La
situación ha cambiado a partir de las confesiones de los jefes
paramilitares colombianos que han
dado a conocer también «las estrechas relaciones con empresas
nacionales y multinacionales financiadoras del paramilitarismo»
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La senadora Piedad Córdoba denuncia en Palma los horrores
de la guerra en su país
MÓNICA
GONZÁLEZ
«En Colombia se han utilizado hornos crematorios
para hacer desaparecer rastros de personas asesinadas o para quemar a
personas vivas que eran amenazas. Las llevaban los paramilitares por
instrucción del Ejército y la policía», denunció ayer en Palma
la senadora colombiana Piedad Córdoba, que aterrizó en la capital
balear dentro de una gira internacional que la ha traído a España
con la esperanza de conseguir la implicación de la comunidad
internacional, en especial del Gobierno de España, del que reconoció
que «sigue una política continuista con el de Aznar». La senadora
pronunció por la tarde la conferencia Los derechos humanos en
Colombia: por una salida negociada al conflicto armado.
Miembro del Comité Internacional de Cruz Roja y del movimiento Colombianos por la Paz, dos veces secuestrada por los paramilitares y candidata al Premio Nobel de la Paz 2009, Piedad Córdoba quiere que «se sepa del sacrificio y el dolor de mi país», en el que gracias a las confesiones de jefes paramilitares extraditados en Washington «se sabe de la utilización de hornos crematorios y de asesinatos de jóvenes que los militares sacaban de sus casas, torturaban y asesinaban para luego vestirles de guerrilleros y cobrar los 1.500 dólares de recompensa que se pagaban por el asesinato de cada uno, y, además, por ello eran condecorados o ascendidos». De hecho, añadió, «existe una directiva del Ministerio de Defensa, digna del museo del horror, en la que se fijan las recompensas que se dan a los militares por cada muerto o robo».
En Colombia «hablamos de 4'5 millones de desplazados internos, 15.000 desaparecidos en los últimos dos años, aunque nosotros pensamos que son cerca de 50.000; 1.500 ejecuciones extrajudiciales, que son crímenes de Estado cometidos a sangre fría, minas antipersonas o niños en el conflicto».
Córdoba fue contundente a la hora de apuntar directamente al Gobierno de Uribe, a los militares y la policía colombiana por estar «absolutamente comprometidos con el narcotráfico y los paramilitares de Colombia».
La implicación de la comunidad internacional «es fundamental para que Colombia alcance la paz» y, al respecto, reclamó a los gobiernos que «dejen de tratar y recibir al presidente Uribe como un presidente democrático».
La situación, recordó, ha cambiado a partir de las confesiones de los jefes paramilitares colombianos, con los que la senadora ha tenido la ocasión de entrevistarse recientemente. Estos líderes -como Salvatore Mancuso, ‘Don Berna’, ‘Macaco’ o ‘El Tuso’- han dado a conocer también «las estrechas relaciones con empresas nacionales y multinacionales financiadoras del paramilitarismo». Si bien, la senadora quiso ser cauta y reconoció que «conozco un listado preliminar, pero desconozco si alguna es española». Sobre las acusaciones del presidente Uribe al tratar de vincularla con las FARC, Córdoba aseguró que «se pone en peligro mi vida» y, de hecho, contó, «hay campañas en internet para recaudar dinero para matarme o gasolina para quemarme».
La ONU cifra en 1.800 los 'falsos positivos' del Ejército colombiano
Asesinatos de civiles para disfrazarlos de guerrilleros
Redacción tribuna Latina.
Los falsos positivos ya tienen número. Los asesinatos sistemáticos
de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para
hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate son cerca de
1.800. La cifra es de la ONU, y fue publicada en un informe de su
relator, Philip Alston, quien aseguró además que estos asesinatos
no son obra de unas cuantas ‘manzanas podridas’, como quiere
hacer ver el gobierno de Álvaro Uribe. El relator afirma que el gran
número de asesinatos, la amplia geografía abarcada y el elevado
número de militares implicados, casi evidencia el hecho de que los
homicidios "fueron llevados a cabo de una manera más o menos
sistemática por una cantidad significativa de elementos del
Ejército''.
Sin embargo, el relator confesó no encontrar
indicios irrefutables que prueben la participación directa de los
altos mandos del Gobierno de Uribe, y tampoco que el macabro sistema
fuera de su conocimiento. Aunque si culpó de los asesinatos al
sistema de recompensas que establece el programa de Seguridad
Democrática implantado por el presidente Uribe para ganar la guerra
a las FARC.
Por lo general las víctimas son jóvenes de
extracción humilde, que son engañados con supuestas ofertas de
trabajo a realizar lejos de su lugar de residencia, donde son
asesinados y posteriormente disfrazados de guerrilleros.
Pero
el drama de las familias de las víctimas no acaba con la
desaparición y asesinato de uno de sus miembros. Alston declaró en
entrevista al diario El Tiempo que varias familias “habían sido
sometidas a una cantidad significativa de intimidaciones. La gran
mayoría de estas familias ha tenido que abandonar sus hogares”. De
hecho, Alson adelantó que su informe se centrará en el tema de las
amenazas.
Los motivos de los asesinatos son las recompensas,
promociones de ascenso o incluso permisos de algunos días, que
ofrece la cúpula del Ejército por cada guerrillero muerto.
Alston
también criticó el término utilizado para designar estos casos:
falsos positivos, que es una derivación de positivos, término
utilizado por los militares para referirse a las bajas de
guerrilleros. Según el relator, falso positivo "brinda una
suerte de aura técnica para describir una práctica que se
caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado
de civiles inocentes, con fines de beneficio".
El caso
de los falsos positivos horrorizó a la población colombiana cuando
salió a la luz pública, en noviembre de 2008. Desde entonces, no
han dejado de salir más testimonios sobre nuevos casos. A pesar de
todo, la popularidad del presidente Uribe parece infranqueable: se
mantiene por encima del 70% y aún es posible que se modifique la
Constitución para favorecer una segunda reelección en el cargo.