La dirección que tomará el nuevo Presidente de la República, Dr.
Alan García Pérez, en la conducción del Estado peruano, esta
trazada, será de austeridad para el desarrollo humano; no puede ser de
otro modo, el Perú en América Latina exhibe la brecha más
pronunciada entre ricos y pobres: 54% de pobres según la ONU y
milésimas porcentuales de sumamente ricos.
Con esta orientación, entendemos la austeridad, no como pedir al que
tiene en abundancia que dé a los demás lo que le sobra -según
sostuvo Rafael Rey en una entrevista con el periodista Jaime Bayly-,
sino de compartir lo que por derecho corresponde a cada uno. Lo
contrario, significa aceptar como normal el actual status quo, injusto
e inhumano.
¿Qué significa compartir lo que por derecho corresponde a cada uno?.
Significa:
1) Que todos -sin exclusiones- nos favorezcamos con la riqueza
generada por los recursos naturales como minería, pesca, agricultura,
ganadería, fauna y flora. A través de procesos: primarios como
extracción, siembra, cosecha y crianza; secundarios como industria y
agroindustria y terciarios comercialización y exportación. Debiendo
reflejarse los beneficios de esta riqueza en los contratos de
explotación; los actuales son de expoliación, únicamente favorecen a
funcionarios "negociadores" y empresas privadas.
2) Que todos tributen de acuerdo a su patrimonio, pues en las grandes
fortunas está acumulada la deuda externa y lo depredado al erario
nacional con exoneraciones tributarias, deudas al Estado condonadas y
contratos lesivos negociados en contra del interés nacional.
3) Distribuir equitativamente el ingreso entre los grupos sociales;
destinar niveles adecuados de recursos para la atención gratuita de
servicios de salud y educación; que todos disfruten de las mismas
oportunidades de empleo dignamente remunerados; respirar aire puro y
disponer de agua potable; vivir sin la intimidación del delito y gozar
de libertades plenas e igualdad ante la ley.
El actual establishment impone lo contrario a compartir, los eternos
beneficiados concentran para provecho propio más del 85% del PBI y
promueven en la administración del Estado la corrupción como algo
normal y necesario para sus objetivos de grupo y poder.
Los titiriteros de este poder económico, para asegurar su presencia
cuentan con tecnócratas y políticos en todos los sectores claves de
la economía, como el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), BCR
(Banco central de Reserva); ministerios como Agricultura, Producción,
Industria, Minería; Superintendencias como SUNAT (recaudadora de los
tributos), SUNAD (aduanas) y SBS (sistema financiero), etc. Los
proponen y recomiendan abiertamente en los medios de comunicación
masiva, destacando sus cualidades o especializaciones técnicas y
profesionales. Son gente que durante muchos años vienen manejando la
economía nacional y que lo único que pueden ofrecer al país es mayor
pobreza y miseria, pues estos son los resultados que exhiben de sus
gestiones. Les importa poco o nada el desarrollo humano, son los
eternos "negociadores" de nuestras riquezas naturales, fracasados
como empresarios privados y "exitosos" como funcionarios públicos.
De estos hay quienes no confían en el país, cobran en el Perú y
tienen residencias en el extranjero y otros que se fueron por que
fracasó el gobierno (85-90) y hoy regresan con mucha apetencia,
marqueteándose como tecnócratas "indispensables" cuando en
realidad son lobystas a beneficio propio y por extensión, defensores
de grandes intereses económicos nacionales y extranjeros.
La austeridad para el desarrollo humano, tiene que ver con algo
fundamental en el éxito de esta línea de acción: es el combate
frontal contra la corrupción. Es decir, se tiene que luchar contra la
iniquidad del poder público, cuyo único objetivo es obtener
beneficios de grupo y beneficios personales; el no hacerlo hará
colapsar cualquier compromiso de cambio; esto solo será posible con el
ejemplo que den los conductores, mandos medios e intermedios de este
proceso. Los resultados esperados son instituciones sólidas,
regulaciones coherentes y éticas, descentralización plena, sanción
ejemplar a los que defraudan al erario nacional, aplicación de
controles efectivos para frenar la corrupción y transparencia de las
acciones, sueldos, viajes y dietas de altos funcionarios. Lograrlo es
un desafío que solo pueden llevarlo a cabo ciudadanos identificados
con su país, su pueblo y su cultura, que amen realmente al Perú;
aquellos que consideran el dinero como un medio necesario, pero no como
un fin de sus vidas.
Finalmente, aplicando la obligatoria transparencia debe publicarse la
trayectoria pública, política y empresarial de cada uno de los
futuros Ministros de Estado y altos funcionarios que aspiren a dirigir
entidades claves de nuestra economía como el BCR, SUNAT, SUNAD,
CONASEV, OSINERG, PETROPERU, PROINVERSION, etc.; es importante conocer
su trayectoria anterior en funciones de gobierno, si son empresarios de
éxito, si han quebrado a sus empresas, si adeudan, si son o han sido
miembros de directorios de los grandes grupos económicos de poder
(ejemplo: el grupo Romero), responsables directos del actual estado de
pobreza.