19/8/2016 Cuando los jueces desahucian por error y entregan el dinero al moroso | España | EL PAÍS
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ESPAÑA
Cuando los jueces desahucian por error y entregan el
dinero al moroso
El ministerio solo admitió un 16% de las casi 9.000 denuncias contra
juzgados por funcionamiento defectuoso
Madrid - 19 AGO 2016 - 00:20 CEST
–“El auto dice que es el 1º B y es el 1º B…”, –sentenció el funcionario de la
comisión judicial de desahucios.
Mientras el cerrajero se ponía manos a la obra, los vecinos explicaron a la
comisión, escoltada por policías, que no era ese el piso, que el que tenía deudas
con el Banco Pastor era el bajo B.
–“Aquí dice que es el 1º B, procédase…”, –cuenta un vecino que le espetó un
miembro de la comisión.
Un furgón de mudanzas esperaba a las puertas del bloque. El cerrajero y los otros
operarios que iban con la comisión apenas tardaron un par de horas en dejar el
piso expedito de “enseres, muebles y otros efectos personales”. Ni por lo más
remoto imaginó Artemio E.M.E., un profesor de instituto de Granada, que la
justicia irrumpiría en su casa como una apisonadora, sin estar él, le cambiaría la
cerradura y tiraría sus enseres al vertedero.
LA JUSTICIA IMPERFECTA ›
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
Periodista de investigación de EL PAÍS
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Meses antes Artemio recibió en su casa un aviso del juzgado de que iba a
desahuciarle. Contactó con el órgano judicial y le alertó del equívoco. Su piso no
debía nada a nadie. Un funcionario le comentó entonces a Artemio “que haría
constar en la carátula del expediente” el número correcto del piso afectado, “para
que, cuando vaya la comisión judicial, no se equivoque”, le indicó.
Su piso era el 1º B, y el afectado, el moroso con el banco, el bajo B. Ambas
viviendas se hallan en el número 3 de la plaza Obrero Castro López, en Granada,
según describe Artemio en la denuncia que interpuso ante el Consejo del Poder
Judicial por el grave error judicial que padeció. Al funcionario debió olvidársele la
anotación en la carátula, ya que el 11 de noviembre de 2013 Artemio perdió
durante casi un día su casa (y más cosas) por orden del Juzgado de Primera
Instancia 11 de Granada. Fue una actuación “incomprensible y brutal”, refiere.
Ni por lo más remoto imaginó Artemio E.M.E., un profesor de
instituto de Granada, que la justicia irrumpiría en su casa
como una apisonadora, sin estar él
Un juez muestra las puñetas de su toga. /EL PAÍS
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El propio secretario del juzgado le visitó en su casa para pedirle disculpas y
ordenar que se le devolviera todo lo arrebatado. Pero ya era tarde: “los operarios
habían tirado al vertedero sus enseres personales: ropa, zapatos, herramientas,
útiles de limpieza, colchones, sábanas, etcétera”. Artemio tasó “los daños y
perjuicios” del errático desahucio “en 36.332 euros”. El Consejo del Poder Judicial
le ha dado la razón y sostiene que debe ser indemnizado porque la comisión de
desahucios se equivocó de casa sin realizar una mínima averiguación, y pese a la
alerta vecinal.
El de Artemio no es un error aislado. El Ministerio de Justicia es muy restrictivo a
la hora de pagar por errores judiciales. Justicia no ha podido facilitar los millones
que tiene que desembolsar para reparar errores judiciales. Desde el año 2000, se
han presentado 8.800 reclamaciones por funcionamiento anormal de la justicia.
De ellas, solo ha estimado como indemnizables 1.420 casos. El ministerio no
especifica en su estadística los desahucios erráticos, los incluye dentro del
epígrafe “otros” errores. 213 quejas y reclamaciones constan entre los años 2006
y 2015 bajo ese epígrafe, según datos del Ministerio de Justicia.
Aproximadamente la mitad fueron lanzamientos erráticos.
Otro ejemplo en el que la justicia mostró su faz más ciega y sorda, obviando
asimismo la alerta vecinal, lo padeció Roberto F. F. Por orden del Juzgado número
4 de León, el 29 de julio de 2014, la comisión de desahucios irrumpió en su casa
de Pola de Gordó y se la puso patas arriba. Sin estar él presente, le cambiaron las
cuatro cerraduras de su vivienda. Vigilaban seis guardias civiles. Roberto acudió
corriendo al juzgado y al banco, escritura en mano, y logró que le dieran las llaves
de las nuevas cerraduras. 3.000 euros en daños.
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A un funcionario del juzgado se le olvidó anotar el número
correcto del piso que iba a ser desahuciado
Horst Otto E. E. pidió, por su lado, al ministerio 500 euros de los gastos del viaje (y
rotura de la puerta) que tuvo que realizar desde Alemania tras avisarle un vecino
de que le habían desahuciado de su casa de Alcudia (Baleares) por orden de un
juzgado de Inca. La afectada era otra casa, no la suya. Los vecinos también
alertaron del error, pero la comisión hizo oídos sordos.
José María L. H. llegó a su casa cansado de trabajar. Y al ir a abrir la puerta vio
“dos cortes de 30 centímetros cada uno al lado de la cerradura”, y sus llaves no
entraban. Asustado, fue al cuartel de la Guardia Civil de Arges (Toledo), donde le
informaron más tarde que había sido desahuciado por el juzgado 4 de Toledo.
“Pero si mi casa no era, es la colindante”, les dijo a los guardias. 629 euros le
costó una nueva puerta. Denunció el caso en los tribunales y ganó. El Ministerio de
Justicia, al tratarse de una sentencia judicial, le ha pagado sin más trámites.
El Audi destrozado. El juzgado 2 de Valdemoro ordenó en octubre de 2004 el
decomiso de un Audi de alta gama en el marco de una operación antidroga. El
vehículo era de una persona que nada tenía que ver con la operación, y quien
durante años pidió insistentemente al juzgado su devolución, sin éxito. El juez se
lo entregó para su uso a la Guardia Civil antidroga. Diez años después, la
Audiencia de Madrid ordenó por fin devolvérselo. Pero el coche ya no existía.
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Estuvo años estacionado prácticamente en la calle, tras cansarse los agentes de
él. Los cacos le robaron piezas. Estaba tan deteriorado que la Delegación del
Gobierno en Madrid ordenó su destrucción en febrero de 2010. Su dueño pide
21.000 euros de indemnización. El Poder Judicial le ha dado la razón.
Cuando el juez yerra y le da el dinero al moroso. Conseguir tras meses o años
que un inquilino pague por fin sus deudas, aunque sea gracias a la intervención
del juez, resulta alentador siempre y cuando el juzgado no se equivoque y
entregue el dinero que forzosamente ha consignado el moroso al propio moroso.
Tras dos años de pleito, Jesús Ángel P. C. consiguió que el juez obligase a su
inquilino a consignar los 28. 300 euros que le adeudaba en rentas y otros gastos.
Un funcionario del Juzgado 1 de Ferrol, con la firma del juez, escribió lo siguiente
en un mandamiento de pago, una vez concluido el proceso: “que el dinero que ha
sido ingresado (consignado) en esta cuenta por Pepo Ferrol, S.L.” sea entregado
“a Pepo Ferrol”, el moroso.
Entiende Jesús Ángel que se le “ha privado”, por “un funcionamiento defectuoso
de la Justicia”, de “un dinero que ya tenía en su poder por el pago del deudor” y
que, en lugar de “hacer lo procedente, dárselo a su legítimo dueño” se le ha
entregado “al propio deudor”, con la desgracia de que el dinero se evaporó en
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manos del deudor y ya no se pudo “recuperar”. “Fue un proceder anómalo”,
según lo define el Consejo en un informe en el que da la razón al denunciante.
Un caso parecido denunció la firma Laura Otero, S. A. El asunto lo llevó el Juzgado
2 de Castuera (Badajoz). Había una sentencia que decía que la firma García León
Exonra debía pagar a Laura Otero, S. A., 30.000 euros. El juez había logrado
trabarle el dinero de unas cuentas. Bastaba entregarlo al acreedor. Pero se
equivocó y libró un “mandamiento de pago a favor de García León Exontra”.
Corría mayo de 2014. Cuando advirtió el entuerto, el juez intentó recuperarlo,
pero también era tarde. El procurador dijo que había dado al cliente los 30.000
euros y que este no había vuelto a dar señales de vida (ni del dinero). 221 ENCARCELADOS O DETENIDOS INJUSTAMENTE
La tipología de errores judiciales es tan variada como dañina para los damnificados:
dilaciones excesivas e ilógicas en la tramitación de los procesos (causa que sustenta
el mayor porcentaje de denuncias), destrucción, pérdida o deterioro de objetos
decomisados en operaciones por los jueces; personas obligadas a viajar a otras
ciudades, pagándose de sus bolsillos los gastos, para acudir como testigos a juicios
que se suspenden sin previo aviso, o usuarios (y de esto hay muchos casos) que
denuncian un delito o falta y cuyos culpables quedan totalmente absueltos porque
prescribe la infracción sin que haya habido juicio, por inacción del juez. Y lo que es
peor: también hay numerosos casos de personas llevadas a prisión siendo
inocentes. Justicia no ha podido facilitar los datos sobre los millones que paga en
indemnizaciones por errores judiciales.
Entre 2003 y 2015, un total de 221 personas han estado privadas de libertad
injustamente, 110 por detención sin causa con calabozo incluido y 111 encarceladas
pese a que eran inocentes, por confusión de identidad, dejación del juzgado o
deficiente instrucción. Uno es de estos casos es, por ejemplo, el de Dolores
Vázquez, la mujer que estuvo presa más de un año tras ser condenada en un juicio
plagado de irregularidades por el asesinato de Rocío Wanninkhof en octubre de
1999, en Mijas (Málaga). Y todo porque había mantenido una relación lésbica con su
madre. Un jurado la condenó sin pruebas en el marco de un crimen rodeado de un
espectacular despliegue mediático.
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