidad de resolver las necesidades humanas mediante la economía de mercado. O sea, la contradicción se da entre la satisfacción potencial de las necesidades básicas de toda la población y la verdadera satisfacción de la demanda basada en dinero de parte de ella.   Lo segundo a lo que hemos hecho mención se rechaza al poderse demostrar que la planificación centralizada, aunque mejor que la economía de mercado a la hora de asegurar el empleo y garantizar las necesidades básicas de la población (si bien a nivel elemental), no sólo conduce al irracionalismo (lo que eventualmente precipitó su colapso) sino que es inefectiva a la hora de cubrir las necesidades no básicas, y, además, profundamente antidemocrática.   “Una democracia efectiva es inconcebible si el tiempo libre no se distribuye de forma igualitaria entre los ciudadanos”   El sistema de reparto propuesto por el proyecto Democracia Incluyente se dirige a la vez a: 1) satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos, lo que requiere que las bases sobre las que se toman las decisiones macroeconómicas sean democráticas; 2) asegurar la libertad de elección, lo que requiere que los individuos tomen importantes decisiones que afectan a su propia vida (qué trabajo elegir, qué consumir, etc.)   Tanto las decisiones macroeconómicas como las decisiones individuales deben ser implementadas a través de mecanismos combinados de planificación democrática —lo que conlleva la creación de mecanismos de feedback entre asambleas realizadas en los lugares de trabajo y asambleas a nivel comunitario o confederal— y de un mercado “artificial” que asegure verdaderamente la libertad de elección, sin incurrir en los efectos adversos que produce la economía basada en un sistema real de mercado. Para resumir, el reparto de los recursos económicos se hace, en primer lugar, sobre la base de la decisión colectiva de los ciudadanos, como se expresa en los planes comunitarios y con-federales, y, en segundo lugar, sobre la base de la capacidad de elegir que se sustancia a través de un sistema de bonos o vales.   El criterio general para la distribución de recursos no está basado en la eficiencia como se entiende comúnmente, en términos tecno-económicos. La eficiencia debe ser redefinida para satisfacer las necesidades humanas básicas y no sólo las respaldadas por el dinero. En lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas, hay que distinguir entre necesidades básicas y las que no lo son y también, similarmente, entre necesidades y satisfacientes (la forma o el contenido mediante el cual se satisfacen tales necesidades). Lo que constituye una necesidad —básica o de otro tipo— debe ser definido por los propios ciudadanos democráticamente. De esa forma, el nivel de satisfacción de las necesidades es determinado colectivamente e implementado a través de un mecanismo de planificación democrática, que dictamina las preferencias al respecto de los consumidores y que se sustanciaría en el uso de bonos o cupones para intercambiar los frutos de su trabajo básico y no básico. El sistema de Bonos Básicos (BB) se destinaría a intercambiar trabajo básico en base a las horas de trabajo que un ciudadano invierte en un oficio de su elección para satisfacer sus necesidades básicas. Esos bonos, que son personales y emitidos por las confederaciones, permiten a cada ciudadano alcanzar un nivel determinado de satisfacción para cualquier tipo de necesidad que haya sido —democráticamente— caracterizada como básica, pero no especifica el tipo particular de satisfaciente, para que así se pueda garantizar la elección.   Los Bonos No Básicos (BBN) se utilizarían para satisfacer las necesidades no básicas (consumo no esencial), así como para la satisfacción de las necesidades básicas en niveles por encima de lo establecido por la comunidad.   Los BBN, como los BB, son también personales pero los emite cada comunidad, no cada confederación. El trabajo de los ciudadanos en base al número de horas es algo voluntario y da derecho a los BBN, que permiten la satisfacción de necesidades no básicas. Los precios en ese sistema, en lugar de reflejar la escasez relativa a un modelo sesgado en base a los ingresos y la riqueza (como en el sistema de economía de mercado), funcionan como mecanismos de racionamiento a la hora de equilibrar las necesidades con los deseos de la ciudadanía, es decir, como guías para asignar y repartir los recursos democráticamente. Por lo tanto, los precios, en lugar de ser la causa del racionamiento —como en el sistema de libre mercado— se convierten en su efecto y se les asigna el papel de igualar la oferta con la demanda en un mercado “artificial” que asegura la soberanía tanto de los consumidores como de los productores. Los precios que se forman de esta manera junto con un complejo “índice de deseabilidad” trazan las bases donde se sustentan las preferencias de los ciudadanos, así como el tipo de trabajo que los ciudadanos deseen elegir; determinan la tasa de remuneración para el trabajo no básico, en lugar de la tasa “objetiva” sugerida por la teoría del valor basada en el trabajo.   Como la breve descripción del modelo de democracia económica esbozada más arriba pone de manifiesto, el proyecto de una democracia incluyente remite a una economía política internacional que trasciende tanto la economía política del Estado socialista, como la que se practicó en los países del llamado “socialismo real” de Europa del Este, como la economía política de la economía de mercado, sea en su forma mixta de consenso socialdemócrata sea en su forma actual neoliberal.   Democracia en la esfera social   La satisfacción de las condiciones expuestas más arriba para una democracia política y económica podrían representar la reconquista de las esferas política y económica por parte de lo público, esto es, la reconquista de una verdadera individualidad social, la creación de las condiciones de libertad y de autodeterminación, tanto a nivel político como económico. No obstante, los poderes político y económico no son las únicas formas de poder y, por consiguiente, una democracia política y una económica no aseguran por sí mismas una democracia incluyente.   En otras palabras, una democracia incluyente es inconcebible mientras no extienda su área de influencia hasta abarcar toda la esfera de lo social, como el lugar de trabajo, la familia, las instituciones educativas y cualquier institución económica o cultural que constituya parte de esa área de influencia.   Históricamente se han introducido varias formas de democracia en la esfera de lo social, particularmente durante este siglo, normalmente durante períodos de actividad revolucionaria. Sin embargo, esas formas de democracia no sólo fueron de corta vida, sino que rara vez se extendieron fuera del ámbito del lugar de trabajo (por ejemplo durante la instauración de los consejos obreros de los trabajadores húngaros en las revueltas de 1956) y de las instituciones educativas (durante las asambleas de estudiantes de Mayo del 68).   “Una sociedad ecológica es imposible sin democracia económica”   Hoy en día la cuestión radica en cómo extender la democracia a otras formas de organización social como el hogar, sin disolver la división entre la esfera de lo público y lo privado. En otras palabras, en cómo, manteniendo y reforzando la autonomía de esas dos áreas, podría implementarse ese tipo de reformas institucionales en el seno de la familia y, al mismo tiempo, reforzar también la adopción de medidas democráticas económicas y políticas. De hecho, una democracia efectiva es inconcebible si el tiempo libre no se distribuye de forma igualitaria entre los ciudadanos, y eso es algo que no puede lograrse mientras las actuales condiciones jerárquicas que se establecen en el hogar, en la familia y en el lugar de trabajo persistan. Es más, la democracia en la esfera de lo social, particularmente en la esfera de lo familiar, será algo imposible hasta que se lleven a cabo determinados acuerdos de naturaleza institucional que reconozcan el carácter del hogar como satisfaciente de necesidades y se integren los cuidados y los servicios que se dan dentro de ese marco familiar en el marco general de la satisfacción de las necesidades.   Democracia ecológica   Si contemplamos la democracia como un proceso de auto institucionalización en el cual no haya ningún código de conducta humana de origen “divino” u objetivamente definido, no hay garantía de que una democracia incluyente asegure una democracia ecológica en el sentido definido anteriormente. Por lo tanto, el reemplazamiento de la economía de mercado por un nuevo marco institucional de democracia incluyente constituye sólo la condición necesaria para una armoniosa relación entre el mundo natural y el social. La condición suficiente se refiere al nivel de conciencia ecológica de los ciudadanos. El cambio radical en el paradigma social dominante que seguirá a la institución de una democracia incluyente, combinado con el decisivo papel que jugará la paideia en el campo de un marco institucional medioambiental positivo, podría razonablemente esperarse que conduzca a un cambio radical en la actitud humana ante la Naturaleza. En otras palabras, hay base suficientemente sólida para creer que las relaciones entre democracia incluyente y Naturaleza van a ser mucho más armoniosas que las que se puedan alcanzar en una economía de mercado o en otra basada en un socialismo de Estado.   Los factores que respaldan este aserto se refieren a los tres elementos de la democracia incluyente: político, económico y social.   A nivel político, hay base para creer que la creación de un espacio público por sí mismo tendrá un efecto importante en reducir el atractivo del materialismo. Porque el espacio de lo público facilitará una nueva forma de contemplar la vida y llenará el vacío existencial que crea la actual sociedad consumista. La comprensión de lo que podríamos denominar como humano podría razonablemente reintegrarnos armónicamente con la Naturaleza.   También a nivel económico, no es accidental que históricamente el proceso de destrucción masiva del medio ambiente haya coincidido con el proceso de mercantilización de la economía. Dicho de otra manera, la emergencia de la economía de mercado y el consecuente crecimiento económico han tenido una repercusión crucial en las relaciones sociedad- Naturaleza y han conducido a una ideología del crecimiento como paradigma social dominante. Así fue como se hizo dominante una visión instrumentalista de la Naturaleza en la que ésta era vista como un mero instrumento para el crecimiento de la economía dentro de un proceso infinito de concentración del poder. Si asumimos que sólo una sociedad confederal puede asegurarnos un democracia incluyente hoy en día, sería razonable asumir que una vez que la economía de mercado sea reemplazada por una economía llevada desde una perspectiva confederal, la dinámica de crecimiento o muerte de la primera opción será sustituida por una nueva dinámica social de la segunda opción: un proyecto dinámico de satisfacer las necesidades de la comunidad en lugar de una dinámica del crecimiento per se. Si la satisfacción de las necesidades de la comunidad ya no dependieran, como hasta ahora, de la continua expansión de la producción para cubrir las “necesidades” que crea el mercado, y si se restauraran los vínculos entre economía y sociedad, entonces no habría razón por la cual la actual concepción instrumentalista de la naturaleza debería seguir condicionando la conducta humana.   Es más, la democracia en una esfera social más amplia debería ser razonablemente entendida como medioambientalmente responsable. El fin de las relaciones patriarcales en la familia y de las relaciones jerárquicas en general debería crear un nuevo êthos de no dominación que abarcaría tanto la Naturaleza como la Sociedad. En otras palabras, la creación de condiciones democráticas en el ámbito de lo social debería constituir un paso decisivo en la creación de una condición suficiente para una relación armoniosa Naturaleza-Sociedad.   Finalmente, el hecho de que la unidad básica de la vida social, económica y política en una democracia confederal sea la comunidad tenderá también a reforzar el carácter armonioso de las relaciones con el medio ambiente. Es razonable asumir —y la evidencia del sustantivo éxito de las comunidades en salvaguardar su medio ambiente es abrumadora— que, cuando la gente confía directamente en su medio local para asegurar su subsistencia, desarrolla un íntimo conocimiento de su medio que afecta indefectiblemente a su comportamiento positivo hacia el mismo. No obstante, las condiciones previas para que el control local del medio ambiente sea efectivo consisten en que la comunidad dependa de su medio natural para su subsistencia a largo plazo y eso redunda, lógicamente, en un interés directo en preservarlo. Otra razón que pone de manifiesto que una sociedad ecológica es imposible sin democracia económica.   Un nuevo concepto de ciudadanía   Las condiciones para una verdadera democracia que se han expuesto más arriba implican un nuevo concepto de ciudadanía: económica, política, social y cultural. De este modo, la ciudadanía política supone nuevas estructuras políticas y el retorno a las concepciones clásicas de la política, la democracia directa. La ciudadanía económica implica nuevas estructuras económicas de propiedad comunitaria y de control de los recursos económicos (democracia económica). La ciudadanía social implica estructuras de dirección autogestionadas en el lugar de trabajo, democracia en el hogar y nuevas políticas de bienestar mediante las cuales todas las necesidades básicas (que se determinan democráticamente) son cubiertas mediante los recursos de la comunidad, ya sean satisfechas a nivel del hogar o de la propia comunidad. Finalmente, la ciudadanía cultural implica nuevas estructuras democráticas de diseminación y control de la información y la cultura (medios de comunicación, arte...) que permitan a cada miembro de la comunidad tomar parte en el proceso y, al mismo tiempo, desarrollar sus capacidades y potencialidades culturales.   “En la ciudadanía democrática el activismo político no es un medio para conseguir un fin, sino un fin en sí mismo”   Aunque este sentido de ciudadanía suponga un sentido de comunidad política, que definido geográficamente coincide con la unidad fundamental de la vida política, económica y social, se sigue asumiendo que esta comunidad política se entrelaza con otras varias formas de comunidad (cultural, profesional, ideológica, etc.). Por lo tanto, ese acuerdo entre comunidad y ciudadanía no descarta diferencias culturales o de otro rango basadas en género, edad o etnia, sino que simplemente facilita el espacio público donde esas diferencias puedan ser expresadas. Es más, ese tipo de acuerdo institucionaliza diversas válvulas de escape que posibilitan que las mayorías rechacen la marginalización que produce tales diferencias. Lo que une al pueblo en una comunidad política, o en una confederación de comunidades, no es un juego de valores comunes impuestos por una ideología nacionalista, un dogma religioso, una creencia mística o una interpretación objetiva de la evolución social, sino las instituciones y las prácticas democráticas adoptadas por los propios ciudadanos.   Es obvio que este nuevo concepto de ciudadanía tiene muy poco en común con las definiciones liberales o socialistas de ciudadanía, que están vinculadas con las concepciones liberales o socialistas, respectivamente, de los derechos humanos. Así, para los liberales, el ciudadano es simplemente el portador individual de ciertas libertades y derechos políticos reconocidos por las leyes, que, supuestamente, aseguran una distribución igualitaria del poder político. Para los socialistas, el ciudadano es el portador no sólo de derechos políticos, sino también de una cierta clase de derechos sociales y económicos, ya que para los marxistas el concepto de ciudadanía está vinculado con la posesión colectiva de los medios de producción. El concepto de ciudadanía que se adopta aquí, que podemos denominar ciudadanía democrática, está basado en la definición que hemos dado de la democracia incluyente y presupone un concepto “participativo” de la ciudadanía activa, como el que se halla implícito en la obra de Hannah Arendt. En esa concepción, el activismo político no es un medio para conseguir un fin, sino un fin en sí mismo.   Es, por lo tanto, obvio que esa concepción de ciudadanía es cualitativa-mente diferente de la concepción liberal y socialdemócrata que adoptó una visión “instrumentalista” de la ciudadanía, es decir, una visión que implica que la ciudadanía provee a los ciudadanos de ciertos derechos que pueden ejercer como medio para conseguir un fin de bienestar individual.     (Traducción del inglés de Alfonso Ormaetxea)   * Este artículo es una reproducción de unos de los capítulos de Towards an Inclusive Democracy (Londres y Nueva York, Cassell Continuum, 1997) y constituye la entrada de “Democracia incluyente” de la Routledge Encyclopedia of International Political Economy (Barry Jones, 2001). Nacido en Grecia y crecido en Londres, Takis Fotopoulos es autor del libro Hacia una democracia inclusiva (Uruguay, Editorial Nordan, 2002) y escritor y editor de la revista Democracy and Nature, The International Journal of Inclusive Democracy, que reúne un bien desarrollado cuerpo de conocimiento sobre la democracia incluyente y sus aplicaciones centrándose en aspectos cruciales como la estrategia de la transición hacia una democracia incluyente, la relación entre la ciencia y la tecnología con la democracia, el significativo ascenso del irracionalismo respecto al proyecto democrático, las interrelaciones entre cultura, medios de comunicación y democracia y las divisiones de clase. Para más información consulte el sitio web http://www.inclusivedemocracy.org y http://www.democracynature.org/dn/index.htm.   REITEGRAR LA SOCIEDAD CON LA POLÍTICA   En este artículo, en primer lugar, se describen los principales síntomas del fenómeno conocido como “crisis de la política” y se analizan sus causas fundamentales. Se argumenta que esta crisis tiene su origen en la propia concepción y fundación del estado “democrático” representativo y se ha agudizado en las últimas décadas debido al “consenso neoliberal”, que se ha convertido en hegemónico en todo el mundo, y al fracaso paralelo de la socialdemocracia. En este contexto, se pone de manifiesto la necesidad de recuperar la política, recobrando el significado de la democracia a través de una nueva concepción de la misma. Finalmente, se formulan una serie de requisitos que debería cumplir una estrategia para reintegrar la sociedad con la política y se presentan brevemente las tácticas que, a tal efecto, sugiere el proyecto de la Democracia Inclusiva.   ¿Desafección... a qué política?   La desafección de la ciudadanía hacia las instituciones políticas dominantes es hoy un fenómeno conocido en todo el mundo. Habitualmente, entre el treinta y el sesenta por ciento de las personas, en la mayoría de los países, no vota. La abstención electoral ha tendido al alza en las últimas décadas, alcanzando numerosos récords históricos, particular-mente en Europa y en los Estados Unidos (1).   También aumentan, por regla general, el voto en blanco y el voto nulo (2), mientras que el porcentaje de ciudadanos afiliados a un partido político disminuye considerablemente (3). Cataluña no es una excepción en estas tendencias: la insatisfacción con la "política" se situaba recientemente en su máximo histórico (4) y en las últimas elecciones al Parlamento el número de personas que ha optado por la abstención ha sido casi el doble del número de votos obtenidos por el partido preponderante (5). Resulta evidente que todos estos síntomas caracterizan una "crisis de la política" que pone de manifiesto que muchas personas perciben, en la mayoría de casos intuitivamente, que la participación que nos ofrece el sistema político actual es baladí en el mejor de los casos y un engaño en el peor.   Esta es la razón por la cual o bien no vamos a votar o bien acudimos a las urnas con poco convencimiento y con una gran dosis de desconfianza y escepticismo. Sin embargo, esta desafección hacia lo que se hace pasar oficialmente por "política" no debe entenderse como una apatía política general. El descrédito de las instituciones políticas dominantes tiene su reverso positivo en un claro aumento de la participación política de otro tipo. Buena muestra de ello es la emergencia de diversos movimientos sociales y la multiplicación de las incitativas y colectivos de carácter político desde mediados de los años 90 (6). Así, es probable que la pregunta que lanzan un grupo de activistas y escritores barceloneses tenga una respuesta afirmativa: "Sin embargo, la exclusividad del sistema de partidos, el bloqueo con el que aplacan la vida pública, no habrá sido fuente renovada de acción colectiva, de movimientos sociales con una fuerte autonomía respecto -precisamente-al sistema de representación? "(7). En efecto, hoy en día, podemos afirmar sin mucho riesgo a equivocarnos que existe una reacción creciente en contra de la miseria de lo que se hace pasar por "política" y en busca de una participación política real. Y no es extraño que sea así, ya que, como veremos a continuación, la política, que en su significado original hace referencia a la deliberación y la decisión de los ciudadanos sobre los asuntos de la esfera pública, se encuentra profundamente adulterada y degradada bajo los marcos de la "democracia" representativa y la economía de mercado capitalista.   La fundación de la "democracia" representativa.   Para comprender las causas de la crisis del sistema político actual puede resultar provechoso que hagamos una retrospectiva histórica, remontándonos al último cuarto del siglo XVIII, cuando los "Padres Fundadores" de la constitución de los EEUU, literalmente inventaron el sistema político dominante en la actualidad: la "democracia" representativa. Hasta entonces, el término democracia tenía el significado clásico de soberanía del pueblo, en el sentido del ejercicio directo del poder por parte del demos, el conjunto de la ciudadanía. Este significado, como es bien sabido, nació en la antigua Grecia, cuando se desarrolló un régimen político en el que los ciudadanos tenían igualdad de voz (isegoria) e igualdad de voto para decidir directamente sobre los asuntos públicos a través de la ekklesía (asamblea popular), hablando previamente en las reuniones deliberativas que se sucedían constantemente en el ágora (plaza). La democracia ateniense, sin embargo, no era ninguna panacea: en primer lugar, era parcial ya que sólo abarcaba el ámbito político y, en segundo lugar, era exclusiva debido a la restrictiva definición de la ciudadanía adoptada entonces, que excluía a inmigrantes, mujeres y esclavos de la condición de ciudadanos (8). Sin embargo, entre aquellos que eran considerados ciudadanos, el sistema de la antigua Grecia constituía una auténtica democracia en el ámbito político, en el sentido de que todos los que gozaban de la condición de ciudadanía podían participar igualitaria y directamente en la toma de decisiones sobre la esfera pública.   Veintidós siglos después de la fundación de la democracia ateniense, cuando el sistema de economía de mercado capitalista se estaba estableciendo en EEUU, los Padres Fundadores de la constitución estadounidense consideraron completamente inaceptable este ejercicio directo del poder que implicaba la concepción clásica de la democracia, ostensiblemente, porque instituía el poder de la "turba" y era "incompatible con la seguridad personal y los derechos de propiedad" (J. Madison). Sin embargo, el verdadero objetivo de los "Padres Fundadores" era diseñar un sistema político en el que la ciudadanía no pudiera ejercitar directamente el poder político a fin de evitar lo que ello presumiblemente conllevaría: la toma de decisiones políticas diametralmente opuestas a los intereses de las élites económicas que se estaban formando; decisiones como podían ser, por ejemplo, unos impuestos fuertemente progresivos, la abolición de las deudas, la redistribución de la propiedad o cualquier otro proyecto que, en sus mismas palabras, fuera "disparatado y pernicioso". Dicho de otra manera, la institución de la "democracia" representativa fue concebida como un complemento funcional del sistema de la economía de mercado capitalista que estaba emergiendo: para mantener los privilegios de la oligarquía económica era necesaria una forma de oligarquía política, es decir, un aparato político centralizado y separado de la ciudadanía. No es extraño, así, que Adam Smith, como otros filósofos liberales, se esforzara en destacar que la principal tarea del gobierno era la defensa de los ricos frente a los pobres, esto es, la perpetuación de la desigualdad que el sistema de la economía de mercado capitalista tiende a multiplicar. De esta manera nació, junto con la economía de mercado capitalista, un nuevo sistema político que empleaba el término "democracia" cambiando su completamente su significado: en vez de significar el ejercicio directo del poder político por parte del conjunto de la ciudadanía, la nueva manera de utilizar el término "democracia" significaba la reasignación de ese poder y su transferencia, a través de las elecciones, a una élite política. La génesis histórica de la "democracia" representativa desvela, por tanto, que la desafección contemporánea hacia este sistema no es fortuita, sino que puede ser razonablemente atribuida a que el propio sistema ha sido concebido para alejar la población de la actividad política, y al mismo tiempo, eso si, pretender que esta concurra a las urnas cuando procede, para enmascarar la oligarquía política y económica y justificar aparentemente el sistema calificándolo de "democrático".   La modernidad neoliberal y el fracaso de la socialdemocracia   Pero también en la historia reciente podemos observar algunos procesos significativos que explican el agravamiento de la "crisis de la política" que se ha producido en los últimos 40 años. La progresiva internacionalización de la economía de mercado (el resultado inevitable de la dinámica de "crecer o morir" propia de este sistema) requirió, a partir de 1970, la apertura y liberalización de los mercados y la retirada de los controles sociales y la intervención estatal activa sobre la economía nacional (9).   Esto ha dado lugar a que, especialmente en el último cuarto del siglo XX, las políticas de todos los partidos hayan ido confluyendo en el que se ha llamado el "consenso neoliberal", una orientación política que responde directamente a las necesidades de expansión internacional y mercanti-lización del sistema y los intereses de las élites transnacionales que lo controlan y de él se benefician. De esta manera, las viejas diferencias ideológicas entre la izquierda y la derecha han ido disminuyendo hasta casi desaparecer y las elecciones se han convertido en concursos de belleza entre personajes "carismáticos" y las maquinarias de los partidos que los apoyan, que pugnan entre ellos por atraer la atención del electorado, para implementar políticas que constituyen ligeras variantes de una misma tendencia: maximización de la libertad de las fuerzas del mercado a expensas del estado del bienestar (que es constantemente erosionado) y del compromiso estatal con el pleno empleo (que ha sido irrevocablemente abandonado).   Así, la socialdemocracia, es decir, la estrategia de transformación social que aboga por la conquista del poder del estado como forma de implementar reformas políticas (introducir controles sociales sobre los mercados, aumentar la protección del empleo, redistribuir las rentas , socializar la propiedad, etc.) que gradualmente conducirían hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre, ha fracasado estrepitosamente a lo largo del siglo XX: si primero los socialdemócratas perseguían reformas parciales del sistema como pasos graduales hacia el socialismo, se conformaron después con el bienestar y el pleno empleo en el capitalismo y finalmente, en las últimas décadas, han aceptado la reducción gradual del primero y el fracaso total de la segunda, convirtiéndose en parte constitutiva del consenso neoliberal. Esta inoperancia de la socialdemocracia también ha contribuido, de forma justificada, al actual descrédito de la "política" estatista, ya que cada vez más personas han captado la ineficacia de este tipo de "política" para hacer frente a problemas fundamentales como el paro masivo, la pobreza, la creciente concentración de ingresos y riqueza y la continua destrucción del medio ambiente.     Una nueva candidatura para una vieja estrategia   A pesar de la palmaria crisis de lo que se hace pasar por "política" y el fracaso histórico de la estrategia socialdemócrata, en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña se ha presentado un renovado intento de llevar a cabo la vieja estrategia socialdemócrata: la candidatura Desde Abajo, una coalición de organizaciones socialistas estatistas que alega que los movimientos sociales críticos necesitan "construir una alternativa en el terreno político"-dando a entender así, en connivencia con la concepción "democrática" estatista de la política , que el ámbito político es una prerrogativa del Parlamento. Según el análisis que se desprende de las declaraciones de Desde Abajo, la degradación histórica de la social-democracia se debe únicamente a que las personas que representaban posiciones de izquierdas en los órganos de gobierno han abdicado de sus principios: se han dejado llevar por la corriente a medida que subían en la estructura estatal y han claudicado ante los intereses y presiones de las élites dominantes. Así pues, los miembros de Desde Abajo se proponen emprender un camino análogo al de sus antecesores pero, como no podría ser de otra manera, sugieren que en caso de llegar a posiciones parlamentarias, se mantendrán firmemente aplicando las reformas que actualmente propugnan (controles sociales sobre el mercado, combatir la precariedad laboral, reducir la jornada de trabajo, subir el salario mínimo a 1.200 euros, invertir en servicios públicos, defender los derechos de todos los que viven y trabajan aquí, etc.)   Sin embargo, como se ha mostrado detalladamente en otros lugares (10), la forma que la economía de mercado ha adoptado en la actualidad, lo que podemos llamar la "internacionalización neoliberal", es fundamentalmente la consecuencia de un proceso histórico dinámico que deriva de las estructuras del propio sistema. La perversidad de los partidos neo- liberales y la degradación de los partidos socialdemócratas no son, como supone la candidatura Desde Abajo, la causa última de la actual forma neoliberal de la modernidad, sino su consecuencia. Dicho en otras palabras, las políticas neoliberales no son una cuestión de elección por parte de las élites políticas, sino una necesidad de vida o muerte para el sistema que estas élites administran: la economía de mercado capitalista. Este sistema, basado en la expansión constante de la producción y el consumo a través de una creciente mercantilización e internacionalización de la economía, empuja cada una de sus partes (Estados, empresas, etc.) a adoptar sus imperativos estructurales .   Durante un breve interludio en el proceso de mercantilización (1930-1970) y fruto de la intensificación de la lucha social se pudieron introducir ciertos controles sociales sobre el mecanismo de mercado que condujeron al advenimiento del estado del bienestar (protección laboral, medidas para el pleno empleo, servicios públicos, etc.). Estos controles eran factibles en ese momento debido al bajo grado de internacionalización de la economía, a la elevada productividad, a la facilidad para alcanzar el crecimiento económico de mediados del siglo XX (la época "dorada" del capitalismo) y al hecho de que los mercados aún no estaban abiertos al nivel en que lo están hoy en día. La socialdemocracia logró su punto álgido durante este periodo: los partidos socialdemócratas llegaron al poder en muchos países (Inglaterra, Alemania, Francia, Italia etc.) Y un programa basado en el "consenso socialdemócrata" fue dominante en todo el mundo Occidental. Sin embargo, desde los años 70 del siglo pasado, la internacionalización de la economía y la necesidad de liberalizar los mercados para maximizar el crecimiento económico, han ido imponiendo en todo el mundo, con fuerza creciente, la supresión y la erosión de las políticas social-demócratas que caracterizaban el estado del bienestar.   Los imperativos sistémicos han resultado cada vez más incompatibles con las políticas socialdemócratas que, de esta manera, se han vuelto cada vez más utópicas y, sus antiguos defensores, en la medida en que han querido mantener su trabajo dentro del partido y / o dentro el aparato estatal, han ido abandonando progresivamente las ideas socialdemócratas y adaptando su programa político a las exigencias del sistema en el que habían decidido participar. Es por ello que es ingenuo analizar el fracaso histórico de la socialdemocracia como si su causa fundamental fuera la claudicación de las personas, que han traicionado sus principios, sin entender que esta claudicación era imprescindible para continuar participando en un sistema en el que el estrategia socialdemócrata siempre ha abogado por participar.   Por otra parte, la estrategia de conquistar el poder del estado para llevar a cabo el cambio social no sólo es utópica, especialmente hoy en día, sino que es indeseable desde el punto de vista de construir una nueva forma de organización social basada en la recuperación de la política y en la creación de instituciones realmente democráticas (el tema de los siguientes apartados). En efecto, un principio básico de cualquier estrategia liberadora debería ser la correspondencia entre los medios y los fines. En otras palabras, "no se puede combatir la alienación a través de medios alienantes" (Internacional Situacionista). No podemos pretender avanzar hacia una nueva sociedad realmente democrática y horizontal utilizando medios oligárquicos y verticales como son la gerencia del poder político concentrado en el aparato estatal. La historia también corrobora las nefastas consecuencias que ha tenido obviar este principio de la correspondencia entre los medios y los fines: la estrategia socialista estatista, siempre que se ha llevado a cabo en su versión revolucionaria, ha dado lugar a nuevas estructuras jerárquicas, ya que "la vanguardia de la clase trabajadora” se convierte finalmente en la nueva élite dominante. En pocas palabras, si la transformación social es organizada por una minoría, y luego su programa es llevado a cabo por la misma, a través de estructuras alienantes como el estado "democrático" representativo, esta transformación social está destinada a acabar dando lugar a nuevas estructuras jerárquicas y no a una sociedad realmente democrática en la cual la haya sido abolida la concentración del poder.   Así pues, sólo pasando por alto la existencia de las dinámicas motrices e imperativas del sistema actual y las lecciones que nos proporciona la experiencia histórica se puede concebir que es factible y deseable en la actualidad llevar a cabo cambios sociales importantes manteniendo el funcionamiento de las estructuras estatales. La crisis de la "política", así como el resto de facetas de la crisis generalizada de hoy en día, no se puede superar en connivencia con el sistema de la "democracia" representativa, sino sólo a través de una nueva concepción de la democracia y una recuperación de la política. Esto nos lleva al tema del siguiente apartado.   Recobrar el significado de democracia   El vuelco del significado de "democracia" que efectuaron los Padres Fundadores de la constitución norteamericana se ha prolongado a lo largo de los últimos dos siglos en los que las instituciones y los agentes que defienden el régimen político de la modernidad capitalista (y también buena parte de sus supuestos críticos) han utilizado el término democracia para designar el actual estado "representativo". Sin embargo, un sistema en el que el poder es acumulado en pocas manos y en el que la ciudadanía no tiene la posibilidad de decidir directamente sobre los asuntos de la vida pública, es un sistema oligárquico, aunque se llame a sí mismo "democrático". Para recuperar la política tenemos que recobrar el significado de algunas palabras que, como democracia, han sido distorsionadas y desvirtuadas, provocando la confusión y, en consecuencia, socavando las posibilidades de emancipación. Por ello, debemos ser claros en este punto: democracia no significa otra cosa que el ejercicio directo del poder por parte de la ciudadanía, o lo que es lo mismo, la autodeterminación de la sociedad mediante la distribución igualitaria del poder entre todos sus miembros.   Otra manera en que últimamente se ha desvirtuado el significado de democracia, y que deriva de la anterior, es otorgándole un sentido meramente procedimental, tal como se desprende de las concepciones de "democracia participativa". Como ha mostrado acertadamente Castoriadis, "no es posible realizar una 'democracia procedimental' que no sea un fraude, si no se interviene profundamente sobre la organización de la vida social". Esto se debe a que los procedimientos verdaderamente democráticos son indisociables del conjunto de valores e instituciones igualmente democráticos con los que están correlacionados conformando "un régimen que se oriente hacia la autonomía social y personal (establecer las propias leyes)" (11) . Por ello, la llamada democracia participativa, que consiste en insuflar inyecciones de procedimientos democráticos en un régimen que es esencialmente oligárquico, en el mejor de los casos, puede servir como un empalagoso edulcorante del régimen actual y, en el peor, como un repulsivo de la aspiración democrática, ya que participando en estos procedimientos la ciudadanía no experimenta ninguna mejora sustancial en su vida ni se desarrolla una conciencia verdadera-mente democrática sino que más bien experimenta la impotencia y la incapacidad política a la que la relega el sistema oligárquico actual.   Crear un nuevo polo de poder popular   Si definimos la política como la actividad deliberativa y decisiva de los ciudadanos sobre los asuntos de la esfera pública, resulta evidente que, dado que las instituciones dominantes en la actualidad están diseñadas para usurpar y aplacar la actividad política, revivir la política en la actualidad pasa necesariamente por la creación de unas nuevas instituciones que permitan y fomenten esta actividad.   Como hemos visto anteriormente, la crisis de lo que se hace pasar por "política" hoy en día se debe a que la vida pública que el sistema dominante ofrece está vaciada de sentido, ya que los ciudadanos están institucionalmente incapacitados para ejercer un poder político efectivo. La inmensa mayoría de la gente del mundo carece precisamente de lo que más necesita para dirigir sus asuntos y resolver sus problemas: el poder. Hay que emprender, pues, un proceso de empoderamiento colectivo, por lo que es evidente que debemos abordar conscientemente la cuestión del poder.   Si bien la política, tal como la hemos definido, no existe siempre y en todas partes, sino que es el resultado de una creación histórico-social, lo que sí existe en toda sociedad es el poder político, esto es, la instancia o instancias instituidas que pueden emitir mandatos con autoridad. Pueden existir, ha habido y aquí esperamos que vuelva a haber, sociedades sin Estado, carentes de un aparato burocrático jerárquicamente organizado, separado de la sociedad y en posición de dominio respecto a esta. El Estado es una creación histórica fechable y localizable. Una sociedad sin tal Estado es posible, concebible y propugnable. Pero una sociedad sin instituciones explícitas de poder político es un absurdo, en el que cayeron Marx y muchos escritores anarquistas.   De poder (político, económico y social) hay en toda sociedad; el poder nunca puede ser eliminado. Ahora bien, lo que marca una diferencia crucial es cómo se encuentra distribuido ese poder. Si está distribuido de forma desigual, de manera que unos sectores de la sociedad dominan a los demás, hablamos de una sociedad heterónoma / oligárquica. Si está distribuido de forma igualitaria, de manera que todas las personas pueden participar directamente en la formulación de las leyes y la toma de decisiones que les afectan y de manera que se impide la dominación del ser humano sobre el ser humano, entonces hablamos de una sociedad autónoma / democrática. Es por ello que Biehl y Bookchin señalan acertadamente que "la adquisición de poder -poder popular-, lejos de ser antagónica a la libertad es una condición previa para la libertad. La política es el arte de obtener y utilizar el poder con el propósito de crear libertad [...]" (12)   Lo que resulta imperativo hoy en día no es, por tanto, impugnar el poder en sí mismo, sino impugnar su concentración y crear un nuevo polo de poder popular, esto es, un conjunto de instituciones y procedimientos que sustraigan progresivamente el poder acumulado que actualmente ostentan las élites y lo redistribuyan igualitariamente entre la ciudadanía para que juntos, de forma compartida y gradual, podamos retomar las riendas de nuestra vida. En este punto, aparece una pregunta clave: ¿cómo podemos efectuar este empoderamiento popular?   Requisitos de una estrategia para recuperar la política   Teniendo en cuenta todo lo que hemos observado hasta ahora, resulta evidente que una estrategia de transformación social que se proponga superar la crisis de lo que se hace pasar por "política" a través de una recuperación de la actividad política por parte de la ciudadanía , reviviendo la democracia con una nueva concepción de la misma y construyendo un nuevo polo de poder popular, debería cumplir los siguientes requisitos:   1) Impugnar explícitamente la "democracia" representativa. La estrategia debería mostrar públicamente que el estado "democrático" representativo es un régimen esencialmente oligárquico, y que esto provoca la aversión y la desconfianza generalizada hacia sus instituciones y agentes. En otras palabras, un objetivo de la estrategia debería ser que la actual desafección implícita e intuitiva hacia el sistema político establecido se vuelva cada vez más una impugnación explícita y consciente.   2) Proponer una nueva forma de organización social. Si nos falta una noción clara de qué tipo de sociedad deseamos y cómo podría funcionar, difícilmente podremos superar la actual forma de organización social y sus instituciones políticas ya que, tal como lo expresa Séneca, "ningún viento es favorable si no sabes a qué puerto vas ". Así, una estrategia para recuperar la política requiere del desarrollo de unas líneas generales que definan el cambio social deseado y ofrezcan una visión clara de la sociedad por la que luchamos. Obviamente, la nueva forma de organización social propuesta, a diferencia de la de hoy en día, no debería institucionalizar una separación entre la ciudadanía y la política, sino al contrario, institucionalizar su reintegración.   3) Unir los diversos sectores del potencial sujeto emancipador de hoy en día. Si el anhelo de auténtica participación política se canaliza hacia una pluralidad de pequeños grupos que emprenden prácticas y luchas de una sola cuestión, como sucede en la actualidad, resulta imposible la creación de un movimiento de emancipación social capaz de cambiar el sistema. Esta política de pequeños grupos y organizaciones sectoriales (sindicatos, colectivos ecologistas, cooperativas, etc.), Si bien puede conseguir que sus participantes aprendan otra forma de relacionarse, y logren palear su anhelo de participación política y, en algunos casos, mejoren sus condiciones de vida, resulta prácticamente inofensiva para el sistema dominante, y en todo caso, es incapaz de superarlo. Por lo tanto, la estrategia de transformación social para recuperar la política, aparte de satisfacer también las necesidades a las que responde la política de pequeños grupos (el anhelo de participación política, el aprendizaje de otro modo de relacionarse y la lucha por mejorar las condiciones de vida), debería ser capaz de atraer y unir todos los sectores que potencialmente forman la base de un nuevo sujeto emancipador y que actualmente, como hemos dicho, se encuentran disgregados en una pluralidad de luchas particulares esencialmente desconectadas. Para lograr esto, es necesario que la estrategia proporcione un camino común para salir de la crisis multidimensional (económica, política, social y ecológica) de hoy en día. De esta manera se podría crear un movimiento de transformación social basado en una multiplicidad de grupos y proyectos esencialmente unidos por un paradigma común, una visión compartida del cambio social deseado y articulados conscientemente a través de una estrategia de transformación social general.   El proyecto de la Democracia Inclusiva (DI) es una propuesta que cumple los tres requisitos mencionados. Está concebida, tal como hemos sugerido, para la creación de un amplio movimiento político que apunte explícitamente a un cambio sistémico, así como también a un cambio paralelo en nuestros sistemas de valores, por lo que no sólo intenta ofrecer una visión realista y deseable de una sociedad alternativa, sino también una estrategia a largo plazo y un programa a corto plazo que nos puede hacer avanzar hacia esta sociedad, comprendiendo un conjunto de medidas, luchas y proyectos que afectan a todos los ámbitos de la sociedad (económico, ecológico, social, cultural, político). Tácticas de la Democracia Inclusiva en el ámbito político Como es obvio, la descripción de la estrategia propuesta para la transición hacia una Democracia Inclusiva, con todas sus tácticas, sobrepasa con creces las limitaciones espaciales y temáticas de este artículo (13). En este apartado, sin embargo, presentaremos brevemente las tácticas de esta estrategia relacionadas con la reintegración de la sociedad y la política:   a) Organización para una Democracia Inclusiva. Al igual que para cultivar la tierra necesitamos, en primer lugar, herramientas adecuadas para labrarla y sembrar las semillas, para cultivar la transformación social hacia una Democracia Inclusiva necesitamos, en primer lugar, dotarnos de una herramienta indispensable: una Organización para la Democracia Inclusiva. Esta organización puede basarse en un conjunto de grupos locales y grupos de trabajo que compartan un doble objetivo: crear una nueva conciencia democrática (a través de la intervención política y de actividades culturales) y, simultáneamente, fomentar el afloramiento de las nuevas instituciones de democracia inclusiva (que pueden empezar a establecerse inmediatamente después de que un número significativo de personas en una zona particular hayan formado una base suficiente como para hacerlo). En otras palabras, esta Organización tiene la función de catalizar el movimiento de transición, impulsando la realización de las propuestas que siguen a continuación.   b) Educación Emancipadora. Las prácticas y virtudes necesarias para la actividad política, como cualquier forma de comportamiento civilizado, son el resultado de una formación cuidadosa. Por ello, la realización de actividades de educación emancipadora (grupos de estudio, coloquios de barrio, jornadas pedagógicas, universidades libres, etc.) Con el objetivo de promover el desarrollo de personas autónomas (es decir, capaces de actividad auto-reflexiva) es una de las funciones esenciales de la Organización para una Democracia Inclusiva lo largo de todo el proceso de transición. Los medios de comunicación alternativos (televisión, radio, prensa, boletines, etc.), naturalmente, también pueden desempeñar un papel crucial en la emergencia de un nuevo paradigma social democrático. c) Acción Directa. Las acciones directas (manifestaciones, campañas, huelgas generales, desobediencia civil, etc.) contra la globalización neoliberal y los graves recortes de libertades políticas, condiciones económicas y derechos sociales que se están sucediendo, pueden adoptar o bien un enfoque reformista (dando por sentado el sistema dominante y reivindicando algunas reformas) o bien un enfoque antisistémico (impugnando las instituciones dominantes y reivindicando un cambio sistémico). La participación de los activistas para una DI en acciones directas, obviamente, debería adoptar este segundo enfoque, mostrando las raíces sistémicas de la crisis multidimensional actual y proponiendo la construcción de una nueva forma de organización social, en concordancia con los objetivos del proyecto de la DI. En este sentido, la acción directa podría tener un papel importante en crear las condiciones de lucha cotidiana necesarias para la transición hacia esta nueva forma de organización social. Por ejemplo, la realización de campañas de impugnación de la "democracia" representativa en periodo electoral, dando la máxima visibilidad a las propuestas emergentes para recuperar la política, podría ser una buena forma de acción directa. (14)   d) Asambleas Demóticas/Confederales. Una vez que los grupos locales de la Organización para una Democracia Inclusiva hayan establecido procesos comunicativos y educativos entre la ciudadanía del lugar donde se encuentren, y se hayan efectuado algunas acciones directas de manera que se haya elevado el grado de conciencia anti-sistémica y de voluntad democrática, puede ser el momento adecuado para empezar a catalizar el proceso de formación de instituciones políticas "paralelas" basadas en la democracia directa. La más importante de estas instituciones es la Asamblea Demótica (15), es decir, la asamblea popular donde todos los ciudadanos de una determinada área geográfica están invitados a participar en igualdad de condiciones para deliberar y decidir sobre diversas cuestiones. Esta es una institución esencial para la recuperación de la política en el contexto de la transición hacia una Democracia Inclusiva. Incluso en un estadio inicial de la transición, cuando las asambleas demóticas todavía no hayan obtenido poderes políticos o económicos importantes pueden, sin embargo, ejercer una enorme influencia moral y al mismo tiempo, constituir una de las mejores escuelas de educación emancipadora, ya que las aptitudes para la práctica política se aprenden, sobre todo, en el transcurso de la misma práctica política: la plenitud del debate y la interacción genera conocimiento, experiencia, preparación y razón entre la ciudadanía. Estas asambleas podrían reunirse regularmente y debatir asuntos locales, regionales y, incluso, si lo desean, temas mundiales, para emitir resoluciones y comunicados que expresen sus puntos de vista.   Para dar una estructura a las reuniones, los participantes deberán adoptar un conjunto formal de normas con las que dirigir sus asuntos y establecerlas como a reglamento. En grandes ciudades estas asambleas pueden tomar la forma de asambleas de barrio confederadas, dando lugar a "la asamblea confederal de la ciudad" compuesta por delegados de cada asamblea de barrio.   Naturalmente, para impedir la concentración de poder político, los delegados no deberían poder tomar decisiones políticas sin las instrucciones específicas de sus respectivas asambleas de barrio o municipio. En otras palabras, el principio fundamental que debe establecerse es que de hecho son las asambleas ciudadanas las que toman las decisiones y los delegados en las asambleas confederales nunca formulan políticas "en su nombre", como sucede en la "democracia "representativa, sino que simplemente rinden un servicio administrativo, es decir, tienen el propósito de coordinar y ejecutar las políticas formuladas por las asambleas ciudadanas y tomar decisiones complementarias para la implementación de las mismas. Completamente responsables ante las asambleas ciudadanas, los delegados deben poder ser revocados inmediatamente (mediante los procesos democráticos que las asambleas ciudadanas establezcan) en caso de no cumplir su mandato.   e) Elecciones Locales. La participación en las elecciones locales es una táctica que responde a varios objetivos: 1) la difusión masiva de un programa general de transformación social hacia una democracia inclusiva para generar un proceso educativo y un amplio debate público 2) dar la oportunidad de visibilizar públicamente y de una forma "oficial", a través del voto electoral, la voluntad realmente democrática de la ciudadanía y 3) ganar poder político y diluirlo inmediatamente en manos de las asambleas ciudadanas, sustituyendo el papel de la toma de decisiones por parte del ayuntamiento por el de las asambleas ciudadanas. En otras palabras, la participación en las elecciones locales por parte de los grupos de la Organización para una Democracia Inclusiva persigue unos objetivos completamente diferentes a los de cualquier partido político: no se busca administrar las estructuras políticas oligárquicas existentes, sino desapoderalas y aumentar la legitimidad y el poder político de las instituciones de democracia directa antes mencionadas (asambleas ciudadanas/confederales).   Conclusión   Como observa acertadamente Takis Fotopoulos en referencia a la estrategia de transformación social hacia una Democracia Inclusiva, "las personas se involucrarán en el establecimiento de las instituciones de DI no por el anhelo de una noción abstracta de democracia sino porque su propia acción les ayudará a ver que la causa de todos sus problemas (económicos, sociales, ecológicos) ha sido debida a que el poder estaba concentrado en pocas manos" (15). Si bien es cierto que la autonomía y la democracia son aspiraciones humanas que constituyen fines sustanciales con valor por sí mismos, no es menos cierto que la realización de estas es cada vez más indispensable para la misma supervivencia y bienestar de la inmensa mayoría de la humanidad. El planeta Tierra y la especie humana sufrimos actualmente graves problemas de los que sólo saldremos recuperando la dimensión política que nos ha sido usurpada.   Blai Dalmau – Enero del 2011   Articulo publicado originalmente en DEMOS nº2 (invierno-primavera 2011)   NOTAS   1. Un ejemplo bastante conocido de esta tendencia al alza es el espectacular aumento de la abstención en Gran Bretaña, pasando del 24% en 1992 a más del 40% en 2001 en las elecciones parlamentarias. Algunos de los récords históricos de abstención batidos recientemente son: 45% de abstención en las parlamentarias de Grecia de 2010, 52% en las regionales de Francia de 2010, 50% en las municipales de Barcelona en 2010, 48% en las municipales de del Estado español en 1999, 58% en las presidenciales de México en 2003, 75% en las parlamentarias de Venezuela en 2005, 75% en las parlamentarias de Honduras de 2009, etc.   2. En Cataluña, por ejemplo, el voto en blanco ha aumentado constantemente en las últimas décadas, pasando de de 5.300 en 1977 hasta 57.132 en 2008 (elecciones al Congreso) y de 17.960 en 1980 hasta 93.331 en 2010 (elecciones el Parlamento).   3. Así, por ejemplo, entre 1960 y 2000, en todos los países de la Europa Occidental declinó notablemente el porcentaje de electores inscritos en un partido político. (Fuente: Raniolo, F. (2002): La partecipazione política, Il Mulino, Bolonia. P: 111.)   4. La insatisfacción de los ciudadanos de Cataluña con la "política" registraba su máximo histórico en diciembre de 2009, con un 80% que manifestaba su descontento. (Fuente: Indice de Satisfacción Política del Barómetro de Opinión Política del Centro de Estudios de Opinión) Un año después, en diciembre de 2010, el 85% de los catalanes cree que la corrupción está "muy extendida" entre los partidos políticos y un 67,8% opina que los cargos políticos actúan de manera poco honesta (Fuente: Oficina Antifraude de Cataluña).   5. La abstención ha sido la opción elegida por más de un 40% del electorado en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, mientras que ningún partido ha obtenido el apoyo ni siquiera de una cuarta parte del mismo ( 22% el partido preponderante). Si bien la abstención ha bajado un 3'91% respecto a la última convocatoria análoga (que supuso un récord histórico de abstención, con un 43,96%) el número de personas que se han decantado por opciones de tipo " negativo "(voto en blanco, voto nulo y escaños en blanco) ha aumentando considerablemente: 1'73% puntos respecto a la última convocatoria.   6. Varios autores han argumentado que no nos encontramos ante un descenso de implicación política de los ciudadanos sino más bien ante un cambio en sus formas ya que, de hecho, hay fuertes evidencias de un importante incremento en la participación política "no convencional" en Europa y se han identificado "formas emergentes de participación política" (Stolle y Hooghe 2005b, Stolle et al 2005, Stolle y Micheletti 2005). Así, por ejemplo, según el Barómetro Social Español, las asociaciones en el ámbito estatal con orientación cívica-política-reivindicativa se doblaron del 2000 al 2007.   7. De la protesta al contrapoder - Nuevos protagonismos sociales en la Barcelona metropolitana, Enrique Leiva, Iván Miró, Xavier Urbano (2007); Virus Editorial   8. Para un análisis detallado sobre el desarrollo de las instituciones democráticas en la Atenas clásica y su parcialidad y exclusividad, véase: Fotopoulos, Hacia una Democracia Inclusiva, capítulo 5, disponible en: http://www.democraciainclusiva.org/ txt/5.pdf)   9. Para un análisis detallado de la incompatibilidad entre los controles sociales sobre el sistema de la economía de mercado y las dinámicas intrínsecas de este sistema, y de cómo esta incompatibilidad provocó, a partir de los años 70 del siglo pasado, la derrumbamiento del Estado del Bienestar y el ascenso del neoliberalismo, véase: Fotopoulos, Hacia una Democracia Inclusiva, capítulo 2, disponible en: www.democraciainclusiva.org/txt/2.pdf   10. Ver Hacia una Democracia Inclusiva, Takis Fotopoulos (1997), capítulo 1, disponible en http://www.democraciainclusiva.org/txt/1pdf   11. Ver La Democracia como procedimientos y como regimen, Cornelius Castoriadis (1994)   12. "Las Políticas de la ecología social: municipalismo libertario", Janet Biehl y Murray Bookchin, Viruseditorial, 2009.   13. Para una descripción amplia y global de la estrategia propuesta por la transición hacia una Democracia Inclusiva, ver Hacia una Democracia Inclusiva, Takis Fotopoluos, 1997, capítulo 7 (http://www.democraciainclusiva.org/txt/7. pdf), o bien el artículo Estrategias de transición y el proyecto de la Democracia Inclusiva, Takis Fotopoulos, 2003. (Http://www.democraciainclusiva.org/txt/estrat.pdf)   14. Bajo el lema "juntas podemos todo, nadie nos representa!", Se llevó a cabo recientemente, en el período de elecciones al Parlamento de Cataluña, una convocatoria que apuntaba en el sentido que comentamos: elevar la conciencia sobre el que la "crisis de la política" no es un problema de uno u otro "representante político" ni siquiera de la corrupción endémica en este sistema, sino que es fruto de la usurpación de la política inherente al funcionamiento de la "democracia "representativa. Sin embargo, para que una campaña de este tipo pueda dar lugar a una nueva conciencia democrática y antisistémica, debería formar parte explícitamente de un programa de transformación social general hacia una nueva forma de organización social, tal y como sugerimos en este artículo.   15. Demótico es un adjetivo que significa relativo o perteneciente al pueblo, que es popular. Proviene de "demos", palabra griega que significa comunidad, pueblo.   16. Las limitaciones de las estrategias de estilo de vida, Takis Fotopoulos (2003), disponible en: www.democraciainclusiva.org /txt/limit.pdf                  Empresas demóticas: camino hacia una nueva economía democrática   El sistema económico actual está en crisis. Lo sabemos y lo sufrimos todos y todas. Incluso aquellas que alguna vez habían defendido fervorosamente la economía de mercado capitalista se han sorprendido de los contratiempos y desgarros económicos que hemos visto en los últimos años. Así, no somos pocas las que vemos la necesidad de construir un sistema económico de las personas y para las personas. Este artículo presenta una serie de preguntas y respuestas sobre las empresas demóticas, un tipo de empresas que son una pieza clave en la creación de una nueva economía en el marco de la transición hacia una sociedad auténticamente democrática y realmente ecológica.   ¿Qué son?   Empresas del pueblo. Las empresas demóticas [1] son unidades productivas del pueblo y para el pueblo, es decir, un nuevo tipo de empresas la propiedad y el control de las cuales está en manos de la ciudadanía. Así, el conjunto de la ciudadanía de cada comunidad geográfica (municipio, barrio o comarca) donde se insiere la empresa demótica es su propietaria y decide las líneas generales de su funcionamiento a través de la asamblea popular, donde todas las persona de esa comunidad tienen igualdad de voz y de voto. A la vez, las trabajadoras de estas empresas, organizándose a través de asambleas en el lugar de trabajo, autogestionan su trabajo en concordancia con el interés general de la comunidad, expresado a través de las políticas adoptadas por las asambleas populares. ¿Qué cambios producen en la economía?    Construir un sector económico demótico. Las empresas demóticas son una pieza fundamental en la creación de un nuevo sector económico demótico, es decir, una estructura económica poseída por el conjunto de la ciudadanía de cada área geográfica y gestionada democráticamente por la misma, en el contexto de una transición hacia una democracia económica como parte constitutiva de la Democracia Inclusiva. [2] Construyendo este nuevo sector económico demótico, nos proponemos retomar colectivamente las riendas de la economía e irnos emancipando progresivamente de la economía de mercado capitalista que provoca una crisis multidimensional (económica, política, social, ecológica, ideológica, etc.) cada vez más dura y evidente. En la medida en que liberamos recursos materiales y fuerza de trabajo de la economía de mercado y los utilizamos para poner en funcionamiento empresas demóticas, estamos avanzando en la construcción del sector económico demótico. Estamos hablando, pues, de iniciar un proceso consciente de empoderamiento popular en nuestros barrios, pueblos y lugares de trabajo, para satisfacer la cobertura de nuestra necesidades y recuperar el control sobre la economía de manera que, cada vez más, seamos las personas con igualdad de voz y de voto las que decidimos qué, cómo y para quién producir en vez de las élites y el sistema de mercado.   Incrementar la autodependencia de las comunidades. La creación de un sector económico demótico en general y la proliferación de empresas demóticas en particular permite cortar vínculos con la economía de mercado capitalista mundial e incrementar progresivamente la autodependencia de las comunidades (es decir, hacer que éstas dependan, cuanto más mejor, de sus recursos locales, que pueden controlar directamente), promoviendo de esta manera una economía racionalmente local en vez de una economía irracionalmente global como la que domina en la actualidad. Esto no significa que las comunidades sean autárquicas y no haya parte de la economía que sea global, sino que, como es lógico, la economía debería ser global sólo por lo que no puede ser o no es razonable que sea local.   ¿Qué cambios promueven? La práctica de la democracia en diferentes ámbitos y el cambio de valores. Las empresas demóticas nos permiten empezar a practicar la democracia económica, tomando decisiones macroeconómicas fundamentales, y la democracia en el lugar de trabajo, autogestionando nuestro trabajo. Esta práctica democrática cotidiana, junto con actividades de educación emancipadora, puede conducir a la transformación del imaginario colectivo, dando lugar a un nuevo sistema de valores democrático.   La mejora de las condiciones de vida. La creación de empresas demóticas, en el marco de una transición hacia una DI, puede ayudar considerablemente a solucionar los problemas de las víctimas de la globalización neoliberal, que actualmente somos la mayoría de la población de cualquier país (paradas, migrantes, trabajadoras precarias y temporales, agricultoras que se ven expulsadas del campo, etc.). Estas empresas pueden proporcionar una forma de cubrir las necesidades económicas que apunte a ir más allá del sistema de la economía de mercado capitalista que, como es bien sabido, excluye cada vez más personas de tener un medio de vida mínimamente digno. A parte de generar ocupación local, estas empresas pueden ser la base económica para dar lugar a un sistema de protección social (pensiones, renta básica, seguridad social, etc.) que vaya creciendo junto con el sector económico demótico.   ¿Qué las diferencia de las empresas existentes?   Que la propiedad y el control está en manos del demos. Las empresas demóticas son de propiedad social. Esta se diferencia de la propiedad privada o estatal, que hace que los recursos productivos sean controlados por una élite (ya sea de capitalistas o de burócratas). También se diferencia de la propiedad cooperativa, un tipo de propiedad privada compartida, que comporta que sólo las trabajadoras de la cooperativa tienen el control de la producción y que, por lo tanto, pueden tender a satisfacer más sus intereses particulares que los de la ciudadanía en general dado que se encuentran inmersas en una economía de mercado, con sus dinámicas inherentes de competencia y persecución de beneficios.   En cambio, las empresas demóticas, aunque en un estadio inicial de la transición se encuentran insertadas también en la economía de mercado, en su propio funcionamiento están construyendo un nuevo tipo de economía dado que implican una nueva forma colectiva de propiedad que asegura el control de la producción no sólo por parte de aquellas que trabajan en las unidades productivas, sino por el demos. Con la creación de empresas demóticas como parte de la construcción de un sector económico demótico, es la comunidad quien pasa a controlar el proceso económico, más allá de la economía de mercado o la planificación estatal, involucrando a las personas como ciudadanas que toman decisiones sobre cuestiones políticas, económicas y sociales amplias en el marco de las asambleas demóticas, y como trabajadoras que toman decisiones sobre el funcionamiento de las empresas demóticas en el marco de las asambleas de los centros de trabajo.   Que forman parte integral de un proyecto político global para el cambio sistémico. Debemos tener en cuenta que las empresas demóticas, para poder funcionar como tales y conseguir cambiar el sistema económico, deben formar parte de un proyecto político global que tenga el objetivo explícito del cambio sistémico y que incluya una serie de medidas (en el ámbito económico, político, social y ecológico) para hacer una transición hacia una nueva forma de organización social, como sugiere la Democracia Inclusiva. [3] Este hecho es importante porque si los proyectos que quieren ser una alternativa al sistema actual no son parte de un programa político general para la transformación social pueden ser fácilmente marginados o absorbidos por el propio sistema y difícilmente pueden contribuir a crear una conciencia anti sistémica amplia, que vaya más allá de sus círculos inmediatos.   ¿Cómo se hacen realidad? El “cómo” se crean estas empresas depende del momento de la transición en el cual nos encontremos y del contexto existente. A grandes rasgos, podemos diferenciar tres estadios:   Iniciando la transición.   En un primer estadio de la transición, cuando el movimiento de DI es muy incipiente, podemos crear empresas protodemóticas, es decir, empresas cooperativas que no son estrictamente demóticas, ya que todavía no hay asambleas demóticas en funcionamiento que puedan controlarlas. Así, en el estatutos de estas primeras empresas constaría que tienen el objetivo de convertirse en demóticas (la propiedad y el control de la empresas estarán en manos del demos en cuanto éste esté organizado) y que forman parte del incipiente movimiento de transición hacia una Democracia Inclusiva. Estas primeras empresas se podrían crear desde la organización de DI y ser financiadas (mediante créditos sin intereses o a través de la creación de una cooperativa de crédito) y controladas por ésta, hasta el momento en que exista un amplio movimiento de DI que se encargue de controlarlas.   Cabe decir que no es necesario que estas empresas sean de nueva creación sino que es posible que proyectos cooperativos existentes vean el interés en la creación de un sector demótico y en la transición hacia una nueva forma de organización social y cedan la propiedad de su proyecto a la asamblea popular de la comunidad a la que pertenecen. El control de estas empresas que ya están en funcionamiento se podría ceder en un estadio avanzado de la transición cuando ya sea posible garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la comunidad (en otras palabras, las fundadoras de la cooperativa podrían mantener su usufructo durante la transición) [4]. Construyendo el nuevo sistema económico.   Podemos hablar ya de empresas demóticas cuando existen asambleas populares en los barrios y pueblos que tienen capacidad y voluntad de controlar estas unidades productivas. Estas asambleas demóticas, a través de la creación de empresas demóticas y mediante otras medidas como la puesta en marcha de una cooperativa de crédito demótica o monedas complementarias, por ejemplo, pueden incentivar la producción y el consumo locales, hacer políticas ecológicas y sociales, empezar a cubrir necesidades al margen del mercado, obtener recursos para crear nuevas empresas, etc. Así, se puede ir creando un sector económico demótico, es decir, un sector económico que pertenece a toda la ciudadanía y que ésta puede controlar. Por ejemplo, la población puede decidir que las empresas demóticas tiendan a producir de la forma más ecológica y local posible y que adopten condiciones de trabajo equitativas. En un momento más avanzado de la transición, el movimiento de DI debería luchar para gestionar los impuestos locales a través de las asambleas demóticas, lo que posibilitaría dar incentivos fiscales a las empresas demóticas y grabar fuertemente a las grandes multinacionales.   Hay que tener en cuenta, no obstante, que todo este proceso de demotización de la economía y, en particular, la supervivencia de las empresas demóticas durante la transición, depende de manera crucial del desarrollo de una consciencia antisistémica entre la población, en el marco de la creación de un movimiento de emancipación. En la medida en que crezca este movimiento, pueden proliferar las empresas demóticas y, en la medida en que éstas proliferen, puede avanzar más el movimiento de transición. Así, las personas sabrían que consumir en las empresas demóticas significa apostar por un nuevo tipo de “consumo consciente” que es consciente y responsable no sólo por el hecho de escoger una opción socialmente o ecológicamente menos dañina, sino por el hecho de escoger una opción liberadora, es decir, que promueve la transición hacia una nueva forma de organización social concebida para superar definitivamente la crisis ecológica y el resto de crisis actuales, posibilitando que todo el consumo de todo el mundo pueda ser responsable y no-perjudicial. Por último, también hay que tener en cuenta que para que todo este proceso se pueda extender a una escala social masiva es importante que el movimiento de DI gane las elecciones municipales [5].   Una nueva sociedad. Finalmente, una vez efectuada la transición y una vez establecido el marco institucional para una sociedad igualitaria y autónoma, las empresas demóticas que se hayan ido creando y que se seguirían creando constituirían la base de este nuevo sector económico demótico, basado en la propiedad social (frente a la privada), en la cobertura de necesidades (frente a la maximización del beneficio) y en la igualdad de poder (frente a la concentración de poder implícita en una economía de mercado). En este estadio se podría establecer un sistema de vales que sustituiría el dinero, creando una nueva forma de asignación de recursos económicos que, a diferencia de la economía de mercado o de la planificación central, garantice, por un lado, la satisfacción de todas las necesidades básicas de toda la población y, por otro lado, la libertad de elección individual por lo que respecta al trabajo y al consumo [6].   Conclusiones   En este artículo hemos intentado hacer cuatro pinceladas sobre una propuesta concreta relacionada con el proyecto de la Democracia Inclusiva, las empresas demóticas. Estas empresas de propiedad social y controladas verdaderamente por la ciudadanía son, a la vez, semilla, camino y destino para la transformación hacia una sociedad igualitaria y autónoma. Son una pieza clave de un movimiento político que tenga el objetivo explícito de cambiar el sistema y construir una alternativa a la economía de mercado capitalista, a la vez que nos hace más resistentes a sus crisis y recortes constantes. Son, también, escuela y práctica de la nueva sociedad que construimos. En definitiva, una práctica que transforma construyendo y que, junto con un movimiento explícitamente antisistémico, construye transformando.   Laia Vidal, Eduard Nus i Blai Dalmau – Enero del 2011 Artículo publicado originalmente en DEMOS nº2 (hinvierno-primavera 2011) Traducción al castellano: Rosa Pach   NOTAS [1] Demótico es un adjetivo que significa relativo o perteneciente al pueblo, que es popular. Proviene de “demos”, palabra griega que significa comunidad, pueblo. [2] El proyecto político y la perspectiva teórica de la Democracia Inclusiva (DI) ha sido extensamente desarrollado en los últimos veinte años principalmente por Takis Fotopoulos. Para una exposición detallada ver Hacia una democracia inclusiva. La crisis generalizada de la economía de crecimiento y la necesidad de un nuevo proyecto liberador Takis Fotopoulos, 1997, disponible en www.democraciainclusiva.org [3] Para una descripción amplia y global de la estrategia de transición propuesta, ver el capítulo 7 del libro o el artículo “Estrategias de transición y el proyecto de la DI” que podéis encontrar en www.democr aciainclusiva.org/txt/estrat.pdf [4] Un ejemplo de esta transición podría ser una cooperativa de trabajadoras, por ejemplo una editorial que cediese la propiedad de sus medios de producción a la comunidad, pero las socias mantuvieran el usufructo de los medios y el control de la cooperativa hasta un cierto momento de la transición, a partir del cual podrían ceder el control, pero mantener un lugar de trabajo hasta un segundo momento, en el cual la empresa se cediese totalmente a la comunidad. Otro ejemplo de cómo demotizar recursos podría ser una cooperativa de vivienda: las socias de la cooperativa lo siguen siendo hasta que dejan la cooperativa, pero la propiedad de la cooperativa pasa a ser demótica y la comunidad decide los usos manteniendo el usufructo de la vivienda para la socias iniciales. [5] La presentación del programa de DI a las elecciones locales es una táctica que tiene el objetivo de disolver el poder local concentrado y pasar la gestión municipal a las asambleas populares. Para profundizar más en este tema ver el artículo “Estrategias de transición y el proyecto de la DI” o el capítulo 4 de Hacia una Democracia Inclusiva. [6] Para más información sobre como funcionaría el sector económico demótico en una Democracia Inclusiva, ver el capítulo 6 del libro Hacia una Democracia Inclusiva.