La institucionalización y el financiamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos en la Provincia de Buenos Aires, un documento para el debate

[Agencia Popular de Noticias Suramericana A. P. N. S.]

Especial Agencia Popular de Comunicación Suramericana (APCS): La institucionalización y el financiamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos en la Provincia de Buenos Aires, un documento para el debate.

El mismo se realizará el día miercoles 13 de abril a las 9 horas en la Sala Auditórium del Pasaje Dardo Rocha, contará en la apertura con la presencia del diputado nacional Edgardo Depetri y el titular de la CTA bonaerense, Roberto Baradel.

 

13 de abril de 2011

Presentación:

            Elaboramos este documento a partir de la preocupación que nos genera la situación de vulneración de derechos en la que se encuentran aún muchos niños, niñas y jóvenes menores de 18 años en nuestra provincia.

            Entendemos que es fundamental fortalecer el compromiso del Estado en el pleno funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos, materializando los principios contenidos en la CIDN y en la ley 13.298. Ello nos exige como organizaciones sociales, profundizar el debate y las acciones para lograr que el poder ejecutivo provincial y los municipios definan como prioridad las políticas de atención a niños y jóvenes como sujetos de derechos implementando programas que permitan el efectivo ejercicio de la ciudadanía.

            Transitamos muchos años de trabajo militante en pos de la derogación del Decreto-Ley 10.067 sustentado en la ideología del Patronato -que por más de cien años privó de los derechos más elementales a niños, niñas y adolescentes pobres en nombre de su “protección”, institucionalizándolos.- En nuestra provincia, luego de más de una década de haber incorporado la CIDN a la Carta Magna, esa lucha alcanzó un punto de inflexión histórico con la sanción del nuevo marco legal ajustado a la normativa internacional mediante las leyes 13.298 y 13.634. Si bien consideramos que la plena vigencia de las mismas no garantiza per sé la destitución definitiva de prácticas socio institucionales enmarcadas en una lógica tutelar, y que todo proceso de cambio supone un tiempo en el cual transitar resistencias, observamos con gran preocupación la persistencia de viejos problemas a los que se pretende “resolver” también con viejas respuestas.

            En función de esta situación, consideramos necesario asumir el desafío de trabajar cotidianamente para producir un cambio cultural en las instituciones, donde nuestros niños y niñas dejen de ser tratados como “objetos” a ser tutelados, y sean tomados en cuenta desde su condición de sujetos de derecho. Sabemos que muchos compañeros hacen denodados esfuerzos en los territorios para instituir otras prácticas, para democratizar el debate y la construcción de políticas desde los Consejos Locales, Foros, Asambleas distritales y desde otros tantos espacios de compromiso militante con este tema de fundamental importancia para nuestra sociedad.

            No obstante, estamos muy preocupados por la “ausencia” de condiciones objetivas que aseguren el funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos que debe instrumentar la Comisión Interministerial. Así por ejemplo, nos encontramos ante una red desigual, deficitaria y muy heterogénea de Servicios Locales y Zonales que ofrece un tratamiento muy diferenciado a los niños del territorio provincial, sumado a la ausencia de programas y/o recursos que permitan intervenciones protectorias de derechos en cada territorio. Algo similar sucede con los dispositivos institucionales vinculados a los Centros de Referencia y de Recepción entre otros.

            En este sentido, es fundamental avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad que redireccione las políticas dirigidas a la atención de niños, niñas y jóvenes desde el enfoque de derechos. Y ello sólo es posible si estamos dispuestos a realizar un profundo replanteo sociopolítico, cultural y económico en pos de generar condiciones para –desde el Estado- acompañar a las familias en sus funciones de crianza. Un avance en esa dirección lo constituye la AUH que aspiramos también sea una Ley, pues garantiza un piso de condiciones para ejercer otros derechos, pero debe enmarcarse en un sistema integrado de políticas y programas con sentido universal. Diseñar e instrumentar programas que atiendan la complejidad de lo social y en particular de las situaciones de deterioro del entramado familiar y comunitario provocadas por las políticas neoliberales que los expulsaron del mercado de trabajo. También es imprescindible promover una política de capacitación en servicio a los profesionales y trabajadores, con el objetivo de problematizar y reorientar sus prácticas, y ello debe estar garantizado por el Estado, sin costo alguno para éstos.

            En la misma dirección decimos que se requiere de un trabajo sistemático de la Comisión Interministerial, del Observatorio Social, Defensor de los Derechos Humanos así como de la creación del Centro de Información, Estudios, Innovación y Capacitación de políticas y programas para la infancia, la adolescencia y la familia, y la conformación de los Consejos Locales en todos los distritos, a fin de garantizar el monitoreo del sistema y la participación democrática en el diseño e implementación de políticas involucrando a la comunidad y organizaciones sociales.

            Por todo lo expuesto, entendemos indispensable avanzar en la elaboración de una Ley de Financiamiento del SPPID que asigne una partida presupuestaria específica afectada sólo a garantizar el logro de los objetivos del Sistema mediante una intervención estatal protectoria de derechos, trascendiendo la retórica de los mismos, y reconociendo su carácter público, interdependiente e indivisible.

            En este sentido consideramos que la Ley de Financiamiento debe contener estos principios nodales que sustenten el efectivo funcionamiento del SPPID:

·         Determinar el porcentaje del presupuesto general de la Provincia  de Buenos Aires destinado específicamente a la Promoción y Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y asignar partidas específicas a nivel municipal que garanticen el mandato de desconcentración que inspira la ley 13.298 y Decreto Reglamentario.  

·         Fortalecer la Institucionalidad del Sistema de Promoción y Protección.

·         Garantizar la universalidad en la promoción y protección de los derechos a través de programas recreativos, culturales y deportivos, y del acceso irrestricto a los dispositivos de restitución de los mismos.

·         Afianzar la vinculación del poder ejecutivo, legislativo y judicial, junto a las organizaciones sociales para garantizar la efectiva aplicación de la ley 13.298 y el Decreto Reglamentario 300.

 

ADHIEREN

CTA. Pcia. de Buenos Aires; Suteba Pcia. De Buenos Aires; Diputada Sandra Cruz, Frente Transversal Nacional y Popular (FPV); Facultad de Trabajo Social La Plata,  Mesa Provincial de Jardines Comunitarios;