Fw: Boletín Azabache, febrero 2026. Para su Información y Difusión
Josè Eulìcer Mosquera Renterìa
AZABACHE
Boletín Ideoteórico del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales Afrocolombianas, CEISAFROCOL, Personería Jurídica No.093 de 1.986, aporte voluntario $300, febrero 2026.
EL SALARIO MÍNIMO VITAL EN COLOMBIA.
Por: José Eulícer Mosquera Rentería.
Desde el nacimiento del capitalismo al pueblo trabajador le ha tocado luchar por un salario justo que garantice condiciones de vida dignas y razonables. Igualmente, los trabajadores han luchado por jornadas laborales razonables y humanamente aceptables, por adecuada atención en salud y seguridad social, vivienda saludable y adecuada a sus valores culturales, tradiciones y costumbres.
En estas luchas han sido muchos los dirigentes y activistas sindicales y revolucionarios sacrificados bajo la represión violenta del gran empresariado y sus gobiernos burgueses/oligárquicos, donde se han destacado los gobiernos oligárquicos colombianos.
Sin embargo, con el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia y su poderosa influencia mundial, la posterior constitución de la URSS y la creación de la ONU al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores lograron conquistar una normatividad jurídica representada en convenios y jurisprudencias doctrinales que pronto se fueron convirtiendo en legislaciones nacionales a partir de la afectación de las correspondientes Constituciones de los diferentes países.
Uno de esos convenios es el 131 de 1970 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la fijación de salarios mínimos vitales que obliga a los países firmantes, como lo es Colombia, a establecer un sistema de salario mínimo que proteja a las trabajadoras y los trabajadores contra salarios indebidamente bajos y de subsistencia, que deben aplicarse ampliamente, ajustarse periódicamente y fijarse consultando a empleadores y trabajadores, considerando el costo de vida y el desarrollo económico.
En Colombia el mandato del Convenio 131 de 1970 se contempla en el Artículo 53 de la Constitución Nacional de 1991, en la Ley 278 de 1996 y en la sentencia C-187 de 1999 de la Corte Constitucional: Sin embargo, como las oligarquías que han gobernado a nuestro país han mantenido una mentalidad esclavista y miserable con el pueblo, se han venido burlando de esos mandatos legales estableciendo salarios mínimos de subsistencia, solo con base en los índices de inflación y de productividad, sin tener en cuenta los otros componentes o variables que por mandato legal se deben contemplar para el establecimiento e incremento de un salario mínimo vital, que es lo que en este momento está corrigiendo el presidente Gustavo Petro y su Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, y sus expertos asesores. Para lo cual se ha tenido en cuenta los siguientes componentes, de acuerdo con lo establecido por la OIT y datos del DANE:
-Canasta Básica Integral: Que incluye a alimentos, vivienda, servicios públicos, salud, educación y transporte para asegurar un nivel de vida digno.
-Enfoque Familiar (Unidad de Convivencia): Calculada con base en los gastos de un hogar promedio, 3.2 a 4 personas, no solo de forma individual.
-Perceptores de Ingreso: Se divide el costo total de la canasta por el promedio de personas que trabajan en el hogar, el cual en Colombia se ha establecido en 1.5.
-Variables Económicas, Ley 278 de 1996: Se tienen en cuenta índices como la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la productividad laboral; y
-Diferenciación Geográfica: El cual puede variar según la zona o región.
En Colombia, según estudios realizados por el DANE y otras entidades competentes, en 2024, para cubrir necesidades básicas, para esa fecha se requería un ingreso por hogar de $3.000.000, que dividido entre los 1.5 trabajadores promedio resultaba en un salario vital estimado de $2.000.000, dejando al descubierto una brecha frente al mínimo que se ha venido pagando y que se debe corregirse a partir del presente año de 2026.
Sin embargo, el Presidente Gustavo Petro inicialmente propuso en su Decreto Presidencial hacer el incremento con base en los cálculos realizados para el salario vital de 2024, a objeto de no generar muchas alarmas y resistencias de parte del sector empresarial. Pero ante la suspensión del decreto presidencial por el Consejo de Estado y los requerimientos del magistrado Juan Camilo Morales, exigiendo evidenciar los componentes que se están teniendo en cuenta para establecer este salario, con base en los mandatos legales, el presidente ordenó ajustar esos cálculos a la fecha o actualizarlos, lo que reflejó una diferencia de $155.000 a favor del salario mínimo vital actual, por lo cual debe ser de $2.155.000, oo.
Pero, en la reunión realizada el pasado lunes 16 de febrero de 2026 por representantes del Gobierno Nacional con representantes de los gremios empresariales, estos en su mayoría al final le pidieron al gobierno dejar en vigencia el salario ya establecido en su decreto en cuestión. Es decir, salario mínimo vital de $2.000.000 para el 2026, que incluye el subsidio de transporte.
Pero como el señor magistrado, Juan Camilo Morales, pide es que se actualice con todos los componentes, entonces, se acatará la orden de la justicia.
El pasado 15 de diciembre venció el plazo legal para llegar a un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Gobierno, y ante la falta de consenso, el Gobierno decidió decretar el incremento, tal como lo establece la Ley 278 de 1996, que regula la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. De acuerdo con esta norma, el Gobierno tenía hasta el 30 de diciembre para fijar el nuevo salario.
Después de aproximadamente un mes de discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2026 y luego de que no se lograra un consenso en la mesa de concertación, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el nuevo ajuste salarial se haría bajo el concepto de “salario mínimo vital”, que se utilizaría por primera vez en la política de cálculo salarial del país.
Para oponerse al justo y adecuado incremento salarial, los voceros del gran empresariado capitalista han esgrimido los mismos argumentos que hace casi dos siglos pulverizó Carlos Marx. Han argumentado que incrementar con base en el concepto de salario mínimo vital provoca inflación y pérdida masiva de empleos, lo cual es una falacia. En efecto, durante el gobierno de Petro y el Pacto Histórico, que es cuando se han hecho los mayores incrementos salariales, en total en un 38% hasta diciembre de 2025, más el 23.7 actual; han estado con tendencia a la baja los precios de la mayoría de productos de la canasta familiar o se han estabilizado, y según el DANE y el Ministerio del Trabajo se han generado más de 2 millones de empleos; lo que nunca había ocurrido en nuestro país.
Los grandes economistas, desde David Ricardo y Adam Smith hasta Marx y Keynes, han demostrado que en una economía sana los rendimientos del capital se generan con sus movimientos o ciclos de inversión, producción y adquisición de los productos y servicios en los mercados por los consumidores finales. Por tanto, es lógico que si las mayorías, representadas en millones de personas, incrementan su capacidad adquisitiva, incrementan la demanda, esto va a motivar el crecimiento de la inversión y de las empresas en número y tamaño, y, por ende, se incrementaran los empleos y la masa de plusvalía que captaran los empresarios, se incrementaran las ganancias, que es lo que ha venido ocurriendo en Colombia durante el gobierno actual. Esto se los explicó Marx hasta con plastilina, pero a los capitalistas la codicia y su mentalidad miserable con la clase trabajadora, los enceguece y pretenden multiplicar sus ganancias envileciendo los salarios y especulando con el incremento exagerado de los precios, utilizando todo tipo de pretextos. Por lo cual, el Estado y los gobiernos tienen que aplicar medidas y sanciones contra sus abusos.
Precisamente, el capitalismo mundial con su propuesta neoliberal, pretendió reducir a la más mínima expresión el tamaño del Estado y su incidencia en la vida económica/empresarial, para quedar en libertad de expoliación al máximo de los pueblos y de la masa trabajadora que es la que produce las riquezas y genera desarrollo socioeconómico. De allí las grandes movilizaciones populares que se vienen produciendo en el mundo, incluida Europa, pero los capitalistas y sus gobiernos generalmente responden con represión violenta, mientras anualmente sus estados financieros registran ganancias astronómicas.
Particularmente en Colombia, la burguesía/oligárquica ha sido demasiado mezquina, represiva y cruel con el pueblo y la clase trabajadora, mientras sus balances anuales registran billones de ganancias especialmente durante este gobierno. El caso más lacerante ha sido el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien solo generó decretos y leyes envilecedoras del pueblo trabajador y de nuestro campesinado, y les aplicó una violencia despiadada. Precisamente, ha sido él y su grupo de politiqueros bandidos, al igual que el de Vargas Lleras, Cambio Radical y los conservadores, quienes se han opuesto con mayor vehemencia al salario mínimo vital decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico, aunque finalmente ahora, en momentos electorales, traten de lavarse las manos ante el pueblo diciendo por sus grandes medios de difusión que dejen vigente el salario mínimo vital que inicialmente decretó este gobierno, simplemente para ganar votos al tiempo que pretenden evadir el reajuste que provocaron de ese salario. Pero creo que el presidente Petro está empeñado en cumplir estrictamente con los mandatos constitucionales, legales y de los convenios internacionales, y que requirió el Consejo de Estado. Azabache, febrero 2026.