Manifestacion sabado 31 Octubre en Sevilla a las 12h en las setas
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Stop Desahucios Granada Stop Desahucios Granada
Oct 24, 2015, 7:40:51 AM10/24/15
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Manifestacion sabado 31 Octubre en Sevilla a las 12h en las setas.
A continuación se recogen las medidas de mínimos que los partidos que la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca consideramos que deberían incluirse en una Ley reguladora del
Derecho a la Vivienda:
1. Dación en pago retroactiva
Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda (modificación de la Ley
Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del
titular de las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de la Unión Europea.
No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los
avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la vivienda habitual
como un bien inembargable.
2. Alquiler estable y asequible (Reforma de la Ley de alquileres)
La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de
arrendamiento: los inquilinos. Introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia,
estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como
mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo
especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de
alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o
gran propietario de viviendas.
3. Vivienda accesible (Movilización de vivienda vacía y alquiler social)
Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de
buena fe, y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual
en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional.
Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales
inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes
de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler
social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no
puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional.
Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer
frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán ayudas que les garanticen evitar el
desahucio.
En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de
vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la
falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que reside
la familia o persona en situación de vulnerabilidad, éste realojo se producirá en la zona
donde éstas tengan sus redes vitales y sociales.
Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos
en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de
gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y
entidades inmobiliarias). La administración regulará mediante ley los mecanismos que
posibiliten esta movilización.
En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el
30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministros, de acuerdo
con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares
superen el salario mínimo profesional 648,60€; en caso contrario el precio a pagar en
concepto de alquiler será del 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de
las empresas suministradoras (punto siguiente).
4. Suministros básicos garantizados
Impedir los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades
familiares en situación de vulnerabilidad.
El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo
a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de
Naciones Unidas.
Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan
ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas
suministradoras.
5. Creación de un observatorio de la vivienda.
Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la
sociedad civil. Este observatorio será el encargado de investigar y analizar la situación
de la vivienda en España. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de
viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, elaborar de informes;
contaría con capacidades no sólo consultivas sino también control, seguimiento,
denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.
Desde Granada saldran autobuses si estas interesado en venir ponte en contacto con nosotras.
#SiSePuede.
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