El Senado mexicano aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional vinculante y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudieron la medida al considerar que alentará a otros países a seguir la misma ruta y hacer realidad la protección del medio ambiente y sus activistas con la entrada en vigor del instrumento.
El Acuerdo de Escazú aborda el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región.
El instrumento entrará en vigor 90 días.
Reconocieron a los impulsores de la ratificación e instaron a implementar a la brevedad posible las provisiones contenidas en el Acuerdo sobre la participación social en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
“La ratificación del Acuerdo es de suma trascendencia para México, ya que establece disposiciones en materia de generación, divulgación y acceso a la información ambiental y aborda la generación de un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos advirtió que los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponían a proyectos a gran escala enfrentan actos de violencia que a menudo quedaban impunes.
El jefe en el país de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Guillermo Fernández–Maldonado, comentó en ese sentido que la ratificación del Acuerdo “es una expresión concreta del compromiso de México con la protección de los defensores de derechos humanos y del ambiente que, junto con los periodistas, afrontan altos niveles de violencia”.
La Semarnat destacó que esto representaría un hecho histórico para nuestro país y para Latinoamérica, ya que el acuerdo constituye un instrumento multilateral sin precedentes en la región que beneficia a las poblaciones más vulnerables.
"El Acuerdo de Escazú es el único en su tipo vinculado a la protección ambiental con la defensa de los derechos humanos, y su implementación representa una gran oportunidad de consolidar la política ambiental hacia una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y acceso a una justicia ambiental", detalló.
Agregó que México cuenta con un robusto marco normativo en materia ambiental con diversas legislaciones nacionales específicas y pautas contenidas en leyes que regulan otras esferas e instrumentos internacionales que permiten cumplir el Acuerdo de Escazú, como el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica, al igual que la Convención sobre la Protección y Utilización de Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales.
Dijo que la adopción de este acuerdo suma también a la lucha contra la desigualdad y la discriminación, y avanza en la tarea de garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, con especial cuidado en la atención de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.