Alerta Perú (HUAMANGA) - SALA PENAL DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA PERIODISTA DE DIARIO LA CALLE
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ANP HUAMANGA
Mar 16, 2014, 2:32:34 AM3/16/14
to ANP HUAMANGA
Fecha: 14 de marzo de 2014, 8:04
Asunto: Alerta Perú (HUAMANGA) - SALA PENAL DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA PERIODISTA DE DIARIO LA CALLE
Para:
Asunto: Alerta Perú (HUAMANGA) - SALA PENAL DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA PERIODISTA DE DIARIO LA CALLE
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Alerta Perú (HUAMANGA)
SALA PENAL DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CONFIRMA
SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA PERIODISTA DE DIARIO LA CALLE
La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó a la periodista Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle, a dos años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de quince mil nuevos soles por concepto de reparación civil, por el supuesto delito de difamación agravada contra Isaac Ernesto Molina Chávez, ex presidente del Gobierno Regional de Ayacucho.
La sentencia de fecha 24 de enero de 2014 confirma la emitida en primera instancia el 21 de octubre de 2013, por el juez del Primer Juzgado Penal de Huamanga, Rigoberto Dueñas Carhuapoma, la misma que fue apelada por la defensa de la periodista por adolecer de motivación, vulnerándose el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Los magistrados Antenor Gustavo Jorge Aliaga, Liliam Janet Murillo Valdivia y José Moisés Bonilla Frías, de la Sala Superior, han incurrido en el mismo error de quienes fallaron en primera instancia, ya que el dictamen no está debidamente motivado y la fundamentación en derecho es paupérrima.
En este caso no se ha tomado en cuenta la importancia de pasar por la formulación de un juicio ponderativo que tenga en cuenta las circunstancias del caso tratándose de un funcionario público cuyo ejercicio estaba cuestionado por las irregularidades que el propio colegiado reconoce en su sentencia y que la conducta de la periodista estaba amparada en el ejercicio de las libertades de expresión y de información. Para los jueces el honor del funcionario público ha prevalecido sobre estos derechos fundamentales.
Sin embargo, surge una contradicción argumentativa cuando para fijar el pago de la reparación civil señalan que “el agraviado, producidos los hechos, tenía la condición de funcionario público y que por consiguiente los límites de la crítica son más amplios que los de un particular”. Hay que agregar que los jueces no dan cuenta cuál es el daño ocasionado al funcionario público.
La querella contra la directora del diario La Calle fue promovida en el 2011 por el ex presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Isaac Ernesto Molina Chávez, luego que en el impreso se denunciaran irregularidades en el proceso de licitación para la remodelación del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena, centro hospitalario que fue demolido y que hoy se encuentra en ruinas y abandonado. Los presuntos responsables afrontan procesos de investigación judicial.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en acto público, amenazó con sentencias condenatorias contra los periodistas de la circunscripción que tienen abiertos procesos por difamación. La persecución judicial contra el diario La Calle se puso en evidencia tras informaciones periodísticas críticas que cuestionaron un convenio suscrito entre ese poder del Estado y el Gobierno Regional de Ayacucho.
SALA PENAL DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CONFIRMA
SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA PERIODISTA DE DIARIO LA CALLE
La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó a la periodista Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle, a dos años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de quince mil nuevos soles por concepto de reparación civil, por el supuesto delito de difamación agravada contra Isaac Ernesto Molina Chávez, ex presidente del Gobierno Regional de Ayacucho.
La sentencia de fecha 24 de enero de 2014 confirma la emitida en primera instancia el 21 de octubre de 2013, por el juez del Primer Juzgado Penal de Huamanga, Rigoberto Dueñas Carhuapoma, la misma que fue apelada por la defensa de la periodista por adolecer de motivación, vulnerándose el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Los magistrados Antenor Gustavo Jorge Aliaga, Liliam Janet Murillo Valdivia y José Moisés Bonilla Frías, de la Sala Superior, han incurrido en el mismo error de quienes fallaron en primera instancia, ya que el dictamen no está debidamente motivado y la fundamentación en derecho es paupérrima.
En este caso no se ha tomado en cuenta la importancia de pasar por la formulación de un juicio ponderativo que tenga en cuenta las circunstancias del caso tratándose de un funcionario público cuyo ejercicio estaba cuestionado por las irregularidades que el propio colegiado reconoce en su sentencia y que la conducta de la periodista estaba amparada en el ejercicio de las libertades de expresión y de información. Para los jueces el honor del funcionario público ha prevalecido sobre estos derechos fundamentales.
Sin embargo, surge una contradicción argumentativa cuando para fijar el pago de la reparación civil señalan que “el agraviado, producidos los hechos, tenía la condición de funcionario público y que por consiguiente los límites de la crítica son más amplios que los de un particular”. Hay que agregar que los jueces no dan cuenta cuál es el daño ocasionado al funcionario público.
La querella contra la directora del diario La Calle fue promovida en el 2011 por el ex presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Isaac Ernesto Molina Chávez, luego que en el impreso se denunciaran irregularidades en el proceso de licitación para la remodelación del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena, centro hospitalario que fue demolido y que hoy se encuentra en ruinas y abandonado. Los presuntos responsables afrontan procesos de investigación judicial.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en acto público, amenazó con sentencias condenatorias contra los periodistas de la circunscripción que tienen abiertos procesos por difamación. La persecución judicial contra el diario La Calle se puso en evidencia tras informaciones periodísticas críticas que cuestionaron un convenio suscrito entre ese poder del Estado y el Gobierno Regional de Ayacucho.
Esta alerta es responsabilidad de la Asociación
Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía
Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista;
Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504,
Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
Fax (51 1) 4278493 E.mail: a...@amauta.rcp.net.pe; ofip...@gmail.com Web: www.anp.org.pe
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