"La Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) presentó a las autoridades provinciales involucradas la
ingeniería de remediación para la primera etapa de gestión", respondieron desde
Energía ante la consulta de LA NACION. La CNEA entregó la explotación de la mina
a la empresa Sánchez Granel, que inició la extracción de uranio en
1982.
Tres años después hubo un desborde
de los diques de cola (donde se acumulan los residuos) y el agua contaminada
llegó al río San Antonio. Aunque las autoridades afirmaron que la
"neutralización" fue "rápida", el episodio puso en alerta a la comunidad que
comenzó a reclamar por el impacto ambiental; con el tiempo se reconocieron
nuevos problemas y, en 1990, cesó la explotación.
Fuentes de Minería de Córdoba
explicaron que el proyecto de "evaluación" de remediación entró el 1° de junio
después de que el presentado en octubre pasado fuera rechazado "porque no tenía
los elementos de sustento necesarios". El nuevo será analizado por Minería,
Medio Ambiente y Recursos Hídricos. "Tiene que ajustarse a la ley ambiental
provincial. Después deberá haber una audiencia pública",
anticiparon.
Salvo el área de dormitorios y los
tachos donde estaba el ácido sulfúrico para la concentración del uranio, todo
sigue igual en la mina abandonada. Los residuos generados durante la explotación
se mantienen a cielo abierto. Desde Energía señalan que hay un programa de
monitoreo ambiental de "agua superficial, subterránea, aire y radiológico", y
que, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) hace "monitoreos
independientes".
Desde el Foro Social -creado en
2005 por exigencia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF,
trabaja en apoyo al Banco Mundial) para desembolsar los recursos del Programa de
Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (Pramu) e integrado por diferentes
ONG-, el geólogo Juan Carlos Paesani insiste ante este diario en que son
"organismos internacionales independientes y reconocidos" los que deben hacer
los controles. Rechaza que los instrumenten entidades que "tienen relación con
la CNEA y no hay imparcialidad".
En el último documento del Foro
Social (ahora ampliado a todo el país) se sostiene que la mina debe ser
"remediada por la CNEA, que también deberá disponer su cierre definitivo y un
programa de vigilancia", sometiendo todo el proceso a una evaluación de impacto
ambiental y a una audiencia pública.
Respecto de la ausencia del Foro en
las decisiones sobre la mina (la participación está exigida por el BIRF) hay
cruce de versiones. Energía señala que en mayo de 2006 decidió "trabajar en
forma independiente a la coordinación" de la Universidad Tecnológica Nacional de
Córdoba, "por lo cual la CNEA quedó desvinculada en el funcionamiento del
Foro".
Paesani insiste en que, ante cada
requisitoria, les decían que fueran a Buenos Aires. "No tenemos presupuesto para
hacerlo -continúa-. Nos constituimos por exigencia de las autoridades, pero nos
terminamos enterando por los medios de lo que hacen."
El peor temor de la comunidad es
que se rompa el sistema de diques de retención, con lo que el agua desembocaría
en los arroyos Cajón y Cambuche. "La CNEA nunca elaboró para los vecinos un plan
ni prepararon a la gente para una eventual contingencia, pese a los accidentes y
derrames de aguas alcalinas y ácidas que hubo", señala el
Foro.
En abril pasado, autoridades
provinciales y nacionales recorrieron el lugar; se renovaron las promesas de
remediación. "El proyecto cumplirá todos los pasos indicados en la legislación
ambiental y requeridos por las autoridades de aplicación; concluido ese proceso
y con las autorizaciones pertinentes, se comenzarán las tareas de remediación",
señalan desde Energía. Las obras -no se aclara cuáles- serán controladas por la
provincia y la ARN.
Más polémica La alerta de la comunidad creció
cuando trascendió que la CNEA quiere trasladar 58.000 toneladas de residuos de
la planta Dioxitek (produce dióxido de uranio) del barrio Alta Córdoba en la
capital provincial a Los Gigantes para hacer una remediación general. Las
autoridades provinciales ya expresaron que se oponen.
Ante esta consulta puntual, desde
Energía indicaron: "Cuando la planta salga de servicio se procederá al
desmantelamiento, plan que se está trabajando junto a las autoridades
municipales y provinciales. Los residuos de Dioxitek son de baja actividad, por
lo que pueden ser tratados en las instalaciones existentes de la CNEA a tal
fin".
Por un acuerdo ante la Justicia, la
planta está "en condiciones de operar de manera segura para la población y el
ambiente certificada ante las autoridades competentes" a nivel local y nacional,
indican desde el ministerio, pero advierten que no está trabajando "a la espera
de la correspondiente autorización" que llegaría "en breve". Hoy el país importa
mineral de uranio, insumo para la producción de dióxido.
Dioxitek estaba cerrada desde el 10
de noviembre cuando la Municipalidad de Córdoba la clausuró por violar la
ordenanza de uso de suelo que prohíbe ese tipo de industrias en la ciudad. En
esa fecha venció un acuerdo, firmado en 2012, con el entonces ministro Julio de
Vido. Desde 1994 hay promesas de relocalizar la planta, que tiene sus residuos
de radiación baja enterrados en un predio contiguo. El traslado sería a Formosa,
donde se construye otra.
En esa provincia la comunidad quom
que vive en la zona -pegada al límite con Paraguay- donde se levanta la planta
se opone y pidió a la Corte Suprema que intervenga; Energía sostiene que se
cumplieron "todas las instancias de aprobación e información exigidas por ley",
y que se instrumentó un proceso "de consultas e intercambio de información con
la población, que continúa abierto".
Fondos internacionales para
obras CÓRDOBA.- En 2008 el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento aprobó el préstamo de US$ 70 millones
para financiar diferentes objetivos del Programa de Restitución Ambiental de la
Minería de Uranio que se hizo efectivo en 2010, cuando por decreto el Ejecutivo
aprobó el convenio. Antes de aprobar el préstamo, se le entregaron a la CNEA,
como organismo ejecutor, los Fondos de Preparación de Proyecto (PPF) para
alistar la documentación.
El desembolso -que está en el orden
del 97%- incluye trabajos de remediación del ex complejo fabril de Malargüe
(Mendoza); el desarrollo de "opciones técnicas, ambientales y sociales" para la
remediación de El Chichón (Alta Córdoba), Los Gigantes y "otros sitios" y la
gestión de las iniciativas. En Energía explican que los procesos de
adquisiciones relacionados con el préstamo son controlados por la Auditoría
General de la Nación y el Banco
Mundial.
