Rankings: ¿qué imagen de la universidad pública proyectan?
Boletin SciELO-Mexico
Los rankings examinan el desempeño de las instituciones en función de criterios preestablecidos. SCIMAGO utiliza principalmente los de capacidades de investigación, innovación y proyección social para clasificar los establecimientos seleccionados. Sus datos permiten reconstituir su participación, durante más de una década. Muestran que esa se incrementó, sobre todo en las universidades públicas y en los centros de investigación. México es, así, el segundo usuario de este ranking, después de Brasil. en América Latina.
Su prevalencia numérica está acorde con el tamaño de su sistema nacional de educación superior. Expresa también un interés, inducido por las políticas públicas de aseguramiento de calidad, por un mecanismo que no todos los países de la región adoptaron. Uruguay, Venezuela, los países del Caribe y de América Central manifestaron poco interés en el mientras otros, en contraste, apostaban a ese esquema en tanto generador de mediciones y ordenamientos (Chile, Colombia, Ecuador y, en menor medida, México, Perú y Argentina)
En México, el número de IES, incluidas en SCIMAGO, aumentó de 42 en 2010 a 80 en 2024. Ese auge fue concomitante con una diversificación de los establecimientos acreditados: se acrecentó la presencia de institutos nacionales, principalmente en Salud, de dependencias paraestatales, del Tecnológico Nacional de México, en el sector público y de instituciones privadas prestigiadas, aunque las universidades, federales y estatales, continuaron siendo las más numerosas.
Globalmente, las 54 IES mexicanas, clasificadas entre las 500 primeras del ranking global, ocuparon posiciones intermedias. Están lidereadas por la UNAM, situada en el cuartil 1 de excelencia, en la posición 205. Otros 20 establecimientos pertenecen a ese mismo cuartil, aunque en rangos inferiores al de la UNAM. Los demás están ubicados en los cuartiles 2, 3 y 4. Pese a resultados medianos, en forma general, muchos establecimientos mejoraron sus resultados, en comparación con los alcanzados al principio del periodo documentado. Ese avance denota un mayor grado de entendimiento del dispositivo clasificatorio por parte de las IES y un alineamiento creciente sobre los criterios exigidos de desempeño.
Por indicador específico, sin embargo, el panorama es menos alentador: sólo un puñado de establecimientos cumple con el indicador de capacidades de investigación y está incluido entre las 500 mejores. De hecho, en la región, solamente una institución colombiana, una chilena, una argentina y 4 brasileñas más la UNAM en México fueron seleccionadas. Si, a escala iberoamericana, el predominio de España es abrumador, la participación de México involucró apenas 9 instituciones. La exclusión es todavía mayor, respecto de la innovación ya que ninguna IES de América Latina estuvo inserta, en la lista mundial. En cambio, la regional abarca unas 85 mexicanas. México participó más en el indicador de contribución/vinculación social, con 3y 62 establecimientos a escala mundial y latinoamericana.
Esas cifras, además de áridas, son deprimentes, aunque menos inquietantes que las arrojadas por otros rankings. Deberían, en lugar de alimentar una defensa a ultranza o una condena perentoria, alimentar una discusión sobre lo que hacen las IES y sobre sus perspectivas de futuro, habida cuenta de condiciones desfavorables de financiamiento, de organización y su imparable burocratización, incompatible con su productividad académica. Si bien los rankings sirven para jerarquizar internacionalmente los polos de saber, sus resultados deberían nutrir una reflexión autocrítica sobre los desvíos en la conducción y gobernanza de las IES. Esas son, en mi opinión, excesivamente controladoras e irrespectuosas de los valores cardinales de los investigadores.
En otras palabras, los rankings no sólo son un barómetro para calibrar la atractividad de una institución respecto de otras, en un mercado global de la educación superior, aunque este sea su uso más común. Dan pistas para juzgar los resultados de las políticas públicas nacionales aplicadas a los establecimientos, independientemente de comprensibles divergencias de opinión sobre su pertinencia. Habría que tomar en cuenta esos aportes en el indispensable rediseño del proyecto nacional de educación superior.